Blog de Hugo Martínez Abarca

Categoría: Política española (Página 3 de 153)

En busca de alguna salida

Escribe esta mañana Pérez Royo un artículo cuyo título resume perfectamente el drama político que tenemos delante. ¿Alguien ve una salida? se pregunta medio retóricamente Pérez Royo en un momento en el que todas las respuestas o son un brindis al Sol o lo único que hacen es agravar el conflicto huyendo de salida alguna.

Es eviente que nadie va a lograr acabar con el conflicto imponiendo sus exigencias máximas. Y la fuerza no tiene ninguna capacidad de solucionar un problema cuyo origen está en la convicción política de la mitad de los catalanes, que choca frontalmente con la de unos pocos (muy pocos) menos catalanes. Ni las sentencias del Constitucional en 2010 y del Supremo en 2019 hacen otra cosa que reforzar el sentimiento de legítima frustración por parte de millones de catalanes ni la violencia de estos días tiene la menor posibilidad de mover la posición política de un Estado fuerte, salvo que quiera moverla hacia más dureza, hacia peor. No hablo sobre la legitimidad de cada parte en el enfrentamiento: hablo la esterilidad de su forma de intentar derrotar al otro, hablo de su radical ineficacia para solucionar un conflicto grave.

Es una evidencia que no hay derrota del otro posible (incluso en el supuesto de que fuera deseable), pero, ¿alguien se imagina un acuerdo posible, un punto de llegada que no esté superado por los tiempos y que pudiera llegar a ser aceptado por una amplia mayoría de catalanes? ¿alguien tiene una propuesta que vaya más allá de palabras manoseadas y ya vaciadas como federalismo o mesa de diálogo? Eso sin entrar en lo sospechoso de quienes apelan al diálogo más complejo cuando nos han llevado a repetir elecciones por haber sido incapaces de llevar a cabo un diálogo tan sencillo.

En 2005 y 2006 se lograron los dos últimos grandes acuerdos entre los partidos que representaban a una gran mayoría de catalanes (ERC, CiU, PSC, ICV) y entre éstos y la mayoría de la representación política de los españoles. Ese acuerdo fue tumbado por el Constitucional. Y también había sido peinado por un PSOE que entre Pasqual Maragall y José Bono optó en el Congreso por recortar el acuerdo que había sido posible en Cataluña. En buena parte aquel recorte se producía sobre aspectos meramente simbólicos cuya importancia se elevó a la categoría de principios patrióticos. Que llamemos a Cataluña nación es tan grave que cuatro equipos británicos participan en el torneo de las Seis Naciones sin que ese haya sido el problema. Pero al fingir que todo son graves principios hacemos imposible ninguna flexibilidad y por tanto el acuerdo.

No sería posible hoy una consulta sobre la independencia sin más; pero tampoco lo sería retomar el diálogo desde el marco del autonomismo actual sin tocarlo. Lo que la sentencia del Constitucional de 2010 dice es que sin tocar la Constitución este Estatut recortado es el máximo al que puede llegar Cataluña. Lo que millones de catalanes dicen es que si éste es el máximo, no tienen encaje voluntario en España. Hemos modificado la Constitución para entrar en la Unión Europea y para que Bruselas aflojara la cuerda en plena crisis económica. ¿No seríamos capaces de hacerlo para garantizar una unidad de España no conflictiva para las próximas décadas?

¿No cabría sentarse a partir del último texto acordado por la gran mayoría de catalanes, por partidos que entonces sumaban a una mayoría de españoles? ¿Cuánto daríamos por que el texto que salió del Parlament en 2005 estuviera en vigor y tuviéramos hoy un encaje acordado, pacífico, democrático y duradero de Cataluña en España? Igual ese texto de hace casi 15 años es un buen punto de partida para el acuerdo: no es el punto de llegada deseado hoy por el llamado constitucionalismo ni por el independentismo, pero quizás esa sea su mayor virtud; tampoco es posible simplemente calcarlo, pero puede ser un buen texto que sirva de punto de partida en búsqueda de un acuerdo integral. Hoy, a diferencia de en 2005 y 2006, no podríamos engañarnos: ese encaje no cabe en la actual redacción de la Constitución española. Pero ¿no valdría la pena que también entre el conjunto de los españoles llegáramos a un acuerdo para solucionar el grave problema para la unidad de España y para la democracia que tenemos delante? ¿Por qué en otras ocasiones fue posible y ahora no podría serlo?

Un suicidio para los independentistas

Probablemente la mayor fortaleza que ha tenido el movimiento independentista catalán en todos estos años ha sido su absoluta firmeza en el pacifismo. No es fácil recordar movilizaciones rupturistas tan masivas sin que haya incidentes reprochables significativos. Eso permitió convertir las movilizaciones en una expresión de alegría y de democracia que despertaba simpatía incluso de quienes no compartíamos el objetivo político de los manifestantes. Fue, además, lo que facilitó la cercanía internacional hacia el independentismo catalán: nada fortalecía más al independentismo que su carácter pacífico, nada debilitó más al Estado que la violencia policial del 1 de octubre. Ese carácter inmaculado fue también lo que hizo imposible que el juez Llarena y el gobierno español convencieran a ningún país de que era legítimo perseguir a líderes políticos acusándolos de un alzamiento violento.

