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El propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció ayer lo que ya habían publicado muchos medios de comunicación: él puso en marcha la operación de filtrado a la prensa de mails que, convenientemente seleccionados y recortados, permitían creerse la mentira que contó Miguel Ángel Rodríguez; esto es, el bulo según el cual el fiscal de los innegables delitos fiscales de la pareja de Ayuso ofreció al presunto delincuente un acuerdo; acuerdo que habría impedido la autoridad superior por esa conspiración de Estado que denuncian Ayuso y Rodríguez que existe contra el aparente delincuente fiscal.
1.- Por si alguien anda perdido, vamos a recordar la cronología resumidísima de los hechos:
Miguel Ángel Rodríguez y los medios que reprodujeron lo que éste les dictó mintieron: sabemos, porque ha sido publicado, que fue el abogado del presunto delincuente quien ofreció (de acuerdo, según los mails publicados, con su cliente) la confesión de los innegables delitos fiscales cometidos a cambio de una pena que no implicase la entrada en prisión; que tal abogado envió esa propuesta a un mail genérico de la fiscalía que pudo ver bastante gente; y que, cuando el caso tuvo fiscal asignado, éste simplemente le dijo que ya hablarían cuando tocara.
Sabemos, también, que el día en que eldiario.es publicó la noticia de que se estaba investigando (desde hacía meses y sin que nadie se hubiera enterado) a la pareja de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez puso en marcha su maquinaria de mentiras para proteger al presunto autor de los innegables delitos fiscales. Primero El Mundo y luego otras webs se dejaron arrastrar por las mentiras que les dictaba el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja del acusado. Lo desmintió primero la Cadena Ser, explicando el recorrido verdadero de las conversaciones entre abogado y fiscalía. Después la Fiscalía emitió una nota en la que se desmentía el bulo difundido por presidencia de la Comunidad de Madrid y publicado como si fuera cierto por medios de comunicación. Finalmente varios medios de comunicación publicaron imágenes de los mails entre abogado y fiscal.
Los mails podían estar en manos del abogado de Alberto González Amador (y de sus compañeros de despacho, si es que pertenece a algún despacho y otros compañeros estaban participando en la defensa, que lo desconozco); y de la fiscalía.
Ante este itinerario, el abogado de Alberto González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid se querellaron contra la Fiscalía General del Estado por la nota de prensa, aduciendo que esa nota de prensa revelaba las comunicaciones entre las partes y que por ello incurría un delito de revelación de secretos por autoridad o cargo público (art. 417 del Código Penal). El Tribunal Supremo dijo que esa nota de prensa (que se sabía que había publicado la Fiscalía por orden del Fiscal General del Estado) no era delito; pero que la difusión de los mails entre abogado y fiscal (que no se sabe quién realizó) sí, por lo que el juez instructor aprovechó las querellas para investigar al Fiscal General del Estado.
Creo que estos hechos son difícilmente discutibles.
Por lo tanto, lo que tenemos es que ha habido al menos dos filtraciones de los emails de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. Parece innegable que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se facilitó la difusión de los primeros (Miguel Ángel Rodríguez dijo ayer que él puso en contacto a El Mundo con Alberto González Amador, que casualmente es la versión más adecuada para que un juez no pueda preguntar cómo se obtuvo ese mail); parece razonable que la filtración posterior que desmintió el bulo de Rodríguez/Ayuso/González Amador viniera de alguien contrario a los intereses del acusado: siendo una de las partes el abogado del acusado, esto nos lleva a la otra parte, la fiscalía, aunque no hay hasta ahora ningún dato para concretar en una de las decenas o cientos de personas de fiscalía que tuvieron acceso a las comunicaciones.
2.- A partir de aquí podemos discutir jurídicamente el asunto, porque aquí es donde entra una afirmación que están haciendo algunos juristas (desde periodistas con sólidos conocimientos jurídicos hasta magistrados tuiteros): que la fiscalía no tenía derecho a difundir los mails pero el acusado sí. Y que por tanto, la filtración que hubiera hecho la fiscalía sería ilegal (e incluso delito) mientras que la de la otra parte sería legítima.
Para defender esta postura utilizan una interpretación que intuitivamente puede resultar razonable: Alberto González Amador, su abogado y sus aliados en la Puerta del Sol estarían difundiendo datos que afectan a su condición de acusado, esto es, datos personales suyos, por lo que si González Amador lo consentía, no había problema; mientras que la Fiscalía estaría manejando datos que afectan a un particular (González Amador) y por tanto no tiene derecho a publicarlos.
