Blog de Hugo Martínez Abarca

Categoría: Política española (Página 1 de 153)

Ea, ea, ea. ¡La izquierda se flagela!

El Partido Popular programó el año 2026 como una sucesión de «dominguitos» que iban a llenar el año de elecciones autonómicas en las que el PP tendría un éxito arrollador, el PSOE se hundiría y las fuerzas de izquierda desaparecerían. Llevamos dos de esos dominguitos, Extremadura (a finales de 2025) y Aragón. Y de sus tres objetivos Feijóo sólo ha conseguido uno: efectivamente el PSOE está cayendo con constancia. Pero el PP está teniendo también caídas sostenidas, que encuentran el consuelo en que el auge de los ultras les permite conservar gobiernos a cambio de escorarlos hacia el fascismo. Y las fuerzas de izquierda han obtenido en ambos casos subidas considerables, aunque no alcanzan a compensar la caída del PSOE y quedan empañados por un resultado global que acentúan en Extremadura y Aragón el giro fascitrumpista de los gobiernos autonómicos de derechas.

En la izquierda tiene cierto prestigio el flagelo. La izquierda siempre está fatal, porque suponer que no está fatal sería no ser autocríticos, ser complacientes. Y la izquierda tiene que ser autocrítica, aunque llamemos «autocrítica» a asumir acríticamente lo que la derecha dice sobre la izquierda.

Pero la autocrítica no es eso: la autocrítica parte de analizar con realismo lo que realmente está pasando para, a partir del mundo real, corregir deficiencias y errores y potenciar aciertos y fortalezas.

Es un hecho que la izquierda no está a punto de tomar el Palacio de Invierno. Ha pasado unos años de difícil indefinición pero sería un error no contemplar algunos hechos difícilmente cuestionables de los que partimos.

En julio de 2023 hubo unas elecciones generales que nadie esperaba y a las que se llegó sin una alianza electoral definida en la izquierda. A toda velocidad se constituyó una candidatura unitaria que fue «Sumar», cuya mera existencia no todos en la izquierda apoyaban (había quienes asumían que Feijóo y Abascal iban a gobernar y en ese escenario derrotista podía ser más confortable retirarse a las trincheras de cada uno): yo mismo no estaba de acuerdo con la inclusión de Podemos, porque sabía (y acertaba) que priorizarían el interés de su conglomerado político-empresarial y no pensaba que aportasen electoralmente más de lo que restaban, algo en lo que, visto el resultado electoral, no estuve tan seguro. Las elecciones generales supusieron varios éxitos: la audaz respuesta de Pedro Sánchez al resultado de las elecciones de mayo, el combate retórico en los medios de la derecha… pero también la alianza de los partidos de las izquierdas de toda España que fue Sumar en 2023 es la historia de un éxito que nadie esperaba. España ha sido una isla progresista que ha resistido hasta ahora al tsunami trumpista (del que empieza a haber los primeros síntomas de retroceso).

El Sumar de 2023 fue, pues, un éxito para el país de dificilísima gestión para quienes componían aquel Sumar. Podemos ejerció enseguida su papel de escorpión y las costuras entre las distintas organizaciones que conformaron a la carrera aquella candidatura han sido difíciles de gestionar. Pero España se ha beneficiado de cinco ministerios (Trabajo; Sanidad; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Cultura; y Juventud e Infancia) a los que se ha sacado un triple partido extraordinario: primero adoptando políticas sustantivas que hacen que los españoles vivan mejor; segundo frenando las tropelías de todo tipo cometidas por los gobiernos autonómicos de las derechas trumpistas (Ayuso se ha encontrado en el Ministerio de Sanidad de Mónica García por primera vez una piedra en el zapato a su ofensiva contra la sanidad pública; Bustinduy ha usado su ministerio para poner coto a los carroñeros inmobiliarios…); y tercero tirando del gobierno progresista hacia las políticas de izquierdas a las que el PSOE siempre se resiste (con más éxito en materia internacional -colocando a España en la vanguardia mundial de defensa de Palestina y de resistencia contra Trump- o en materia de migración y con menos éxito pero evidente esfuerzo en materia de vivienda, por ejemplo).

En las recientes elecciones de Extremadura, Irene de Miguel tuvo la fuerza suficiente como para que el núcleo dirigente de Podemos no pudiera impedirle una alianza de las izquierdas que recogiera el fruto del trabajo bien hecho en el territorio, en defensa de políticas progresistas frente a la alianza trumpista. Pasó de cuatro diputados a siete. Hubo quien, desde su interesado sectarismo, intentó hacer una lectura basada en las marcas: era la resurrección de la marca «Podemos» y los electores se habían fijado muchísimo en que en la papeleta no ponía «Sumar» y esa era la clave del éxito.

Las elecciones aragonesas desmintieron semejante simpleza: Podemos decidió arrinconarse como la oposición «de izqueirdas» a todas las izquierdas y obtuvo una foto precisa de ese rincón: el 0’9% del electorado (la unidad de la izquierda a veces no se hace en la papeleta, pero sí en la urna). La candidatura de Izquierda Unida-Sumar mantuvo su representación parlamentaria y fue la Chunta Aragonesista la que duplicó su representación obteniendo el premio al buen trabajo en el territorio, la defensa de los derechos de los aragoneses y representó la fuerza progresista que sube para plantar cara a la alianza trumpista.

La izquierda, en todo el mundo, está en una notable crisis: pero donde se está cuajando esa crisis es en la socialdemocracia clásica, mientras las izquierdas están recuperando un crecimiento demasiado lento y todavía insuficiente, pero que no merece la flagelación que tanto nos gusta.

Es normal que el PSOE trate de instalar un discurso según el cual el problema para mantener el gobierno progresista está a su izquierda y que eso pasa por candidaturas unitarias que incluyan a la izquierda independentista y también a Podemos. Por una parte, ese discurso sitúa el problema de la izquierda como algo ajeno al PSOE, la crisis la tienen los otros, curiosamente aquellos que suben en las elecciones y que están remontando en las encuestas. Por otra, el tipo de unidad que promueve el PSOE no es la que más beneficia al espacio progresista, es la que más beneficia al PSOE: a nadie se le escapa que una candidatura que incluyera las fuerzas independentistas y el histrionismo del núcleo dirigente de Podemos- Canal Red podría recoger unos restos menguantes pero sobre todo arrojaría de vuelta miles de votantes de izquierdas a los brazos del PSOE.

La izquierda tiene deberes que hacer, sin ninguna duda. El acto que se anuncia este sábado con los partidos que están en el gobierno progresista es un primer paso público de un trabajo de fraternidad, reflexión conjunta, respeto mutuo… que se lleva trabajando meses. Se están haciendo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo.

