Blog de Hugo Martínez Abarca

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El Caso EREs no les parece tan grave

Escuchaba ayer a uno de tantos tertulianos de derechas realizar, con solemne énfasis, piruetas retóricas para colocar el Caso EREs como una financiación ilegal del PSOE. «Decían que el PP iba dopado a las urnas, pero el PSOE también porque con los EREs intentaba comprar ‘paz social’, evitando despidos que podrían venirle mal al PSOE en las elecciones«. Lo peor del disparate es que al tertuliano lo que le parecía mal es lo que se tenía que haber hecho bien: usar los fondos públicos para evitar despidos, no para que se lo llevaran cargos del PSOE, familiares, amigos y demás aprovechados.

El Caso EREs es de una gravedad intolerable. Es lamentable que Pedro Sánchez no compareciera ayer como Secretario General del PSOE a pedir perdón en nombre de su partido. Van a tener muy difícil Susana Díaz en particular y la vieja guardia del PSOE en general salir airosos políticamente y más le vale al PSOE limpiarse a fondo de pasado y de caciquismo si quiere recuperarse singularmente en Andalucía. Tras varios días sentando cátedra sobre lo malo que va a ser el gobierno salido (por segunda vez) de las urnas, ayer callaron Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra… José Bono no: él estuvo en la tele a las 9:30 de la mañana denunciando el comunismo estalinista y el «odio social», pero después de una sentencia que condena el verdadero odio social (el robo a los trabajadores perpetrado por los compañeros de José Bono) calló.

Es intolerable pero parece que a nuestra derecha (política-mediática) no le parece tan grave. El empeño en identificar el Caso EREs con Gurtel, Púnica, Lezo, Taula, Bárcenas, Matas, Fabra, Castor, Espías, Funeraria, Máster, Noos, Palma Arena… evidencia que el Caso EREs no les parece suficientemente grave y necesitan impostarlo. El disparate de equiparar el papel de Pedro Sánchez durante los EREs con el de Mariano Rajoy cuando Bárcenas escribía ‘M. Rajoy’ en su contabilidad de sobresueldos demuestra que les parece poco lo que organizaron los gobiernos andaluces del PSOE. Que traten de deslegitimar la moción de censura de 2018 por el caso EREs (lo han hecho Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal: lo que Colón unió que no lo separe la corrupción) revela que el saqueo del erario sólo les preocupa en cuanto les pueda ser útil partidistamente.

La necesidad de titular «el mayor caso de corrupción» como si la gravedad de un robo se midiera en el dinero robado evidencia uno de los lastres morales que arrastra la derecha (política-mediática) española: que no dicen que ellos no roben, lo único que dicen es que aquí hemos venido todos a robar.

El miedo a hacerlo bien

Según cuentan, anda ERC con miedo a ser consecuente con la campaña electoral que hizo. En estos meses Gabriel Rufián se ha mostrado como un tipo responsable, con altura política y visión estratégica. Era tan convincente en sus argumentos que uno piensa que el verdadero Gabriel Rufián es éste y no el que hacía numeritos retóricos estrafalarios o conducía a sus followers al insulto a quien poco antes le pidiera amablemente la misma responsabilidad, altura política y visión estratégica que él exigiría después a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Dicen que ERC tiene pánico a que los illuminati les llamen traidores apenas unas semanas antes de las muy probables elecciones catalanas. Y que por ello ha pedido a Junts per Catalunya unidad en la investidura de Pedro Sánchez y podría exigir al PSOE compromisos concretos para la puesta en marcha del diálogo en Cataluña. ERC lleva un par de años siendo la cara responsable del Procés: no es un ápice menos independentista que JxCat ni que las CUP, pero sí trata de ser independentista en el mundo real. Y, pese a tanto desprecio antidemocrático al populacho, los catalanes independentistas parecen sentirse mucho más cercanos en encuestas y elecciones al realismo de ERC que al histrionismo suicida. Si hay gobierno habrá diálogo; o al menos, seguro que si no hay gobierno seguirá el bloqueo. Se firme ante las cámaras el formato del diálogo o no; acompañe JxCat o no.

