Blog de Hugo Martínez Abarca

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¿¡Un mediador!?

Desde hace unos pocos años la figura del mediador ha sido bastante promocionada. Se trata de un canalizador de conflictos que ayuda a partes enfrentadas a que ellas encuentren soluciones que parecen inexistentes o, simplemente, a evitar llegar a juicio cuando se puede evitar. Es algo moderno y civilizado que están promoviendo las administraciones públicas, los colegios profesionales, etc y sirve en conflictos familiares, civiles, mercantiles, vecinales… de todo tipo.

Es posible que alguien no se haya enterado, pero en Cataluña existe un importante conflicto. Buena parte del antiguo gobierno está preso y la otra huida. Unos consideran que cometieron delitos gravísimos que merecen décadas de cárcel y otros los consideran presos políticos y exiliados. Unos consideran que se produjo un golpe de Estado y otros que se impide el ejercicio de la democracia. Lo que se dice un conflicto enconado que según las elecciones enfrenta básicamente a dos mitades de la sociedad catalana.

En esas condiciones se puede intentar dos cosas: arreglar el conflicto o derrotar a la otra parte. Derrotar a la otra parte, siendo ésta (la que sea) la mitad de la población garantiza el resurgimiento del conflicto, si bien es posible que electoralmente sea la apuesta más rentable a corto plazo.

Pero si se quiere arreglar el conflicto parecería una opción absolutamente razonable sentar a los distintos partidos en una mesa a buscar puntos en común. Y para ello sería muy inteligente emplear las técnicas que existen para facilitar la resolución de conflictos.

En todos los conflictos no suele faltar quien confunde dignidad con el enroque. Todo lo que no sea llevar absoluta razón, todo lo que sea moverse del punto de partida, todo lo que no sea que el otro se joda… es una humillación y una indignidad. Esa es la mentalidad ideal para que un conflicto se encone y en vez de arreglarse crezca: sea un conflicto de pareja o uno político. Cuando en vez de adquirir esa posición uno piensa que tiene razón (lo pensamos todos siempre, obviamente) pero que algo habrá que hacer, no se está humillando, está demostrando cabeza.

No sé qué tenía en mente el Gobierno al hablar de mediador, relator, o lo que sea, en una mesa de diálogo entre los distintos partidos políticos. Pero en abstracto parece una propuesta tan
razonable que roza lo irrelevante. Por eso lo asombroso es el escándalo que tanto ha exagerado esa derecha que se reencuentra en el fanatismo, pero también algunas personas que suelen buscar posiciones razonables.

Quizás buena parte del problema venga de la propia falta de arrojo del gobierno de Pedro Sánchez. Es tan evidente la necesidad de diálogo que esa propuesta la podría haber hecho hace tiempo. Pero la ha hecho al día siguiente de que ERC y PDCat anunciaran una enmienda a la totalidad a los presupuestos poniendo en bandeja la imagen de que una propuesta normal, razonable y ecuánime es en realidad una cesión ante los partidos independentistas. ¿Por qué no propuso esto mismo el gobierno hace meses? Qué torpeza.

La situación está tan polarizada (y la carrera por el fanatismo ultra tan acelerada) que lo normal y razonable aparece como un escándalo humillante. Es la misma impostura (con los mismos protagonistas) que se manifestó contra el fin de la familia porque se casaran homosexuales, contra la victoria de ETA poco tiempo antes de su derrota o contra las mentiras del 11M mientras los jueces evidenciaban las verdades del atentado.

La ficción fanática es la misma. Entonces dirigían la orquesta corruptos como Acebes y Zaplana. Hoy son Casado, Rivera y Abascal.

La vía bocazas

Es difícil encontrar declaraciones estridentes de Artur Mas o Carles Puigdemont antes del 1-O.  Las polémicas entonces se centraban en los pasos que se anunciaban. «En seis meses haremos una consulta», «A la vuelta del verano aprobaremos leyes de desconexión«. No recordamos charlotadas sobre la vía eslovena, o que se retiraran los canapés de los actos oficiales en solidaridad con nadie o que alguien pidiera que España saliera de la Unión Europea.

Tras el 1 de octubre y la reacción del Estado a la simulación de declaración de independencia que hizo el Parlament el movimiento independentista quedó gravemente derrotado al menos en el itinerario que se había trazado hasta entonces. Ello no quiere decir que haya ganado el Estado (cuyos cimientos democráticos están maltrechos sobre todo por unos encarcelamientos indefendibles y que además comprobó hace un año que el independentismo sigue siendo el bloque mayoritario en las urnas catalanas), pero sí que el rumbo que tenían los partidos independentistas catalanes ya sólo les lleva a encallar una y otra vez.