Esta interpretación sería válida si los datos que se difundieran fueran, por ejemplo, datos de la inspección de Hacienda que revelaran aspectos privados de González Amador; o incluso la dirección concreta del piso que compró con mucho dinero al contado a la vez que se ahorraba mucho dinero con el fraude fiscal; o quién y a cambio de qué ha puesto a disposición de Ayuso y González Amador un ático que compró una empresa cuya propiedad es desconocida. Esto sí lo podría contar Ayuso, González Amador o Miguel Ángel Rodríguez si ellos le autorizan; pero por alguna razón esto no lo quieren contar (la otra opción es que un juez decida investigarlo, pero no hemos llegado a ese momento).
Pero de lo que estamos hablando no son de datos personales de Alberto González Amador. Estamos hablando de las conversaciones entre abogado y fiscal. Estas conversaciones (como las conversaciones entre dos abogados enfrentados en un procedimiento) están especialmente protegidas para que tales conversaciones sean posibles.
Tan protegidas están que ni siquiera el propio cliente de un abogado puede acceder a su contenido: el Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe en su artículo 5.3 que cualquier tipo de comunicación entre las partes sea «facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido.» No sólo esos mails no son datos que el acusado pudiera difundir o no a capricho: es que el acusado no podía tener el contenido de esos mails salvo que hubiera «autorización de todos los que hayan intervenido«, es decir, de su propio abogado pero también de la fiscalía.
Esto es tan evidente que el propio Colegio de la Abogacía de Madrid, cuando intervino en Todo es mentira (Cuatro) para justificar su querella contra la fiscalía tuvo que decir que no sabía que se hubiera publicado nada antes de que la fiscalía desmintiera lo publicado (¡!) y que si se probara que el abogado había filtrado alguna comunicación con la fiscalía habría que actuar contra él:
Por mucho que se empeñen los defensores de Ayuso y su estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales, no: nadie tenía derecho a difundir los correos electrónicos entre abogado y fiscal, nadie: nadie de la fiscalía y tampoco nadie de la defensa del acusado.
Lo siguiente sería ver si es delito.
Los defensores de Ayuso afirman que no, porque a la fiscalía se le acusa del delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que sólo puede cometer una autoridad o funcionario público: «La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.» Y llevan razón en que no podría ser acusado por ese delito nadie que no fuera autoridad o funcionario público, pero sí por el artículo 199, que se refiere a profesionales que revelen secretos «de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales«.
En todo caso, para culpar a alguien de uno u otro delito habría que probar qué persona lo ha cometido. Resulta evidente que, ni con la desmesurada intromisión del instructor en las comunicaciones de todo un Fiscal General del Estado, se ha podido probar que fuera él quien filtrara comunicación alguna. Respecto de que la filtración de Miguel Ángel Rodríguez tuviera su origen en el abogado del acusado, uno puede tener la convicción de que es evidente quién aportó el mail que sustentó el bulo que difundió la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero afortunadamente una acusación de este tipo exigiría pruebas: pero las exige siempre, no sólo cuando le apeteciera a los defensores políticos, mediáticos y jurídicos de un innegablemente delincuente fiscal.
Otra opción sería que se considere que la infracción del deber de secreto respecto de estas conversaciones no sea delito porque no revista la gravedad necesaria (no toda ilegalidad es delito, afortunadamente). Pero entonces no lo sería en ambos casos porque los hechos de ambos delitos (revelación de secretos que no se deben revelar) son los mismos. Suponiendo que fuera cierto que una filtración viniera de alguna persona de la defensa del acusado y la posterior de alguna persona de la fiscalía, acaso se pueda considerar más grave en el caso del que difunde primero la conversación (y que además lo hace para mentir) por poder considerar que tal difusión viene a ser una autorización a difundirla íntegramente (sería muy discutible, el secreto de estas comunicaciones es tal que no debe aceptarse que la autorización fuera tácita) o más bien por poder considerar que la difusión de la mentira ampara que el señalado por la misma se defienda mostrando la verdad. Incluso las distintas penas (de cárcel en el caso del 199CP y sólo de inhabilitación en el caso del funcionario público) mantendrían la idea de que, si hay que valorar cuál de las actuaciones sería más grave (comparación que es un error en el que sólo están incurriendo quienes defienden la estrategia de Ayuso), sería la de la abogacía.
Pero lo que es difícil de rebatir si se estudia un poquito el caso concreto es que no, que no existe la posibilidad legal de que Miguel Ángel Rodríguez o El Mundo tuvieran acceso a esas comunicaciones, del mismo modo que la publicación posterior del resto de mails implican que alguien se saltó su deber legal de guardar secreto sobre ellos. Es innegable que alguien cometió ilegalidades; otra cosa es identificar qué seres humanos las cometieron y qué grado alcanzan esas ilegalidades. Pero eso se aplica en las dos direcciones, no sólo en una, como pretende la brigada política, mediática y jurídica de defensa de Ayuso y los innegables delitos fiscales de su entorno.
