Ya ni sorprende. El Tribunal Supremo ilegaliza otro partido más de la izquierda vasca y no es la noticia más importante del día: es lo esperado y lo reiterado. En este caso ha ilegalizado a ANV, partido fundado en 1930. El gobierno ha aprendido la lección a la que les sometió el PP-AVT-COPE durante la legislatura 2004-2008: ya se sabe que la solución al conflicto vasco vendrá sólo por la derrota policial y judicial y por la ilegalización de todas aquellas organizaciones que no sean consideradas suficientemente beligerantes. Es aburrido reiterar los argumentos tantas veces repetidos en contra de las ilegalizaciones de partidos, por lo que sólo comentaré un par de aspectos:

-El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió hace casi un año a trámite el caso de la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok por posible violación de los derechos humanos. Este tribunal sólo admite un 1.5% de los casos que le llegan, de los cuales un 80% de las denuncias ganan el caso. Es decir, en el mejor de los casos, la compatibilidad de estas ilegalizaciones y el respeto a los derechos humanos presenta muy serias dudas para un tribunal ajeno a los vaivenes políticos españoles. En cambio, para los jueces españoles, la cosa no presenta dudas. Como siempre: unanimidad. A ver quién es el juez listo que se atreve a discrepar, no por ningún tipo de afinidad con ANV, sino por tener las mismas dudas que parece ser que tienen (si es que no tienen certezas en sentido contrario a las de nuestros jueces) los magistrados del TEDH. Los jueces comparten las mismas certezas unánimes que todas las personas de orden: quien esté en contra de la ilegalización está a favor de las bombas.

-La noticia se produce el día en que nos enteramos de que dos condenados por pertenencia a ETA presos en Córdoba publican en Gara una carta en la que piden que vuelva a ser posible un proceso de paz:

Pensamos que había que haber seguido con los acuerdos de Loiola, porque la garantía de que esos acuerdos se cumplan están en las dinámicas políticas que se generen al ir dando pasos y avanzar en un proceso de paz, en las dinámicas e ilusión que se creen en la sociedad y no en el supuesto papel de garante que la organización armada pueda aportar en este sentido.

No son los primeros en dar este tipo de señales en público, de mostrar el hastío y la voluntad de apostar por vías exclusivamente políticas. ¿Qué fuerza pueden tener quienes pretendan impulsar un giro estratégico importante (y claramente positivo) en la órbita de Batasuna si el mismo día el Estado, con sus jueces y sus partidos de poder lanzan el mensaje unánime de que no hay salida posible para ese mundo más que la rendición y la cárcel? Las noticias de la ilegalización y de la carta de los dos presos coincidía también con la colocación de una bomba lapa felizamente ineficaz en el coche de una persona: es evidente que no estamos en el camino de la solución.

Señalaba ayer la coincidencia onomástica: la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca se produjo en el décimo aniversario del comunicado con el que comenzó la tregua de 1998 y 1999, que generó ilusión en todos menos en Mayor Oreja. Hoy son el recuerdo de que nadie ha sabido encontrar salidas al horror y quienes han fracasado siguen protagonizando de un modo u otro las políticas vasca y española (salvo Mayor Oreja, enviado al limbo de Bruselas). Quienes somos meros espectadores podemos tener la lógica ausencia de esperanza tras fracasos tan duros como el de las pasadas treguas. Quienes tienen hoy responsabilidades políticas tienen la obligación de buscar soluciones por la última rendija pese a que ello pudiera acarrear pérdidas de votos: han sido elegidos para gobernar, no para volver a ser elegidos.