Hace tiempo, unos sinvergüenzas, al parecer ligados también al terrorismo de Estado, pusieron en circulación una cinta de vídeo en la que se veía a Ramírez hacer una serie de cosas que supuestamente afectarían a su imagen pública, pero que sólo demostraba la catadura moral de quienes grabaron y difundieron esa cinta.

Hoy, la cosa es muy diferente. El País menciona una grabación que, esta vez sí, muestra qué tipo de personaje público es Ramírez y los suyos: muestra, efectivamente, que Ramírez está montando una historieta de ficción a cuento de unos atentados reales, con víctimas reales. Como sucediera durante los días que siguieron al 11-M: no han cambiado.

Sobre el método de obtener la información, sí cabe hacer reproches, pues es evidente que desde el Estado se ha filtrado una información a un medio de comunicación. Pero las conversaciones privadas de un preso sólo deberían ser escuchadas para obtener información sobre algún delito concreto a evitar. Los presos también tienen derecho a la intimidad. Si lo que se pretendía era evitar que Ramírez y los suyos siguieran delinquiendo, a quien se tenía que haber dado la transcripción de la cinta es a la fiscalía y que ésta actuara (cosa que a estas horas no ha hecho). Hasta aquí los peros a la información. En el resto, parece difícil criticarla.

Así que entremos al asunto.

Supongamos que un periódico, digamos el Egin, pagara a unos imputados por pasarle la dinamita (Tytadine) a ETA, para que dijera en el periódico que otros imputados por un atentado de ETA eran inocentes, pues ese atentado lo cometieron otros y que los abogados de éstos últimos imputados utilizaran todos los argumentos empleados por el Egin y por el entrevistado pagado para argumentar la defensa. Supongamos que mientras, un partido político, digamos Batasuna, sirviera de altavoz parlamentario de las historias narradas por el Egin y el dinamitero; y que lo mismo sucediera con una emisora de radio afín y la página web de su locutor estrella. Digo “supongamos”, porque nunca nadie se atrevió a tanto: es una completa novedad en nuestro panorama político. Lo que tengo bien claro es que si eso hubiera sucedido, la Justicia hubiera actuado y hubiera metido en la cárcel a un puñado de gente, cerrado el periódico, la radio, la web y hubiera ilegalizado el partido por colaborar con los terroristas. Y en este supuesto yo habría estado en contra de que se actuara contra lo colectivo, pues los delitos los cometen individuos: habría estado en contra de cerrar el periódico, la radio, la web y el partido, pues sólo hay que castigar (con prisión) a las personas concretas que delinquen.

Por eso mismo no soy partidario de ilegalizar El Mundo, la COPE (ni a sus propietarios), Libertad Digital, ni el PP. Pero los periodistas y políticos concretos…