Lo que no nos podemos permitir es ruido, sobre todo porque es un ruido que no se corresponde con la situación actual del mundo ni de nuestro espacio. El mundo merece altura de miras para detener una ola a la que no es exagerado calificar de fascista. Y nuestro espacio está creciendo con un nivel de armonía y una cabeza que no tienen nada que ver con los psicodramas de un pasado lejano en el tiempo y en el espacio. Para evitar ese ruido molesto es importante que no esquivemos debates, pero que esos debates no conduzcan a la melancolía: es obvio con quién se puede construir una alianza electoral fructífera y con quién es impensable; es obvio con quién habrá una alianza parlamentaria en defensa de un gobierno progresista al día siguiente de las elecciones; es obvio quién ha decidido estar arrinconado contra todos y recogiendo los reducidos frutos electorales de su estrategia. Simular que es posible y deseable lo que todos sabemos que no va a suceder sólo sirve para aburrir y decepcionar.

El acto del sábado es la primera buena noticia que la izquierda va a proporcionar al país progresista y democrático que queremos defender. No va a ser la última. Porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo las cosas con cabeza y con calma. Y porque es imprescindible que esta semilla germine y crezca mucho.

Es obvia la expectación que ha despertado la izquierda. Es un síntoma de que había más gente con ganas de que hiciéramos bien las cosas de la que nos merecemos. Y lo que no se merecen es que les arrojemos caras tristes.

Sonriamos, porque vamos a ganar.

Cuatro razones por la que la regularización masiva nos beneficia a todos

Las principales beneficiarias de la regularización que va a aprobar hoy el gobierno son todas las personas que van a pasar de la exclusión legal a una normalidad administrativa. Pasarán de no tener derechos, de necesitar la explotación laboral, de estar excluidos de cualquier actividad mínimamente formalizada (niños que no pueden siquiera jugar al fútbol con sus amigos) a un primer paso hacia la convivencia. Si resulta evidente que todas las personas que puedan se acogerán a la regularización, es porque nadie quiere estar en situación de irregularidad. En eso todos estamos de acuerdo con (lo que dice) la extrema derecha: no debería haber ni un inmigrante ilegal en España.

Los segundos beneficiarios somos todos los demás, la sociedad española como conjunto.

Primero por decencia (eso que ahora descalifican como buenismo): no es admisible que existan seres humanos entre nosotros a quienes excluyamos de la vida civilizada, que no otra cosa es poder vivir de acuerdo con las normas (las que nos reconocen derechos y las que nos señalan obligaciones). Por eso la exigencia de regularización ha sido impulsada por un enorme abanico que va desde la Iglesia Católica (es imposible ser cristiano sin defender los derechos de los migrantes, por mucho que se grite «Navidad» y se exija con furia funerales religiosos) hasta los cientos de miles de ciudadanos españoles que recogieron firmas para la ILP por la regularización.

Pero también por puro egoísmo.

1.- No pocos empresarios están aprovechando la situación de ilegalidad de cientos de miles de trabajadores para imponerles condiciones laborales infames, dado que no están cubiertos por la legalidad laboral: ni horarios, ni salario mínimo, ni medidas de seguridad… El argumento según el cual la inmigración sirve para competir a la baja en derechos laborales tiene cierta razón, pero esa competencia a la baja se acaba cuando se regulariza a esos trabajadores y ya nadie les puede ofrecer puestos de trabajo en condiciones de esclavitud. Pero recordemos quién fomenta esta situación: los miles de inmigrantes que se acogerán a la regularización no quieren que los contraten por debajo de lo que exige la ley, por eso quieren papeles; en cambio, donde hay más empresarios (españoles) explotando laboralmente a inmigrantes ilegales se da siempre una importante bolsa de voto a la extrema derecha: no quieren que se vayan los inmigrantes ilegales, quieren que sigan siendo ilegales para exprimir su falta de derechos.

2.- «¿Cómo vamos a financiar las pensiones? ¡Tenemos un infierno demográfico! ¡Nos hacemos viejos sin que nadie cotice por nosotros!» A todos los futuros pensionistas nos beneficia que las personas que están trabajando coticen a la Seguridad Social. A todos. Si eran sinceros los argumentos de las llamadas a la natalidad de algunas derechas conservadoras, estarán muy contentas de que entre 500.000 y 840.000 personas regularicen su situación y que aquellos que estén trabajando lo hagan aportando la parte que corresponde a la Seguridad Social de todos. Habrá malpensados que crean que esas llamadas a la natalidad lo que piden en realidad es niños arios, católicos que hagan la comunión vestidos de marinerito, españoles de bien. Pero eso que lo aclaren quienes ahora protesten porque va a haber cientos de miles de nuevos cotizantes.

3.- Por supuesto, también van a pasar a pagar los impuestos de los que hasta ahora estaban excluidos: ya pagan IVA y todos los demás impuestos indirectos, pero ahora podrán y deberán pagar, por ejemplo, el impuesto de la renta para contribuir a los servicios que disfrutamos todos.

4.- E incluso por seguridad, sí. La subida de las tasas de inmigración SIEMPRE va de la mano de reducción de la tasa de criminalidad. Pero ello no es incompatible con los efectos de marginar a cientos de miles de personas impidiéndoles vivir plenamente en sociedad. Claro que la existencia de cientos de miles de personas sin papeles es un foco de conflictividad. Toda exclusión social lo es y ésta es una exclusión formalizada, radical. Cuando se arroja a alguien a vivir al margen de la sociedad, se maximiza la probabilidad de generar un conflicto. Determinados delitos (no todos, desde luego) se cometen más por quien está excluido de la normalidad social. Y eso no se arregla con comandos fascistas y deportaciones masivas, como está haciendo Trump, y sustituyendo a los excluidos por nuevos excluidos autóctonos. Se arregla luchando contra toda exclusión social y reduciendo la desigualdad todo lo que se pueda. Que nadie que viva con nosotros esté expulsado de la legalidad es un paso de mínimos en esa dirección.

Hoy bramarán los admiradores de los asesinos del ICE. Pero el único defecto de la regularización de hoy es que no establezca un sistema regular de incorporación a la sociedad de todos nuestros vecinos: el único defecto es que no sea la última regularización masiva porque nunca más haga falta otra.

Cuando veas las barbas de Mineápolis cortar…

La única ventaja que tiene el trumpismo es que nos avisa con nitidez del proyecto que tienen para España y el resto de países europeos. Lo dejó por escrito en su Estrategia de Seguridad Nacional: Trump quiere dinamitar Europa a través de sus lacayos de las derechas radicalizadas, que en España representan Ayuso, Abascal… y el arrastrado de Feijóo.

