Quien Mucho Abarca: Quien Mucho Abarca

Cómo la aplaudían

El día antes de que la mafia del PP publicara el famoso vídeo de Cristina Cifuentes en Eroski, una amiga presentaba un libro. A la salida, en las cañas, la comidilla era el asunto del máster. Recuerdo estar comentando que en la Asamblea daba la impresión de que la propia Cristina Cifuentes se creía sus mentiras. Tal era su aparente convicción compatible con versiones cambiantes, contradictorias y completamente inverosímiles cada una por sí mismo. Lo recuerdo porque comenté que por primera vez empezaba a creerme la leyenda urbana de que Cifuentes tenía un problema de cleptomanía porque la convicción con la que defendía que sí había hecho lo que ya todo el mundo sabía que no había hecho no era sana. Me recordaba a la convicción con la que Chus Lampreave en Bajarse al Moro robaba baberos  y corbatas a decenas convencidísima de que los necesitaba urgentemente.

La convicción de Cifuentes no tenía nada que ver, por ejemplo, con el cinismo esquivo de Pablo Casado, que no trató de convencer de una mentira sino de arrinconarla para que no le estorbara.

Quienes sabían tan bien como el resto (o probablemente mucho mejor) que Cifuentes estaba mintiendo, que ella, como otros compañeros, se había beneficiado de una trama corrupta en la Universidad Rey Juan Carlos eran sus compañeros diputados de la Asamblea de Madrid y miembros de su gobierno. Cuando compareció en la Asamblea de Madrid era ya tan evidente que todo era mentira que ya no esgrimió el acta que había enseñado en su patético vídeo de media noche porque la mañana de aquel pleno se había publicado que las firmas de aquella acta eran falsas.

Al terminar el discurso de Cifuentes todos los diputados, todos los consejeros y las decenas de alcaldes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que fueron a arroparla desde el público de la Asamblea de Madrid se pusieron en pie a aplaudirla (por cierto: fue la única vez en toda la legislatura que la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, permitió que el público aplaudiera una intervención). Entre ellos sobresalía Rafael Van Grieken, consejero de Educación, ex vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos y jefe de Maite Feito, su asesora que fue a la Rey Juan Carlos a garantizarse una coartada pactada que incluyó el acta falsa que esgrimió Cifuentes, detalle por el que Cifuentes no ha podido esquivar a los tribunales como Casado.

Pocas semanas después Cifuentes tuvo que dimitir porque el PP le puso en la cama una cabeza de caballo: el famoso vídeo. Y Ciudadanos tenía que elegir. Podía haber aseado la Comunidad de Madrid, había opciones decentes para un tránsito puramente higienizante hasta las elecciones de mayo de 2019. Y Ciudadanos decidió que no, que mejor mantener a Van Grieken, al PP que tanto ha robado y mentido y tanto ha aplaudido a ladrones y mentirosos. Ciudadanos decidió, como siempre, mantener a la mafia al mando de la caja pública.

Cifuentes es historia oscura de la Comunidad de Madrid. Ojalá resuelva los problemas personales que tenga; ojalá tenga una sentencia justa. Pero la mafia que la aplaudía es presente de la Comunidad. Ahí está hoy el problema.

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194.232 eméritos e irresponsables euros

194.232 euros al año, aproximadamente el doble que el presidente del Gobierno, cobra Juan Carlos I, a quien ahora llamamos rey emérito. En la facultad un profesor emérito era aquel que ya tenía edad para haberse jubilado pero ni él quería dejar de dar clases ni la comunidad universitaria quería desaprovechar los conocimientos del profesor. No sabemos muy bien qué es un rey emérito, pero por lo que cobra Juan Carlos I es evidente que tiene tareas de Estado, que de alguna forma sigue siendo un poco rey como un profesor emérito sigue dando algunas clases.

El pasado domingo Juan Carlos I apareció en público. Fue a Abu Dhabi para ver una carrera de Fórmula I. Y allí se encontró con un príncipe saudí llamado Mohamed bin Salmán, a quien la CIA señala como el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul. Y le saludó efusivamente porque Juan Carlos de Borbón es una persona campechana y espontánea, y es de bien nacidos ser agradecidos. Y Juan Carlos de Borbón tiene mucho que agradecer a la dinastía saudí, que serán unos asesinos y líderes de la más cruel (como mínimo ex aequo) tiranía del planeta, pero bien que han sabido agradecer en persona a Juan Carlos I que España comprara su petróleo aunque fuera más caro o que los constructores de la corte construyeran mal que bien el AVE de La Meca a Ryad.