Nadie de buena fe puede pensar que es generalizado el uso de la violencia. Poca gente es capaz de alzarse con un enorme protagonismo: siempre se oye más el grito y el insulto que el argumento y la escucha, siempre se ve más el contenedor incendiado que la sentada pacífica: especialmente si hay un enemigo encantado con los gritos y las llamas.

Pero tampoco parece muy creíble pensar que quienes han decidido dar este salto sean personas aisladas y espontáneas que de repente no controlan su indignación y dan el paso a actos violentos. Alguien, quien sea (nadie ha aportado dato alguno para que podamos adivinar quién está optando por esta vía), comete el gravísimo error de pensar que este camino es aceptable e inteligente. Se equivocaron gravemente quienes contemporizaron con los detenidos de hace una semana centrándose en que era ridícula la equiparación con terroristas y ninguneando la evidencia de que había gente preparándose para cierta violencia.

No hace falta ser muy sabio para tener clarísimo que estos episodios violentos no le van a hacer ni un rasguño al Estado. Se lo pueden hacer al Govern, que no puede seguir mucho tiempo animando la movilización y reprimiéndola con los Mossos sin que la incoherencia estalle. Pero precisamente lo que están haciendo es facilitar que la cohesión del unionismo se produzca en torno a las respuestas más duras y autoritarias.

Es indudable que los violentos no conseguirán absolutamente nada (incluso aunque lograran la entrada puntual en algún edificio oficial, que es el mayor éxito al que pueden aspirar) y que el resultado a medio plazo será la división mayor del independentismo, su mayor debilidad y una respuesta aún más dura que la que hemos tenido hasta ahora. Y cuanto peor, peor: para todos los demócratas amantes de las libertades, de los derechos humanos y de la convivencia fraternal, para los catalanes y para los españoles.

El movimiento de estos días ha evidenciado una asombrosa capacidad de organización. Y el de estos años mostró la inteligencia necesaria para aislar y neutralizar a quien quisiera arruinar su movimiento con brotes violentos. Más nos vale a todos, pero muy especialmente más les vale a los independentistas demócratas, que pongan toda esa capacidad e inteligencia al servicio de una única prioridad: volver a la senda impecablemente pacífica.

Nueve años ensanchando la grieta

El Partido Popular había perdido las elecciones. Zapatero, Pasqual Maragall, Carod Rovira e incluso Artur Más fueron valientes y decidieron sentarse a hablar, negociar, recibir insultos y llegar a acuerdos que incluían renuncias importantes.

El Partido Popular no había aceptado que había perdido las elecciones. Atacaba la legitimidad de las propias elecciones (sin que les importara para ello mentir gravísimamente sobre el mayor atentado terrorista de nuestra Historia), atacó los avances en igualdad y libertad con lo que entonces llamábamos el matrimonio homosexual, atacó el intento de conseguir que ETA dejara de asesinar… y, por supuesto, atacó la posibilidad de una solución pactada para el encaje de Cataluña en España que nos habría traído décadas sin importantes conflictos territoriales.

El Estatut de Catalunya de 2006 fue la última solución difícil y valiente para la unidad de España. El Partido Popular había perdido las elecciones en España en 2004 y las volvió a perder en 2008 tras aprobarse el Estatut. En Cataluña el Partido Popular comenzó su desaparición electoral. Y sustituyó la política por los recursos judiciales; sustituyó la defensa de la unidad de España por la defensa del nicho electoral, ayudada, hay que decirlo, por algunos personajes del PSOE.

En 2010 el Tribunal Constitucional tumbó parte del Estatut que habían aprobado el Congreso de los Diputados español por amplia mayoría y el pueblo catalán en referendum (legal). Y lo que podía haber sido una solución muy duradera para la unidad de España dio paso a la mayor crisis de la unidad de España desde la CEDA. El independentismo no ha ido creciendo poco a poco en Cataluña por el adoctrinamiento de TV3 y la escuela: el independentismo comenzó a crecer de golpe en Cataluña por lo que significaba la sentencia del Estatut.

Políticamente no es lo más relevante el análisis jurídico de la sentencia del Supremo de ayer (aunque haya extremos muy llamativos); como lo más importante de la sentencia del Constitucional de 2010 no fue el texto concreto de su fallo (por mucho que declarase inconstitucionales artículos del Estatut que hoy están perfectamente vigentes en otras autonomías y allí España no se rompe). Lo más importante de ambas sentencias es el abismo que generan entre una parte importantísima de Cataluña (la mitad de su población, la mayoría de su representación democrática) y el conjunto de España. No hay nada más peligroso para la democracia y la convivencia que la instalación de una buena parte de la sociedad en la frustración y la melancolía. Y esto es absolutamente independiente de si esa frustración y esa melancolía son razonables o erradas.