No escucharéis una mala palabra de esos títeres locales de Trump contra la persecución de migrantes ilegales o legales, da igual, contra el asesinato de manifestantes inocentes, contra la hispanofobia de Trump o las continuas amenazas contra territorio europeo. Por supuesto, les veréis apoyando el genocidio de Netanyahu que patrocina Trump y el secuestro de presidentes extranjeros; es más, los veréis pidiendo que también secuestren al gobierno democrático de España.

En la campaña electoral estadounidense vimos muchos movimientos de hispanos apoyando a Trump. «Venezolanos por Trump«, «Latinos por Trump«… En realidad pensaban que Trump era un bocazas pero que perdería la fuerza por la boca (como pasó en la primera legislatura hasta el intento de golpe de Estado del Capitolio). Pensaban que podría echar migrantes pero no a ellos, que vivían legalmente en Estados Unidos hasta el punto de tener derecho al voto. Pensaban que el principal interés de un empresario tan poderoso sería simplemente estabilizar la economía y que las gilipolleces que pudiera decir en la Fox eran hasta divertidas; batalla cultural de esa.

Enseguida vimos que las gestapos de Trump también persiguieron a esos «venezolanos por Trump«. Que Trump iba a destrozar su país a una velocidad imprevisible incluso para los más avisados. Hoy la duda es cómo va a impedir Trump que haya unas elecciones democráticas que limiten o pongan fin a su escalada autoritaria.

Pero al menos tiene esa ventaja: Trump nos anuncia cómo quiere que sea la Europa que quiere destruir con gobiernos de las derechas vasallas, las derechas que ya hacen trumpismo en la oposición y quieren derrocar gobiernos democráticos como el de España para hacer trumpismo en el gobierno.

Ya hemos visto a Ayuso insultar a las víctimas de sus políticas más crueles («esas mierdas«, los 7291 muertos de residencias) y a todo el que no ría sus mamarrachadas (perdón, su batalla cultural). Hemos visto a Abascal anunciar 8 millones de deportaciones. Hemos visto a Feijóo balbucear lo mismo unas semanas después de que Ayuso y Abascal escriban su partitura.

Sabemos cuál es su proyecto para España porque, como hace décadas, la película se está estrenando en Estados Unidos meses antes de que la quieran estrenar en España.

¿Brecha generacional? Pues claro

Hace unos días «ardieron las redes«. El titular de una entrevista promocional del libro de Analía Plaza, La vida cañón, hacía ver que los boomers (las personas nacidas entre 1957 y 1970, según explica ella en el artículo) estarían viviendo de lujo. Y se armó la gran bola de nieve sobre la que algunos (pocos) intentaron argumentar y la gran mayoría se lanzó al insulto personal y frecuentemente machista contra la autora: nada que no se esté fomentando por los magnates de la comunicación trumpistas.

De alguna forma tras el titular se intuye como una causa de que los jóvenes actuales normales tengan una imposibilidad manifiesta de alcanzar unas condiciones de vida razonablemente dignas sin tener que irse de sus ciudades. Y si no es una causa, al menos presenta una comparación que se percibe como injusta.

Hay una obviedad previa: ninguna generalización sociológica es universal. Por supuesto existen muchísimas personas mayores que no se están pegando ninguna vida cañón ni nada que remotamente se le parezca. Por el otro lado, también hay jóvenes, muchos menos, que no van a tener el menor problema económico en su vida: la mayoría de ellos estará convencida de que es gracias a su talento cuando en realidad es casi siempre gracias a su herencia.

Pero más allá de eso, es innegable que las políticas públicas que hubo entre los primeros años 70 y la crisis de los 2010 (y según dónde, todavía ahora) han causado un grave deterioro de las condiciones que permitían un inicio digno y hasta seguro a la adultez.

Hay tres ejemplos evidentes y muy claros. Es evidente que la conversión de la vivienda en un bien especulativo ha ido dificultando el acceso a la misma hasta hacerlo imposible para los más jóvenes; es evidente que hace décadas un puesto de trabajo era una razonable garantía de estabilidad y que las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP (hasta el cambio de rumbo histórico que supuso la exitosa reforma de Yolanda Díaz) fueron convirtiendo el puesto de trabajo en una mera conquista de supervivencia coyuntural; es evidente incluso que en lugares como la Comunidad de Madrid la educación universitaria ha pasado de ser accesible (¡hasta llegaron a inventarse el oxímoron «sobrecualificados«) a la situación actual en la que el abandono de la universidad pública hace que sólo se alcance con notas extraordinarias o con rentas familiares que permitan acceder a la (mucho peor) universidad privada.

Pero igual de obvio que el deterioro de las condiciones de vida de la juventud actual es que éste se está usando precisamente para seguir deteriorando sus condiciones. «¡Mira qué mal viven los jóvenes y qué altas son las pensiones de los viejos!«, aúllan. Hoy mismo, una web de la derecha ayusista defiende que el fin de las pensiones garantizadas (es decir, públicas) es el futuro de Europa. ¿Alguien se cree que le van a rebajar la pensión a los actuales pensionistas? La propaganda anti pensiones de la derecha lo que busca es deteriorar las pensiones futuras para que quien pueda tenga la obligación de hacerse un plan de pensiones privado. Es lo que llevan intentando cincuenta años: y a quien quieren perjudicar no es a los actuales pensionistas sino a los actuales jóvenes.

No hay que negar la brecha generacional sino revertirla. Y revertirla no significa que los mayores estén igual de jodidos que los jóvenes sino que los jóvenes puedan disfrutar de una vida razonablemente cañón. Legislar para que sea imposible convertir la vivienda en un bien especulativo, que las viviendas de las ciudades sean para que vivan sus ciudadanos, no para que se forren cuatro fondos buitre… que el precio de la vivienda esté tan regulado como el de otros bienes esenciales que están garantizados; que se profundice en la conquista de derechos laborales y sociales que se ha producido con los gobiernos progresistas de coalición; que se recupere la educación pública como una conquista social irrenunciable… ¡Y garantizar que los jóvenes actuales tendrán pensiones mucho más dignas de las que tienen sus abuelos! ¡Y que tengan un planeta habitable! ¡Y que las condiciones de vida que entre los boomers sólo estaban garantizadas para los hombres no distingan ahora entre hombres y mujeres! ¡Y mil conquistas más que los boomers no pudieron ni soñar y a las que las derechas siempre se opondrán!