No está sola ERC. El PSOE ha perdido 750.000 votos entre abril y noviembre. No los ha perdido por ser blando con Cataluña sino por ser irresponsable con España. De hecho el 28 de abril se convocó en respuesta a la concentración de Colón en la que la derecha y la extrema derecha española arremetieron unidas contra el felón que rompía España por poner un relator en una mesa de diálogo. Una parte de aquellas elecciones presentaba el bloque de la dureza hipánica frente al bloque del diálogo democrático: y los españoles apostaron por el diálogo. En noviembre Pedro Sánchez viró para intentar atraerse el voto de la descomposición de Ciudadanos a un discurso mucho más duro y en el mejor de los casos no consiguió ni un solo voto así. Si el PSOE quiere gobernar (tener investidura, presupuestos, leyes) tendrá que dialogar. Si no, sólo habrá ganado tiempo.

El miedo al diálogo es, en ambos casos, un prejuicio elitista según el cual el pueblo español y la gente independentista catalana no entienden que no todo se puede hacer a garrotazos. Los datos desmienten este prejuicio: los electores se muestran mucho más sensatos que la imagen que tienen de ellos sus representantes. Y la evidencia es que mientras no haya diálogo y un camino más o menos armonioso no volverán a funcionar las instituciones catalanas ni las españolas (Cataluña aporta 48 diputados a España: que nadie sueñe en la estabilidad institucional si no puede llegar a acuerdos con la mayoría de ellos).

No hay salida para Cataluña ni para España sin diálogo, flexibilidad y renuncias. Todo el mundo lo sabe. Y nadie se atreve a ponerlo en marcha sin que parezca que el propio formato del diálogo es una humillante derrota para el otro.

La llamada

En general es bastante absurdo dejarse arrastrar por la tentación electoralista cuando llevamos cinco años en campaña electoral permanente. La mejor baza electoral de Pedro Sánchez es la autoridad presidencial pero a golpe de frivolidad da mucha más impresión de permanente candidato electoral que de Presidente del Gobierno.

En general no le sería aconsejable el electoralismo, pero en particular es absolutamente intolerable que el Presidente del Gobierno no actúe como tal sino como candidato electoral ante lo que está pasando en Cataluña. Si actuar con cabeza, con sentido de Estado y con responsabilidad le quita votos, mala suerte: haber evitado unas elecciones sabiendo que justo antes tendríamos sentencia sobre el procés. Ya ha sido una gravísima irresponsabilidad llevarnos caprichosamente a ubicar esta crisis en medio de una campaña electoral como para encima cometer la segunda irresponsabilidad de jugar a la captación de votos en vez de ejercer de Presidente del Gobierno en busca de parches primero y soluciones cuanto antes.

No existe ninguna justificación razonable al paripé de Pedro Sánchez negándose a coger el teléfono a Torra. Da igual la opinión que uno tenga sobre Torra. Si el presidente legal de la Comunidad Autónoma en la que España tiene el principal conflicto político, institucional y de orden público actual llama al Presidente del Gobierno, éste tiene la obligación de coger el teléfono como mínimo para saber qué quiere. Como mínimo.

No cabe siquiera el recurso a una impostada dignidad. Uno comparte que Torra está siendo un presidente calamitoso; no es en ningún caso un disparate pedirle responsabilidad ante el camino suicida por el que van las movilizaciones catalanas. Pero ¿alguien se imagina que Moncloa rechazara, por ejemplo, una llamada de Donald Trump, Boris Johnson o Vladimir Putin (por no mencionar a la familia real saudí, por ejemplo) con cualquiera de los múltiples argumentos dignos que habría para rechazarla? Evidentemente el Presidente del Gobierno se pondría al habla y haría muy bien porque es su obligación. Rechazar la llamada de Torra no es un gesto de dignidad sino una muestra de arrogancia que nunca se habría hecho ante un poderoso mandatario internacional.

