Existen sutiles diferencias entre el euro por receta y una consulta popular. Por resumir tal sutileza: el primero es una agresión que mata y la segunda es un ejercicio democrático. Pero también existe un cierto parecido en cuanto al camino legal a recorrer. En ambos casos se habrá tratado de una decisión del gobierno catalán, recurrida por el gobierno español al Tribunal Constitucional y por tanto paralizada automáticamente por éste hasta que dentro de unos lustros el Tribunal se pronuncie (y dada la composición del TC dentro de unos lustros es seguro que se declarará inconstitucional la consulta, mientras que en el caso del euro por receta todo pronóstico sería demasiado osado).

Lo interesante de que el Tribunal Constitucional pare el euro por receta (además de que es la primera vez en muchos años que la Constitución sirve para frenar -al menos temporalmente- una agresión antisocial) es la respuesta de CiU. El portavoz del gobierno catalán ha dado una respuesta estrafalaria (“cualquier día va a ser inconstitucional respirar en catalán“, dice como si cobrar por receta formara parte de la cultura catalana y no sólo de la cultura del desmantelamiento de los derechos sociales). Y más allá de declaraciones altisonantes el gobierno catalán asume exquisitamente el camino legal en el que Moncloa puede tumbar (al menos durante varios años) cualquier decisión autonómica: su respuesta es un recurso judicial (sin ninguna posibilidad) y acatar. Retórica altamente soberanista para hacer sombra a una práctica absolutamente de orden.

Salvando las distancias de contenido ya expresadas, es lo mismo que uno se barrunta que ocurrirá con la famosa consulta de 2014. Pese a tanto ruido y tanta centralidad en el debate político español y catalán, CiU, ERC y quien les quiera apoyar propondrán una consulta, el Gobierno español la recurrirá al Tribunal Constitucional, el Constitucional suspenderá la consulta hasta que resuelva el tema en 2020, CiU y ERC harán declaraciones muy altisonantes y acatarán dócilmente. Es lo que ocurrió también con la consulta de Ibarretxe: tras años centrando nuestros debates, bastó un trámite protocolario para evitar que los vascos se pronunciaran sobre si de mayores querían poder decidir qué ser (que era lo que quería preguntar Ibarretxe): las ilegalizaciones culminaron el trabajo, pero ante la suspensión protocolaria de la consulta por el TC Ibarretxe acató.

Desde que el 11 de septiembre los diversos inmovilismos comprobaron que tenían un problema en Cataluña decidieron impostar que el problema era entre Mas y Rajoy. Pero no. El problema es entre el pueblo catalán y la organización territorial de España. Mas no es soberanista. Para ser soberanista (catalán, español o europeo, tanto da) hay que ser rupturista, hay que plantar cara a poderes ilegítimos y no arrugarse ante unos trajes institucionales que hoy sirven para evitar las decisiones soberanas (no para evitar el euro por receta, que sólo ha funcionado cómo test). Y las dos supuestas caras del enfrentamiento de soberanías (Mas y Rajoy) han vendido sus países a esos poderes extranjeros o no, pero nunca populares. Si no defienden con uñas y dientes la soberanía económica tampoco defenderán la política, porque ambas son la misma.

Al fin y al cabo el enfrentamiento competencial por el euro por receta es la mejor expresión de en qué se concreta el debate soberanista: Mas quiere ser quien entregue los derechos de los catalanes al poder económico y Rajoy contesta que no, que es Moncloa quien nos vende a todos. Uno de los argumentos que difundió CiU en campaña electoral es que la independencia catalana era posible porque a Alemania le interesaba. Ese es su soberanismo: querer ser una colonia sin intermediarios. Sólo se rebelarán contra Madrid si otra metrópoli da la orden. Mientras tanto: gritos de insumisión y prácticas dócilmente ordenadas.