Negar la brecha generacional no sólo es negar la realidad. Además es suicida en términos políticos dar la espalda a esos jóvenes negando que estén en una situación absolutamente inadmisible. Y, sobre todo, es ridículo que precisamente la izquierda no señale el rotundo fracaso de las políticas neoliberales que se generalizaron en los 70 y 80 (poniendo fin al bienestar de las socialdemocracias europeas de los 50-60), que estallaron en la gran crisis de los años 2008-2012 y que han generado este inmenso deterioro de las condiciones de vida con las que se salía a la edad adulta.

Claro que existe brecha generacional. Claro que los jóvenes actuales tienen en general unas condiciones de vida inadmisibles. ¿Cómo vamos a negarlo quienes nos opusimos a las políticas que nos han traído este deterioro?

Por supuesto que la situación de la juventud actual es inadmisible y por eso hay que frenar a quienes ayudan a los fondos buitre, a quienes defienden que el salario mínimo es excesivo, a quienes defienden que la destrucción del planeta, que sufrirán los jóvenes, no es para tanto, a quienes se oponen a cada avance de las mujeres y de cada persona que no viva de acuerdo con el esquema familiar y vital que se le imponía a nuestros abuelos, a quienes atacan la universidad para que los jóvenes actuales sólo puedan estudiar si tienen pasta para ello…

¿De verdad alguien va a permitir a los ultras que simulen defender a los jóvenes como decían defender a los trabajadores cuando arrasaron sus condiciones de vida?

«¿Veis? El Lawfare no existe»

Lawfare: Guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en ingléslawfare) es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.

Definición de Lawfare (redirigido a «Guerra Jurídica») en Wikipedia

Con el severo varapalo del Tribunal Supremo al juez Peinado las voces negacionistas del lawfare han salido raudas a explicarnos que esto no sólo no demuestra un uso de las herramientas judiciales espurio para perseguir al enemigo político sino que es la demostración de que no existe el lawfare porque «el sistema funciona«. Parecerían suponer estas voces que la existencia de lawfare exige una conspiración de todo el aparato judicial orquestada de principio a fin para acabar con el enemigo político. Si finalmente (más rápida o más lentamente) una resolución judicial pone fin a una persecución judicial por motivos políticos, haya tenido las consecuencias que haya tenido, no habría existido lawfare.

Así, por ejemplo, no hubo lawfare en Brasil contra Lula: es cierto que fue encarcelado durante 580 días por un juez que consiguió que Bolsonaro ganara las elecciones y lo nombrara ministro de Justicia; pero dado que cuatro años después del inicio de su acoso otro juez liberó a Lula y dictaminó que su encarcelamiento había sido «ilegal e inconstitucional», no habría habido lawfare: el sistema había funcionado. Tampoco lo hubo en Portugal, cuando imputaron delitos de corrupción a Antonio Costa, primer ministro que dimitió y dio paso a un gobierno de derechas. Porque una vez derrocado el gobierno de izquierdas, los tribunales portugueses reconocieron que todo se debía a un triste malentendido, que a quien querían acusar era a otro señor que se llamaba también Antonio Costa. El sistema había funcionado, porque el error salió a la luz. Circulen, no hay nada que ver aquí. En España tampoco habría habido lawfare cuando un juez corrupto imputó a Victoria Rossell, jueza que renunció a su candidatura como diputada. Como el juez acabó entre rejas… el sistema había funcionado.

La existencia de prácticas de lawfare no implican una conspiración universal de la judicatura. Ni siquiera tiene por qué ser una práctica de jueces. Cuando José Luis Martínez-Almeida lideraba la oposición a Manuela Carmena puso decenas de querellas falsas contra el equipo de gobierno municipal de Madrid. Todas las querellas quedaron en absolutamente nada, pero logró tener imputados a varios concejales y cargos municipales (Inés Sabanés, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato…) y ayudar a la derecha a generar la sensación de un gobierno municipal turbio, dedicado a la corruptela y regado de imputados. Era mentira. Todo acabó en nada, todo fue archivado y en algunos casos con condenas en costas a Almeida en sentencias que acreditaban su mala fe. «El sistema funcionó», pero la operación política de Almeida a través del uso espurio de los tribunales también: lo que Almeida realizó fue lawfare. Indiscutiblemente.

Constatar la existencia de lawfare es tan obvio que el propio sistema constitucional español tiene herramientas para combatirlo: esa es la justificación constitucional de los aforamientos (evitar que jueces de base tengan la tentación de acosar a determinados cargos políticos) o de que la persecución judicial de diputados y senadores pase previamente por un suplicatorio: la justificación no es la búsqueda de la inmunidad de los delincuentes con cargo público, sino garantizar la separación de poderes frente a intentos de lawfare.

Negar que el lawfare existe porque casi siempre las operaciones de uso espurio del sistema judicial tienen un recorrido limitado (el archivo del caso en más o menos tiempo) es tan ridículo como afirmar que los asesinatos no existen porque cuando alguien mata a otra persona la policía lo persigue y suele acabar cumpliendo una severa condena. Es previsible que los casos obscenos de persecución judicial al gobierno democrático de España acabarán en nada. Pero habrán cumplido su función de desgaste al gobierno, a la fiscalía, al presidente… ¿El sistema habrá funcionado? Es posible, pero el lawfare también.

El varapalo del Supremo a Peinado no demuestra que no hubiera lawfare sino todo lo contrario: que un juez (que sigue instruyendo el resto del caso sin ningún problema) ha intentado imputar a un ministro por un par de delitos simplemente porque (en el mejor de los casos) en su imaginación era posible que los hubiera cometido. Que la operación fuera extremadamente torpe y que, al estar Bolaños aforado, esta parte de las actividades de Peinado haya acabado pronto y sin apenas efectos políticos (es más, seguramente como un bumerán) lo único que nos habla es de la poca habilidad de Peinado, no es para sacar pecho.

¿Existe el uso espurio de la justicia para la persecución política del enemigo? Sólo puede responder que no quien quiera darle cobertura a esos usos. Claro que existe el lawfare, ha existido siempre y siempre existirá. De lo que se trata es de encontrar herramientas para que sea lo menos eficaz y menos extenso posible, porque nos va la democracia en ello.

Quienes niegan la existencia de prácticas de lawfare y tratan de estigmatizar como totalitarios y enemigos del Estado de Derecho a quienes señalan lo evidente están tapando y, en definitiva, amparando una práctica antidemocrática que en las últimas décadas la derecha trumpista ha extendido por el mundo y, efectivamente, le ha servido para tumbar gobiernos democráticos. Aunque el sistema funcione. O quizás precisamente por eso.

¿Puede Miguel Ángel Rodríguez filtrar los mails entre fiscal y abogado?

El propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció ayer lo que ya habían publicado muchos medios de comunicación: él puso en marcha la operación de filtrado a la prensa de mails que, convenientemente seleccionados y recortados, permitían creerse la mentira que contó Miguel Ángel Rodríguez; esto es, el bulo según el cual el fiscal de los innegables delitos fiscales de la pareja de Ayuso ofreció al presunto delincuente un acuerdo; acuerdo que habría impedido la autoridad superior por esa conspiración de Estado que denuncian Ayuso y Rodríguez que existe contra el aparente delincuente fiscal.

1.- Por si alguien anda perdido, vamos a recordar la cronología resumidísima de los hechos:

Miguel Ángel Rodríguez y los medios que reprodujeron lo que éste les dictó mintieron: sabemos, porque ha sido publicado, que fue el abogado del presunto delincuente quien ofreció (de acuerdo, según los mails publicados, con su cliente) la confesión de los innegables delitos fiscales cometidos a cambio de una pena que no implicase la entrada en prisión; que tal abogado envió esa propuesta a un mail genérico de la fiscalía que pudo ver bastante gente; y que, cuando el caso tuvo fiscal asignado, éste simplemente le dijo que ya hablarían cuando tocara.

Sabemos, también, que el día en que eldiario.es publicó la noticia de que se estaba investigando (desde hacía meses y sin que nadie se hubiera enterado) a la pareja de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez puso en marcha su maquinaria de mentiras para proteger al presunto autor de los innegables delitos fiscales. Primero El Mundo y luego otras webs se dejaron arrastrar por las mentiras que les dictaba el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja del acusado. Lo desmintió primero la Cadena Ser, explicando el recorrido verdadero de las conversaciones entre abogado y fiscalía. Después la Fiscalía emitió una nota en la que se desmentía el bulo difundido por presidencia de la Comunidad de Madrid y publicado como si fuera cierto por medios de comunicación. Finalmente varios medios de comunicación publicaron imágenes de los mails entre abogado y fiscal.

Los mails podían estar en manos del abogado de Alberto González Amador (y de sus compañeros de despacho, si es que pertenece a algún despacho y otros compañeros estaban participando en la defensa, que lo desconozco); y de la fiscalía.

Ante este itinerario, el abogado de Alberto González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid se querellaron contra la Fiscalía General del Estado por la nota de prensa, aduciendo que esa nota de prensa revelaba las comunicaciones entre las partes y que por ello incurría un delito de revelación de secretos por autoridad o cargo público (art. 417 del Código Penal). El Tribunal Supremo dijo que esa nota de prensa (que se sabía que había publicado la Fiscalía por orden del Fiscal General del Estado) no era delito; pero que la difusión de los mails entre abogado y fiscal (que no se sabe quién realizó) sí, por lo que el juez instructor aprovechó las querellas para investigar al Fiscal General del Estado.

Creo que estos hechos son difícilmente discutibles.

Por lo tanto, lo que tenemos es que ha habido al menos dos filtraciones de los emails de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. Parece innegable que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se facilitó la difusión de los primeros (Miguel Ángel Rodríguez dijo ayer que él puso en contacto a El Mundo con Alberto González Amador, que casualmente es la versión más adecuada para que un juez no pueda preguntar cómo se obtuvo ese mail); parece razonable que la filtración posterior que desmintió el bulo de Rodríguez/Ayuso/González Amador viniera de alguien contrario a los intereses del acusado: siendo una de las partes el abogado del acusado, esto nos lleva a la otra parte, la fiscalía, aunque no hay hasta ahora ningún dato para concretar en una de las decenas o cientos de personas de fiscalía que tuvieron acceso a las comunicaciones.

2.- A partir de aquí podemos discutir jurídicamente el asunto, porque aquí es donde entra una afirmación que están haciendo algunos juristas (desde periodistas con sólidos conocimientos jurídicos hasta magistrados tuiteros): que la fiscalía no tenía derecho a difundir los mails pero el acusado sí. Y que por tanto, la filtración que hubiera hecho la fiscalía sería ilegal (e incluso delito) mientras que la de la otra parte sería legítima.

Para defender esta postura utilizan una interpretación que intuitivamente puede resultar razonable: Alberto González Amador, su abogado y sus aliados en la Puerta del Sol estarían difundiendo datos que afectan a su condición de acusado, esto es, datos personales suyos, por lo que si González Amador lo consentía, no había problema; mientras que la Fiscalía estaría manejando datos que afectan a un particular (González Amador) y por tanto no tiene derecho a publicarlos.

Esta interpretación sería válida si los datos que se difundieran fueran, por ejemplo, datos de la inspección de Hacienda que revelaran aspectos privados de González Amador; o incluso la dirección concreta del piso que compró con mucho dinero al contado a la vez que se ahorraba mucho dinero con el fraude fiscal; o quién y a cambio de qué ha puesto a disposición de Ayuso y González Amador un ático que compró una empresa cuya propiedad es desconocida. Esto sí lo podría contar Ayuso, González Amador o Miguel Ángel Rodríguez si ellos le autorizan; pero por alguna razón esto no lo quieren contar (la otra opción es que un juez decida investigarlo, pero no hemos llegado a ese momento).

Pero de lo que estamos hablando no son de datos personales de Alberto González Amador. Estamos hablando de las conversaciones entre abogado y fiscal. Estas conversaciones (como las conversaciones entre dos abogados enfrentados en un procedimiento) están especialmente protegidas para que tales conversaciones sean posibles.

Tan protegidas están que ni siquiera el propio cliente de un abogado puede acceder a su contenido: el Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe en su artículo 5.3 que cualquier tipo de comunicación entre las partes sea «facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido.» No sólo esos mails no son datos que el acusado pudiera difundir o no a capricho: es que el acusado no podía tener el contenido de esos mails salvo que hubiera «autorización de todos los que hayan intervenido«, es decir, de su propio abogado pero también de la fiscalía.

Esto es tan evidente que el propio Colegio de la Abogacía de Madrid, cuando intervino en Todo es mentira (Cuatro) para justificar su querella contra la fiscalía tuvo que decir que no sabía que se hubiera publicado nada antes de que la fiscalía desmintiera lo publicado (¡!) y que si se probara que el abogado había filtrado alguna comunicación con la fiscalía habría que actuar contra él:

Por mucho que se empeñen los defensores de Ayuso y su estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales, no: nadie tenía derecho a difundir los correos electrónicos entre abogado y fiscal, nadie: nadie de la fiscalía y tampoco nadie de la defensa del acusado.

Lo siguiente sería ver si es delito.

Los defensores de Ayuso afirman que no, porque a la fiscalía se le acusa del delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que sólo puede cometer una autoridad o funcionario público: «La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.» Y llevan razón en que no podría ser acusado por ese delito nadie que no fuera autoridad o funcionario público, pero sí por el artículo 199, que se refiere a profesionales que revelen secretos «de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales«.

