1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Constitución Española de 1978, artículo 21
La Constitución dice expresamente que sólo se podrán prohibir las manifestaciones cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Ahí lo tenéis, no me lo invento. No vale como argumento el supuesto deterioro de la imagen turística. Se podría convocar una manifestación de feos sin ningún problema aunque ello disgustara a Halcón Viajes, ninguna delegada del Gobierno podría prohibirla si la Ley fuera un límite al poder político frente a la ciudadanía como defendería un liberal (¿hay alguno o es ya sólo una etiqueta reivindicada por la extrema derecha?). Como además el de manifestación viene recogido como derecho fundamental en la Constitución, su protección debería ser muy amplia: prácticamente nunca se puede prohibir tal derecho de acuerdo con la Constitución, sólo en caso de que haya evidencias muy notables de que lo previsible sea que los manifestantes vayan a alterar el orden público.
A finales del mes de abril, en la Semana Santa católica, la delegación en Madird del Gobierno prohibió una manifestación laica por Lavapiés. Los argumentos no podían ser más insultantes para una inteligencia media: el recorrido pasaba por delante de varias iglesias (¿cómo evitar que sea así en una ciudad española?). Ayer la delegación del mismo Gobierno (ése que presume de laicista) prohibió una que iba de Tirso de Molina a Sol (recorrido por el que, si mi cabeza no falla, no hay ninguna iglesia) y propuso que recorriera Lavapiés. Esta vez el argumento es que la manifestación afearía la imagen turística de Madrid y algún otro argumento que no tiene absolutamente nada que ver con una supuesta alteración del orden público.
El único argumento que podría tener que ver con el orden público (única posibilidad para prohibir el ejercicio de una manifestación sin mandar la guano la Constitución) es que en Madrid habrá un millón y medio de católicos (o más: digamos dos cientos millones, qué más da). No es ningún dogma que el pluralismo pone en riesgo el orden público, que dos colectivos de pensamientos antagónicos no pueden compartir calles sin liarse a zurriagazos. Uno guarda en su recuerdo algunas manifestaciones del 8 de marzo bajando por la calle Atocha y cruzándose con una larga cola de iconoclastas católicos que querían besar el Cristo de Medinaceli: los cánticos feministas incluyen varios lemas contra la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal, pero más allá de la discrepancia nunca ha habido ningún altercado y no hay absolutamente ninguna razón para pensar que en esta manifestación si los habría.
El único argumento para pensar que esta vez puede haber incidentes es que habrá muchos católicos propapa. Se estaría dando por hecho que los incidentes vendrían por parte de esos católicos que, sintiéndose multitud, no reprimieran su intolerancia y atacaran a los manifestantes por un estado laico (aka democrático). Hace unos meses, en las jornadas de Europa Laica, los convocantes, media docena de chicas se pusieron a gritar y tirar papelitos interrumpiendo una interesante charla de Luis Montes y la reacción no sólo no fue violenta sino que nos limitamos a reírnos un poco de ellas y explicar que a esa intolerancia es a la que se tiene que enfrentar el pensamiento racional y democrático. Es evidente que los laicistas no somos un colectivo violento: no hay un sólo antecedente de agresión laicista a un colectivo religioso en los últimos 35 años. En sentido contrario hay muchos ejemplos, pero si eso es lo que prevé el Gobierno, su obligación es defender nuestro derecho fundamental de manifestación frente a los violentos.
Esta sería la forma de actuar de un gobierno si estuviéramos en manos de demócratas por convencimiento o por imperativo legal. Si al menos estuviéramos en manos de seres racionales la delegada del Gobierno habría cesado ayer mismo al constatarse que cuando prohibió la manifestación de Lavapiés por pasar por delante de iglesias estaba prohibiendo el ejercicio de derechos fundamentales con un criterio tan arbitrario que a ella misma se le olvida escasos meses más tarde. Por nuestra parte, sea cual sea el recorrido que finalmente autorice el Gobierno, deberíamos prolongarlo hasta terminar pacífica y democráticamente en Sol: quien se resigna a que le limiten arbitrariamente sus derechos humanos está cavando la fosa en la que serán enterrados.
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