Andan distintos medios de comunicación anticipando las peticiones de pena que hará la fiscalía para los dirigentes políticos del Procés. Quince, veinte años de prisión por delitos de rebelión… Así que ahora recuperaremos el debate sobre cómo llamar a estos presos y de los huidos. ¿Son presos políticos? ¿Son exiliados?

En España hemos usado la palabra “exilio” con generosidad: basta buscar en google la expresión “rey en el exilio” para encontrar que lo hemos usado básicamente para cualquier disconforme político que no está en su país, incluso ex dictadores de países que han recuperado la democracia. Sin embargo, nos negamos a usar la palabra exilio para personas que no son extraditadas a España porque los jueces de distintos países europeos consideran que las acusaciones de rebelión son un disparate (provocado por motivos políticos). No hay un sólo país cuya justicia haya entregado a los dirigentes catalanes a España y no sólo porque éstos hayan elegido los países más exigentes en materia de extradiciones: una torpeza de Puigdemont le llevó a ser detenido en Alemania… y allí también consideraron que las acusaciones del Tribunal Supremo español eran inaceptables.

En casi ningún país del mundo se encarcela a la gente por sus ideas políticas. En todos se usa como instrumento artículos del código penal que, o bien condenan hechos que en democracia deberían ser plenamente legales (como la militancia en un partido político, la escritura de canciones contra el jefe del Estado, la convocatoria de actos políticos pacíficos, la blasfemia…), o bien retuercen el código penal para que éste condene por delitos comunes actos que se quieren perseguir por motivos más políticos que penales. Cuando acusan a Willy Toledo por cagarse en Dios no falta quien nos explica que no es por blasfemar, que eso no es delito, sino por ofender sentimientos religiosos o por odio… o cualquier otro escondite legal del delito de blasfemia. En el caso de los dirigentes políticos catalanes, es un evidente disparate insistir en que “se alzaron violentamente” como exige el delito de rebelión. Con la distancia se entiende mejor: a los jordis les acusan de rebelión porque convocaron una manifestación en la que algunos manifestantes forraron de pegatinas y se subieron a un coche policial; mientras, casi todo el mundo considera preso político al venezolano Leopoldo López a quien acusan porque convocó una manifestación en la que algunos manifestantes mataron a 43 personas. No sé yo.

Con todo, la discusión sobre si merecen el apelativo de presos políticos y exiliados o no es puramente bizantina y permite discutir sobre cómo llamamos a lo que sucede evitando discutir sobre qué sucede. Con la virtud de que ello permite que por fin periodistas y políticos de distinto sesgo recuerden lo gravísima que fue la vulneración sistemática de derechos humanos en la España franquista: “Equiparar a Puigdemont y Junqueras con los presos políticos y exiliados de la dictadura es un insulto ignorante y vergonzoso“, lo cual cabría decirlo, y no se dice, para casi todos los presos políticos y exiliados de los que se habla en la mayoría de nuestros medios de comunicación. Tampoco se recuerda el franquismo para comparar un “alzamiento violento” real con lo que sucedió en Cataluña en octubre de 2017 y ver si la actual acusación de rebelión no sería también un insulto ignorante y vergonzoso por idéntico motivo.

Si en vez de discutir sobre cómo los llamamos discutiéramos sobre qué hacemos con ellos igual habría más acuerdo. Porque dudo mucho que haya nadie que no esté cargadísimo de furia y odio nacionalista que crea que es justo pedir entre quince y veinte años de prisión o mantenerlos en prisión por un riesgo de reiteración delictiva que es una evidente ensoñación. Se nos olvida a veces el ridículo de la declaración de independencia guadianesca de 2017: una frase de Puigdemont desmentida por él mismo en menos de diez segundos, una declaración del Parlament no vinculante y sin efectos jurídicos ni institucionales… Eso es lo que tiene en la cárcel o fuera de su país (amparados por tribunales extranjeros) a los dirigentes políticos catalanes.

Discutimos de lo nominal para evadir lo sustantivo. Porque no hay nadie que parándose a examinar brevemente los hechos con un poco de asepsia no entienda que no hay forma de casar los principios del derecho penal en un Estado liberal y democrático con las acusaciones que van a recibir los dirigentes catalanes y que todos sabemos que se traducirán en condenas. Los van a condenar a penas propias de asesinos múltiples o violadores que no se encuentren con tribunales comprensivos. Muy proporcional y sin ninguna intencionalidad política.

No me preguntes si son presos políticos. Pregúntame si es justo su encarcelamiento y las penas que se le piden, o incluso si beneficia en algo a España y a Cataluña una anomalía de tal calibre. Y luego ya, en las cañas, discutimos sobre cómo llamar a este disparate.