Hemos sabido estos días que la población española superó en 2006 los 45 millones. Con ello parece que estamos en vías de solucionar el problema demográfico que teníamos hace apenas una década (recordemos a Aznar explicando cuánto le gustaban los niños), lo que garantiza el futuro de las pensiones públicas y de la Seguridad Social, salvo que se lo jueguen el dinero público a la bolsa y tengamos un Gescartera, por ejemplo.
Al parecer, de los 45 millones de habitantes 4.48 millones no tienen nacionalidad española. El dato no está discriminado por edades, pero suponiendo que la distribución de edades sea la misma que la de la población indígena española tendríamos que existe un 10% de población que no tiene derecho, entre otros, al voto. Además, parece que el crecimiento demográfico está basado en la inmigración, por lo que la tendencia es a ampliar ese porcentaje de población excluida del derecho de sufragio. Incluso los comunitarios (los que han conseguido la nacionalidad de algún país comunitario) sólo tienen derecho a votar en las elecciones municipales, por lo que también están excluidos de la capacidad de votar en las autonómicas y en las generales. Lo mismo sucede con Estados con los que se ha llegado a acuerdos bilaterales (de los que el inmigrante tendría que estar enterado para ir a votar, lo cual es mucho suponer).
Hace un siglo había un fenómeno parecido según el cual sólo podían votar los que tuvieran propiedades. Con ser absurdo y antidemocrático, tenía una justificación real: bajo la premisa liberal de que si no pagas no te quejes se daba el derecho al voto sólo a quienes pagaban impuestos. Las limitaciones actuales son absurdas, antidemocráticas y, además, están basadas en un mito: el de la nacionalidad. ¿A qué argumento racional responde que el nieto de un andaluz que vive tan contento en Suíza sea español y un señor que nació en Senegal pero vive, trabaja coge las carreteras y va al médico en Madrid sea extranjero? ¿Por qué va a tener derecho a votar quién sea el presidente del gobierno el nieto de un emigrante que no pasa por España más que cuando un avión haga escala y no un senegalés que viva en Madrid y sufra las consecuencias del gobierno que resulte elegido? Incluso con la mentalidad de la democracia censitaria se podría aducir que mientras el nieto de emigrante paga sus impuestos en el país en el que vive, el senegalés paga aquí como mínimo cada vez que pone gasolina.
Es curioso que los discursos menos condescendientes (¡viva el eufemismo!) con la inmigración siempre expliquen que los inmigrantes deben integrarse… pero nunca se planteen que quizás sea un buen paso no excluirlos. Quizá, si no queremos que la democracia se pudra demasiado, vaya siendo el momento de cambiar el artículo 11 de la Constitución y afirmar que “son españoles todos los empadronados en España” sin hacer más preguntas.