Lo sorprendente no ha sido que Juan Carlos I, rey emérito de España, exhibiera una vez más su afecto por criminales saudíes, que a eso ya estamos hechos. Lo alucinante fue cómo el Gobierno español y la Casa Real han respondido a las preguntas sobre el tema. Zarzuela comunicó que el saludo fue “estrictamente protocolario”, como si Juan Carlos fuera un hombre que reprimiera sus impulsos para someterlos al estricto protocolo (“¿por qué no te callas?”), como si la relación de Juan Carlos con la monarquía saudí no superara con mucho no ya lo protocolario sino lo legal desde los años 70, como si el protocolo rezase que, ante un tipo que está acusado de ir por el mundo asesinando mediante descuartizamiento y disolver en ácido a periodistas, hay que mostrar cariño y amistad, a ver si a base de buenos sentimientos se reinserta.

Desde Moncloa la cosa ha sido peor: “No vamos a entrar a valorar lo que hace el rey emérito“. ¿Cómo que no? Hace unas semanas PSOE, Ciudadanos y PP se negaron a investigar los chanchullos de Juan Carlos I denunciados involuntariamente por quien confesaba haber sido su testaferra porque el rey de España no está sometido a control político. Es decir, al menos políticamente, mantiene la irresponsabilidad. Y en España la irresponsabilidad del rey quiere decir que otro es responsable de sus actos: el gobierno de España.

Si nadie va a entrar a valorar lo que hace Juan Carlos I, nadie debe pagar un euro a Juan Carlos I. O tiene labores de Estado y debe responder ante el Estado, o debe perder todo privilegio: desde el blindaje judicial al enorme sueldo público que maneja. No va a tener problemas para vivir de sus ahorros: de hecho por eso le tiene tanto cariño a los criminales saudíes.

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Es la antipolítica, amigo

Cuando eclosionó el 15M y después con la irrupción de Podemos hubo muchos dirigentes políticos que no entendieron nada. Acusaban a lo que estaba sucediendo de ser la antipolítica, y por tanto la antidemocracia. Su denuncia de cómo funcionaban los partidos políticos realmente existentes entonces (unos como una máquina de podredumbre antidemocrática, otros como un aparato comprobadamente ineficaz para vencerlos) se quiso leer como un discurso general contra los partidos y contra la política.

Y se caricaturizó todo aquello como un discurso antidemocrático (joseantoniano), meritocrático (“el gobierno de los mejores”) y caudillista (recordemos las reacciones al er la papeleta europea de Podemos). Frente a ese diagnóstico, por supuesto, ofrecían los mecanismos democráticos de los partidos, fuera de los cuales está el infierno como demuestra la Constitución del 78 cuando explica (con estrechez democrática) que los partidos son el instrumento fundamental para la participación política. No prestaron atención a que la ciudadanía estaba yendo en masa a participar de eso que ellos denunciaban como caudillista y meritocrático mientras se quedaban solos con su gesto arisco explicando que la democracia se hacía como querían ellos. Son tics del pasado pero que reaparecen como si fueran otra ley de hierro de los partidos políticos.

Desde entonces el sistema de partidos español ha cambiado muchísimo y tiene pinta de no haber terminado su cambio aún. Empezó a cambiar, por cierto, cuando aquellos maestros de democracia retaron a los de la antipolítica a montar un partido y presentarse a las elecciones. Y si algo ha empapado retóricamente el cambio en los partidos es la exigencia de que sean organizaciones internamente democráticas hasta el punto de que organizaciones monolíticas y cupulares como PP y Ciudadanos simulan tener votaciones internas.

