Blog de Hugo Martínez Abarca

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Amenazar al Estado con tirar de la manta

Ayer confesó el chófer de Bárcenas. Contó que el Ministerio del Interior, a través de la policía española, le había sobornado para que obtuviera pruebas de delitos. Para destruirlas. El Gobierno español había usado dinero del Estado y estructuras policiales para cometer un delito que evitara la investigación de otros. El PP gobernó como quien dirige una mafia. Y no nos escandaliza: lo tenemos tan normalizado que nadie llama golpista (pese a la facilidad con la que usamos ese adjetivo) a quienes desde el Estado invirtieron la función del Estado, a quienes pusieron a la policía y los fondos reservados al servicio del delito y no de su persecución. Todavía no han llamado golpistas a quienes delinquían para adulterar las campañas electorales y luego delinquían para tapar los delitos previos. Más allá de cómo los llamemos: todavía ningún juzgado ha llamado a declarar a Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz ante la evidencia delictiva, ante el bochorno mafioso.

Hemos normalizado de tal manera la apropiación por mafiosos de nuestras instituciones que entendemos como amenaza y chantaje al Estado que los delincuentes cuenten lo que saben. Una de las últimas apariciones del mafioso público número uno, el comisario Villarejo, fue una carta a Pedro Sánchez en la que amenazaba con contar «datos que deberían permanecer siempre en la penumbra«.

Los datos que hasta ahora hemos sabido por sus grabaciones son la corrupción del rey Juan Carlos, el funcionamiento mafioso del segundo banco español, la conspiración del PP para destruir pruebas criminales (que habrían llevado a la disolución de cualquier otra persona jurídica), la construcción de falsos informes policiales contra la oposición política, la voluntad del Gobierno de destruir hasta la sanidad de una comunidad autónoma por intereses políticos…

En una democracia normal saber esto beneficiaría al Estado porque permitiría depurarlo de quienes se han infiltrado en él para destruirlo y convertirlo en un instrumento antidemocrático y al servicio del crimen. Sin embargo, no paramos de escuchar que lo que hace Villarejo es echar un pulso al Estado, una amenaza al sistema: no a las personas y organizaciones que lo han destrozado sino al Estado.

Que tire de la manta Villarejo, que lo haga Bárcenas, que no se calle nada ningún delincuente. O mejor, que un juez entre en sus casas, en sus cajas fuertes, donde quiera que puedan guardar dossieres, grabaciones y pen drives, que no puedan administrar a su capricho informaciones que permitan mantenerse en la vida pública a delincuentes que han arrasado el funcionamiento democrático.

El chantaje al Estado no es publicar esa información. Con lo que amenazan a la democracia es con no publicarla y que todo siga igual.

¿Por qué no estamos todos hablando de Kitchen?

No alcanzo a entender por qué ni uno de los periódicos impresos ni casi ninguno de los digitales más importantes abren esta mañana con el escándalo que, objetivamente, parece el más grave quizás desde el secuestro de Segundo Marey. Tampoco los informativos televisivos ni las radios. Ni siquiera los partidos están poniendo el caso a la altura que merece: incluido el PP que no ha perdido un minuto en desmentir nada ni, por supuesto, en mostrarse molesto y asqueado por lo hecho por sus dirigentes. 

Estamos conociendo una trama organizada desde el Ministerio del Interior y financiada con fondos reservados que ordenó el secuestro de una familia (la de Bárcenas) para encontrar y destruir pruebas de los delitos cometidos por la cúpula del PP, compuesta por las mismas personas que formaban el Gobierno; que sobornó a personas, que espió ilegalmente, que con la excusa de ese secuestro mantuvo tres días a policías en la casa de los Bárcenas no para proteger su seguridad sino para culminar el trabajo en el que fracasó el secuestrador: la destrucción de los pendrivesque probarían (más aún) los delitos del PP y la implicación de Mariano Rajoy y toda la dirección del partido.