El gesto aznarizante de Pedro Sánchez cortando la vía de diálogo con Torra para poder aparecer firme y digno en campaña electoral es un símbolo perfecto de la irresponsabilidad en la que estamos inmersos. No tienen derecho, nadie, a dejar que arda el país por mucho que en elecciones cueste más llamar a los bomberos. Y mucho menos si estamos en elecciones porque decidieron que a ellos les venía muy bien.

Por una (carísima) investidura gratuita

No quedan demasiadas esperanzas en que impere la razón y de la ronda de consultas de hoy y mañana salga un candidato con la investidura garantizada. Si alguien tuviera que apostar dinero, evidentemente lo haría pensando que el 10N habrá elecciones. Si alguien tuviera que hacer planes, también. Unas nuevas elecciones pueden resultar incluso tentadoras para no pocos partidos. Pero para el país puede ser un desastre no sólo por el riesgo de que gane el trío aznarista sino por la sensación no tanto de Estado fallido como de izquierda fallida, de estar en manos de unos irresponsables con los que es imposible ninguna solución sensata hasta que Casado, Rivera y Abascal se repartan nuestros derechos y libertades.

El PSOE ha demostrado querer elecciones. O, al menos, que desde julio le parece menos grave repetir elecciones que compartir gobierno con otros. Unidas Podemos seguramente no quiera elecciones, pero cometió un grave error de cálculo rechazando la propuesta de julio dando por hecho que así obtendría más: en todo caso también está supeditando los intereses generales al reparto de ministerios. Puede no ser el único cálculo en el que se equivoquen.

Según cuentan los medios no existen negociaciones hoy entre el PSOE y Unidas Podemos. Debe de ser una información veraz porque si existieran tendríamos tuits y fotos detallando los encuentros.

En esta situación Unidas Podemos debería hacer una jugada que, por una vez, conciliaría sus intereses de partido con (¡por fin!) los intereses generales: explicar que han intentado hasta el último momento un acuerdo de progreso que dé un gobierno estable al país pero que, ante la cerrazón del PSOE, anteponen los intereses de los españoles y darán la investidura a Pedro Sánchez sin acuerdo, esto es, pasando a la oposición inmediatamente después.

Esta opción ya ha sido rechazada públicamente por Pedro Sánchez y por Adriana Lastra, pero lo ha sido cuando era una hipótesis negada también por Unidas Podemos. Pero es exactamente lo que han pedido a PP y Ciudadanos que hicieran: si quien lo hace es Unidas Podemos no tendrían ningún argumento para, encima, quejarse. Si el PSOE rechazara ir a una investidura que tiene garantizada y prefiriera ir a elecciones, la dichosa batalla del relato estaría definitivamente decantada; si el PSOE aceptara una investidura en esas circunstancias, Unidas Podemos evitaría unas elecciones que podrían serle muy duras y tendría al PSOE en la necesidad de elegir si llegar a acuerdos legislativos y presupuestarios con UP o con la derecha: ahí, sí, UP tendría la posición de fuerza de la que carece por completo hoy y ninguna hipótesis hace que el resultado del 10N les fuera más favorable que una situación así.

Uno no se mete en política para defender los intereses de un partido como si fuera una iglesia de la religión verdadera sino para defender lo que considera que son los intereses generales. A la infinita mayoría de los españoles les dan igual los intereses de partido y quién pone o no ministerios en el Gobierno. Sin embargo las direcciones de PSOE y UP han decidido ni siquiera disimular que anteponen los intereses privados al clamor general. A estas alturas uno no va a pensar que va a cambiar nada, pero sí cabe una (escasa) esperanza de que, si en el alto mando de Unidas Podemos se unen la racionalidad a esos intereses privados, evitarán la repetición de unas elecciones en las que se pueden llevar sorpresas y ninguna favorable a esos intereses propios (ni a los intereses generales, aunque no cuenten en la decisión).

