Hace ya varios días, antes de que España fuera una dictadura, nos informaron los medios de que en Venezuela ya se estaban cerrando radios “opositoras” lo que, convenientemente vinculado con el Proyecto de Ley de Delitos Mediáticos dan el resultado: en Venezuela no hay libertad de expresión. El País, que ayer mismo se escandalizaban por la reiteración en las mentiras del PP para denunciar nuestra dictadura (la actual: el franquismo no fue una dictadura, sino la antesala de la Transición), no cejan en la reiteración de mentiras para denunciar la dictadura en aquellos países en los que sus intereses empresariales no están suficientemente mimados.

Tan acostumbrados como estamos a estas mentiras, cuando oímos noticias sobre la terrible dictadura venezolana las ponemos en solfa. En el caso del cierre de las emisoras, la cosa no parece tener muchos dobleces. Según el Ministro de Obras Públicas venezolanolos criterios que han llevado a estos cierres son “el vencimiento o anulación de sus concesiones, ya sea por el fallecimiento o la renuncia del anterior titular, por el vencimiento de la fecha de concesión, porque los titulares de la misma no se presentaron en Conatel durante el período indicado o donde se declaró improcedente el cambio de título, lo que lleva a la extinción de la concesión“. Si esto es así, no sé qué razones habría no ya para criticarlo sino para hacer de esto una noticia.

El gobierno de Zapatero intentó cancelar las emisiones en analógico del segundo canal de Telemadrid (La otra) por operar sin licencia. Tampoco concedió licencia para emitir en analógico a los canales digitales de Vocento y Unidad Editorial. Madrid y Valencia han concedido licencias televisivas sólo a medios de derechas y especialmente de extrema derecha. Sin necesidad de recordar el cierre ilegal de Egin, parece difícil dar lecciones desde España de pluralidad mediática, especialmente en un país en el que la inmensa mayoría de los medios se mueven entre márgenes ideológicos bastante más cercanos que los que separan a los medios venezolanos.

Sería sencillo mostrar que alguna de las emisoras cerradas sí cumplía los términos administrativos y que la razón es meramente política. No la he conseguido encontrar a pesar de que habría sido portada en casi todos nuestros pluralísimos medios. Mientras no consigamos que alguien muestre que se han cumplido las exigencias administrativas o que éstas son distintas en función del color político de cada  medio no parece que se hayan cerrado emisoras opositoras, sino que se  ha exigido estrictamente el cumplimiento de la norma administrativa. Lo cual puede ser criticable, no digo que no, pero es un asunto infinitamente menor.

Tiene que ser divertido vivir en un país en el que se puede cantar en las manis “lo llaman dictadura y no lo es”.

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NOTA: Con la excusa venezolana comienzo aquí una serie sobre la libertad de expresión que me va a llevar unos días. Mañana, si no pasa nada, escribiré sobre el proyecto de ley de delitos mediáticos y los siguientes días escribiré dos o tres apuntes sobre algunas ideas que he estado pensando al respecto de la libertad de prensa. Es lo bueno del verano. Permite salirse del día a día politiquero porque en verano nunca pasa nada. La única noticia que hay en verano son las declaraciónes de una tipa que se pasa con el carajillo y luego graba un vídeo en Marbella. En verano nunca pasa nada salvo eventos de escasa relevancia como la revolución francesa, la independencia de las colonias británicas en América, el alzamiento militar fascista del 36, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagashaki, el asalto del cuartel Moncada, el golpe de Estado contra Gorbachov y la invasión de Kuwait. Ah, y el embarazo y aborto de Borja Thyssen. Por lo demás en verano, repito, no pasa nada.