Si esto se hiciera desde una organización privada (desde el Partido Popular, por ejemplo) estaría claro que se trata de una mafia. Si esto se hace desde los aparatos policiales la cosa es más grave: precisamente aquellas unidades del Estado cuya función es evitar y perseguir delitos se estaba utilizando para cometer crímenes de máxima gravedad con el objetivo de encubrir otros delitos, de destruir pruebas y de proteger a los delincuentes… que estaban al mando del Gobierno. Decir que es lo más grave desde el secuestro de Segundo Marey es un ejercicio de prudencia.

Tampoco cabe en ninguna cabeza que Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz no estuvieran en la cúpula de la decisión de estos crímenes. Como entendíamos todos en los años en los que se destaparon las responsabilidades de los GAL, nadie se imagina que una decisión de esta gravedad la adoptara un cargo intermedio sin la orden o al menos el beneplácito de los máximos responsables. Pero la diferencia con los GAL radica en que aquí se trata precisamente de destruir pruebas que afectaban a Rajoy (y Cospedal, Sáenz de Santamaría…) y a todo el Partido Popular, presidido por el propio Rajoy. Más allá de lo que ya hemos oído en la conversación entre Cospedal, Villarejo y López del Hierro,¿alguien se cree que el Gobierno y la cúpula del Partido se desentendieron de qué pasaba  con Bárcenas y esos pendrivescuya existencia era vox populi (Cospedal preguntaba por su contenido)? ¿alguien se imagina a un alto funcionario aventurero que pusiera en marcha una operación criminal de esta envergadura para proteger la impunidad del presidente del Gobierno y sus ministros… a espaldas del presidente del Gobierno y sus ministros?

Estoy seguro de que no hay una conspiración para devaluar la importancia del caso. Así que la razón por la que sigue en un discreto segundo plano debe de ser peor aún: que ya ni nos sorprende, que tenemos interiorizado con tal naturalidad que el partido más votado en España es una organización mafiosa sin ningún tipo de límite en su actuación delictiva que no nos resulta un escándalo. Casi parece más sorprendente lo estrambótico (el secuestrador disfrazado de cura) que lo criminal.

Por cierto, ¿os acordáis de que Bárcenas iba a tirar de la manta? Al final no, ¿verdad? ¿Cómo lo ha conseguido el PP?

Cuando el Estado está en manos de una Mafia.

 

Mafia
Del it. mafia.
1. f. Organización criminal y secreta de origen siciliano.
2. f. Cualquier organización clandestina de criminales.
3. f. despect. Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. 

Diccionario de la Real Academia Española

Según publicó ayer una web de las cloacas del PP, cuando el PP estaba en el gobierno usó dinero público para secuestrar a una familia y destruir las pruebas que había en su casa de delitos cometidos por toda la cúpula del PP. La familia era la de Bárcenas. El secuestro, de hecho, se produjo aunque entonces todos pensamos que se trataba de una persona con más ganas de notoriedad que cabeza. No sabemos si las cloacas del PP andan en guerra entre sí o si la publicación en esa web obedece más bien a evitar que un escándalo así tenga la repercusión que merece: que lo publique una web como mínimo amarilla y sin credibilidad, que lo entierre tras quince «noticias» contra Podemos al día siguiente y que siga la vida.

Nadie ha desmentido la noticia que probablemente sería la más grave desde el secuestro de Segundo Marey que llevó a la cárcel (por poquísimo tiempo gracias al indulto de Aznar) a José Barrionuevo y a Rafael Vera.

Se trataría de usar el aparato del Estado, el Ministerio del Interior, para financiar el secuestro de una familia. Y, además, el ánimo de ese secuestro inducido por el Ministerio del Interior no sería investigar ni impedir delito alguno sino, todo lo contrario, destruir las pruebas de delitos que investigaban los tribunales. Y para terminar de elevar la gravedad, los delitos cuyas pruebas se intentaron destruir los cometió el partido del gobierno e implicarían al entonces presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, a la ministra de Defensa… a toda la cúpula del partido y a buena parte del Gobierno.

Hace unos años, cuando detuvieron a Francisco Granados, Esperanza Aguirre recordó (tan ingenua ella) cuando a la mujer de Granados le quemaron en el garaje su coche que resultó no ser suyo sino de un constructor. «No se me ocurrió que fuera algo lindando con lo mafioso«, dijo entonces. Desde entonces hemos conocido al pequeño Nicolás, la policía patriótica de Fernández Díaz, las mentiras fabricadas en Interior contra la oposición democrática, todos los asuntos que se están conociendo del «caso Kitchen»

No, no lindan con lo mafioso. El Partido Popular lo ha demostrado una y mil veces. El Partido Popular es una organización con apariencia de partido político que ha puesto el Estado al servicio de tramas criminales.