Parece intuitivo que quien cree que un partido es algo que una persona monta para que otros cumplan órdenes, quien quiere un colectivo uniforme y militarizado, quien premia a los sumisos con sobres y castiga a quien lo merezca con dosieres y vídeos en prensa, quien confunde la lealtad al colectivo con la sumisión a la cúpula, gobernará el país con una ética semejante. Uno puede entender que un partido demócrata se organice con una cultura militar cuando vive en la clandestinidad; cuando lo hace en democracia podemos sospechar que no es un partido para gobernar en democracia sino algo más parecido a una mafia que quiere mangonear un país: el ejemplo del PP es evidente.

La democracia interna es, sobre todo, una decisión práctica e inteligente en una organización política del siglo XXI que quiera ser grande, incluso gobernar.

Es imposible un partido importante sin unas bases grandes y movilizadas. Pero en el siglo XXI y en un país con un margen de libertades real, casi nadie quiere ser militante de un ejército o una secta; y quien quiera serlo aportará mucho esfuerzo pero muy poca cabeza. Uno milita para ser útil, para estar razonablemente informado de la vida del partido, para que sus posiciones se tengan en cuenta, para que los debates en los que participa sirvan para conformar las posiciones del partido no sólo cosméticamente.

Y además, un partido que quiera ser grande, incluso gobernar, tiene que ser muy diverso, tiene que abarcar un amplio abanico político. Por eso la democracia interna de un partido es válida si es un instrumento también para enriquecerse (incluso fomentar) el pluralismo. Ese pluralismo, además, puede ser una garantía de controles internos frente a los excesos y la corrupción. E incluso si se sabe gestionar fraternalmente, el pluralismo permite siempre pensar colectivamente mejor, es decir, ser mucho más inteligente y eficaz.

En un país la democracia es una cuestión moral: los ciudadanos tenemos derecho a gobernar el país en el que vivimos y los países no son propiedad de nadie más que de todos los ciudadanos. En los partidos es, sobre todo, una cuestión práctica y que no se mide sólo con instrumentos nominalmente democráticos (recordemos, por ejemplo, que el PSOE lleva muchos años haciendo primarias, compatibles con que el aparato se cargue al vencedor si no es apropiado) sino que sobre todo debe buscar la promoción real de la diversidad interna y la participación cotidiana y real de la gente que quiere militar. La democracia en la vida de un partido no la marcan tanto los formalismos reglamentistas como la cultura política fraternal. No es una cuestión moral sino sobre todo práctica.

Sin esos dos elementos (participación cotidiana y pluralismo razonablemente fraternal) un partido político se condena a una vida corta y a un techo electoral bajo. Los ciudadanos lo entienden pronto. En un país necesitado de democracia pero sobrado de quienes dan lecciones de democracia, la gente ya tiene bastante olfato para no dejarse engañar.

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Manuela Carmena ha reinsertado a Esperanza Aguirre

El pasado lunes un vídeo de Telemadrid generó muchísimas bromas. Aparecía Esperanza Aguirre disfrutando de uno de los bancos de la Gran Vía, cuatro días antes de la inauguración de las obras que la han recuperado para los vecinos de Madrid. Al ver las cámaras Aguirre balbuceó que la reforma no le parecía bienporque las aceras más amplias y cómodas eran una prohibición y que sólo servirían a los manteros. En la imagen no se veía a ningún mantero, no se veía ninguna prohibición. Sólo se veía a Esperanza Aguirre disfrutando del espacio recuperado para vecinas como ella.

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Qué raros son estos “constitucionalistas”

No tengo muy claro por qué la hidra aznarista se niega a condenar el franquismo. No pasaría nada. Condenar algo ya se ha convertido en un ritual que no exige coherencia alguna con esa condena. Y no creo que a estas alturas a los votantes del PP y Ciudadanos, los partidos que ayer se negaron a condenar la dictadura franquista en el Senado, fueran a castigar una condena de la que probablemente ni se enteraran. Si hasta Aznar en los años 90 se hacía pasar por admirador de Manuel Azaña…

Lo más revelador de la votación de ayer en el Senado fue la enmienda que propuso el Partido Popular: pedía ilegalizar las organizaciones que defiendan el “comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos“, eso sí, para “seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española de 1978“.