Lo que ya resulta difícilmente defendible es que es absolutamente impresentable que se use la presidencia de la Comunidad de Madrid para filtrar comunicaciones entre un abogado y un fiscal que tramitan un caso de delitos fiscales; que se ponga el aparato de presidencia de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de un presunto delincuente fiscal; que en esa estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales se mienta, se manipule, se insulte y amenace a periodistas, se mienta achacando a periodistas acoso a menores… Esto habría llevado en cualquier democracia liberal al cese inmediato del jefe de gabinete y, al no producirse después de tanto tiempo, a la destitución de la presidenta que lo ampara (en beneficio propio, que ese es el tema).
Pero aquí estamos, con Ayuso en su ático doble, su maserati y el enorme tren de vida al que ha accedido recientemente y con Miguel Ángel Rodríguez mintiendo y anunciando quién va p’alate entre los aplausos de su pesebre político, mediático y jurídico. Y discutiendo obviedades.
Durante algunos meses varios dirigentes del PP hablaron de Zaplana. Nos dijeron que era una persona gravemente enferma y que si seguía en la cárcel moriría pronto. No tengo ni idea de si es así, pero sí sé que prefiero un criminal en la calle al ensañamiento con cualquier ser humano en la cárcel. No voy a hacer como hizo el PP (político-mediático) con Bolinaga cuando salió de la cárcel y periódicamente preguntaban por qué no se había muerto ya, como negando que fuera verdad su enfermedad, hasta que de hecho murió.
Llama la atención que hayan dejado de hablar de Zaplana. Ya no hay razones humanitarias, está en la calle cuidándose y, ojalá, curándose. Pero cada día tenemos una nueva noticia que evidencia que el portavoz del Gobierno de Aznar, portavoz del Grupo Parlamentario Popular con Rajoy y Presidente de la Generalitat Valenciana con el PP, Eduardo Zaplana, robó a manos llenas. La mansión en el barrio de Puerta de Hierro, la vida de lujo de sus hijas supuestamente mileuristas, las cuentas en Suiza, en Curaçao, la confesión de un testaferro uruguayo que habla de millones de euros…
Nadie del PP ha dicho ni mu. Todo lo más, estos días han hecho un amable homenaje a Zaplana y Acebes (otro corrupto) recuperando sus mentiras sobre el 11M y el desprecio a las víctimas del atentado terrorista.
Muchos pedimos la libertad de Zaplana: lo hicimos por humanidad. Ojalá se hubieran descubierto sus delitos antes; no debía de ser muy difícil puesto que hay al menos un libro (Zaplana, el brazo incorrupto del PP; de Alfredo Grimaldos) que hace más de diez años contó su currículo de fechorías desde que ganó la alcaldía de Benidorm gracias a un tránsfuga y al apoyo de la familia Barceló, su familia política. Zaplana fue un corrupto durante toda su carrera política y toda España lo sabía, aunque se haya tardado tanto en probar sus entramados concretos: muy especialmente lo sabían quienes lo nombraban y quienes lo aplaudían. Ojalá lo hubieran pillado antes para juzgarlo, apartarlo de la política y que hubiera cumplido su condena. Ojalá ahora se cure para que pueda ser juzgado y cumplir una condena justa.
Pablo Casado, Aznar… el Partido Popular en su conjunto pidieron la excarcelación a Zaplana. Pero ellos no lo hicieron por humanidad. Pedían su libertad por la misma razón que lo nombraron y aplaudieron: porque es uno de sus corruptos, un corrupto ejemplar, de los de las esencias del PP.
¿Alguien recuerda un solo dirigente del PP pidiendo que se excarcele a un preso gravemente enfermo que no fuera del PP? Más bien al revés, cuando otros lo hemos hecho nos han acusado de complicidad con los delitos del preso. Son precisamente quienes con unos presos son implacables y con otros, con los suyos, muestran tanta compasión quienes demuestran que la diferencia que les solidarizó con éste preso es que lo consideran uno de los suyos, independientemente de lo que haya robado.
Una vez en la calle, si en el PP molestara que se usara su partido para robar, estarían escandalizados al ver lo que Zaplana hizo desde los cargos que el PP le daba, para qué usaba los nombramientos de Aznar y Rajoy, los aplausos de Casado… Pero no les escandaliza. No dicen nada. No les sorprende, les debe de parecer lo normal. Al menos hay que reconocerles la ausencia de hipocresía.
Supongo que las grabaciones sobre Cospedal que esta misma mañana han aparecido en un portal creado para el chantaje tienen la misma credibilidad que la que tenían las que hablaban sobre el rey Juan Carlos. Es decir, toda. El chantaje puesto en circulación por Villarejo (supongo) revela probablemente que no se está cediendo a su chantaje, es decir, que no ha logrado ningún acuerdo con institución alguna. Pero también revela que tiene material para chantajear: que en las élites del Estado (desde Zarzuela para abajo) se ha funcionado como una mafia, que él no era una manzana podrida dentro de un cesto de manzanas sanas.
