Junto al cierre de unas cuantas emisoras por motivos administrativos, se está criticando mucho el Proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos que ha presentado la Fiscal General de la República (aquí lo podéis consultar en pdf, a diferencia de otros). Se ha presentado como un todo (una ley que decreta cierre de medios por delitos y cuya ejecución supuso el cierre de las famosas emisoras) y no es así. El proyecto de ley es eso: un proyecto de ley que tendrá que pasar por la Asamblea Nacional que lo modificará todo lo que considere oportuno o incluso podría rechazar el proyecto. Parece muy discutible que un mero proyecto de ley sea noticia fuera del país donde se presenta. Salvo que sea Venezuela, claro, y se pueda vender el proyecto como un síntoma del camino hacia una dictadura.

Si el proyecto que se ha presentado se convirtiera tal cual en ley no sería un acercamiento a una dictadura, ni mucho menos, pero sí sería una profunda equivocación cercana al cierre de medios en Euskadi por motivos políticos aunque con un importantísimo matiz: el proyecto de ley no sanciona con el cierre de medios sino que se ajusta al principio de que sólo delinquen las personas, principio que en España fue enterrado hace más de una década.

El proyecto debe ser modificado radicalmente. En primer lugar porque algunos de los delitos son suficientemente abstractos como para que algo sea delito o deje de serlo en función de quién interprete la norma: ¿quién decide qué es una noticia manipulada o cuándo se perjudica a intereses del Estado? Algunos de esos delitos permiten la arbitrariedad judicial y quienes vivimos en un país con su Audiencia Nacional y sus grandes marlaskas sabemos que ello no es un buen camino para lograr la libertad y la emancipación popular, que es la dirección que debe tomar todo proceso que se defina como revolucionario.

Tampoco parece razonable en absoluto el artículo 10 que sanciona a quienes se “negaran a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información“. De nuevo supone algo demasiado interpretable y pone en manos de los jueces la decisión sobre qué noticias son o no son relevantes, que es una de las decisiones claves del periodista. Lo que el Estado debe garantizar es que haya diversidad de medios y que los ciudadanos tengan capacidad real para elegir y acceder a la información, pero no castigar a quien no informe.

Uno puede comprender que un país en el que hay una importantísima concentración de medios de comunicación en manos golpistas pueda tener reacciones como este proyecto. Uno sabe que muchas de las críticas vienen de hipócritas a los que no les preocupa que en su país se cierren periódicos y no se juzgue a los asesinos de periodistas. Pero la amistad a un proceso admirable como son las revoluciones bolivarians de América Latina exige también la crítica leal que las fortalezcan. Háganse cuantas leyes hagan falta para la desconcentración de medios, siempre en la búsqueda de la democratización de la información, la defensa del pluralismo y la garantía de la libertad de expresión. Una ley como la propuesta por la fiscalía venezolana cambia el control de la información: de las oligarquías golpistas al poder judicial. Eso no es revolucionario: lo revolucionario es atomizar la información para que la ciudadanía sea más libre, para que nunca más un juez ni un empresario puedan decidir a quién callar ni qué deben saber y pensar los ciudadanos.

Un pronóstico: la ley de delitos mediáticos, si ve la luz, no va a tener nada que ver con el proyecto presentado por la Fiscal General.