Vamos a dejar a un lado la patochada de ilegalizar cualquier “populismo que fomente el enfrentamiento entre ciudadanos”, dado que es una definición que permitiría ilegalizar a cualquier organización política que defienda algo que no defienda todo el mundo. Dejamos de lado, por supuesto, que prefieran ilegalizar a partidos por tener una ideología que no les gusta que a, pongamos, un partido que hubiera creado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”.

Más allá de eso, son muy raros estos constitucionalistas. Uno de los titulares ya olvidados que logró Pablo Casado fue anunciar que iba a proponer “una Ley de Concordia que reivindique la Transición” (con la que derogaría la Ley de Memoria Histórica). ¿Qué parte de la Transición quiere reivindicar Pablo Casado? El hito fundamental que hizo creíble para el mundo que España estaba recuperando la democracia fue la legalización del Partido Comunista de España. Y ahora el PP, para condenar la dictadura que asesinó a 150.000 españoles, exige revertir los principales avances democratizadores de la Transición.

Sería una forma muy rara de reivindicar la Transición; suena extraño condicionar la condena a una dictadura a que se reduzca caprichosamente el pluralismo político (condenar la dictadura para recortar la democracia). Pero ya sólo produce una sonrisa. Estamos ya demasiado acostumbrados a que la derecha española use la Constitución y la Transición no para referirse al texto constitucional que tenemos ni a los hechos que sucedieron en España a finales de los 70, sino como una religión política inquisitorial, un martillo de herejes, que sirve sólo para echar del campo de lo políticamente legítimo a quien no esté pegado a los salmos del PP.

Lo más curioso es que el relato que nos contaron de la Transición era justamente el contrario: que fue el momento en el que hubo apertura para que todo el que no fuera un fascista inadaptado o un terrorista tuviera cabida en la política española. Están cambiando el relato tanto que en la Transición que nos quieren defender ya sólo cabría esa Alianza Popular que no votó a favor de la Constitución.

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Sala Segunda – Poder Judicial – Régimen

En los últimos años se han dejado descansar los aspectos centrales de la política española en el Poder Judicial. El fenomenal problema político que tiene España con Cataluña se decidió no afrontar políticamente sino sólo judicialmente. Y ante un problema de corrupción monstruoso no hemos tomado medidas contra la corrupción sino que hemos puesto un listón judicial (bastante absurdo, por cierto): la imputación. Así, todos sabemos que Pablo Casado ha falsificado básicamente todo su currículo universitario, pero como el Tribunal Supremo decidió que él no debía ser imputado/investigado por esa falsificación, no pasa nada. En cambio, cuando otros cargos políticos evidentemente honrados son acusados (a veces precisamente por los corruptos) y un juez decide tramitar la investigación… los ponemos en la picota.

La política española descansa en su Poder Judicial. Y más concretamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de juzgar a los aforados acusados de delitos: es decir, a los principales corruptos de España y a los políticos catalanes independentistas; y en ausencia de aforados, es la sala a la que llegarán los recursos de todos los casos de corrupción. Cuando Cosidó presumía de que el pasteleo con el PSOE le permitía mangonear la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo que estaba diciendo era que el PP iba a controlar la parte del Tribunal Supremo que le interesa: la que juzga los robos del PP y la que juzga a los políticos catalanes. Lo cual reduce la legitimidad de sus sentencias en esos casos a la nada. Es posible que Cosidó tenga que abandonar su cargo por lo mismo por lo que lo abandonó Cospedal: porque esas cosas no se dicen, se hacen, se saben, se cuentan en un reservado sin cobertura, pero no se mandan a un chat de ciento y pico personas, que pareces nuevo.

En las últimas semanas nuestro Poder Judicial ha ido recolectando razones para merecer la máxima desconfianza. Aún está caliente el escándalo de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas, que dejó en ridículo al Tribunal Supremo rectificando por métodos sorprendentes una sentencia que pudiera beneficiar a la ciudadanía frente a la banca. A la luz de los mensajes de Cosidó es más fácil entender por qué es tan frecuente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por no haber dado un juicio justo a los casos relacionados con la política: el último fue (de nuevo) Arnaldo Otegi; el próximo podría ser cualquiera. Y después hemos visto cómo PP y PSOE pactaban cómo iba a ser el Tribunal Supremo y cómo iban a votar los jueces que ellos acordaran. Finalmente hemos visto el mensaje bochornoso e idiota de Cosidó y, tras tantísimo bochorno (nunca antes) el propio Marchena ha tenido que apartarse y renunciar a ser votado por los jueces al dictado de PP y PSOE. El propio archivo del caso Casado, simplemente por el privilegio estar aforado ante el Supremo, echó unas cuantas paletadas de tierra sobre la tumba de Montesquieu y con los mensajes de Cosidó se entiende aún mejor.