Puede haber quién se sienta muy satisfecho del bofetón sacudido a los independentistas catalanes; hay incluso machotes supuestamente muy patriotas que se lamentan porque la sentencia no es todo lo dura que hubieran querido. Lo mismo pasó en 2010. Es probable que la mayor responsabilidad no esté (sólo) en los jueces sino en quienes deciden usar la justicia como vanguardia en un conflicto político de fondo. Igual que sucedió en 2010, tras la sentencia la unidad de España y la convivencia entre catalanes es hoy más difícil que ayer. Igual que sucedía en 2010 hoy es más necesaria que ayer la valentía y la generosidad patriótica (ésta sí) de quienes se atreven a sentarse a hablar, a renunciar a sus máximos, a borrar líneas rojas por muy legítimas que sean, a no escuchar los insultos y ataques… y a buscar solcuiones acordadas que no satisfagan completamente a nadie, que nos parezcan a todos que hemos cedido demasiado, pero que permita convivir. Incluso aunque por ello se pierdan votos.

En 2006 fue posible. Desde 2010 falta esa política valiente, generosa y patriota. Es imposible ensanchar más y más una grieta sin que se acabe rompiendo todo.

Si Casado pudiera, los indultaría

Hoy conoceremos la sentencia, dicen. Conoceremos las penas a las que condenarán a los líderes políticos independentistas que no huyeron a otros países europeos. No habrá condena por rebelión como quería la derecha . Sí habrá, probablemente, penas duras para un delito sin violencia. No habrá, en ningún caso, una solución al problema político que tiene Cataluña y que tiene España en Cataluña.

Hay una razón evidente por la que los condenados no son equiparables en términos políticos a otros cargos públicos condenados por delitos más habituales. Éstos fueron votados por la mitad de los catalanes para que cometieran los delitos por los que se les condena. Los corruptos se esconden: les votan a pesar de sus robos. Los dirigentes independentistas fueron votados por la mitad de los catalanes para hacer más de lo que hicieron en septiembre y octubre de 2017 y esa mitad de los catalanes volvió a votarles tras los hechos conocidos. Y la otra mitad votó para impedirlo antes y para rechazarlo después. Ahí está el genuino conflicto político que la sentencia no resuelve y que nadie puede negar.

Sólo hay tres posibles soluciones al conflicto catalán.

La primera que la respuesta punitiva (condenas duras y cumplimiento íntegro, artículo 155 de la Constitución, imposibilidad del diálogo hasta llevar la situación política catalana al colapso) lleve a una drástica mengua política del independentismo. Es la que hasta hoy defienden PP y Ciudadanos, y a la que se ha asomado Pedro Sánchez y el PSOE en esta campaña electoral. Llevamos ya unos cuantos años como para evidenciar que esta vía sólo puede fracasar. Y el propio hecho de descartar el Tribunal Supremo la rebelión debilita la posición ultramontana: queda muy difícil hoy pedir el 155 sin más argumento jurídico que el hecho de que Torra sea un desastre (no el único que gobierna una Comunidad Autónoma, digámoslo de paso). ¿Dónde queda, por cierto, Edmundo Bal, el héroe que Ciudadanos lleva en su candidatura porque se opuso a la infamia de que la Abogacía del Estado hiciese la petición que los jueces consideran correcta en vez de enrocarse en el aparente error?

La segunda es que Cataluña consiga una independencia unilateral: no hace falta muchos argumentos más que un vistazo al desolador estado del campo de batalla para adivinar que esa solución no se va a producir. No creo que haya ningún independentista que piense aún que ese camino es transitable.

Y la tercera es la que menos votos dará a quien la proponga pero la que todos los partidos (incluido sin ninguna duda el PP-Cs) intentarían si estuvieran en el Gobierno. La única salida que tiene el conflicto catalán es algún tipo de acuerdo, tanto dentro de Cataluña como entre los partidos españoles y los exclusivamente catalanes. Tal acuerdo resulta dificilísimo, pero es la única salida posible. No haría falta ir a negociar con líneas rojas de antemano porque la única certeza que todo el mundo tiene es que un acuerdo así no alcanzaría las propuestas de máximos de ninguno de los dos bloques: sería imposible quedarnos simplemente en la situación política, territorial y penitenciaria actual; sería imposible que el acuerdo llevara a la independencia. Y una obviedad es que entre los problemas a resolver en un acuerdo así estaría la situación de los presos y los fugados.

Si Casado fuera presidente del Gobierno, no nos quepa ninguna duda, lo intentaría: la derecha más bocazas en la oposición trata de resolver los conflictos más enconados en el gobierno convencida de que nadie le atacará por ello. Lo intentaron Aznar y Mayor Oreja con una organización terrorista (e hicieron muy bien en intentarlo) y si estuviera en mano de Casado lo intentaría. Quiero pensar que los progresistas no le vamos a regalar a la derecha el monopolio de la búsqueda de soluciones, aunque esa solución pasa, también, por la participación en la medida de lo posible (y aunque hoy afirmen que es intolerable) de la derecha española aunque sea desde la oposición.