Decía Kiko Veneno hace unos años que «la mafia española es más perfecta que la italiana porque no necesita matar«. A estas alturas, no sé quién pondría la mano en el fuego porque haya sido así.

¿Rajoy pena de banquillo?

La mejor defensa que ha tenido Rajoy para evitar que declare como testigo es la del fiscal, que ha dicho que su declaración es prescindible porque ya está acreditadísima la financiación ilegal del Partido Popular y el testimonio de Rajoy no podría ni desmentirla ni probar más lo que ya está sobradamente probado. Que no hace falta que Rajoy nos cuente que está el frente de una organización ladrona y tramposa porque ya lo sabemos: esa es la defensa que tiene Rajoy, actual presidente del Gobierno de España gracias a lo que PSOE y Ciudadanos llaman «responsabilidad».

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Rodrigo Rato no es «un imputado»

Por mi profesión he visto una cuanta gente que había perdido un montón de dinero por las preferentes de Bankia. Durante la campaña de la Renta ha sido últimamente frecuente encontrarse con auténticas ruinas de pequeños ahorradores que habían caído en la estafa. Muchas veces hemos comentado en el trabajo lo poco que se valora el civismo de una gente que lo ha perdido todo porque un grupo de señores que se iban de pubs y restaurantes con tarjetas black había decidido organizar una estafa a gran escala. Afortunadamente, venciendo su indignación, la gente arruinada no se ha ido a buscar a ninguno de los causantes de su situación a desahogarse. Son miles de personas y es una lección de decencia ciudadana que estén esperando pacientemente (y con optimismo) a que los ladrones acaben en la cárcel y ya está.

Rodrigo Rato no es sólo un imputado por varios delitos. Desde luego no es sólo un ex vicepresidente del Gobierno como recuerda una y otra vez cada dirigente del PP que sale a tomarnos el pelo hablando de la reunión de Rato en el Ministerio del Interior. Rodrigo Rato es el símbolo máximo de nuestra crisis. Es el actor de la gran mentira económica de nuestra época de vacas engordadas engañosamente, la política económica que hizo más difícil la vida a cientos de miles de jóvenes que no podían acceder a la vivienda, cuya conversión en bien especulativo fue los pies de barro del gigante sobre los que se derrumbó el país. Es, junto con Blesa, el gran protagonismo del saqueo de Bankia, que nos ha costado a todos los españoles 23.000 millones de euros y el rescate del país para resucitar a los bancos mientras dejábamos en la ruina a los ciudadanos.

Rato representa la crisis: el engaño que la sembró y la estafa con la que nos hicieron pagar el desplome causado por una élite político-empresarial putrefacta que todavía no ha pagado.

No tengo ni idea de si Rodrigo Rato sufre amenazas. Doy por hecho que sí. Él y muchos otros delincuentes. Cómo no. Entre los afectados directamente por su gestión y el conjunto de españoles víctimas de lo que él hizo junto a los suyos lo normal por pura estadística es que haya una amenaza. Y por supuesto es obligación del Estado protegerle, a él como a cualquier persona: desde criminales infectos como el asesino machista que hace unos días se suicidó en prisión hasta pobre gente como Mor, el senegalés muerto en Salou en una redada policial contra manteros. También Rodrigo Rato debe ser protegido y llevado a juicio y en su caso a prisión sin que se vea vulnerado ninguno de sus derechos. La corrupción, además, genera un odio difuso por la pura comparación entre cómo vive gente depauperada que se ha dedicado a trabajar o a intentarlo y la vidorra de los caraduras. Supongo que de forma concreta o difusa Urdangarín estará en una situación parecida a la de Rato, o Bárcenas, o Granados cuando salga de la cárcel… ¿Los recibe a todos Fernández Díaz?

