Cuesta imaginar en qué graves perjuicios estaban pensando los magistrados del Supremo cuando paralizaron ayer la exhumación de Franco. Esos graves perjuicios se causarían, según el auto, «especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan«.

¿Qué institución constitucional se vería gravemente afectada por el acto logístico de llevar y traer el ataúd con los despojos del tirano? En rigor el perjuicio por ese acto sería el mismo que si hubiera que restaurar el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial y para ello se decidiera trasladar temporalmente los féretros de los monarcas. Cada vez que muere un rey español se pasa unas décadas en el pudridero del Monasterio y después se traslada al Panteón de Reyes sin que ello suponga trastorno al Estado ni a institución constitucional alguna: el acto mecánico que paralizó ayer el Supremo no dista mucho en gravedad ni, desde luego, en dificultad. Y desde luego los jueces del Supremo no han explicado cuál sería ese perjuicio.

¿Qué intereses públicos encarnados en el Estado se pretenden proteger? ¿Acaso el coste económico de la exhumación y traslado? ¿Alguien lo ha calculado? ¿Es más que lo que cuesta cada día un entierro (salvo por el hecho de que no hay que comprar nicho, ni contratar tanatorio, ni (espero) flores, ni…)?

¿Por qué el Supremo da por hecho unos posibles graves perjuicios para el Estado democrático en ese potencial viaje de ida y vuelta y no los explica? No parecería haber ninguna dificultad en volver a llevar los despojos del tirano al agujero en el que se encuentra ahora salvo que alguien lo rellenase de cemento, algo que no parece estar entre los planes de nadie. Pero el Supremo no lo explica.

El grave perjuicio para nuestra democracia y las instituciones constitucionales (en concreto para el Congreso de los Diputados y el Gobierno) no se lo causaría el hecho de haber trasladado el cadáver el 10 de junio, sino que el Poder Judicial decretase que España tiene la obligación de mantener en el mausoleo público a un genocida rodeado de más de 30.000 cadáveres, mayoritariamente víctimas del genocida y casi universalmente arrojadas contra la voluntad de su familia (ojalá alguna hubiera tenido la décima parte de atención y de capacidad de presión que la familia Franco) a esa inmensa fosa común.

El grave perjuicio para nuestra democracia y las instituciones constitucionales lo puede causar que la familia de Francisco Franco y la Fundación Francisco Franco se logren imponer a la democracia española; que logren imponer a nuestras instituciones democráticas (el Congreso de los Diputados y el Gobierno) la obligación de mantener el mausoleo al criminal. Pero ese grave perjuicio es básicamente idéntico haya viaje de ida y vuelta del muerto o no: eso es irrelevante.

Para quienes sí habría sido perjudicial el traslado del lunes 10 de junio es para quienes simulan que la salida de Franco de Cuelgamuros es un grave error que reabre heridas, ataca a la Transición, a la convivencia y todas esas mandangas. Porque si el lunes que viene se hubiera sacado el muerto del Valle de los Caídos, en los meses que tardara el Supremo en sentenciar los españoles comprobarían que no pasa absolutamente nada malo, que sacar el cadáver de ahí es un acto de normalidad y que el grave perjuicio para toda España (y muy singularmente para las víctimas de los crímenes de la dictadura) era seguir teniendo a Franco como una figura respetable de nuestra Historia, merecedora de homenaje y boato.

Que el grave perjuicio para los intereses públicos encarnados en el Estado y para las instituciones constitucionales es que haya jueces que respetan al criminal como a un «Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento«.