La crisis de legitimidad del Poder Judicial es monumental y es muchísimo más importante que el colapso funcional al que ha conducido la renuncia de Marchena y el patético teatrito del PP para acusar a los otros de su mangoneo y su torpeza y registrar como gran novedad una ley de 1980 (que, por cierto, en nada hace al Poder Judicial más democrático que el actual sistema). Lo peor no es que se rompa el acuerdo del chalaneo: lo peor es el desnudo integral del edificio judicial español.

La crisis de legitimidad del Poder Judicial sería siempre una crisis de Régimen, pero muchísimo más cuando por incompetencia hemos dejado caer en el Poder Judicial el principal peso del rumbo político del país. Y aún más cuando el resto de las instituciones (empezando por la Jefatura del Estado) están lejísimos de haber superado la crisis de Régimen que acarrean desde hace años.

Poco a poco, gota a gota vuelve la crisis de Régimen.

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¡Funciona!

La estrategia de llamar populista a todo el que hiciera una propuesta decente, democrática, más justa y equitativa quería transmitirnos un mensaje: “todo eso es muy bonito, pero al final no salen los números”. Era una nueva forma de transmitir el mensaje machacón de los últimos 40 años de desmantelamiento mundial de los derechos sociales y democráticos: There is no alternative, No hay alternativa. Como en los últimos años se demostró con una crisis monumental que las políticas de recortes y destrucción de lo público eran un fracaso, que si había algo que no era una alternativa eran sus políticas, nos explicaron que la nuestra era el caos, los soviets de distrito, la cochofobia, Caracas, hambre, destrucción y cabalgatas de Reyes Magos. Y, además, nos fueron explicando que somos igual de corruptos que ellos, faltaría más.

Ayer presentaron Manuela Carmena y Jorge García Castaño (concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y un compañero y amigo por el que sentirme tan orgulloso) los últimos presupuestos de esta legislatura. Y lo hizo con unos números y unos resultados para que los madrileños vivan mejor espectaculares. Han sido muchísimos los palos en la rueda contra este Ayuntamiento. Montoro intentó asfixiarlo, entre la Fundación Francisco Franco, el Partido Popular y otras organizaciones del entorno, han intentado parar en los tribunales desde la democratización del callejero a todas las obras que van a llevar a los barrios polideportivos, piscinas, zonas infantiles

Pero no lo han conseguido. Hoy cualquier madrileño tiene la conciencia de que el Ayuntamiento ha realizado innumerables actuaciones para mejorar los barrios, la vida de las familias. No hay una gran obra en el Madrid de Manuela Carmena. En esta legislatura los madrileños no hemos enterrado una autopista para que paguen hasta nuestros nietos y cobren hasta los tataranietos de los constructores amigos. No hay una gran obra en el Madrid de Manuela Carmena. Pero para atacar su gestión un diario conservador la acusaba hace unos días de febril: es decir, la crítica era la cantidad de cosas que está haciendo el Ayuntamiento. Y, sin duda, a los madrileños nos gustaría que la fiebre fuera aún más alta. A veces olvidamos que en 2015 Madrid llevaba años sin siquiera una operación asfalto: la ruina de la ciudad se traducía, entre otras cosas, en baches y rajas en nuestras calles que hoy van recuperándose. Por cierto, aquel abandono de las calzadas sí que era cochofobia.