Hoy termina la vía judicial. No estamos, nadie, mejor que hace dos años. Dentro de un mes tiene que empezar, de una vez, la vía política. Porque el atasco que sufre España no está sólo en Moncloa, está también en Barcelona.

La providencia divina, que está ahí

Lógicamente cualquiera que en 2019 tenga apego a la figura de Francisco Franco es, fundamentalmente, un cretino: basta escuchar un rato a las personas que han tenido que pasear por programas y tertulias en el último año y medio para que alguien defendiera el legado del dictador. Un pequeño grupo puede ser simplemente unos jetas, como esa familia multimillonaria gracias a todo lo que nos robó a los españoles el mayor asesino de nuestra Historia o esa fundación a nombre del genocida que conserva documentos históricos que deberían ser públicos.

Un caso intermedio es la organización que «mantiene el culto y sigue la evolución del pensamiento social» desde el Valle de los Caídos (también conocidos como monjes del Valle de los Caídos). Anunció por carta al Gobierno el cabecilla de la organización (alias, el prior) que no acata la ley ni la sentencia del Supremo según la cual los despojos del dictador descansarán con plena dignidad y mejores condiciones que la infinita mayoría de los españoles (no hace falta compararlo con sus víctimas aún en fosas y cunetas), pero no en el centro de un mausoleo público rodeado de miles y miles de cuerpos robados de víctimas de sus crímenes. La carta de este señor tiene la misma seriedad que si yo envío un burofax al alcalde Almeida anunciando que no acato la frecuencia de los semáforos de la calle en la que vivo y que voy a impedir que funcione a ese ritmo: seguramente me harían un examen clínico y en función del resultado decidirían dónde me encierran, pero el semáforo seguiría con la frecuencia que marcara la autoridad legítima.

El clímax cómico lo ha aportado un miembro de la organización irredenta al explicar que van a impedir que se cumpla la ley del Congreso y la sentencia del Supremo pero que no lo harán con la fuerza física: «No es necesario una resistencia física cuando hay fuerzas superiores, la providencia divina, que está ahí

No negaré la presencia de la divina providencia en el Valle de los Caídos: debo reconocer que la última vez que fui al Valle, en verano pasado, reconocí un qué sé yo bastante inquietante. Lo que es seguro desde que en el principio era el logos (Juan 1:1) es que si la providencia divina está ahí, está ahí. Y si está para impedir que se entierre a un genocida ¿cómo no va a estar para dar alimento, lavar la ropa, dar un vestuario apropiado a la organización, los cirios y quién sabe si las flores frescas que cada mañana alegran la visita de los friquis que por allí hemos pasado? No es necesaria una aportación monetaria de 340.000 euros al año aportados por Patrimonio Nacional de una república bananera cuando hay fuerzas superiores, la providencia divina, que está ahí. ¿Qué providencia divina sería ésta tan preocupada por la ubicación geográfica de los despojos de un matarife y no por los cuidados de una comunidad empeñada sólo en la oración y el pensamiento social?

Asombrosamente se ha apelado a la libertad religiosa como argumento para que Franco siga en Cuelgamuros en lugar de en Mingorrubio, como si en su situación Franco pudiera rezar en el Valle pero no pudiera hacerlo en la capilla que le espera en El Pardo. La única libertad religiosa que se está afeando es la de esa organización monacal: al aportarles esos 340.000 lereles entre todos al año estamos despreciando a la providencia divina en la que cree esta humilde y generosa organización. Es un insulto a esa providencia divina pensar que se va a ocupar de tumbas de asesinos y no de las necesidades básicas de esta bondadosa comunidad. Dejemos de insultar a la providencia divina, que si está ahí, ahí está.

Disculpas a la ciudadanía de Segovia, Cáceres, Tarragona…

Empecé a darme cuenta de que, si finalmente nos llevaban a unas nuevas, absurdas y evitables elecciones generales teníamos la obligación de presentarnos cuando pensé a quién votaría. No tiene sentido en esta entrada explicar las razones (sospecho que muy compartidas) pero me hubiera sido imposible votar este 10 de noviembre al PSOE, a Pedro Sánchez y también a la actual dirección de Podemos, especialmente cuando ninguno de ellos ha reconocido error propio alguno y por tanto el 11 de noviembre harán lo mismo que nos trajo hasta aquí. Y a ello se une que sigo creyendo tan dramática la necesidad de un gobierno progresista e impedir una alianza de la corrupción y el odio: como millones de españoles que sí estuvimos a la altura. Tenía que votar; no podía votar.