Si no lo hacen por el evidente interés general, que lo hagan por la pequeñita miopía particular. Una investidura gratis para Pedro Sánchez supondría un gobierno carísimo para el PSOE que se cobrarían las propuestas políticas y el protagonismo parlamentario de Unidas Podemos. Es el único salto con red que pueden dar.

Ni un micrófono más, por favor

La respuesta de Pablo Iglesias al «escollo» que puso el PSOE ha sido la correcta, ha sido inteligente y probablemente ha sido inevitable. El PSOE se equivocó poniendo esa línea roja por varias razones: desde ningún punto de vista lo peor que le podía pasar a España era que Pablo Iglesias fuera ministro y además al situar ese como el gran problema resultaría excesivamente bochornoso que ahora dijeran que otros dirigentes de Podemos también les parecen mal: haberlo pensado antes de explicar cuál era «el escollo».

Una de las catástrofes de la guerrita de relatos de estas semanas es que no se ha estado peleando por alcanzar un gobierno progresista y eficaz sino por ganar el espectáculo de la negociación. Es urgente poner fin a esa competición teatral y el anuncio de Pablo Iglesias facilita poner fin a este bochorno. Ambos se pueden sentir victoriosos: el PSOE porque impuso un enorme veto que Podemos ha tenido que resignarse a asumir; Podemos por conseguir el gobierno de coalición que estaba priorizando con una salida muy digna hoy de Pablo Iglesias. Si se trataba de vencer, ambos pueden parar de una vez y contar que han ganado.

A partir de ahí no puede haber más ruido ni lanzamiento de posiciones por televisión. No ha habido una sola declaración pública que haya acercado un acuerdo beneficioso para los españoles. Pero al menos hoy están en un punto en el que se pueden permitir simplemente anunciar que mañana a las 10 de la mañana se va a reunir gente y que la siguiente comunicación será la publicación del acuerdo de investidura.

Que las dos partes se sientan muy contentas de su victoria, que las dos partes presuman (en privado, si no es mucho pedir) de haber derrotado al otro: esta guerra de relatos sólo interesa a quienes entienden la política más como una cuestión deportiva en la que animar a tu equipo, que siempre es el mejor, que como la organización de los asuntos de la gente, de sus derechos y libertades, que tanto han sufrido y tanto están amenazados.

Es obvio que las negociaciones van a tener más tiras y aflojas, que Pedro Sánchez tendrá una idea del tipo de gobierno que quiere, que Podemos tendrá prioridades, que en función de qué programa y estructura de gobierno se acuerde los candidatos pueden ser unos y otros, que cabe interpretar la proporcionalidad de distintas formas (se puede medir el resultado de cada partido de distintas formas y el peso de cada ministerio también)… pero la única forma de que se resuelvan y se resuelvan muy pronto es que no nos enteremos de esas diferencias, que no volvamos a discutir quién vence a quién.

Que se encierren con llave, que lo próximo que sepamos de ellos sea que hay fumata blanca. Entonces sí: ambos habrán ganado y, sobre todo, habremos ganado todos.

Cónclave

La historia es bastante conocida.

Hasta el siglo XII la elección de los papas se eternizaba y podía durar mucho tiempo hasta que los cardenales (o el cuerpo electoral que fuera, que la cosa fue variando) se ponían de acuerdo. Solían primar las pequeñas mezquindades y los intereses propios sobre los de la Iglesia, así que llegó a haber periodos de varios años sin que se alcanzara un nombramiento que reuniera la mayoría necesaria.