Rato tiene derecho a la seguridad y a llegar a un juicio justo y pagar una pena justa y proporcionada que no viole sus derechos humanos. Como todo el mundo. Fernández Díaz ha tratado de explicar que él trata así a cualquier ex alto cargo. Pero Rato no es un «ex alto cargo». Supongo que Juan Carlos de Borbón o José Luis Rodríguez Zapatero tienen escolta. Las amenaza a que están sometido responde fundamentalmente al cargo que han desempeñado. Rodrigo Rato está en el centro de muchísimos odios muy razonables por actuaciones que en un país decente suponen un buen puñado de años en la cárcel.

Todo delincuente, condenado o investigado, tiene derecho a la seguridad. Rato también. Ningún delincuente tiene derecho a que el ministro de Interior vele personalmente por su seguridad. Para eso está el conjunto del Estado. Lo normal habría sido que Rato o sus abogados lo pusieran en conocimiento de alguno de los jueces que instruyen los casos en los que está inmerso y tomara las medidas oportunas para garantizar que la investigación siguiera adelante sin que ninguno de los reos viera violado derecho alguno.

Pero todo esto es una broma. Lo más importante que se ha publicado estos días (siempre, desde la primera noticia de El Mundo, con sorprendente discreción) iba en un párrafo intermedio de una noticia en El País: Rato « enmarca esta conversación dentro de los contactos habituales que mantiene con otros líderes del PP: “Les estoy transmitiendo mi punto de vista sobre mi situación”.

Ahí termina la farsa que han montado hoy Rajoy y Fernández Díaz. ¿Con el resto de «líderes del PP» también habla de las amenazas esas que sufre en twitter? No: Rato es de la Familia. De una Familia que se comporta como tal: en la boda de El Escorial, en las fotos de todo el PP con cada conseguidor de la Púnica, en los SMSs de Rajoy a Bárcenas… en los contactos habituales que Rato mantiene con otros líderes del PP. Todos juntos. Si tocan a uno tocan a todos aunque públicamente se pase por distintas fases de desapego.

Es una Familia, la Familia que ha tejido un entramado insoportable para el país pero a cuyos lomos han vivido de maravilla. No se trata de que dimita Fernández Díaz sino de que la Familia, la trama organizada disfrazada de partido político, desaloje las instituciones, deje de saquearlas y pague por lo ocurrido estos años.

Todos tenían mucho que perder

CiU siempre compadreó con la corrupción. Cuando  en los años 90 estallaba el PSOE por innumerables casos de corrupción sumados a la participación en crímenes de los GAL Jordi Pujol se centraba en criticar a quienes denunciaban el saqueo y el crimen: «no volvamos a la crispación. Todos tenemos mucho que perder» le decía a Álvarez Cascos. Y seguramente llevaba razón, porque según la libreta de Bárcenas Cascos se llevaba unos buenos sobres de lo que los constructores regalaban al partido para su financiación y para que los ensobrados supieran que las riquezas públicas tenían que ir a ladrillo y cemento y no a sanidad ni educación públicas.

CiU tuvo en su C a los Pujol y en su U a Duran i Lleida y la financiación ilegal del partido. CiU son las siglas del Palau y de las ITV. CiU es el partido de Miquel Roca, abogado hoy de Cristina de Borbón por designación real, que el saqueo une mucho. Todo ello con la fiesta inaugural de Banca Catalana. CiU es el partido que se alió con el PP para votar la amnistía fiscal de Montoro por la que tantos corruptos regularizaron las fortunas de dinero negro: cuántos cargos del PP y de CiU se habrán beneficiado de ese blanqueo legal decretado por sus bandas. Pujol incluido.

Pujol, Roca, Duran. Los tres han compadreado con la corrupción que ha dado gusto. Por eso fue tan alabada su moderación, su seny, incluso su sentido de Estado, porque todos entendían que sabían de qué iba el juego y que su retórica intermitentemente secesionista no era más que un teatrillo al servicio del beneficio contable.