Ceder al chantaje no sería investigar los delitos (de Juan Carlos I, de Cospedal o de quien haga falta) sino precisamente llegar a acuerdos con el chantajista para que deje de contar cosas que en una democracia avanzada se estarían investigando para limpiar el país de mafiosos y delincuentes.
En la grabación de hoy hecha en la planta más poderosa de la sede del PP entre la secretaria general del PP, un empresario corrupto y el mafioso Villarejo cuentan varias cosas: que el PP quería frenar la investigación del caso Gürtel, que Villarejo dio un chivatazo al Albondiguilla (alcalde de Boadilla, uno de los centros de la corrupción del PP) cuando supo que le estaban investigando, que al frente de la UDEF estaba una persona afín al PP que torcía las investigaciones cuando era necesario, que Cospedal conoció y calló todos estos delitos, que incluso acordó con Villarejo el pago de los gastos por sus delitos y que muchos otros del PP estaban en la operación, incluido Pío García Escudero, actual presidente del Senado de España. También hemos sabido que el PP lleva de la mano de Villarejo desde 1979 y que Corcuera, el hombre que hoy defiende el constitucionalismo en sus mejores tertulias, mimó especialmente al gánster y aprovechó sus actividades mafiosas.
Y, con todo, cuando uno ve que eso sucedió la reacción que se le ocurre es la de Casablanca: «Qué escándalo, qué escándalo, en este local se juega«. Qué escándalo, el Partido Popular es una mafia. Qué escándalo, nuestro Estado está parasitado por estructuras mafiosas, por cloacas del Estado reconocidas ya hasta por el gobierno.
Si en vez de ser un partido político con inmenso poder, el Partido Popular fuera una fábrica de galletas hace años que un juez habría precintado sus instalaciones, habría detenido a todos sus dirigentes de cuatro décadas de actividad delictiva y habría declarado concurso de acreedores. Si Villarejo no hubiera estado patrocinado por las élites del Estado, llevaría muchísimos años en prisión y el Estado no le habría permitido labrar la fortuna que le dejaron hacer en paralelo a su actividad mafiosa desde dentro del Estado. Si del maltrecho prestigio Juan Carlos I no dependiera el mantenimiento de una institución tan dudosa como la monarquía, no tendría como única preocupación ver a qué regata o Gran Premio de Fórmula 1 va la semana que viene. Si no hubiera medios de comunicación cómplices de la estructura mafiosa, no existiría basura disfrazada de periodismo de investigación que sólo es el altavoz de la mafia y la extrema derecha.
Pero ninguno de esos supuestos se da. Así que, incluso habiendo trascendido la grabación, la garantía que le daba Cospedal a Villarejo se cumplirá. «De la discreción no te preocupes«. Quizás caiga Cospedal para evitar que caiga el PP, encontrará un buen acomodo y seguiremos haciendo como si aquí no hubiera pasado nada grave. Seguiremos con los tentáculos de la mafia diciendo por la mañana viva el rey, yendo a las tertulias televisivas a insultar a demócratas y sin acometer la limpieza estructural que necesita un Estado que quiera llamarse a sí mismo democracia.
Maricongate.- Como el PP (político-mediático) no puede decir ni media palabra sobre Villarejo (Fernández Díaz sigue siendo diputado del PP, Inda, entre otros, sigue disfrutando de altavoces para sus cosas) ayer se centraron en que la ministra de Justicia había llamado maricón a alguien, aparentemente a Marlaska, y en un comentario cuñadamente machista. Comentarios que hizo en 2009: cuando el Partido Popular andaba manifestándose contra los derechos de los homosexuales y recurriéndolos ante el Tribunal Constitucional. Me resulta una imbecilidad siquiera valorar los comentarios en privado de nadie. En privado decimos barbaridades, más o menos graciosas, coincidentes o no con lo que pensamos… Sí, un pacifista puede hacer chistes sobre matar gente sin dejar por ello de ser pacifista; incluso precisamente porque lo es. Hay gente a la que eso no le hace ninguna gracia; otra a la que sí. Examinar cómo habla, qué lenguaje usa, qué bromas o comentarios hace cada uno en privado es un disparate monumental. Sólo sirve como chanza. El problema no es hablar de volquetes de putas, el problema es irse de putas a celebrar que se ha declarado bien (se ha mentido) en un juzgado sobre el saqueo de la educación madrileña.