La memoria a veces es corta, pero la comparación con la Comunidad de Madrid nos refresca siempre la diferencia. No, nadie acusará al gobierno de la Comunidad de Madrid (PP-Ciudadanos) de febril. Lo único que recordaremos de esta agonía asistida del PP en la Comunidad de Madrid es el bochorno de la salida de Cristina Cifuentes. Tan desaparecida está la Comunidad que no son pocos los madrileños que se olvidan de su existencia y piden a Manuela Carmena que arregle los destrozos del PP-Cs (¿cuántos madrileños siguen pidiendo al Ayuntamiento que arregle el desastre de Metro sin saber que sólo es competencia de la Comunidad?).  Una evidencia: en 2019 el Ayuntamiento de Madrid habrá hecho 13 escuelas infantiles nuevas; la Comunidad de Madrid (que es la que tiene la obligación de hacerlas) ninguna. Eso es ayudar (o no) a las familias madrileñas.

Lo impresionante es que hacer cosas es más eficiente: mientras la Comunidad de Madrid no para de aumentar la deuda pública, el Ayuntamiento ha reducido la monstruosa deuda que dejaron Gallardón y Botella a la mitad. No, no era populismo: era democracia, cercanía y eficacia. Era pensar en el bien común en vez de en la financiación del partido y el relleno de sobres. Era dejar que Madrid volviera a ser una ciudad viva y moderna. Y, qué raro, funciona. Por el camino, Madrid va de la mano de Copenhague, Berlín, París, Londres, Amsterdam… en políticas de movilidad mientras el PP (político-mediático) nos quiere anclar en algo mucho más parecido a su obsesiva Caracas.

Sin duda el mayor error de esta legislatura ha sido no ser conscientes de que el PP (en sentido amplio) odia a Madrid (como a España) hasta el punto de intentar paralizarla, joder a los madrileños hasta que le devuelvan la llave de la caja fuerte, que tan bien han exprimido siempre. Ha sido un aprendizaje duro que ralentizó el comienzo de la legislatura. Por eso y por tantos años de destrozo queda tanto por hacer.

Pero la evidencia ya está aquí y es una lección también para administraciones autonómicas y nacional. Funciona. A lo mejor era cierto que No hay alternativa: No hay alternativa a los gobiernos decentes, equitativos y democráticos que hoy están haciendo funcionar las ciudades que ellos destrozaron.

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Si tomáramos a Casado en serio

Imagínate que tomáramos a Pablo Casado en serio. Que dejáramos de protegerlo de sí mismo, lo empezáramos a respetar intelectualmente y discutiésemos con sus astracanadas como si fueran posiciones intelectuales pensadas y por tanto coherentes entre sí. Sería raro, pero vamos a probar.

El sábado Pablo Casado volvió a explicarnos lo que hacía “España” en América hace 500 años. En América “España” no tenía colonias, en América había España: “Nosotros [sic] no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande“. Es decir: Argentina, Perú, Cuba… no eran colonias, eran parte de la nación española.

Supongamos, insisto, que nos tomamos en serio a Casado.

¿Por qué Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación? Hemos escuchado por activa y por pasiva que tal derecho no es la salida democrática y pacífica a cualquier conflicto territorial sino que es un derecho de los pueblos sometidos a la colonización. Es una gilipollez reservada a ignorantes, eso ya lo hemos aprendido, defender para Cataluña una votación porque al no ser colonia lo único que se aplica es el derecho a la integridad territorial. Por eso a quien actúe contra la integridad territorial, aunque sea de forma pacífica, se le acusa de delitos gravísimos que conllevan muchísimos años de cárcel.

¿Qué diferencia Cataluña de los países de América Latina? Para un nacionalista catalán, nada. Para Pablo Casado tampoco. Una nacionalista catalán piensa que Cataluña es una colonia como lo era Argentina. Pablo Casado piensa que Cataluña no es una colonia como no lo era Argentina. Son lo mismo.

Si los países de América Latina no eran colonias sino provincias españoles, ¿en qué se diferencia su independencia (que intuyo que hoy no cuestiona ningún español por nacionalista que sea) de la que pretenden los independentistas catalanes? ¿Deberíamos haber detenido al general San Martín y a Simón Bolívar porque, lejos de ser libertadores, eran sediciosos cuando no culpables de rebelión? Si nos tomamos a Pablo Casado en serio… sí.