Los madrileños no somos una raza superior (quizás los de Chamberí un poco pero tampoco es cuestión de presumir). La orfandad electoral a la que me asomaba no era un hecho propio de los madrileños. En algunos lugares como en el País Valencià hubiera podido votar cómodo a Compromís, cuya autonomía política le había permitido jugar un papel intachable en la legislatura de la moción de censura y en los intentos de investidura de ésta pese a la arrogancia con la que le trató el PSOE y que Compromís decidió ignorar anteponiendo el bien general. Es cierto que también algunos partidos independentistas han sido mucho más sensatos, generosos e inteligentes en estos cinco meses que PSOE y UP pero, sin entrar en cómo tumbaron unos Presupuestos estupendos por no tener un par de meses antes esa inteligencia, votarles supondría avalar un proyecto político enormemente diferente al que uno defiende. El fracaso de estos meses por motivos mezquinos y cutres es muy importante, pero no es lo único muy importante.

Así pues, los mismos motivos por los que entendía que estábamos obligados a presentarnos por Madrid me llevaban a entender que nos teníamos que presentar por otras circunscripciones. Eso, por otra parte, ha sido hasta ahora norma universal. Salvo las fuerzas nacionalistas y regionalistas, los partidos que se presentan a las elecciones lo hacen por toda España. Más Madrid es un partido regional, sí, pero no regionalista. Así que lo normal era tener referentes electorales que defendieran cosas parecidas de forma parecida en toda España. No presentar candidatos madrileños como si fueran colonias, sino ayudar a que candidatas y candidatos locales contaran con nuestro apoyo dada la urgencia política y la falta de tiempo.

Lo que tenemos que explicar no es por qué nos presentamos donde nos presentamos sino por qué no nos presentamos donde no nos presentamos. Por qué un votante de Ciudad Real, Álava, Cantabria o Girona no va a poder votar una opción democrática, verde, feminista y europea cuyos escaños vayan a anteponer el interés general del país al de una cúpula de partido. Es, además, algo que nos perjudica enormemente pues no presentarnos en media España puede no repercutir en el reparto de escaños (aunque uno intuía sorpresas que al final no vamos a intentar dar) pero sí en el porcentaje de voto final, lo cual tiene cierta importancia y no sólo simbólica.

La ley electoral española está trucada porque sus diseñadores (el gobierno preconstitucional de 1976-77) quisieron potenciar el bipartidismo y, singularmente, sobrerrepresentar al partido de centro derecha, en ese caso UCD. Se argumenta para defender la manipulación que así los electores de las provincias menos pobladas tienen representación, pero es falso: tienen representación los electores de las dos (con muchísima suerte tres) fuerzas más votadas. Muchísimos electores de esas provincias no tienen representación porque esa ley electoral tira sus votos a la basura. Los madrileños, barceloneses, vizcaínos, malagueños, sevillanos… estamos mucho mejor representados y nuestro voto es más libre y eficaz.

Nada de lo que hemos hecho para estas elecciones es lo que nos convenía como partido. Necesitábamos tiempo para construir una estructura formal participativa y estable. Cuando estábamos comenzando a debatirla en barrios y pueblos se convocan elecciones y la decisión de presentarnos aplaza dos meses ese proceso. Pero había que presentarse. Nos suponía una gran dificultad logística y hasta económica presentarnos fuera de Madrid, pero teníamos la obligación de hacerlo. Al grupo autonómico nos viene mal prescindir de un liderazgo de la talla de Íñigo Errejón, pero teníamos que ir con todo. Y si hacíamos todo eso, nos venía mal (por muchos motivos) no presentar candidaturas por todas las circunscripciones de España. Pero si lo hacíamos, entonces sí, podíamos estar pidiendo un voto inútil que sólo facilitaría un gobierno de Casado, Rivera y Abascal, algo que sería responsabilidad de quienes nos han traído a la repetición de las elecciones. Y nosotros sí anteponemos los intereses generales a los de nuestro partido, pese a que necesita todo el mimo de un recién nacido con mucho futuro; nosotros sí estamos mirando al 11 de noviembre por encima de los intereses de partido, a veces con costes. Vaya si lo estamos haciendo.

La pregunta es por qué no nos presentamos en muchas circunscripciones y le pedimos a millones de españoles que voten a candidaturas que no merecen la confianza que ya se les dio. La única respuesta es que estas elecciones no son normales (además de ser imprevistas) y exigen hacer cosas que uno no querría tener que estar haciendo. Pasará el 10 de noviembre y tendremos que construir para que la próxima vez no tengamos que contestar por qué dejamos huérfana electoralmente a media España. Ahora, sintiéndolo mucho, no hay tiempo ni votos que perder.

La puerta abierta del Supremo a la memoria

La sentencia del Supremo sobre la exhumación de Francisco Franco parece redactada por un niño. Los niños tienen esa brutal racionalidad que les hace incapaces de convertir en complejo y altisonante lo que es trivial y sencillo: ¿cómo vas a preferir gastar tu dinero en construir una iglesia que en volver a tener pulmones? Lo evidente es imposible de esconder para un niño; sólo la estupidez pretende envolver lo obvio en circunloquios disfrazados de solemne intelectualidad (es mejor construir una iglesia porque lo mejor que le ha pasado a España, fijaos en lo que digo, niños, que no tenéis ni idea, es entrar en la Unión Europea y los pulmones ni son símbolos ni están en Europa); y la sentencia del Supremo sobre el enterramiento de Franco discurre por razonamientos obvios para desmontar sin despeinarse las paparruchas del franquismo familiar y sus acompañantes político-mediáticos.