«Cónclave«, la reunión que elige al nuevo papa, significa «con llave» porque a alguien se le ocurrió que, pese a que la elección la dictara el Espíritu Santo, quizás los canales de comunicación entre Éste y los santos electores sería más ágil si se les encerrara bajo llave hasta que alcanzaran el acuerdo necesario. En algún caso hasta se limitó el alimento que se les suministraba a sólo pan y agua alcanzándose así el milagro de la rápida interpretación del designio divino con una inmediata investidura papal.

El fracaso en la investidura en España no se debe en ningún caso a la dificultad de sumar una mayoría, sino a que los actores llamados a conformarla están absolutamente enrocados sin que en ningún caso parezca que sea la visión política de cada uno lo que impida el acuerdo. Cada uno está mirando supuestos intereses pequeños de partido o incluso internos al partido y por el camino los ciudadanos vamos viendo cómo podemos perder una ocasión histórica para avanzar en derechos y conquistas sociales, defender la democracia y modernizar el país.

No tienen derecho. No lo tienen. Porque no es incompetencia: es una decisión firme de enrocarse hasta que el otro pase bajo el futbolín en vez de lograr un acuerdo desde la colaboración real. Cabe pensar que la forma en la que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias nos están conduciendo al desastre tiene que ver con cómo se han conducido en el gobierno de sus partidos, manejando como opciones sólo la victoria (sobre los supuestos compañeros) o la derrota. Ningún acuerdo humillante, ninguna derrota de aquel con quien toca colaborar, es fértil políticamente, sobran los ejemplos: tampoco un gobierno basado en un acuerdo que sea de facto la derrota de uno de sus socios tendrá el futuro que podría esperarse tras el 28 de abril. España necesita colaboración entre las fuerzas progresistas o muy pronto tendremos una crisis de la que sólo se beneficiarían Casado, Rivera y Abascal.

¿Sería mucho pedir que Iglesias y Sánchez se encerraran donde fuera con el compromiso firme de no salir de ahí sin un acuerdo? No sería mucho pedir pero no va a pasar. Porque la sensación evidente es que a ninguno de los dos les parece que revista una gravedad mayor seguir estirando la cuerda. Y se va a romper. Y da un poco igual que a ellos les acabe saliendo muy cara la ruptura de la cuerda, que les saldrá cara. Lo peor es el riesgo que corremos todos y que no tienen derecho a hacernos correrlo tras la voz de millones de españoles el 28 de abril: es intolerable que primen pequeños cálculos con los bárbaros a las puertas. Que se encierren, que no salgan hasta que lleguen a una fórmula para sacar adelante la investidura, que se dejen de argumentarios, relatitos y cuentas. Si no colaboran por el bien de su país que lo tengan que hacer por el propio.

Si no piensan en lo que le puede pasar a España, que piensen cuál puede ser su retrato ante la Historia el 11 de noviembre.

De la «nueva política» al chalaneo más obsceno

No hace tanto la política española estaba empapada de lo que se llamó la nueva política, una suerte de cultura política ascética en la que se presumía de la renuncia a todo cargo, de la fugacidad de los pocos cargos que fueran imprescindibles, los sueldos moderados y a un simulacro exagerado de voto casi de pobreza. Tenía todo el sentido: veníamos de años de podredumbre en los que la corrupción había cooptado a muchos cargos políticos y sindicales y para ello se había servido de sobres, regalos, invitaciones y privilegios inaccesibles al común de los mortales. Los cargos políticos vivían en unas alturas desde las que se veía muy lejos al pueblo al que tenían que representar y servir.

De los consejos de administración de Cajamadrid a la universalización del coche oficial (el Ayuntamiento de Madrid llegó a poner un coche con su conductor para cada uno de sus concejales de gobierno y oposición) pasando por el palco del Bernabéu, los cargos públicos tenían difícil no sentirse una élite separada por un infranquable foso de la ciudadanía común. Había más complicidad muchas veces entre los miembros de esa élite (aunque aparentemente fueran adversarios) que con los representados. Eso fomentaba unas políticas en las que el interés general se convertía en una anécdota secundaria y una sensación de impunidad que ayudó a naturalizar una corrupción absolutamente extendida (desde el regalo de áticos hasta el regalo de títulos universitarios).

