No alcanzo a entender por qué ni uno de los periódicos impresos ni casi ninguno de los digitales más importantes abren esta mañana con el escándalo que, objetivamente, parece el más grave quizás desde el secuestro de Segundo Marey. Tampoco los informativos televisivos ni las radios. Ni siquiera los partidos están poniendo el caso a la altura que merece: incluido el PP que no ha perdido un minuto en desmentir nada ni, por supuesto, en mostrarse molesto y asqueado por lo hecho por sus dirigentes.
Estamos conociendo una trama organizada desde el Ministerio del Interior y financiada con fondos reservados que ordenó el secuestro de una familia (la de Bárcenas) para encontrar y destruir pruebas de los delitos cometidos por la cúpula del PP, compuesta por las mismas personas que formaban el Gobierno; que sobornó a personas, que espió ilegalmente, que con la excusa de ese secuestro mantuvo tres días a policías en la casa de los Bárcenas no para proteger su seguridad sino para culminar el trabajo en el que fracasó el secuestrador: la destrucción de los pendrivesque probarían (más aún) los delitos del PP y la implicación de Mariano Rajoy y toda la dirección del partido.
Si esto se hiciera desde una organización privada (desde el Partido Popular, por ejemplo) estaría claro que se trata de una mafia. Si esto se hace desde los aparatos policiales la cosa es más grave: precisamente aquellas unidades del Estado cuya función es evitar y perseguir delitos se estaba utilizando para cometer crímenes de máxima gravedad con el objetivo de encubrir otros delitos, de destruir pruebas y de proteger a los delincuentes… que estaban al mando del Gobierno. Decir que es lo más grave desde el secuestro de Segundo Marey es un ejercicio de prudencia.
Tampoco cabe en ninguna cabeza que Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz no estuvieran en la cúpula de la decisión de estos crímenes. Como entendíamos todos en los años en los que se destaparon las responsabilidades de los GAL, nadie se imagina que una decisión de esta gravedad la adoptara un cargo intermedio sin la orden o al menos el beneplácito de los máximos responsables. Pero la diferencia con los GAL radica en que aquí se trata precisamente de destruir pruebas que afectaban a Rajoy (y Cospedal, Sáenz de Santamaría…) y a todo el Partido Popular, presidido por el propio Rajoy. Más allá de lo que ya hemos oído en la conversación entre Cospedal, Villarejo y López del Hierro,¿alguien se cree que el Gobierno y la cúpula del Partido se desentendieron de qué pasaba con Bárcenas y esos pendrivescuya existencia era vox populi (Cospedal preguntaba por su contenido)? ¿alguien se imagina a un alto funcionario aventurero que pusiera en marcha una operación criminal de esta envergadura para proteger la impunidad del presidente del Gobierno y sus ministros… a espaldas del presidente del Gobierno y sus ministros?
Estoy seguro de que no hay una conspiración para devaluar la importancia del caso. Así que la razón por la que sigue en un discreto segundo plano debe de ser peor aún: que ya ni nos sorprende, que tenemos interiorizado con tal naturalidad que el partido más votado en España es una organización mafiosa sin ningún tipo de límite en su actuación delictiva que no nos resulta un escándalo. Casi parece más sorprendente lo estrambótico (el secuestrador disfrazado de cura) que lo criminal.
Por cierto, ¿os acordáis de que Bárcenas iba a tirar de la manta? Al final no, ¿verdad? ¿Cómo lo ha conseguido el PP?
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