¿Se ataca la libertad de la familia? Oiga, no, las familias (ninguna familia) puede enterrar a nadie donde le dé la gana sino que puede escoger libremente de entre sitios de enterramiento posibles, seguros y legales. ¿Se discrimina a este señor con una ley ad hominem? Mire, no diga chorradas, es evidente que Francisco Franco no supone lo mismo en nuestra historia y en nuestra política que tu vecino del 5º. ¿No tiene licencia urbanística? Como si levantar una losa, sacar la caja y tapar el hueco fuera una obra de complejidad tal que necesitara el concurso de miles de presos políticos ¿La Basílica es inviolable? Una cosa es que sea una Iglesia y otra que en su recinto no esté vigente la legalidad democrática… A la memez de Rocío Monasterio hablando de profanación de la tumba de Franco no contestan los jueces: un niño al oir completas naderías se va a su cuarto a jugar o a la cocina a por galletas y algo así parece hacer el Supremo.

Todas las gilipolleces revestidas de argumentos que han utilizado los voceros del franquismo quedan en solemne ridículo tras el sencillo texto de la sentencia del Supremo aprobado por unanimidad. Tras este texto hoy no sale en la tele ninguna histriónica señora franquista y los medios portavoces de la familia Franco retiran por fin el tema a una esquinita: La Razón hoy sólo dice que a la familia Franco le molesta que la Conferencia Episcopal no defienda al genocida. Hoy parece evidente que no existe una España real incómoda por la exhumación del dictador, que eso sólo pertenece al mundo del disparate por mucho que le suban el volumen algunos periodistas y políticos.

Esa sencillez de la sentencia del Supremo enseña el camino y nos deja la puerta abierta para una política de memoria democrática mucho más avanzada pero tan obvia como que un país democrático no tiene mausoleos públicos dedicados a genocidas que asesinaron a miles de ciudadanos. Porque el gran escollo de la memoria democrática en España es cómo se agiganta la voz de una España mínima, ruín y decadente que ya no representa a casi nadie y simulamos que berridos de brocha gorda son argumentos racionales. Los argumentos del Supremo bien podrían haberlos hecho suyos el PP y Ciudadanos para avalar lo evidente sin ruido (y sin regalarle a Pedro Sánchez la heroicidad de hacer lo obvio).

No se divide a España por ponerse al lado de la democracia y contra la dictadura, no se abre ninguna herida por reprobar a los criminales y reivindicar a sus víctimas. Es tan sencillo y evidente como lo es la defensa de la democracia y los derechos humanos. Si hay un rinconcito mezquino en el que aún se intentan envolver en basura argumental para no dar la espalda al crimen, es problema de esos pocos habitantes del rinconcito ultra: podemos intentar ayudarles a entrar al edificio democrático, pero no podemos someter la democracia al agostamiento moral de ese grupúsculo.

El Supremo ha abierto la puerta y enseña cómo avanzar: mostrando como sencillamente obvio lo que es sencillamente obvio. Qué ridículo hacen siempre quienes se creen muy maduros por defender gilipolleces con solemnidad tan impostada. Sigamos haciendo cosas sencillas para que España deje de ser arrastrada al ridículo de ese pequeño reducto grotesco.

Necesidad de Más

Hay dos síntomas claros de la necesidad de una candidatura como la que asumió ayer Íñigo Errejón.

El primero es el propio acto de ayer. Es difícil saber cuánta gente hubo. En el auditorio caben cerca de mil personas, pero hubo que cerrar las puertas y se quedaron varios cientos sin entrar. Esa mañana éramos unos pocos los asustados por haber convocado sólo el día anterior, en un día laborable, en un sitio tan grande, tras cuatro días en los que hemos pedido a nuestra gente reuniones compartidas, reuniones en el distrito, en el municipio, en el sector… y ayer les pedíamos un nuevo esfuerzo. Y fue el primer acto de desborde humano en unas elecciones que hace apenas una semana afrontaba todo el mundo con decepción, irritación, resignación… y mucha desmovilización. La recepción en redes sociales también fue descomunal, los entendidos no encuentran datos análogos desde hace algunos años. Hasta los ataques e insultos son un síntoma de haber puesto el dedo en la llaga, aunque en este caso (y dada la abundancia de anónimos) es difícil saber si los insultos los hacen varios o muy muy pocas personas.

