Lawfare: Guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
Definición de Lawfare (redirigido a «Guerra Jurídica») en Wikipedia
Con el severo varapalo del Tribunal Supremo al juez Peinado las voces negacionistas del lawfare han salido raudas a explicarnos que esto no sólo no demuestra un uso de las herramientas judiciales espurio para perseguir al enemigo político sino que es la demostración de que no existe el lawfare porque «el sistema funciona«. Parecerían suponer estas voces que la existencia de lawfare exige una conspiración de todo el aparato judicial orquestada de principio a fin para acabar con el enemigo político. Si finalmente (más rápida o más lentamente) una resolución judicial pone fin a una persecución judicial por motivos políticos, haya tenido las consecuencias que haya tenido, no habría existido lawfare.
Así, por ejemplo, no hubo lawfare en Brasil contra Lula: es cierto que fue encarcelado durante 580 días por un juez que consiguió que Bolsonaro ganara las elecciones y lo nombrara ministro de Justicia; pero dado que cuatro años después del inicio de su acoso otro juez liberó a Lula y dictaminó que su encarcelamiento había sido «ilegal e inconstitucional», no habría habido lawfare: el sistema había funcionado. Tampoco lo hubo en Portugal, cuando imputaron delitos de corrupción a Antonio Costa, primer ministro que dimitió y dio paso a un gobierno de derechas. Porque una vez derrocado el gobierno de izquierdas, los tribunales portugueses reconocieron que todo se debía a un triste malentendido, que a quien querían acusar era a otro señor que se llamaba también Antonio Costa. El sistema había funcionado, porque el error salió a la luz. Circulen, no hay nada que ver aquí. En España tampoco habría habido lawfare cuando un juez corrupto imputó a Victoria Rossell, jueza que renunció a su candidatura como diputada. Como el juez acabó entre rejas… el sistema había funcionado.
La existencia de prácticas de lawfare no implican una conspiración universal de la judicatura. Ni siquiera tiene por qué ser una práctica de jueces. Cuando José Luis Martínez-Almeida lideraba la oposición a Manuela Carmena puso decenas de querellas falsas contra el equipo de gobierno municipal de Madrid. Todas las querellas quedaron en absolutamente nada, pero logró tener imputados a varios concejales y cargos municipales (Inés Sabanés, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato…) y ayudar a la derecha a generar la sensación de un gobierno municipal turbio, dedicado a la corruptela y regado de imputados. Era mentira. Todo acabó en nada, todo fue archivado y en algunos casos con condenas en costas a Almeida en sentencias que acreditaban su mala fe. «El sistema funcionó», pero la operación política de Almeida a través del uso espurio de los tribunales también: lo que Almeida realizó fue lawfare. Indiscutiblemente.
Constatar la existencia de lawfare es tan obvio que el propio sistema constitucional español tiene herramientas para combatirlo: esa es la justificación constitucional de los aforamientos (evitar que jueces de base tengan la tentación de acosar a determinados cargos políticos) o de que la persecución judicial de diputados y senadores pase previamente por un suplicatorio: la justificación no es la búsqueda de la inmunidad de los delincuentes con cargo público, sino garantizar la separación de poderes frente a intentos de lawfare.
Negar que el lawfare existe porque casi siempre las operaciones de uso espurio del sistema judicial tienen un recorrido limitado (el archivo del caso en más o menos tiempo) es tan ridículo como afirmar que los asesinatos no existen porque cuando alguien mata a otra persona la policía lo persigue y suele acabar cumpliendo una severa condena. Es previsible que los casos obscenos de persecución judicial al gobierno democrático de España acabarán en nada. Pero habrán cumplido su función de desgaste al gobierno, a la fiscalía, al presidente… ¿El sistema habrá funcionado? Es posible, pero el lawfare también.
El varapalo del Supremo a Peinado no demuestra que no hubiera lawfare sino todo lo contrario: que un juez (que sigue instruyendo el resto del caso sin ningún problema) ha intentado imputar a un ministro por un par de delitos simplemente porque (en el mejor de los casos) en su imaginación era posible que los hubiera cometido. Que la operación fuera extremadamente torpe y que, al estar Bolaños aforado, esta parte de las actividades de Peinado haya acabado pronto y sin apenas efectos políticos (es más, seguramente como un bumerán) lo único que nos habla es de la poca habilidad de Peinado, no es para sacar pecho.
¿Existe el uso espurio de la justicia para la persecución política del enemigo? Sólo puede responder que no quien quiera darle cobertura a esos usos. Claro que existe el lawfare, ha existido siempre y siempre existirá. De lo que se trata es de encontrar herramientas para que sea lo menos eficaz y menos extenso posible, porque nos va la democracia en ello.
