Lawfare: Guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
Definición de Lawfare (redirigido a «Guerra Jurídica») en Wikipedia
Con el severo varapalo del Tribunal Supremo al juez Peinado las voces negacionistas del lawfare han salido raudas a explicarnos que esto no sólo no demuestra un uso de las herramientas judiciales espurio para perseguir al enemigo político sino que es la demostración de que no existe el lawfare porque «el sistema funciona«. Parecerían suponer estas voces que la existencia de lawfare exige una conspiración de todo el aparato judicial orquestada de principio a fin para acabar con el enemigo político. Si finalmente (más rápida o más lentamente) una resolución judicial pone fin a una persecución judicial por motivos políticos, haya tenido las consecuencias que haya tenido, no habría existido lawfare.
Así, por ejemplo, no hubo lawfare en Brasil contra Lula: es cierto que fue encarcelado durante 580 días por un juez que consiguió que Bolsonaro ganara las elecciones y lo nombrara ministro de Justicia; pero dado que cuatro años después del inicio de su acoso otro juez liberó a Lula y dictaminó que su encarcelamiento había sido «ilegal e inconstitucional», no habría habido lawfare: el sistema había funcionado. Tampoco lo hubo en Portugal, cuando imputaron delitos de corrupción a Antonio Costa, primer ministro que dimitió y dio paso a un gobierno de derechas. Porque una vez derrocado el gobierno de izquierdas, los tribunales portugueses reconocieron que todo se debía a un triste malentendido, que a quien querían acusar era a otro señor que se llamaba también Antonio Costa. El sistema había funcionado, porque el error salió a la luz. Circulen, no hay nada que ver aquí. En España tampoco habría habido lawfare cuando un juez corrupto imputó a Victoria Rossell, jueza que renunció a su candidatura como diputada. Como el juez acabó entre rejas… el sistema había funcionado.
La existencia de prácticas de lawfare no implican una conspiración universal de la judicatura. Ni siquiera tiene por qué ser una práctica de jueces. Cuando José Luis Martínez-Almeida lideraba la oposición a Manuela Carmena puso decenas de querellas falsas contra el equipo de gobierno municipal de Madrid. Todas las querellas quedaron en absolutamente nada, pero logró tener imputados a varios concejales y cargos municipales (Inés Sabanés, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato…) y ayudar a la derecha a generar la sensación de un gobierno municipal turbio, dedicado a la corruptela y regado de imputados. Era mentira. Todo acabó en nada, todo fue archivado y en algunos casos con condenas en costas a Almeida en sentencias que acreditaban su mala fe. «El sistema funcionó», pero la operación política de Almeida a través del uso espurio de los tribunales también: lo que Almeida realizó fue lawfare. Indiscutiblemente.
Constatar la existencia de lawfare es tan obvio que el propio sistema constitucional español tiene herramientas para combatirlo: esa es la justificación constitucional de los aforamientos (evitar que jueces de base tengan la tentación de acosar a determinados cargos políticos) o de que la persecución judicial de diputados y senadores pase previamente por un suplicatorio: la justificación no es la búsqueda de la inmunidad de los delincuentes con cargo público, sino garantizar la separación de poderes frente a intentos de lawfare.
Negar que el lawfare existe porque casi siempre las operaciones de uso espurio del sistema judicial tienen un recorrido limitado (el archivo del caso en más o menos tiempo) es tan ridículo como afirmar que los asesinatos no existen porque cuando alguien mata a otra persona la policía lo persigue y suele acabar cumpliendo una severa condena. Es previsible que los casos obscenos de persecución judicial al gobierno democrático de España acabarán en nada. Pero habrán cumplido su función de desgaste al gobierno, a la fiscalía, al presidente… ¿El sistema habrá funcionado? Es posible, pero el lawfare también.
El varapalo del Supremo a Peinado no demuestra que no hubiera lawfare sino todo lo contrario: que un juez (que sigue instruyendo el resto del caso sin ningún problema) ha intentado imputar a un ministro por un par de delitos simplemente porque (en el mejor de los casos) en su imaginación era posible que los hubiera cometido. Que la operación fuera extremadamente torpe y que, al estar Bolaños aforado, esta parte de las actividades de Peinado haya acabado pronto y sin apenas efectos políticos (es más, seguramente como un bumerán) lo único que nos habla es de la poca habilidad de Peinado, no es para sacar pecho.
¿Existe el uso espurio de la justicia para la persecución política del enemigo? Sólo puede responder que no quien quiera darle cobertura a esos usos. Claro que existe el lawfare, ha existido siempre y siempre existirá. De lo que se trata es de encontrar herramientas para que sea lo menos eficaz y menos extenso posible, porque nos va la democracia en ello.
Quienes niegan la existencia de prácticas de lawfare y tratan de estigmatizar como totalitarios y enemigos del Estado de Derecho a quienes señalan lo evidente están tapando y, en definitiva, amparando una práctica antidemocrática que en las últimas décadas la derecha trumpista ha extendido por el mundo y, efectivamente, le ha servido para tumbar gobiernos democráticos. Aunque el sistema funcione. O quizás precisamente por eso.
