Salvo cuatro parlamentos autonómicos (el vasco, el gallego, el andaluz y vete tú a saber si el catalán) todas las instituciones españolas están cerrando sus legislaturas ante el ciclón electoral de abril y mayo. Es, pues, la última oportunidad para cerrar trabajos, leyes, etc. Pero también es la última oportunidad para imposibilitar que se logren esos trabajos, leyes, etc… incluso las que se ha simulado apoyar durante la legislatura.

En la Asamblea de Madrid hemos vivido tres ejemplos bochornosos en esta semana: dos a cargo de Ciudadanos y uno a cargo del PSOE.

Llevábamos dos años trabajando en una reforma de la Ley de Violencia de Género que permitiera ampliar lo que consideramos violencia de género. La ley incluía importantes avances para las mujeres víctimas de violencia por ser mujeres. Por ejemplo, que no sea imprescindible que asesino y asesinada fueran pareja para que hablemos de violencia de género (muchos de los asesinatos machistas que conocemos, por ejemplo el reciente de Laura Luelmo, no es considerado violencia de género por ser fuera del ámbito de la pareja aunque obviamente fue asesinada por ser mujer). Tras dos años Ciudadanos, el partido de Toni Cantó, dio un portazo a la ley junto con el PP, pero sobre todo dio un portazo a las mujeres de la Comunidad de Madrid. Una ley que habría ayudado a las mujeres maltratadas no verá la luz.

Llevábamos mucho tiempo denunciando la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, un desastre indefendible por falta de recursos y voluntad por parte del gobierno autonómico. Hace meses registramos una ley que pretendía dar solución a esta vergüenza. Ciudadanos simuló que quería aprobar esta ley tan necesaria para los mayores de la Comunidad de Madrid… hasta que esta semana se plantó junto con el PP (junto con el PSOE) para evitar garantizar ratios dignas que permitieran la atención imprescindible para los residentes. Una ley que habría ayudado a las personas mayores no verá la luz.

Llevábamos desde septiembre exigiendo una comisión de investigación sobre el caso Máster: un caso vergonzoso para la universidad madrileña que ha destapado la jeta de diversos dirigentes políticos como Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón en connivencia con una estructura gangsteril al menos en la Universidad Rey Juan Carlos. La obtención de un título universitario con notas falsas por ser cargo político era tan grave que el PSOE puso una moción de censura a Cifuentes e hizo dimitir a Montón. Pero desde septiembre el PP, con la ayuda del PSOE, ha impedido que investiguemos. Hasta febrero no hemos podido empezar a trabajar y entonces el PSOE ha mostrado su cara más triste, la cara del chalaneo en el bipartidismo, la que le llevó al borde del abismo. Ayer decidieron aliarse con el PP para impedir que Pablo Casado, el único beneficiario de títulos por el morro que sigue en un cargo político, dé la cara en la Asamblea de Madrid. Como es evidente que ello no responde a argumentos defendibles, debemos suponer que el PSOE ha cedido a alguna amenaza mafiosa del partido que le sacó el vídeo de las cremas a Cristina Cifuentes. Una investigación que habría ayudado a defender la universidad pública no se podrá hacer bien.

Como la campaña electoral, el juicio a los independentistas catalanes y los disparates de Casado, Ayuso y compañía lo eclipsan todo, apenas nos enteraremos de lo que está pasando en el cierre de nuestras legislaturas. Pero es muy relevante porque afecta a la vida de la gente: los cálculos mezquinos de algunos partidos están perjudicando a quienes se supone que representamos.


No he puesto nombres, pero la reforma de la Ley Contra la Violencia de Género responde al trabajo de Clara Serra y Pablo Padilla, la Ley de Residencias al de Raúl Camargo y la Comisión del Caso Máster a Eduardo Fernández Rubiño, compañeros que no han aceptado que estemos en minutos de la vergüenza sino que querían aprovechar estas últimas semanas para conseguir una Comunidad de Madrid mejor.