Todos tenían mucho que perder, decía Pujol. Debe de ser casual que las cuentas en paraísos fiscales siempre son de herencias: la de Juan Carlos de Borbón era de una herencia de Juan de Borbón (del que nos dijeron que era prácticamente pobre), la de Emilio Botín una herencia del abuelo, la de Pujol una herencia que había olvidado regularizar porque uno no tiene nunca tiempo para nada. ¿Cómo se entera uno de que hay una herencia esperándole en una cuenta opaca en el extranjero? No es una pregunta menor y estaría bien que Pujol, Borbón y Botín nos lo cuenten. ¿Cómo se enteraron si no estaban al corriente de la existencia de esas cuentas? No lo contarán. Porque todo es mentira. Y no se lo preguntarán porque todos tienen mucho que perder.

Otro gran hombre de la Transición, otro hacedor de consensos porque estaba en lo mismo que los demás. Cuando hablamos de que la Transición no rompió con el franquismo no nos referimos sólo a que no se juzgaran los crímenes, a que muchos cómplices o autores de los mismos siguieran en el poder, a que los asesinados sigan arrojados en cunetas. También a que la estructura económica de La escopeta nacional tuviera perfecta continuidad: la habilidad de la Transición fue incorporar al reparto del botín a un puñadito de quienes estaban apartados del mismo. UCD fue un nido de constructores (Villar Mir fue ministro de Suárez, Florentino Pérez concejal de UCD). AP y luego PP engrasó sus Naseiros, Lapuertas y Bárcenas en Suiza, CiU se unió a la fiesta a lo grande y el PSOE fue de Filesa a Roldán, pasando por el Banco de España, el BOE, los fondos reservados… Lo serio, lo responsable, tener altura de miras ha sido participar del botín, repartir juego cuando se gobierna (en Moncloa o en el último ayuntamiento) y rebajar el tono cuando se simula ser oposición. La Cultura de la Transición es también la cultura del saqueo organizado y tranquilo, sin exaltaciones.

Es muy fácil llegar a acuerdos cuando todos tienen mucho que perder. Pujol eran todos.

Regenera municipios

Es tan evidente que la propuesta del Partido Popular sobre las municipales es en realidad un mero pucherazo en respuesta al resultado de las europeas y al inicio de la aparición de candidaturas «Ganemos» que no merece mucho comentario. Sólo aparece un oscuro deseo de que el tiro les salga doblemente por la culata. Por un lado la imagen de desesperación y de perdedor que exhibe el PP con esta propuesta de urgencia a un año de las municipales podría suponer una agudización del declive electoral (hay un grupo importante de votantes que se apunta a caballo ganador y este giro lamentable es unapataleta de partido loser). Por otro, de aprobar finalmente el intento de pucherazo obligaría a que esas candidaturas «Ganemos» se confirmen en todas partes porque no se podría esperar a acuerdos postelectorales. Sería interesante ver si la cacicada es un bumerán o no.

Más allá de los cálculos habría que responder al Partido Popular con propuestas, porque efectivamente los ayuntamientos necesitan democratizarse. Algunos, como el de Madri,d mucho más, tras lustros de caciquismo, saqueo redes clientelares, despilfarros en infraestructuras carísimas encargadas a donantes del partido y centralismo municipal (todos somos contingentes menos el alcalde o alcaldesa que es necesario para todo).

Por ejemplo, el PP propone que «los ciudadanos decidan directamente» quién es el alcalde. Ahí seguro que hay puntos de encuentros posibles, pues quienes queremos más democracia también proponemos que los ciudadanos decidan cosas directamente. Pero no sólo quién es el alcalde sino sobre todo qué cosas hace el ayuntamiento. ¿Qué tal una propuesta de ley de presupuestos participativos para los ayuntamientos? ¿No se trata de buscar que los ciudadanos decidan directamente?

Pero incluso si lo que queremos es que los ciudadanos decidan directamente no sólo qué sino quién y partiendo de que Rajoy plantea su pucherazo con la excusa de evitar que acuerdos postelectorales conduzcan a «cosas indeseables» se puede muy bien introducir en los ayuntamientos (y en cualquier otra instancia de gobierno) el referéndum revocatorio. Así, cuando haya una alianza indeseada de gobierno, por ejemplo, la propia ciudadanía puede tumbarla. O incluso cuando alguien ganara unas elecciones con mentiras, con programas contrarios a su acción de gobierno o se conociera en medio de la legislatura que el elegido es un corrupto que ha estado recibiendo dinero negro de constructores por los favores hechos desde el poder público… ¿no son también «cosas indeseables»? ¿Qué mejor idea que regular cómo pueden «los ciudadanos decidir directamente» si quieren quitarse de encima esas «cosas indeseables»?