Las exigencias de la nueva política tenían todo el sentido como anticuerpos frente a una degradación absoluta de la política española.

No hace demasiado de esto. Apenas unos meses. Y sin embargo lo que estamos viendo desde el 28A y el 26M ha supuesto un giro radical que marea incluso al observador menos atento. No hay una sola exigencia o negociación de gobierno municipal, autonómico o nacional en la que el foco no esté en el reparto de cargos. No se conoce una línea roja programática, una conquista irrenunciable. Sólo sabemos que unos quieren entrar en consejos de gobierno, que otros quieren que los unos no entren aunque se hagan sus políticas, que Ciudadanos quiere trincar buenos sillones con los votos de Vox haciendo contorsionismos para devolvérselos y que al PP le da igual cómo se arregle lo de los sillones de los otros mientras se le garantice el suyo.

Uno recuerda casi con nostalgia cómo las negociaciones de Pujol y Arzalluz con Felipe González y Aznar nos parecían irritantes pasteleos sin escrúpulos porque la investidura dependía abiertamente de la entrega de competencias y presupuesto a sus Comunidades Autónomas. Hoy esto parecería un ejercicio de transparencia y altruismo enternecedor.

¿Alguien conoce alguna diferencia política insalvable para formar gobierno en España que no sea quién será ministro y quién no o si en vez de compartir ministerios se comparten direcciones generales? ¿Tiene alguna queja Vox de los primeros diez días de sectarismo, prohibiciones y censuras del Ayuntamiento de Madrid o sólo le preocupa qué concejalías, consejerías y chiringuitos va a trincar? ¿Sabemos qué le parece a Ciudadanos que los gobiernos de los que forma parte adopten las políticas de Vox o lo único que le preocupa es que no salgan en la foto compartiendo los sillones que con tanta renuncia política han logrado apañarse?

El culmen de la degradación fue el documento exhibido ayer por Vox. Primero por su carácter secreto, algo absolutamente intolerable y que debería ser ilegal. Y en segundo lugar por su obsceno contenido con sólo tres puntos: el primero, los sillones del PP; el segundo, los sillones de Vox; el tercero, la opacidad del acuerdo. Hasta los futbolistas que fichan por un equipo nuevo que les ofrece más dinero tratan de disimular diciendo que éste era su equipo desde niño o que buscaban nuevos retos.

No nos hemos curado todavía de tantos años de saqueo e indecencia como para dejar de tomar la medicación tan abruptamente. Disimulen un poco, que abriendo tanto la puerta va a pasar mucho frío.

Azaña y Machado, en el futuro de España

Antonio Machado y Manuel Azaña están enterrados fuera de España en las tumbas humildes de dos exiliados políticos mientras el criminal que los expulsó de su país no sólo está en un mausoleo público en Madrid, que sirve a la propaganda de sus crímenes sino que los curas y políticos más mezquinos imaginables defienden que siga recibiendo el homenaje de nuestro país.

Hasta ayer su memoria, como sus cuerpos, también estaba en el exilio. Tiene muchísimo valor el gesto del Presidente del Gobierno de rendir homenaje (y pedir perdón en nombre de España) a dos de españoles que representan lo mejor de nuestra historia: la inteligencia, la libertad, la democracia, el inconformismo…

Machado y Azaña representan el verdadero amor a España, a una España mejor (la España que alborea), la España a la que los líderes del 78 no quisieron o no consiguieron poner en el panteón de ilustres, siquiera retórico, de nuestro país, mientras nuestro Estado seguía homenajeando a los criminales que habían detenido nuestra historia para llenarla de sangre y de mierda.