El segundo síntoma relevante es la sensación por toda España de que las organizaciones y grupos que querían un gobierno progresista, que no entendieron los enrocamientos de julio y de septiembre que han conducido al fracaso de la legislatura… estén encontrando tan rápidamente en Más País la vía para el desbloqueo político,. Esto es, encuentran en Más País la vía eficaz y responsable para ayudar a que se ponga a funcionar la caja pública y permita atender las emergencias de todo tipo que tienen nuestros ciudadanos y que no son si un candidato no se lleva bien con otro, si se han llamado o no por teléfono o de qué partido sean o no los ministros. Cada día estamos sabiendo que un nuevo partido progresista quiere llegar a acuerdos para sumar más. No es una conspiración del IBEX ni de Venezuela e Irán, es un síntoma fabuloso de que no se podía seguir dando cabezazos a una pared, de que hay una salida tras el fracaso.

Hubo algún periodista que decía que estos movimientos son una huida del pasado, otro, más en positivo, que apostaban a «caballo ganador» (por Más País). Más bien diría que hay un acuerdo tácito pero evidente en que tras un rotundo e histórico fracaso sin que nadie reconozca un sólo error no se puede proponer que las mismas personas hagan otra vez lo mismo. Que hacía falta que alguien tire una piedra al estanque para que las aguas se pongan en movimiento.

En política, por supuesto, la actitud es importante: la política es una actividad colectiva y uno puede ser generoso, receptivo y fraternal o autoritario, cínico y despótico; en función de ello le será más o menos fácil encontrarse con otros sin necesidad de humillarlos o que lo humillen a uno sino con el firme propósito de trabajar por el común. Por supuesto que en política es importante preguntarse cuándo fue la última vez que votaste con ilusión; por supuesto que en política hay que evitar ser un pitufo gruñón, pero en vez de restregar el reproche es mejor sonreir y pensar que algo habremos hecho bien. Por supuesto que en política se defienden intereses: y hay que elegir si estos son los de una cúpula partidista o la de toda esa gente que fue a votar para parar al trío del odio y la corrupción y lograr avances progresistas, sociales, democráticos, ecológicos, feministas…

Va a ser una campaña corta, pero no fácil. Lo último que necesita nuestra gente es más fango, más mentiras, más ceño fruncido. Por nosotros no quedará: es normal que el PP y su pesebre político-mediático ataquen a quien puede recuperar la movilización democrática que impidió su asalto a la caja de caudales el 28A. Igual hay quien quiere desahogarse sumando sus ataques a los que vienen de Colón. Pero esto no es coaching, esto es política. Aquí estamos para solucionar los problemas de nuestro país, no para llevarlo al colapso porque primen nuestras fobias y nuestras vísceras.

Había ganas, había necesidad de Más. Va a ser difícil, nos lo van a intentar poner difícil, pero es necesario y estos días lo estamos comprobando.

Por una (carísima) investidura gratuita

No quedan demasiadas esperanzas en que impere la razón y de la ronda de consultas de hoy y mañana salga un candidato con la investidura garantizada. Si alguien tuviera que apostar dinero, evidentemente lo haría pensando que el 10N habrá elecciones. Si alguien tuviera que hacer planes, también. Unas nuevas elecciones pueden resultar incluso tentadoras para no pocos partidos. Pero para el país puede ser un desastre no sólo por el riesgo de que gane el trío aznarista sino por la sensación no tanto de Estado fallido como de izquierda fallida, de estar en manos de unos irresponsables con los que es imposible ninguna solución sensata hasta que Casado, Rivera y Abascal se repartan nuestros derechos y libertades.

El PSOE ha demostrado querer elecciones. O, al menos, que desde julio le parece menos grave repetir elecciones que compartir gobierno con otros. Unidas Podemos seguramente no quiera elecciones, pero cometió un grave error de cálculo rechazando la propuesta de julio dando por hecho que así obtendría más: en todo caso también está supeditando los intereses generales al reparto de ministerios. Puede no ser el único cálculo en el que se equivoquen.

Según cuentan los medios no existen negociaciones hoy entre el PSOE y Unidas Podemos. Debe de ser una información veraz porque si existieran tendríamos tuits y fotos detallando los encuentros.

En esta situación Unidas Podemos debería hacer una jugada que, por una vez, conciliaría sus intereses de partido con (¡por fin!) los intereses generales: explicar que han intentado hasta el último momento un acuerdo de progreso que dé un gobierno estable al país pero que, ante la cerrazón del PSOE, anteponen los intereses de los españoles y darán la investidura a Pedro Sánchez sin acuerdo, esto es, pasando a la oposición inmediatamente después.

Esta opción ya ha sido rechazada públicamente por Pedro Sánchez y por Adriana Lastra, pero lo ha sido cuando era una hipótesis negada también por Unidas Podemos. Pero es exactamente lo que han pedido a PP y Ciudadanos que hicieran: si quien lo hace es Unidas Podemos no tendrían ningún argumento para, encima, quejarse. Si el PSOE rechazara ir a una investidura que tiene garantizada y prefiriera ir a elecciones, la dichosa batalla del relato estaría definitivamente decantada; si el PSOE aceptara una investidura en esas circunstancias, Unidas Podemos evitaría unas elecciones que podrían serle muy duras y tendría al PSOE en la necesidad de elegir si llegar a acuerdos legislativos y presupuestarios con UP o con la derecha: ahí, sí, UP tendría la posición de fuerza de la que carece por completo hoy y ninguna hipótesis hace que el resultado del 10N les fuera más favorable que una situación así.