Villarejogate.- No tengo ni idea del grado de relación de la fiscala hoy ministra Dolores Delgado con Villarejo. Ni de si se mantuvo. Por lo que sabemos de esa comida Baltasar Garzón alcanzó una buena relación con el mismo gánster que había hecho un dossier contra él años antes. Tan es así que al parecer Baltasar Garzón es o ha sido abogado de Enrique García Castaño, uno de los comisarios de la trama mafiosa de Villarejo. En las cloacas las relaciones son más comerciales que afectivas. Por otro lado, en determinados ámbitos (políticos, judiciales, policiales, periodísticos) es casi una obligación tener al menos un hilo de comunicación con gente repugnante. En absoluto me inquietaría que Dolores Delgado hubiera comido amablemente con éste u otros indeseables. Lo que me resultaría incompatible con la decencia es que hubiera formado parte, como tantos políticos, periodistas, etc. de la difusa trama de dosieres, chantajes, inventos, mentiras… que capitaneaba Villarejo. Es posible que así fuera, no lo sé. Es posible que en determinados ámbitos sea vox populi que sí, que fue así, no lo sé. Si fuera así, desde luego es incompatible con la decencia (política, periodística, judicial…). Es absurdo eso de «no ceder al chantaje de Villarejo»: si conocemos delitos por esas grabaciones o se muestra que alguien forma parte de la trama mafiosa del comisario no se puede mirar para otro lado. «Ceder al chantaje de Villarejo» sería dejar de perseguir al mafioso comisario por miedo a que saque más cintas, no examinar esas cintas y ser implacable con su contenido mientras se sigue siendo firme con el gánster. Lo que tengo claro es que ninguna de las grabaciones que han salido hasta ahora sobre Dolores Delgado prueba nada sobre ella que sea intolerable.
Oposicióngate.- Da un poco de vértigo el nivel de emponzoñamiento de la oposición político-mediática al gobierno. El problema no es la famosa crispación: en determinadas situaciones (pruebas de terrorismo de Estado, guerras ilegales, corrupción estructural del partido de gobierno, vulneración generalizada de derechos sociales o políticos…) la crispación política es una muestra de salud democrática. En los 90 mucha gente aplaudía el seny de Jordi Pujol por no crisparse ante ningún caso de corrupción: parece evidente que lo que le movía no era el seny sino la solidaridad. El problema es el histrionismo, el apocalipsis continuo a partir de minucias, la elevación a escándalo de anécdotas irrelevantes para equipararlas con tramas corruptas, lindando con lo mafioso. El problema no es ni siquiera el ruido: es que el ruido intenta tapar los verdaderos escándalos. Y el problema, mucho mayor, es que se trata de una operación de acoso a un gobierno legítimo. El gobierno salido de la moción de censura es el que tiene más posibilidades de emprender cambios democráticos y sociales sustantivos en España desde 1982 con la diferencia de que su precariedad parlamentaria no sólo le da esa posibilidad, sino que le obliga a ello. Quizás por ello la furia de la operación derribo. Sin duda por ello debe haber gran firmeza democrática frente a esa operación.
En cualquier democracia el periodismo libre es un cimiento fundamental. Una condición sine qua non de la democracia. En una democracia con tantas grietas como la española el periodismo de investigación, en concreto, está siendo esencial para detectar la podredumbre que la corroe. Y ha habido muchos casos de periodismo de investigación de extraordinaria calidad que permitió destapar gran parte de la corrupción de Ignacio González diez años antes de que intervinieran los jueces, los papeles de Bárcenas… Recientemente las informaciones que hemos conocido por investigaciones rigurosas han mostrado la puerta de salida a Moix, Maxim Huerta, Cristina Cifuentes, José Manuel Soria, Carmen Montón y Pablo Casado, que es el único que no ha entendido el mensaje. Aún.
Desde hace bastantes años vengo tratando con varios de los mejores periodistas de investigación que hay. Al menos desde que empezó la lucha contra el campo de golf de Ignacio González y Esperanza Aguirre en Chamberí. Por activismo político y por cierta capacidad de intuición he podido colaborar mal que bien con ellos en algunas ocasiones y ver cómo trabajan muchos de ellos (y de ellas, que diría que son mayoría). Son gente de una capacidad de trabajo asombrosa, con tal cantidad de datos interconectados en la cabeza que abruma y, sobre todo, con muchísimo rigor. No sé cuantas veces he escuchado «esto no lo puedo publicar si no lo compruebo por varias vías más» (una de las informaciones más importantes de los últimos meses no la publicó un medio sino su competencia porque el primero, que la tenía desde semanas antes, quería poder contrastar con más rotundidad aún antes de publicar algo tan relevante, por ejemplo) o «esto me lo habéis dicho varios, así que debo de estar equivocada en lo que pensaba«. Sólo una vez un periodista (con quien perdí el contacto) me contó una información que no iba a publicar porque perjudicaba a un partido al que no quería hacer daño. También he visto a periodistas de distintos medios trabajar juntas para desenredar una madeja infernal: un trabajo conjunto que probablemente no viniera bien a sus medios ni a ellas mismas como profesionales que quisieran el reconocimiento de la exclusiva… en exclusiva.