Se ha criticado que el Presidente del Gobierno usara para homenajearlos la bandera rojigualda, que tiene los colores que en la guerra que los echó de España tuvo la bandera de los golpistas, de la dictadura. Sin embargo precisamente el valor del acto de ayer es que el homenaje se lo hiciera el Estado español cuya bandera oficial hoy, es esa: negar este hecho es tan ridículo como simular que Guaidó es algo así como el presidente de Venezuela.

Cuando queremos que jueces y tribunales juzguen a los criminales franquistas, a los policías torturadores u ordenen exhumar los cuerpos de una fosa común, sabemos que los jueces lo harán «en nombre del Rey» pero tenemos clara la importancia de que sea el Estado español el que asuma como propias las defensas de nuestra democracia y de los derechos humanos. Porque eso cambia el país, eso construye un país que sabe cómo mirar a los criminales y cómo proteger a sus víctimas.

Lo crucial ayer era que España dijera formalmente que el legado sobre el que quiere construir su futuro es el de quienes defendieron una España libre, igualitaria y fraternal. Por eso era tan importante que no fuera un acto de Pedro Sánchez con exhibición (o simulación) ideológica, sino que lo hiciera un presidente del Gobierno y lo hiciera en nombre de España.

¡Traidor!

Traidor. Pedro Sánchez es un traidor, dicen. Lo dice la retórica fanática con la que se convoca en Colón. Pero no lo es. Ojalá lo fuera. Porque necesitamos traidores. Muchos. En todas partes.

«Traidor» es la secularización de «hereje». Traidor es el desobediente, traidor quien no se somete, quien rompe los moldes, quien hoy piensa una cosa y mañana otra porque el mundo ha cambiado, porque uno ha cambiado, porque ha leído otras cosas, porque ha hablado con gente, escuchado argumentos diversos o por las mil razones que pueden llevar a un ser racional e histórico a no ser exactamente el mismo que fue, a cambiar de opinión, a pensar cosas nuevas y hacerlas.

Traidor es quien, en vez de trazar líneas rojas infranqueables, bucea en las razones de los otros e incluso duda, incurre en contradicciones, se mueve.

Desobedecer es traicionar. Lo es desde que dejó de ser herejía, desde que «hereje» pasó de ser un insulto a ser un cumplido. Quien exige obediencia divide el mundo entre leales y traidores.

«Traidor» es la acusación que siempre tiene en la boca el autoritario, el tiranillo patético y el fiero dictador, el fanático y el conservador agresivo. A la persona racional y libre que cumple el mandato ilustrado de la autodeterminación le persigue infatigable la acusación de traición.

Pero da risa. Da mucha risa la acusación de «traición». Los exiliados, los clandestinos, los rebeldes… todos los traidores se reúnen y se carcajean viendo cómo van cayendo las acusaciones de traidor contra el último que se mueve, contra quien ayer era leal, quien era uno de los nuestros. Como cada traidor dio risa a los traidores precedentes.

Pedro ya es un traidor, pobrecito mío. Siente pánico como sólo lo sienten quienes no alcanzan la gloria del traidor. Como le pasó a Puigdemont en su fugaz momento de lucidez, de traición, en octubre de 2017 (¡155 monedas de plata! ¡Judas, traidor! Ojalá).

Ninguno de los dos lo ha sido. Ojalá. Porque Cataluña necesitaba un traidor, como lo necesita España. Como lo necesita cualquiera de los mil espacios que colapsan entre inercias teológizadas. Ojalá Pedro Sánchez fuera un traidor que rompe con el esquema inmovilista, autoritario y sectario que exige agrandar la brecha, bombardear los puentes, encarcelar, ilegalizar, silenciar. Pero a la primera de cambio, en cuanto le han acusado de traidor se ha vuelto a la madriguera alejando toda novedad, todo intento de ser valiente, de sustituir los salmos por las razones incluso con el riesgo de que sean razones erróneas.