En todo caso, para culpar a alguien de uno u otro delito habría que probar qué persona lo ha cometido. Resulta evidente que, ni con la desmesurada intromisión del instructor en las comunicaciones de todo un Fiscal General del Estado, se ha podido probar que fuera él quien filtrara comunicación alguna. Respecto de que la filtración de Miguel Ángel Rodríguez tuviera su origen en el abogado del acusado, uno puede tener la convicción de que es evidente quién aportó el mail que sustentó el bulo que difundió la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero afortunadamente una acusación de este tipo exigiría pruebas: pero las exige siempre, no sólo cuando le apeteciera a los defensores políticos, mediáticos y jurídicos de un innegablemente delincuente fiscal.

Otra opción sería que se considere que la infracción del deber de secreto respecto de estas conversaciones no sea delito porque no revista la gravedad necesaria (no toda ilegalidad es delito, afortunadamente). Pero entonces no lo sería en ambos casos porque los hechos de ambos delitos (revelación de secretos que no se deben revelar) son los mismos. Suponiendo que fuera cierto que una filtración viniera de alguna persona de la defensa del acusado y la posterior de alguna persona de la fiscalía, acaso se pueda considerar más grave en el caso del que difunde primero la conversación (y que además lo hace para mentir) por poder considerar que tal difusión viene a ser una autorización a difundirla íntegramente (sería muy discutible, el secreto de estas comunicaciones es tal que no debe aceptarse que la autorización fuera tácita) o más bien por poder considerar que la difusión de la mentira ampara que el señalado por la misma se defienda mostrando la verdad. Incluso las distintas penas (de cárcel en el caso del 199CP y sólo de inhabilitación en el caso del funcionario público) mantendrían la idea de que, si hay que valorar cuál de las actuaciones sería más grave (comparación que es un error en el que sólo están incurriendo quienes defienden la estrategia de Ayuso), sería la de la abogacía.

Pero lo que es difícil de rebatir si se estudia un poquito el caso concreto es que no, que no existe la posibilidad legal de que Miguel Ángel Rodríguez o El Mundo tuvieran acceso a esas comunicaciones, del mismo modo que la publicación posterior del resto de mails implican que alguien se saltó su deber legal de guardar secreto sobre ellos. Es innegable que alguien cometió ilegalidades; otra cosa es identificar qué seres humanos las cometieron y qué grado alcanzan esas ilegalidades. Pero eso se aplica en las dos direcciones, no sólo en una, como pretende la brigada política, mediática y jurídica de defensa de Ayuso y los innegables delitos fiscales de su entorno.

Lo que ya resulta difícilmente defendible es que es absolutamente impresentable que se use la presidencia de la Comunidad de Madrid para filtrar comunicaciones entre un abogado y un fiscal que tramitan un caso de delitos fiscales; que se ponga el aparato de presidencia de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de un presunto delincuente fiscal; que en esa estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales se mienta, se manipule, se insulte y amenace a periodistas, se mienta achacando a periodistas acoso a menores… Esto habría llevado en cualquier democracia liberal al cese inmediato del jefe de gabinete y, al no producirse después de tanto tiempo, a la destitución de la presidenta que lo ampara (en beneficio propio, que ese es el tema).

Pero aquí estamos, con Ayuso en su ático doble, su maserati y el enorme tren de vida al que ha accedido recientemente y con Miguel Ángel Rodríguez mintiendo y anunciando quién va p’alate entre los aplausos de su pesebre político, mediático y jurídico. Y discutiendo obviedades.

Celebrar la flebitis del dictador

Es razonable que la derecha española tenga un trauma histórico con la dictadura. Pese a lo mucho que lo reiteran, no han cerrado esa herida, porque las heridas no se curan mirando para otro lado hasta que se infecten y la derecha española siempre ha presumido de que la forma de curar los crímenes de la dictadura era no hablar de ellos y silenciar a sus víctimas mientras se van muriendo. Ese trauma les lleva a hacer el ridículo como están haciendo estos días con sus argumentos para rechazar que 50 años después de la muerte de Franco, los demócratas aprovechemos para celebrar la democracia, recordar a las víctimas del mayor asesino de españoles de la Historia y agradecer a nuestros mayores que lo dieron todo por conseguir que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos… recuperásemos la libertad y la democracia que a ellos les habían arrebatado.

La celebración de aniversarios redondos del fin de la dictadura no es ninguna novedad que se haya inventado este gobierno.

En los años 90 el tardofelipismo puso en marcha la operación de sacralización de la Transición. Sacaron del cajón unos documentales de Victoria Prego que llevaban un par de años terminados. Los emitieron en La2 en agosto (suponían que la Transición era una cosa que ya no le importaba a nadie) y con duras críticas de los medios de la derecha. Porque el sentido de aquella propaganda de la Transición por parte de los gobiernos de Felipe González era ensalzar el «consenso» en contraposición a la «crispación», esto es, a que la oposición de derecha e izquierda criticase los GAL, Filesa, Mariano Rubio, Luis Roldán… El PP de Aznar vio que esta religión de Estado le podía ser útil (en su manipulación nacionalista del patriotismo constitucional, que arrancó a Habermas para atacar entonces al PNV) e hizo suya la Buena Nueva de la Transición.

El caso es que la sacralización de la Transición triunfó. Triunfó como un mito religioso, con su Biblia (los documentales de Prego, que pronto se regalaron con todos los periódicos), con su santoral de hombres ilustres (el masculino no es genérico) y con sus fiestas de guardar. Las fiestas de guardar consistían en que todos los años eran el aniversario redondo de algún gran evento que teníamos que recordar todo el año.

Si era 1995, había que celebrar el 20º aniversario de la muerte del dictador (nadie discutía entonces la obviedad de que aquella muerte suponía el hito más importante del tránsito de su dictadura a esta democracia). Si era 1996, conmemorábamos el 15º aniversario del 23-F, que fusionaba democracia y monarquía. En 1997 celebrábamos el 20º aniversario de las primeras elecciones democráticas y el PSOE intentaba también colar el 15º aniversario de su victoria electoral en 1982, la primera victoria electoral de la izquierda desde el golpe del 18 de julio. En 1998, por supuesto, el 20º aniversario de la Constitución y, los más audaces, el 25º aniversario de la muerte de Carrero Blanco (hecho con el que arrancaba la Transición en el documental de Victoria Prego). En 1999 celebraríamos el 20º aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos. Y en 2000 volvíamos a empezar el ciclo añadiendo cinco años a cada aniversario: 25 años de la muerte de Franco, 20 del 23-F…

Aquel ciclo de conmemoraciones perpetuas se reiteró ininterrumpidamente hasta que la crisis económica de 2008 y el 15M convirtieron la propaganda de la Transición en un bumerán muy poco eficaz para un bipartidismo que pretendiera sobrevivir.