¿Y qué pasa hoy con América Latina? Si nos tomamos en serio la idea de nación española que viene expresando a brochazos impresionistas Pablo Casado, España es una nación desde hace al menos 500 años, la unidad de la nación española es indisoluble e inmutable y de la nación española han formado parte (y por tanto forman parte si la unidad de la nación española es indisoluble e inmutable) los países latinoamericanos. Reconocer hoy que esas provincias españolas de ultramar (nunca colonias) ya no son provincias españolas sino naciones y Estados tan legítimos y reales como la nación española y el Estado español sería absolutamente incoherente con las cosas que ha venido diciendo Casado.

En realidad las patochadas de Casado que nadie (ni él, supongo) se toma en serio sólo vienen a demostrar la inconsistencia de todo nacionalismo primordialista: sea el que nos dice que España es la nación más antigua del mundo cuya unidad es indisoluble e inmutable, sea el que nos explica los derechos de los vascos porque los romanos no pudieron o sea el que pide recuperar Al Andalus para una gran nación musulmana. Es ridículo. Las naciones no son cosas rígidas, milenarias e inmutables. Ni siquiera la nuestra, mala suerte.

Imaginemos que tomamos la última chorrada de Pablo Casado en serio. ¿Qué hacemos? ¿Invadimos Argentina o intentamos solucionar el conflicto catalán sin más dogmas que la paz, el diálogo y la democracia?

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¿Vuelve la política? Artículo en La Mirada Común

Una de las características del tiempo del 15M fue la omnipresencia de la política. Había debate político por todas partes, en los ateneos y en los bares, en sesudas tribunas de opinión y en insultos tabernarios a los corruptos, se hablaba de Gramsci y de Corinna, de la ley electoral y de la prima de riesgo. Había política por todas partes: había crisis de régimen.

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Vuelve la unidad Precrimen

En la competición en la hidra aznarista por ser el más querido por don Federico, Ciudadanos ha decidido llevar a las diversas instituciones una proposición en la que pide  que el gobierno Sánchez no indulte a los presos catalanes (“los responsables del golpe separatista“). En la Asamblea de Madrid debatiremos hoy esta proposición: ello garantiza que en todos los plenos de noviembre el grupo de Ciudadanos no habrá llevado ni una sola iniciativa al pleno de la Asamblea de Madrid que tenga que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid. Ni una sola. Sólo circo ultra.

Lo llamativo es que en esta deriva no sólo están abandonando absolutamente todos los principios democráticos y liberales sino que aquello que no se quitan de la boca (el constitucionalismo, la independencia judicial) es la principal víctima de sus discursos. No hay demócrata ni liberal que acepte aquella unidad de precrimen que vimos en Minority Report por la que se producían condenas por hechos que aún no se han producido: desde que llegó la modernidad ese tipo de sanciones preventivas están absolutamente fuera de lo defendible. Pero es lo que está haciendo Ciudadanos al buscar el rechazo de indultos a personas que no han sido condenadas.

Están evidenciando que no creen en absoluto que los independentistas catalanes vayan a tener un juicio justo: dan por hecha su condena cuando aún no ha empezado juicio alguno. Si no dan por hecha esa condena, lo que se estaría produciendo es una evidente presión contra la independencia del Poder Judicial al asumir desde el legislativo esa condena hasta el punto de estar ya planteando la posibilidad del indulto.

Pero además están violentando su supuesto constitucionalismo: la Constitución Española sólo limita los indultos cuando se trata de delitos graves cometidos por algún miembro del Gobierno de la nación y los indultos generales (razón por la cual los autoproclamados constitucionalistas deberían rechazar la interpretación que hacen ellos de la Ley de Amnistía, que sería radicalmente inconstitucional hoy). No hay más límites: tan es así que en España se han producido indultos a golpistas de verdad (Alfonso Armada, secretario de la Casa del Rey con Juan Carlos I, golpista del 23F e indultado por Felipe González), ministros secuestradores (José Barrionuevo, ministro con Felipe González, secuestrador condenado, indultado por José María Aznar), banqueros delincuentes, torturadores… sin que el supuesto constitucionalismo se haya escandalizado nunca.

La hidra aznarista se proclama liberal y constitucionalista y no cesa de insultar los principios del liberalismo y del constitucionalismo. Con su deriva sectaria y fanática están alcanzando parámetros políticos premodernos, con un montón de asesores en comunicación del siglo XXI pero con principios políticos que no han avanzado desde Torquemada.

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