Uno no se mete en política para defender los intereses de un partido como si fuera una iglesia de la religión verdadera sino para defender lo que considera que son los intereses generales. A la infinita mayoría de los españoles les dan igual los intereses de partido y quién pone o no ministerios en el Gobierno. Sin embargo las direcciones de PSOE y UP han decidido ni siquiera disimular que anteponen los intereses privados al clamor general. A estas alturas uno no va a pensar que va a cambiar nada, pero sí cabe una (escasa) esperanza de que, si en el alto mando de Unidas Podemos se unen la racionalidad a esos intereses privados, evitarán la repetición de unas elecciones en las que se pueden llevar sorpresas y ninguna favorable a esos intereses propios (ni a los intereses generales, aunque no cuenten en la decisión).

Si no lo hacen por el evidente interés general, que lo hagan por la pequeñita miopía particular. Una investidura gratis para Pedro Sánchez supondría un gobierno carísimo para el PSOE que se cobrarían las propuestas políticas y el protagonismo parlamentario de Unidas Podemos. Es el único salto con red que pueden dar.

Cierren la puerta (y twitter)

Cuando en julio se reunían las delegaciones del PSOE y Unidas Podemos la abrumadora mayoría de quienes en abril les votamos estábamos atentos con una mezcla de esperanza e incredulidad ante el posible fracaso. Hoy la cosa es muy distinta: ha sido tal el desastre veraniego (con reproches cercanos al insulto y acusaciones graves) que parece reinar una cierta resignación a que la reunión de hoy no sea más que una escenificación compartida de los relatos contrapuestos.

Podría no ser así: las direcciones de Unidas Podemos y del PSOE tienen acreditada experiencia en una forma de negociar agresiva, que tiene más que ver con la compraventa de un inmueble que con la búsqueda de un acuerdo político. Se corre muy rápido hacia el barranco pensando siempre que es el otro el que va a frenar responsablemente para evitar la caída al abismo de los dos. Hasta que no pare nadie. La gran dificultad que uno intuye no es tanto política como escénica: el tipo de guion con el que se conducen PSOE y UP lleva a que hacer las cosas bien (renunciar a posturas inamovibles, moverse, aceptar propuestas y dificultades del otro) se confunda con ser humillado, con la derrota, con pasar por debajo del futbolín.

Doy por hecho que Cebrián (los cebrianes del mundo) tiene razones no escritas para defender un gobierno de coalición. Pero las escritas son perfectamente comprensibles desde su posición política. Si uno quisiera un gobierno del PSOE estable, con una izquierda sin capacidad de confrontar con él al borde de una nueva crisis económica (y política) porque fuera cómplice de sus carencias y errores (que habrá de ambos, como en cualquier gobierno), querría a Unidas Podemos en el Gobierno. Por contra, a Unidas Podemos le podría resultar mucho más eficaz condicionar con eficacia al Gobierno, pero conservar la autonomía y la distancia. Parecería que la dirección de Unidas Podemos no es consciente de que la gestión parlamentaria de los diez meses que fueron de la moción de censura a las elecciones de abril han sido los que más le han ayudado a ser percibidos como una fuerza adulta y, sobre todo, útil. Unidas Podemos no cayó en abril por esos diez meses, sino que esos diez meses le ayudaron muchísimo a amortiguar la caída prevista.

Que PSOE y UP se enroquen en las posiciones aparentemente contrarias a lo que les interesaría estratégicamente como partido con mirada a medio y largo plazo va de la mano de una obstinación indefendible: frente a los urgentes problemas de los españoles, se está imponiendo una dificultad absolutamente secundaria se mire por donde se mire como es quién pone los ministros. Las dos direcciones están corriendo hacia el barranco, pensando que va a parar el otro a tiempo, arriesgándose a caer ambos con lo que nos llevaría al abismo a todos los españoles, especialmente a la mayoría progresista, por una cuestión que, en general (y citando a uno de los contendientes), «nos la bufa».

En julio escribí que deberían tomarse la negociación como un cónclave vaticano: encerrarse con llave y no salir hasta que no haya fumata blanca. Hoy añadiría que además de cerrar la habitación con llave, los negociadores deberían apagar las redes sociales. Porque lo único que puede hacerles creer que sus votantes tienen más interés en si hay o no coalición que en desatascar de una vez el país, ponerlo a funcionar y a avanzar, es que confundan el pequeño enjambre de aduladores (existentes o no) que elevan a cuestión teocrática cualquier argumentario faccional: más les vale no confundir ese ruido con una opinión generalizada o se toparán con ésta de bruces el próximo 10 de noviembre.

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