En 2001 se produjeron los atentados del 11-S y George Bush decidió que eran un instrumento perfecto para el todo vale: invasiones, bombardeos, violación de la intimidad, campos de concentración, anulación de derechos sin juicio… Excepto el exótico Aznar, todo el mundo ha venido criticando los excesos de Estados Unidos: “no todo vale en la lucha contra el terrorismo” le hemos escuchado mil veces a Zapatero hablando de Estados Unidos.

El impulso dado por Bush al todo vale permitió a decenas de gobiernos dar pasos que hubieran resultado insólitos pocos meses antes. Esa es la única razón que hace entender, por ejemplo, que la Ley de Partidos Políticos (eufemismo por el que se conoce a la ley de ilegalización de partidos políticos vascos) no se promulgara hasta junio de 2002, nueve meses después del 11-S. Las primeras ilegalizaciones fueron en agosto de 2002, casi un año después de los atentados de Nueva York.

Todos dábamos por descontada la ilegalización de D3M como una continuidad de la dinámica ilegalizadora: no es más que un paso más en el mismo camino. Es un camino que hace ocho años hubiera parecido una hipótesis antidemocrática a casi toda la población y que hoy sólo la siguen considerando así unos pocos (que somos proetarras; como fuimos partidarios de Sadam Hussein quienes nos opusimos al bombardeo de Irak).

Lo de Askatasuna en cambio es una vuelta de tuerca más: el Gobierno ha defendido la ilegalización afirmando que hay “un relato de indicios” (sic), que “es probable que haya vinculaciones aún no conocidas” (sic)… Las contundentes pruebas presentadas consisten en que algunos miembros de Askatasuna firmaron los avales que necesitaba D3M. Sé que muchos militantes de Izquierda Unida han avalado con su firma a Izquierda Anticapitalista (yo mismo creo que lo habría hecho si alguien me lo hubiera pedido) por considerar que éstos tienen derecho a presentarse, aunque deseemos que todos sus posibles votantes acaben prefiriendo a IU: ¿ahora es ilegal defender derechos políticos para cualquiera que no sea uno mismo? El paso coherente sería ilegalizar a todos los partidos que se hayan declarado contrarios a las ilegalizaciones: según la lógica de nuestro gobierno progresista es imposible que defiendan que no se ilegalice a Batasuna sin ser Batasuna misma, como es imposible firmar para que se presente D3M sin ser D3M.

También dijo Rubalcaba que no se puede hablar de democracia si se permite que estén en las instituciones los proetarras. ¿Quiere esto decir que en España no hubo democracia hasta 2002? ¡Viva Aznar, que nos trajo la democracia!

Desde la distancia madrileña no asusta tanto el atropello democrático (uno se acostumbra a casi todo) como el consenso que lo permite. Asusta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga las ilegalizaciones como uno de los escasísimos casos que admite a trámite porque es, como mínimo, muy dudoso, mientras ni un sólo juez duda lo más mínimo (el auto de ayer se produjo por unanimidad). No asustan tanto las bobadas incoherentes presentadas como argumento: lo que asusta más es que la población española haya adoptado un cambio de posición radical hasta el punto de considerar cómplices de todo a quienes digan lo mismo que ellos mismos decían hace sólo una década: quienes decimos que las ilegalizaciones son impresentables somos tan proetarras como lo era Aznar en 1996. Y asusta que hace unos años uno siempre tuviera la esperanza de que hubiera algún disenso frente al disparate y ahora ya sepamos con mucha antelación que habrá la misma unanimidad que se produjo en Israel cuando se ilegalizaron hace unas semanas a todos los partidos árabes por oponerse a la integridad del estado judío y no oponerse con la requerida contundencia al terrorismo.

No hay razón para que lo que pensáramos en 1996 o lo que pensamos para Estados Unidos de América y para Israel no sea válido tal cual para aquí y ahora. Salvo que sea verdad eso de que no nos mueven principios democráticos sino la fobia a EUA e Israel, pero que somos capaces de admitir lo que hacen éstos con la única condición de que lo hagan otros.