Si esta noticia hubiera sido publicada en Tercera Información o en Rebelión en vez de en ABC lo primero habría sido pensar que era una conspiranoia. Según el artículo, la  Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional tiene un informe sobre colectivos políticos, estudiantiles y sociales perfectamente legales que desarrollan actividades legítimas pero aún así son vigiladas por la policía. Asimismo, leyendo el artículo vemos que cuando la policía detiene a alguien toma nota de su afiliación a partidos políticos a pesar de que ello sea absolutamente ilegal.

Por resumir para quienes no hayan leído la noticia. Las manifestaciones que se producen en Madrid no son fruto de que casualmente unos miles de personas coincidan en Cibeles sino que antes ha habido activistas preparándolas. Y que esos activistas participan en organizaciones políticas (IU, IA), sociales, grupos del 15-M, organizaciones estudiantiles. La asociaciones de estudiantes tienen locales en las facultades, pero si esa asociación participa en el ejercicio del derecho constitucional de manifestación no decimos que tengan un local como todas sino que “reciben apoyo desde el propio Rectorado de la Universidad Complutense“. Y añade el artículo (suponemos que con información policial) que una vez se detuvo a dos que eran afiliados de Izquierda Unida. La información es incompleta, pues no fue una vez sino que reiteradamente se detiene a militantes de IU: esta campaña electoral hubo cinco o seis compañeros detenidos dentro de una constante en la que caben el hostigamiento ilegítimo por pegar carteles en campaña electoral y acusaciones por “resistencia y atentado” durante la Huelga General.

En España se detiene a muchos activistas y casi nunca se les juzga pues nada hay que juzgar. Junto a ello ahora sabemos que el activismo político está perseguido policialmente: que nos vigilan e informan sobre nosotros. Y que cuando la prensa se entera (¡brillante ejercicio de investigación!) no resulta escandalosamente antidemocrática tal vigilancia autoritaria sino que se envuelve en lenguaje delictivo para que lo ilegítimo resulte ejercer los mínimos derechos y libertades políticas que se supone que una democracia debe garantizar. A un colectivo le llegan a acusar de participar en protestas por el asesinato de Carlos Palomino, un joven madrileño asesinado por ultraderechistas. Para la policía y ABC lo grave es homenajear a la víctima: “También han participado en manifestaciones de apoyo de la ultraizquierda en recuerdo del menor asesinado Carlos Palomino“.

El artículo y doy por hecho que el informe envuelven la narración de actos legítimos en la retórica reservada para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Es la única forma de que aparezca como razonable una vigilancia propia de cualquier dictadura que infiltra a la disidencia e informa de sus actividades legítimas. La línea que separa una democracia, por deficiente que sea, de un régimen autoritario a veces es difusa pero necesariamente pasa por convertir en amenaza los comportamientos legítimos y en delincuencia común la disidencia política.

Ningún país persigue opositores. Persiguen delincuentes. Lo que ocurre es que las dictaduras convierten a los opositores en delincuentes. Y así todo vale.