El periodismo de investigación es una de las joyas que tiene nuestra democracia y merece ser protegido. Porque es atacado.
A veces los ataques vienen de las personas señaladas por informaciones más que fundadas. Recordemos que Ignacio González se querelló contra los periodistas que empezaron a informar de la punta del iceberg de su trama corrupta: alguna de las querellas las pagó con dinero público de todos los madrileños (hasta que una jueza le dijo que se lo pagara él); o que hace pocas semanas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique tuvieron que declarar como imputados por una querella de Cristina Cifuentes, que les pide cárcel por las informaciones sobre su máster que ya nadie niega. Algún medio de comunicación tuvo que pedirle a una de las mejores periodistas de investigación de España que dejara de investigar un caso (que acabó con el investigado en la cárcel) porque era ruinoso ante la avalancha de querrellas.
Pero otras veces el ataque viene de otro rincón del periodismo, convertido en mera propaganda de ataque e infamia y disfrazado de periodismo de investigación. Es perfectamente obvio que hay personas cuyas especialidades son el trampantojo periodístico (publicar un extraordinario titular de trascendencia histórica sustentado por un texto que no demuestra más que la imposibilidad de sostener argumentadamente el titular) y la corrección sintáctica para que quede bien redactada la publicación de un dossier recibido de cloacas del poder con independencia de que lo publicado sea verdad, un invento o algo irrelevante que, como en el caso del trampantojo, se pueda disfrazar de escandalazo para cubrir objetivos partidarios o de mero interés mafioso. Hay que solidarizarse con estos conciudadanos porque el encarcelamiento de Villarejo les ha hecho mucho daño, pero aun así no les quedan pocos colaboradores.
Este tipo de periodismo supone dos problemas. El primero: que trata de mezclar a corruptos, tramposos y mentirosos con gente perfectamente honrada: para salvar a los primeros no dudan en joder la vida a los segundos. Además del problema humano esto trae un problema democrático dado que distorsiona todo para engañar a la ciudadanía (casi nadie tiene por qué ser un informadísimo lector experto en detectar grietas en los textos: para eso deberían estar las redacciones de los medios, que se opusieran a publicar basura).
Pero el segundo problema es que erosiona profundamente al periodismo de investigación serio, riguroso y que sí es un pilar de la democracia. Una de las funciones de estas publicaciones basura es también la de conseguir que cualquier crítica aparezca causada no por la falta de sustancia de la investigación sino porque «esta vez señalan a los tuyos«. Sin duda habrá quien lea este elogio y esta denuncia en esa clave pese a que muchas veces he aplaudido a quienes han publicado con rigor informaciones ciertas sobre personas que compartieran filiación política conmigo: entre otras razones porque eso ayudaba a limpiar (es decir, fortalecer) el espacio político en el que yo participara.
Con el periodismo basura pasa como con la política basura: pese a que es peligrosísimo para la democracia es más peligroso aún intentar limpiar el periodismo o la política. Es mejor que se publique mierda, que se presente mierda a las elecciones que el control autoritario de qué se publica o qué se puede presentar a las elecciones. Pero eso no quiere decir que no sepamos que es mierda.
Más nos vale como ciudadanos aprender a leer para distinguir el caviar de la basura. Más le vale al periodismo (al bueno, al de verdad, al riguroso, al mayoritario) distinguirse de la ponzoña y evitar reírle las gracias en tertulias y revistas de prensa, le va la vida en ello.
Hace casi dos meses se publicó una parte de unas grabaciones gravísimas para la monarquía. Corinna zu-Sain Wittgenstein le contaba al comisario de las cloacas de la corte detalles muy groseros sobre el anterior jefe del Estado, que habría utilizado su cargo para negocios privados e ilegales en detrimento de la economía y las relaciones exteriores de España.
En estos dos meses no ha habido un solo desmentido de las ilegalidades corruptas que habría cometido Juan Carlos I siendo rey de España. Tampoco hay un solo medio de comunicación, tertuliano, etc. que haya simulado incredulidad. Todo el mundo parece tener claro que lo que se cuenta en esa conversación es verdad.
Ayer la Mesa del Congreso decidió no tramitar la solicitud de comisión de investigación propuesta por Podemos. Lo decidieron de la mano el PP, Ciudadanos y el PSOE. No es que rechazaran constituir la Comisión (algo que debería haberse votado en el Pleno, con debate público) sino que rechazaron siquiera tramitarla: no es una decisión política (discutible pero acaso legítima) sino una supuesta decisión administrativa y que sólo pueden tomar si es ilegal tramitar la propuesta.