Estoy seguro de que ante propuestas así Rajoy vería la luz y las incluiría en sus propuestas de regeneración democrática. Evidenciaría así que no se trata simplemente de conquistar el poder institucional digan lo que digan los ciudadanos en las urnas. Que realmente se cree que hay que introducir mecanismos para que «los ciudadanos decidan directamente» y que no ha sido una bastarda manipulación retórica para impulsar un pucherazo antidemocrático. ¿Verdad, Mariano? ¿Verdad que te gustan estas propuestas?

Sabemos lo que piensan

Ayer en el cierre de campaña un guardia civil y su hijo atacaron tres veces el acto de IU-Tenerife. En la primera gritaban «comunistas hediondos«. En la última con un martillo le rompieron el dedo a Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y abogado de la querella Bárcenas por la que está en prisión el ex tesorero del PP.

Hasta el momento el único medio de comunicación que lo ha contado es eldiario.es. Ninguno de esos medios que se escandalizan por tuits imbéciles que llaman a cometer delitos que felizmente no se comenten, ni tertulianos que relacionan delitos cometidos por militantes del PP con la actividad política legítima de la oposición al PP, ni ministros opusinos… han dicho esta boca es mía. Pero como tenemos experiencia y sabemos que no son unos cínicos podemos suponer  lo que están pensando:

-Que la impunidad en periódicos, tertulias, diputados y ministros desata una polémica social.

-Que quienes siempre defienden a la Guardia Civil tomen nota.

-Que no pensaban votar, pero tras conocer el ataque a Izquierda Unida votarán.

-Que la impunidad de tuits como el de Carlos Martínez Gorriarán (el diputado intelectual de UPyD) es la causa del ataque.

-Que no, que en realidad el autor intelectual del ataque es Francisco Álvarez Cascos, que ha presentado ya dos querellas contra Enrique Santiago (con petición de cárcel incluida) por denunciar los sobres que cobró de Bárcenas según la contabilidad que el tesorero del partido llevaba en un cuaderno.

-Que…

Tened paciencia. No lo han dicho todavía porque están reflexionando, que es lo que toca. Pero en cuanto se les pase el dolor de cabeza harán gala de su coherencia: mañana en portada de todos los periódicos, ya veréis.

«Así consiguió el Rey el contrato del siglo»

El caso más recordado de estos últimos años es el del empeño real en las obras de ampliación del canal de Panamá, que fueron adjudicadas en 2009 a un consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso por 2.245 millones (ver mapa en la página siguiente) y que hasta ahora se consideraba el mejor contrato que había obtenido una empresa española en el extranjero. En La Zarzuela recuerdan los gestos que tuvo el monarca con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, cuando vino a España en visita oficial el pasado mes de julio. Aún convaleciente de su operación en la rodilla derecha, don Juan Carlos agasajó a Martinelli y a su familia en palacio. El propio administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán, confesó a la prensa en la víspera de este viaje oficial a España que el monarca “siempre se ha interesado mucho en el tema de la ampliación”, un asunto que fue sometido a referéndum en el país centroamericano ante el volumen e impacto de la obra.

Esto se decía (presumiendo de lo buen comercial que es nuestro monarca) en noviembre de 2011 en la Revista Tiempo. Ahora a pagar vosotros, que los sobres ya están repartidos en buenos bolsillos.

¿No era esto?

En los últimos años ha habido una generalizada toma de conciencia de que nuestra democracia tiene, como mínimo, importantes lagunas. No han faltado propuestas que parecían dar una solución mágica en las listas abiertas (para que no elijamos corruptos) o en las circunscripciones pequeñas para que los ciudadanos de tales circunscripciones controlásemos a nuestros representantes y no su partido, para que los representantes tengan libertad de voto en vez de disciplina de partido. Como si en las formas de elección de tribunos estuviera nuestra redención.

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