Entre las respuestas ridículas que está dando el PP a la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Franco está que con la muerte del dictador no pasó nada (no hubo democracia al día siguiente: Juan Carlos empezó su reinado como dictador) y, en concreto, en enero el dictador tenía flebitis pero aún tenía fuerza para cometer sus últimos crímenes (las palabras ‘dictador’ y ‘crímenes’ no constan en el argumentario oficial del PP; ‘flebitis’, sí).

Que en enero de 1975 el dictador no había muerto, es un hecho. De hecho, los últimos años y meses de la dictadura fueron de los más duros para la oposición democrática, sólo superados por los terribles años 40. Pero a quienes recordamos cómo se usaba cualquier aniversario para instalar el mito fundacional de la Transición… la exquisitez con la que el PP pretende celebrar la Navidad exclusivamente el 25 de diciembre, el Black Friday sólo un día y la muerte del dictador en la fecha exacta en la que se produjo nos saca una condescendiente sonrisa .

Pero la crítica más reveladora es la otra: la que pretende que la muerte del dictador no supuso ningún evento políticamente rescatable. Lo explican, además, rescatando que el dictador murió en la cama: lo hacen pretendiendo que eso ridiculiza a la oposición democrática. «No sería tan valiente la izquierda», dijo un diputado de Ayuso en diciembre, asumiendo que la derecha no combatía a Franco, que era legítima la violencia armada contra la dictadura -era reprochable que su muerte hubiera sido natural- y ninguneando la valentía de los hombres y mujeres que pagaron con cárcel, tortura, miedo y muerte la defensa de la democracia.

Y es reveladora porque evidencia que quienes vomitan estos argumentarios no han hablado en su vida con ningún demócrata que se opusiera entonces a la dictadura. Porque aquellos demócratas sabían muy bien que la muerte biológica del dictador no traía inmediatamente la democracia. Pero celebraron con cava, con discreción, con cierto miedo pero mucha más alegría que el tirano, el criminal, la figura que había encarnado el golpe de Estado, la alianza fascista contra España y la eterna dictadura… se iba a la mierda. Por supuesto que tenían enorme incertidumbre. Pero los miles de valientes demócratas a los que más agradecimiento y reconocimiento debemos los españoles de hoy sabían que la muerte de Franco era un hito que iba a cambiar su país y sus vidas, que estaba más cerca poder defender ideas sin tener que ser un héroe. Que, al menos, a esa figura criminal ya no iban a verla tanto, ya no iban a verla siempre en todos los segundos, en todas las visiones.

Hace 50 años miles de mujeres y hombres demócratas lloraban de alegría o de incertidumbre: ninguno negaba la grandeza del momento histórico. Lo hacían aún escondidas, igual que la derecha española querría que no hagan ruido hoy quienes quieren homenajearles. Muchos de ellos están entre nosotros: quien no quiera hacer el ridículo, haría bien en preguntarles cómo vivieron los demócratas de 1975 la muerte de Franco.

Le preocupa a la menguante derecha democrática que la memoria de la dictadura sea útil a la izquierda española. Lo tiene muy fácil: la derecha democrática alemana nunca duda en recordar el nazismo y ponerse del lado de sus víctimas y gracias a eso la memoria es un pilar del Estado, no un asunto electoral. Las heridas se curan limpiándolas. El día en que la derecha española deje de evidenciar su incomodidad al señalar como enemigo de España al criminal y como héroes a los demócratas que le enfrentaron habrá hecho un gran favor a España, a la democracia… y también se habrá hecho un gran favor a sí misma.

Defensa (parcial) de Bolaños

«Es cierto que lo del juez Peinado es indefendible, que está actuando con arbitrariedad con un objetivo político y mediático, pero un ministro de justicia como Bolaños no puede decirlo«. He escuchado variaciones de esta frase a distintos opinadores desde ayer. Y no puedo estar más en desacuerdo.

Llevamos meses hablando de la separación de poderes. Desde el acuerdo de investidura del año pasado, el CGPJ caducado tocó a rebato y la supuesta «defensa del Estado de Derecho» y de la «separación de poderes» pareció una misión patriótica de togados, colegios profesionales y, en general, de cualquier profesional que use corbata porque en un texto privado entre dos partidos aparecía mencionada la palabra «lawfare». Aunque el texto ni siquiera afirmaba la existencia de «lawfare» en España, su mera mención era una gravísima afrenta.

Si creían en la extrema gravedad de la mera mención de las operaciones judiciales cuyo objetivo real no sea la aplicación de la legalidad sino el desequilibrio del poder político elegido democráticamente, mucho más grave les parecerá, quiero pensar, que no sólo se mencione… sino que suceda. No parece haber mucha discusión (honesta) sobre la concatenación de barbaridades en el ‘caso Peinado’: desde la mera admisión a trámite de una querella de Manos Limpias que, a diferencia de lo que dicen muchos medios, no era una colección de recortes de prensa sino que consistía en un simple listado de titulares de prensa (sin desarrollo o siquiera enlace de la noticia), hasta el anuncio de que se pasará por Moncloa el martes con las acusaciones ultraderechistas a tomar declaración al presidente del Gobierno.

Hay antecedentes nacionales e internacionales de este tipo de actuaciones judiciales. En el plano internacional los gobiernos de Lula y Antonio Costa fueron acosados por montajes judiciales: Costa, el más reciente, dimitió e inmediatamente consiguió el gobierno la derecha y el juez archivó el asunto porque no había nada que reprochar al presidente portugués, salvo el hecho de liderar un gobierno progresista.

En España, hemos tenido casos como el de Mónica Oltra, el enriquecimiento patrimonial personal sin riqueza alguna que entre en el patrimonio de ninguna persona, el terrorismo sin terror, bochornos como aquel «caso niñera», sumarios sobre financiación ilegal estirados en el tiempo sin sustancia alguna…

Desde que la describió Montesquieu, la principal amenaza a la separación de poderes son los jueces que se creen legitimados para invadir las funciones de poderes legitimados, en la actualidad, electoralmente. Obviamente no son todos los jueces, seguramente ni siquiera la mayoría, pero ningún juez tiene derecho a intentar tumbar, siquiera a decidir deteriorar, al gobierno ni a ningún espacio político por muy aberrante que le parezca ese gobierno o ese espacio político. Ninguno.