Se inventaron para ello (según he leído en medios, porque las reuniones de la Mesa no son públicas) dos argumentos a cual más ridículo.
1.- En primer lugar que el Congreso controla al gobierno pero no pueden decir nada de la Casa Real. Esto, por un lado, no es del todo cierto: según la Constitución las Cortes Generales (Congreso y Senado) pueden llegar a vetar la boda de un aspirante a monarca, pueden nombrar rey si la sucesión quedase desierta, pueden inhabilitar a un rey y el presidente de las Cortes Generales es el responsable de los actos del rey en determinados momentos.
Pero sobre todo, las comisiones de investigación no son control del gobierno. Según la Constitución Española (artículo 76), las comisiones de investigación versarán “sobre cualquier asunto de interés público” (sospecho que los miembros del PP, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso conocen este artículo de la Constitución): pueden investigar el cambio climático, la aplicación del VAR en la liga de fútbol, la existencia de vida extraterrestre o lo que consideren que puede ser interesante para los españoles. Sobre las grabaciones de Corinna hay dos hipótesis (probablemente ciertas ambas): que lo que cuentan es verdad y que la publicación de las grabaciones son un chantaje a las instituciones del Estado de una mafia que utilizaron los gobiernos de España y que se desarrolló dentro de las instituciones del Estado. ¿Cuál de estas dos hipótesis no es un “asunto de interés público”?
2.- La otra excusa es igual de burda pero algo más reveladora: que los hechos se produjeron durante el reinado de Juan Carlos I, cuando era inviolable y no responsable. Esto, en primer lugar, sería reconocer que los hechos existieron: sólo lo que ha pasado tiene un periodo temporal. El atraco de Juan Carlos I al Banco Santander de la calle O’Donnell no está sometido a inviolabilidad por haberse producido durante su reinado: como es un suceso inexistente no tiene fecha; si nos dicen que el cobro de comisiones, el uso de testaferro, las cuentas suizas… están sometidas a inviolabilidad, están reconociendo que sucedieron. En todo caso, si el rey emérito sigue teniendo cuentas en Suiza ocultas al fisco, que no lo sabemos, la ilegalidad se estaría cometiendo ahora.
Pero, más allá de la torpeza, es ridículo pensar que la inviolabilidad implica que el Congreso no pueda investigar qué sucedió. La inviolabilidad hace que el rey no pueda ser juzgado. En un tribunal. Pero obviamente puede ser investigado por la prensa, por ejemplo, y también por el Congreso. Incluso, según la Constitución, un rey en ejercicio tendría la obligación de comparecer como cualquier otro ciudadano ante una comisión de investigación si es citado. Lo único que sucede, por esa inviolabilidad, es que si se niega a acudir no podría ser juzgado por negarse a acudir como el resto de españoles. Es tan ridículo como si rechazasen la comparecencia de un ministro en una comisión de investigación con la excusa de que es aforado y sólo puede responder ante el Tribunal Supremo.
Para salvar la cara de la Corona, el PSOE, PP y Ciudadanos se saltaron la Constitución española con argumentos que saben que son ridículos. Demostraron que entre la lucha contra la corrupción y la sumisión cortesana es mucho más importante para ellos (para el PSOE, para Ciudadanos y para el PP) la segunda. Pero, sobre todo, evidenciaron que hay mucho que ocultar en los negocios de la casa real. Si todo fuera mentira nadie como los partidos que defienden a la monarquía habrían querido que se aclarase, que se demostrase que todo es un invento de un mafioso encarcelado y de una señora resentida. Pero decidieron ocultárnoslo: cómo debe de ser la cosa para que consideren menos lesivo para la Casa Real que pensemos que lo que se dice en esas grabaciones es cierto, que el conocimiento público de la realidad.
Ayer Cristina Cifuentes siguió el manual de todos los dirigentes del Partido Popular que han sido señalados por haber participado en el saqueo de nuestras instituciones. Siguiendo el patrón de Rajoy, compareció sin aceptar preguntas; siguiendo el patrón de todos sus compañeros lo negó todo tajantemente; siguiendo el patrón de Esperanza Aguirre explicó que ella es pobre de solemnidad (algo sorprendente con sus sueldos pero, en todo caso, irrelevante dado que nadie le acusa de haberse lucrado ella sino de haber participado en la financiación ilegal del PP); y, siguiendo el patrón de Ignacio González, amenazó a quien hiciera suyas las afirmaciones de la Guardia Civil sobre la adjudicación a Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea de Madrid.
Son ya tantos años escuchando idéntica contundencia y solemnidad que ya no impresionan a nadie, así que lejos de amilanarnos lo que toca es hacer algunas preguntas:
1.- ¿Estaba en la mesa de adjudicación y en el comité de expertos? ¿Sí o no?