Quienes niegan la existencia de prácticas de lawfare y tratan de estigmatizar como totalitarios y enemigos del Estado de Derecho a quienes señalan lo evidente están tapando y, en definitiva, amparando una práctica antidemocrática que en las últimas décadas la derecha trumpista ha extendido por el mundo y, efectivamente, le ha servido para tumbar gobiernos democráticos. Aunque el sistema funcione. O quizás precisamente por eso.
«Es cierto que lo del juez Peinado es indefendible, que está actuando con arbitrariedad con un objetivo político y mediático, pero un ministro de justicia como Bolaños no puede decirlo«. He escuchado variaciones de esta frase a distintos opinadores desde ayer. Y no puedo estar más en desacuerdo.
Llevamos meses hablando de la separación de poderes. Desde el acuerdo de investidura del año pasado, el CGPJ caducado tocó a rebato y la supuesta «defensa del Estado de Derecho» y de la «separación de poderes» pareció una misión patriótica de togados, colegios profesionales y, en general, de cualquier profesional que use corbata porque en un texto privado entre dos partidos aparecía mencionada la palabra «lawfare». Aunque el texto ni siquiera afirmaba la existencia de «lawfare» en España, su mera mención era una gravísima afrenta.
Si creían en la extrema gravedad de la mera mención de las operaciones judiciales cuyo objetivo real no sea la aplicación de la legalidad sino el desequilibrio del poder político elegido democráticamente, mucho más grave les parecerá, quiero pensar, que no sólo se mencione… sino que suceda. No parece haber mucha discusión (honesta) sobre la concatenación de barbaridades en el ‘caso Peinado’: desde la mera admisión a trámite de una querella de Manos Limpias que, a diferencia de lo que dicen muchos medios, no era una colección de recortes de prensa sino que consistía en un simple listado de titulares de prensa (sin desarrollo o siquiera enlace de la noticia), hasta el anuncio de que se pasará por Moncloa el martes con las acusaciones ultraderechistas a tomar declaración al presidente del Gobierno.
Hay antecedentes nacionales e internacionales de este tipo de actuaciones judiciales. En el plano internacional los gobiernos de Lula y Antonio Costa fueron acosados por montajes judiciales: Costa, el más reciente, dimitió e inmediatamente consiguió el gobierno la derecha y el juez archivó el asunto porque no había nada que reprochar al presidente portugués, salvo el hecho de liderar un gobierno progresista.
En España, hemos tenido casos como el de Mónica Oltra, el enriquecimiento patrimonial personal sin riqueza alguna que entre en el patrimonio de ninguna persona, el terrorismo sin terror, bochornos como aquel «caso niñera», sumarios sobre financiación ilegal estirados en el tiempo sin sustancia alguna…
Desde que la describió Montesquieu, la principal amenaza a la separación de poderes son los jueces que se creen legitimados para invadir las funciones de poderes legitimados, en la actualidad, electoralmente. Obviamente no son todos los jueces, seguramente ni siquiera la mayoría, pero ningún juez tiene derecho a intentar tumbar, siquiera a decidir deteriorar, al gobierno ni a ningún espacio político por muy aberrante que le parezca ese gobierno o ese espacio político. Ninguno.
La principal amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho en España en 2024 (como en otros países) es el secuestro por la derecha autoritaria (y profundamente anti liberal) de una parte del Poder Judicial. Y en ese secuestro la retención ilegítima del control del CGPJ era una parte relevante pero no crucial: es bueno que se vaya a resolver ese bloqueo, pero es democráticamente suicida dar por solucionados los problemas de la Justicia con la mera renovación del CGPJ.
No es que Bolaños tenga derecho a manifestar su enfado ante estas agresiones a la democracia y a la separación de poderes. Es que es su obligación. Y, de hecho, su obligación va más allá. Como ministro de Justicia y como ministro de Presidencia tiene la obligación de liderar las medidas políticas estructurales para defender la democracia de estas agresiones, que será, además, una forma de defender que la judicatura conforme un poder del Estado social y democrático de Derecho y liberarla del secuestro antidemocrático al que lo ha sometido una derecha que no admite la legitimidad de mayorías que no sean la suya.
Claro que puede quejarse Bolaños, aunque sea ministro. Lo que no puede hacer es quedarse en la queja, porque es ministro.
Pende sobre García-Castellón el recuerdo de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana que se hizo pública por uno de tantos sumarios contra gobernantes corruptos del PP. En aquella conversación Ignacio González planteaba a Zaplana que sería muy conveniente que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sustituyera al juez Velasco. Ignacio González prefería que quien investigara sus delitos fuera García-Castellón; esto es: que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sacara las puñetas del juez Velasco de aquellas investigaciones. Y así ocurrió.