La principal amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho en España en 2024 (como en otros países) es el secuestro por la derecha autoritaria (y profundamente anti liberal) de una parte del Poder Judicial. Y en ese secuestro la retención ilegítima del control del CGPJ era una parte relevante pero no crucial: es bueno que se vaya a resolver ese bloqueo, pero es democráticamente suicida dar por solucionados los problemas de la Justicia con la mera renovación del CGPJ.

No es que Bolaños tenga derecho a manifestar su enfado ante estas agresiones a la democracia y a la separación de poderes. Es que es su obligación. Y, de hecho, su obligación va más allá. Como ministro de Justicia y como ministro de Presidencia tiene la obligación de liderar las medidas políticas estructurales para defender la democracia de estas agresiones, que será, además, una forma de defender que la judicatura conforme un poder del Estado social y democrático de Derecho y liberarla del secuestro antidemocrático al que lo ha sometido una derecha que no admite la legitimidad de mayorías que no sean la suya.

Claro que puede quejarse Bolaños, aunque sea ministro. Lo que no puede hacer es quedarse en la queja, porque es ministro.

Girauta y la opinión «libre»

Estos días estamos conociendo algunas declaraciones de bienes de los nuevos eurodiputados. Ha sido conocida la Luis Pérez, alias ‘Alvise’, por ser absolutamente opaca: supuestamente vive de «donaciones», de las que no aclara ni el origen ni la cantidad. Es decir, al personaje le ha estado pagando alguien por vomitar sus mentiras, su odio, sus chantajes y sus amenazas y no nos quiere decir quién ni cuánto. Eso es precisamente lo que se intenta evitar con las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos: que en vez de tener cargos públicos independientes y libres tengamos testaferros parlamentarios de quien le paga.

Más transparente que la de Pérez es la declaración del nuevo eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta. Según la Asociación de la Prensa de Madrid, el salario medio de un periodista en España es de 18.000 euros anuales. Pues bien, Juan Carlos Girauta declara que cobraba 6.000 euros al mes por sus columnas en ABC hasta que la web de la Asociación Católica de Propagandistas, ‘El Debate’, le empezó a pagar 7.000 euros al mes por esas columnas. No anualmente ni por trabajar como periodista: 7.000 euros al mes por sus columnas en una web.

Uno, que tiene bastante estómago y se pasa por las mañanas por algunas de las webs que alimentan el discurso de la derecha (o viceversa), ha leído de vez en cuando alguna de las piezas literarias de este señor. Aunque tiene pinta de que nadie se lo haya dicho a Girauta, sus columnas no son la cumbre intelectual de la civilización occidental: obviamente Girauta no cobra 7.000 euros por la calidad de sus columnas ni por la cantidad de visitas (y por tanto ingresos) que aportan a la web que le paga (cuyos ingresos tampoco se deben a lo rentable que es poner publicidad en ella dada la inmensa audiencia que tiene). No sabemos si este pastizal explica la deriva de Girauta, que no hace tanto militaba en el PSC y ha acabado (de momento) en Vox. Lo que sabemos es que le ha salido muy rentable su radical y entusiasta cambio de opiniones políticas.

Una de las cosas que hace Girauta es justificar el genocidio de Netanyahu en Palestina e insultar a cualquiera que critique los crímenes del gobierno israelí: si no te gusta que asesinen a niños, civiles, que bombardeen escuelas, hospitales, maten periodistas… si no crees que la ONU es una organización terrorista… eres antisemita (lo cual es una lógica puramente antisemita, pues vincula el judaísmo con los crímenes que perpetran estos asesinos, no el pueblo judío, y con las gilipolleces de sus propagandistas).

Pues bien, es posible que Girauta piense sinceramente estas memeces. Lo que sabemos es que si pensara lo contrario, si defendiera los derechos humanos, la legalidad internacional y, en fin, que no está bien asesinar a más de 30.000 personas… dejaría de ingresar los 3.000 euros al mes que le ingresan (como asesor, ojo) las asociaciones de propaganda de la ultraderecha israelí.

Obviamente Girauta no cobraba esos 10.000 euros cada mes por su trabajo de columnista ni de asesoría jurídica a propagandistas ultraderechistas. Le pagaban un dinero absolutamente fuera de mercado por mantener en público unas opiniones con la beligerancia con la que las ha defendido (¡nos han jodido!) haciendo creer al público que son opiniones sinceras fruto de la reflexión de un señor que aparenta creerse inteligente. Porque la clave es que el lector, el espectador… quien quiera que escuche las opiniones de Girauta y del coro de ultras y fanáticos del que forma parte, no sabe que decir eso es extraordinariamente rentable para él y que si opinara lo que opinaba hace pocos años (lo que ahora él vincula con crímenes y totalitarismos), perdería un pastizal y todo el protagonismo que ha adquirido.

¿Cuántos Girautas habrá cuyas derivas ultraderechistas y cómplices de crímenes monstruosos vayan de la mano de ingresos extraordinarios que en ningún caso tendrían si mantuvieran opiniones sencillamente humanas? ¿Cuántos periodistas, políticos o distintos personajes más o menos públicos están diciendo barbaridades porque de una forma u otra se está engrasando financieramente su opinión?

Hemos conocido cómo se ha, digamos, condicionado la opinión de un personaje en concreto. Pero en los últimos años ha habido una nutrida fauna de nuevos ultraderechistas que no hace tanto pudieran parecer razonables y demócratas y que han adquirido súbitamente un feroz fanatismo. Seguramente muchos no cobren la enorme cantidad que ganaba Girauta (aunque sin duda algunos cobren bastante más); los habrá que se dejen arrastrar por cantidades muy menores por escribir una columna que no le interesaría a nadie o por aparecer en una tertulia como si su opinión representase algo más que el dinero que ingresan: que compartan la condición de sobornables no implica que la tarifa sea homogénea.

La libertad de expresión es sagrada. Pero la expresión sobornada no es libre sino un instrumento propagandístico comprado para condicionar una opinión pública que no es consciente de que el opinador no dice lo que piensa sino lo que tiene que decir para que le paguen.

Aunque lo esquiven y lo hagan difícil de percibir, en los medios de comunicación está prohibida la publicidad encubierta: cuando algo no es una información sino un anuncio que simula formar parte del medio, tienen que aclararlo de alguna forma. Cuando un opinador es un hombre anuncio cuya furia intelectual es una impostura comprada con mucho dinero, debería ocurrir lo mismo sin esperar a que el sobornado acabe en un cargo público que destape la farsa: para que quienes no están comprados no caigan en el mismo saco de sospecha y para permitir que la ciudadanía sepa diferenciar la expresión libre de la mera publicidad mercenaria.

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