Ante la aparentemente próxima muerte de Pinochet se encierran distintos sentimientos encontrados.

Los chilenos pueden presumir de que morirá bajo arresto domiciliario, sin ningún apoyo relevante ni revisionistas falsarios (aunque aquí, en España, sí hubo algún tímido intento de colocar a Salvador Allende el sanbenito de liberticida…). Muere de viejo, como nuestro dictador, pero sabiéndose repudiado y sin ningún control sobre la realidad política chilena (no hay jefes de Estado ni senadores hijos de su dictadura).

De todas formas, si pasa a reunirse de nuevo con Karol Wojtila, morirá sin haber sido juzgado y sin que se le hayan expropiado los bienes que robó al pueblo chileno. Sería impropio encarcelar a un nonagenario, pero su juicio y la recuperación de lo robado hubiera borrado, definitivamente, el rastro de indignidad que dejó la dictadura: allí como aquí.

¿Y qué hay de la muerte de una persona? No existe: quien se aupa a los primeros puestos de la política (incluso si no es mediante un golpe de Estado) pierde la ciudadanía. Del mismo modo que no puede ser juzgado en posición de igualdad con un ciudadano de a pie, tampoco debería considerarse el magnicidio como una modalidad de homicidio (sino, en su caso, como un delito de lesa patria), pues cuando no se es un igual, no se es ciudadano. Sus hijos llorarán la muerte del ser humano; pero no existe tal fuera del domicilio en el que estaba arrestado. Aquí sólo existe el que fuera dictador.

Por último, es de esperar que dentro de unos años, la televisión pública chilena renuncie a pagar una pasta a la nieta de turno del dictador en ningún concurso tipo Mira quién nada. Pero nada de nada.