Se diría que en Cataluña hay dos tipos de independentistas. Los que tienen el coraje de entender que la situación ha cambiado y que necesitan remangarse, dialogar, explorar las zonas grises y los matices (un ejemplo evidente fue Joan Tardá en el Congreso ayer); y quienes deciden estrellar a Cataluña contra un muro elevando la retórica pero sin nada que ofrecer a Cataluña más que esas estridencias.

La derecha española decretó que había que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña el día siguiente de que perdieran el gobierno de España. Ahora se agarran a las declaraciones de Torra para explicar que es imposible seguir sin aplicar el 155. Pero lo cierto es que ni Torra ni su gobierno están haciendo nada (nada de nada: ni ejercen de gobierno autonómico ni de gobierno secesionista) y que precisamente los alaridos histriónicos son la evidencia de que tampoco tienen previsto hacer nada concreto.

Las declaraciones de Torra, como las de Casado, Rivera o cuantos irresponsables estén echando gasolina al fuego pueden elevar la crispación popular: ese es el único (y peligroso) efecto de esta vía bocazas compartida. No es un efecto menor, es peligroso. Pero uno de los inconvenientes de la democracia es que se puede ser un bocazas sin que le sancionen a uno por ello. Ni a Torra, ni a Casado, ni a Rivera. Ni a los socios andaluces de estos últimos.

La vía bocazas es, simplemente, la escenificación del fin del Procés. Pero con el Procés acabado, hay quienes necesitan seguir haciendo como que sigue habiendo Procés.

Qué raros son estos «constitucionalistas»

No tengo muy claro por qué la hidra aznarista se niega a condenar el franquismo. No pasaría nada. Condenar algo ya se ha convertido en un ritual que no exige coherencia alguna con esa condena. Y no creo que a estas alturas a los votantes del PP y Ciudadanos, los partidos que ayer se negaron a condenar la dictadura franquista en el Senado, fueran a castigar una condena de la que probablemente ni se enteraran. Si hasta Aznar en los años 90 se hacía pasar por admirador de Manuel Azaña…

Lo más revelador de la votación de ayer en el Senado fue la enmienda que propuso el Partido Popular: pedía ilegalizar las organizaciones que defiendan el «comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos«, eso sí, para «seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española de 1978«.

Vamos a dejar a un lado la patochada de ilegalizar cualquier «populismo que fomente el enfrentamiento entre ciudadanos», dado que es una definición que permitiría ilegalizar a cualquier organización política que defienda algo que no defienda todo el mundo. Dejamos de lado, por supuesto, que prefieran ilegalizar a partidos por tener una ideología que no les gusta que a, pongamos, un partido que hubiera creado «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».

Más allá de eso, son muy raros estos constitucionalistas. Uno de los titulares ya olvidados que logró Pablo Casado fue anunciar que iba a proponer «una Ley de Concordia que reivindique la Transición» (con la que derogaría la Ley de Memoria Histórica). ¿Qué parte de la Transición quiere reivindicar Pablo Casado? El hito fundamental que hizo creíble para el mundo que España estaba recuperando la democracia fue la legalización del Partido Comunista de España. Y ahora el PP, para condenar la dictadura que asesinó a 150.000 españoles, exige revertir los principales avances democratizadores de la Transición.

Sería una forma muy rara de reivindicar la Transición; suena extraño condicionar la condena a una dictadura a que se reduzca caprichosamente el pluralismo político (condenar la dictadura para recortar la democracia). Pero ya sólo produce una sonrisa. Estamos ya demasiado acostumbrados a que la derecha española use la Constitución y la Transición no para referirse al texto constitucional que tenemos ni a los hechos que sucedieron en España a finales de los 70, sino como una religión política inquisitorial, un martillo de herejes, que sirve sólo para echar del campo de lo políticamente legítimo a quien no esté pegado a los salmos del PP.

Lo más curioso es que el relato que nos contaron de la Transición era justamente el contrario: que fue el momento en el que hubo apertura para que todo el que no fuera un fascista inadaptado o un terrorista tuviera cabida en la política española. Están cambiando el relato tanto que en la Transición que nos quieren defender ya sólo cabría esa Alianza Popular que no votó a favor de la Constitución.