¿Ha sido un desastre la metedura de pata de García-Castellón que obliga a archivar el «caso Tsunami Democràtic»? Pues depende.
Si alguien se creyera que realmente hubo terrorismo en las manifestaciones que hubo en Cataluña en otoño de 2019, debería estar indignado con este juez. Un juez que instruye durante dos años un sumario sin ser consciente de que en la cúspide de la organización terrorista estaba todo un ex presidente autonómico y entonces eurodiputado, muy fácil de localizar pero que andaba suelto, con el cconsiguiente riesgo de que siguiera organizando actos terroristas. Y cuando su señoría se da cuenta de que tan notable caballero lideraba la actividad terrorista se olvida tramitar un sencillo papel que le permitiera seguir investigando lo que no tuvo tiempo de investigar en los dos años precedentes. Tal calamidad lleva a que los actos terroristas acaben impunes.
Imaginemos lo que dirían la AVT, el PP, Vox y toda su orquesta mediática. Si consideraron que era «impunidad» que los condenados por terrorismo salieran a la calle al cumplir sus penas o que cumplan sus penas en cárceles cercanas a sus domicilios (como sucede con todos los criminales, por terribles que sean sus delitos), ¿qué dirían ahora de un juez cuya lentitud y aparente incompetencia impide siquiera que se pueda juzgar a los culpables del último atentado terrorista que ha ocurrido en suelo español? ¿Cuánto tardarían las querellas de Manos Limpias, Dignidad y Justicia (la organización de un diputado de Ayuso para acusar de terrorismo a todo lo que se mueva) contra el juez? ¿De qué terribles prácticas de bestialismo estaría acusando Luis Pérez, alias Alvise, a su señoría? ¿Alguien cree que el CGPJ no habría iniciado aún el expediente sancionador contra el juez, tal y como ha hecho en casos análogos de narcotráfico u otros delitos graves cuyos autores se beneficiaron de la aparente negligencia de un juez?
Hay otra posibilidad: que nadie se crea que tuviera sentido la acusación de terrorismo. Es una posibilidad que se nos hace difícil porque hemos debatido en tertulias, parlamentos y redes sociales con quienes simulaban con aparente convicción que no era un disparate calificar como terrorismo aquellas manifestaciones. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de alguien cuya sed de venganza contra el independentismo catalán fuera superior a los escrúpulos legalistas (cabe que exista alguien así), la jugada habría salido redonda.
En esa hipótesis todos los «errores» de García-Castellón serían muy parecidos a aciertos. Que no se diera cuenta del papel terrorista de Puigdemont hasta 2021 encajaría con el hecho de que en 2021 la derecha y la extrema derecha españolas perdieron las elecciones y la conformación de un gobierno progresista partía de una amnistía: como (pese a la retórica incendiaria según la cual toda amnistía es un ataque al Estado de Derecho) el único obstáculo en la legalidad internacional a la amnistía sería el terrorismo (y la corrupción), habría que inventarse la existencia de terrorismo (y que hubo un enriquecimiento personal que nadie vio, pero esa es otra ventanilla del mismo edificio). Este «terrorismo» consiguió dilatar la redacción de la ley de amnistía, estuvo en vías de imposibilitarla y dio alas a la tertuliada más afín y a los manifestantes de Ferraz. Pero, dado que todo el mundo sería consciente (en esta malpensada hipótesis) de que la acusación de terrorismo sólo iba a traer disgustos, el archivo por un asunto formal tan elemental permite evitar que otros tribunales tengan que desestimar las construcciones de este instructor o que próximamente los tribunales europeos vuelvan a dejar a los españoles en ridículo con un asunto tan grave.
¿Y García-Castellón? Con un funcionamiento ordinario de la justicia (es decir, el que no ha habido en ningún caso para abordar el Procés), un juez que conduce un caso de terrorismo al archivo por haberse olvidado de un sencillo y elemental paso procesal tendría graves consecuencias disciplinarias, que incluyen la suspensión como juez, el traslado forzoso… Nada que vaya a sucederle a García-Castellón, dado que dentro de dos meses se jubila y no da tiempo ni a que haya expediente sancionador antes del merecido traslado voluntario al balneario que desee su retirada señoría. Cabría, pues, hasta simular que se quiere responder con normalidad a una actuación tan gravemente «negligente».
Se ha acordado la renovación del CGPJ. Y es una excelente noticia. Pero ay de aquel demócrata que piense que con esa renovación ya ha solucionado España el principal problema de su funcionamiento democrático.