Llaman traidor a quien hace lo que cree que hay que hacer en vez de lo que le gritan que haga. Benditos traidores. Necesitamos muchos traidores. Pero de verdad, no como el pobre Pedro. Traidores de verdad, firmes, alegres, decididos a que las cosas dejen de ser como dicten los Calígulas de turno.

El dinero del libro de Pedro Sánchez

Hace ya bastantes años un grupo de periodistas fundaron un pequeño medio de comunicación llamado Cuarto Poder. Su director, Paco Frechoso, debía de conocer mi blog (fíjate si hace tiempo, que había gente que leía blogs) y me propuso que escribiera un par de artículos al mes en Cuarto Poder. Lo que e dejó muy claro Paco Frechoso (que es un tío que se la ha jugado por los derechos de los periodistas) es que en su periódico, por pequeño que fuera, la gente cobraría por su trabajo, lo que fuera posible, pero algo. Si no recuerdo mal Cuarto Poder me pagaba 65 euros por artículo (más IVA) y lo que sí recuerdo perfectamente es que es el único medio en el que he escrito que ha sido tan exigente en pagar a un colaborador tan poco interesante como yo (y bien que me ayudaba a redondear el mes, por cierto).

En mayo de 2015 llamé a Paco Frechoso y le conté una obviedad que él ya sabía: que había sido elegido diputado autonómico. Lo que le expliqué (para su sorpresa, por cierto) es que consideraba que en el trabajo de diputado considero incluida la difusión de opiniones, conocimientos, etc y que por tanto mientras fuera diputado me parecía poco ético cobrar esos artículos que, entiendo, están ya pagados con mi nómina de diputado. Que seguiría escribiéndolos, como he hecho, pero que no iba a cobrar por ellos mientras fuera diputado (como me habría parecido mal cobrar por conferencias, charlas, tertulias…).

Cuento esto porque hoy aparace la polémica sobre el libro que, al parecer, va a publicar Pedro Sánchez. No me meto en si ha tenido tiempo o no: dicen que le ha ayudado (aka: lo ha escrito) Irene Lozano (periodista que, por cierto, también estaba en la fundación de Cuarto Poder); tampoco en la editorial que ha elegido, aunque sea sorprendentemente la misma que ficha, a veces por muchísimo dinero, a dirigentes políticos (desde la reina Sofía a José María Aznar pasando por José Luis Rodríguez Zapatero): la capacidad de seducción de Planeta con los poderosos es digna de ser investigada pero no es el tema.

Lo que sí deberíamos saber es cuánto va a cobrar y a qué va a destinar el dinero Pedro Sánchez.

Porque por un lado el presidente del Gobierno tiene un sueldo suficiente, especialmente careciendo de gastos (como es lógico). Pero sobre todo porque el conocimiento y las opiniones que puede aportar en el libro forman parte de la actividad por la que lleva cobrando años de la sociedad y su difusión debería formar parte de su actividad.

Desde hace años he defendido que los presidentes, ministros, etc tengan las polémicas pensiones vitalicias a cambio de cerrar herméticamente las puertas giratorias. Pero siempre he defendido que ello tiene que tener un único contrapeso: que tras dejar su cargo tengan la obligación de dar clases contando los conocimientos y experiencias que sin duda habrán adquirido, ofrecer conferencias, charlas, tertulias, artículos y, los que mejor se organicen, libros… sin cobrar. Porque deben a la sociedad todo lo adquirido intelectualmente en cargos que son de todos y porque esa pensión vitalicia (o el sueldo mientras se está en ejercicio)  hace especialmente justo que no se cobre por devolver la deuda.

Haría bien Pedro Sánchez (y cualquiera en su situación) en aclarar cuánto va a cobrar y, en el probable caso de que sea algo, si se va a quedar ese dinero o lo va a donar a cualquier causa no lucrativa. Porque, al fin y al cabo, sólo está cumpliendo su obligación.

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