Lo peor para la Monarquía no es que imputen a Cristina de Borbón: es cierta la cantinela de que la imputación en España es muy barata y en ocasiones un instrumento que proporciona el juez para garantizar la defensa de quien es acusado de lo que sea. Muchas veces se le cita como imputado, se comprueba que no hay nada y no vuelve a aparecer por la causa. El problema, en cuanto al caso concreto, es que el juez Castro evidencia que no estamos ante uno de esas situaciones sino que tanto por el tiempo esperado para imputarla como por la extensa argumentación de la imputación Castro sabe que esta no es una imputación cualquiera que no cabe “imputar para preguntar” sino que es un paso de extrema relevancia por lo que la argumentación tiene que ser de gran solidez. El problema son los catorce indicios (difícilmente cuestionables como hechos) que van evidenciando la responsabilidad de Cristina en tanto que integrante de la Casa Real: que esa responsabilidad sea o no delito es casi un asunto menor políticamente, la evidencia es que la Casa Real funciona también como instrumento para hacer negocios. Y lo de Cristina no se trata de un caso aislado, ni siquiera del más central de los que vamos conociendo en esta rápida demolición de la monarquía.

Con todo quizás tenga una relevancia más demoledora que el propio caso de saqueo real el comunicado de respuesta de la Casa Real. En el ambiente cortesano se ha instalado desde siempre que el rey (y su familia) pueden hacer sus cosillas, sus borboneos, pero que sus funciones las cumple con excepcional eficiencia y pulcritud: el mejor embajador de España, lo que nos une y demás zarandajas.

El comunicado de la Casa Real de ayer muestra que sus responsabilidades institucionales se someten, cuando es menester, a sus intereses privados.

La (decadente) Constitución de 1978 inicia su Título VI sobre el Poder Judicial con el siguiente artículo 117.1:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Es decir, sería insólito, que ante, por ejemplo, una emergencia electoral de Izquierda Unida (u otra organización política republicana, si la hubiera) la Casa Real se mostrara públicamente sorprendida por el cambio de criterio del pueblo español. Como es evidente que la Casa Real no puede decir ni mu (aunque les afectara como sería el caso) sobre las elecciones, los propios integrantes de la familia lo evidencian absteniéndose en todas las elecciones (salvo en los referenda, lo cual es un error, pero tan excepcional como la consulta al pueblo en este país).

Mucho más insólito es pronunciarse sobre decisión judicial alguna dado que cada juez, también el juez Castro, administra la Justicia en nombre del Rey. No cabe, pues, por parte del sujeto de tal poder más que el exquisito silencio por mucho que afecte personalmente al monarca que un juez disparatado ponga en práctica aquella frase de Juan Carlos en su mensaje de Nochebuena (también en tele de plasma para quien la tenga) según el cual “la ley es igual para todos”: pocas horas ha tardado la Casa Real en evidenciar que eso era poco más que retórica para ganarse un titular amable en el inicio de su caída.

La “sorpresa” de la Casa Real y su aval al insólito recurso de la mal llamada fiscalía anticorrupción supone otro salto cualitativo gravísimo e inaceptable: la Casa Real viola su papel institucional para, negro sobre blanco, priorizar la defensa de sus intereses familiares sobre las obligaciones institucionales.

Es decir, lo que lleva haciendo esa familia cuarenta años pero ahora, por fin, sin disimular un ápice.

Feliz 14 de abril.