Cifuentes se escuda en que la adjudicación de la cafetería se dio por unanimidad de todos los partidos políticos. Y eso es cierto en la mesa de adjudicación a la que ella pertenecía. Pero la mesa de adjudicación lo que hace es ratificar la propuesta de un comité de expertos. Esto es bastante razonable porque los miembros de la Mesa de la Asamblea no tienen capacidad humana de examinar cada contrato; de la misma forma que un alcalde o concejal suele atenerse a lo que le propone su interventor.
El problema está en que, según la Guardia Civil, en ese comité de expertos también estaba ella. Y eso es ilegal según el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público que dice que «deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada»: NO INTEGRADOS en el órgano proponente, que era la mesa de adjudicación. Es decir, si la respuesta a esta pregunta es Sí (sí estaba tanto en la mesa de adjudicación como en la mesa de expertos) no cabe ninguna duda: hubo una ilegalidad.
Que tal ilegalidad sea delito o que en determinada fase de la instrucción el juez se centre en otras investigaciones no quita un ápice a la evidencia de ilegalidad, por lo que es urgente que conteste Cristina Cifuentes sí o no a esta pregunta que no es, como dice Cifuentes, un «juicio de valor» sino un hecho objetivo sin ambigüedad posible.
2.- ¿En calidad de qué estaba Cristina Cifuentes en la mesa de expertos?
Expertos con cualificación adecuada. Además de no pertenecer a la mesa de adjudicación esos son los requisitos (obvios) para ser miembro de la mesa de expertos que cita la Ley. ¿En calidad de qué se consideró a Cristina Cifuentes experta y adecuadamente cualificada para examinar y proponer las ofertas al concurso? La Ley cifra en un mínimo de tres expertos en este tipo de comité. Por alguna razón se decidió que en este hubiera cuatro. Y de ellos tres eran funcionarios (a los que ya ha interrogado la UCO) y solo una era un cargo político: Cristina Cifuentes. No había ningún otro ni de ningún otro partido político. Y su cargo político no era menor ni único: además de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid (que iba a adjudicar a Arturo Fernández la cafetería), era patrona de Fundescam (a la que Arturo Fernández hacía donaciones económicas) y responsable de campaña electoral del PP-Madrid (campañas que se financiaban con ese dinero donado a Fundescam).
No sólo resulta difícil argumentar el carácter de experta y cualificada de Cristina Cifuentes para ese puesto sino que es más que razonable pensar que incluso aunque lo fuera no resulta muy edificante que, con sus cargos en el PP, formara parte de ese órgano.
¿Por qué tanto empeño en que alguien como Cristina Cifuentes estuviera en todo el proceso de adjudicación contraviniendo incluso la ley para ello?
3.- ¿Conocía Cristina Cifuentes el presupuesto de la campaña electoral en la que tenía responsabilidad?
Cristina Cifuentes tenía mando en las campañas electorales del PP de Madrid en tanto que responsable de movilización territorial del partido: es la razón que en conversaciones grabadas a los hermanos Pablo e Ignacio González tenían para entender que Cifuentes se atara a Jaime González Taboada. El tesorero del PP de Madrid era Carlos Izquierdo, actual consejero del gobierno de Cifuentes y responsable de organización del PP-Madrid de Cifuentes. ¿Ella era responsable de una campaña financiada ilegalmente, que contaba con muchísimo más dinero que sus competidores y no se enteraba de nada? ¿En que la diferencia eso de Esperanza Aguirre que acaba de dimitir por no enterarse de todo lo que se robaba bajo su responsabilidad? ¿Para qué sirve un tesorero en el PP de Madrid si carece de responsabilidad política sobre las finanzas del PP de Madrid?
4.- Si se querella contra quien informe de posibles irregularidades ¿quién lo pagará?
La amenaza de Cristina Cifuentes de emprender «acciones legales» contra quien «ponga en duda su honradez» no es nueva. Cuando la Cadena SER informó de las grabaciones a Ignacio González portando bolsas en Colombia de contenido dudoso, Ignacio González se querelló contra Pilar Velasco. Cuando el diario Público informó de numerosas irregularidades sobre Ignacio González, éste se querelló contra Manuel Rico, Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña. En ambos casos la justicia archivó las querellas, pero a Ignacio González le permitió hacer pasar un mal rato a los periodistas que habían hecho su trabajo. En ambos casos Ignacio González usó los abogados y recursos económicos de la Comunidad de Madrid, llegando al bochorno de que en el segundo de los casos la justicia le obligó a pagarse su defensa de su bolsillo. Hace unas semanas registré una petición (que tendrá que votar el PP) para que Ignacio González devuelva el dinero público que usó para tales amenazas.
¿Seguirá Cifuentes el ejemplo completo de Ignacio González o al menos se pagará de su bolsillo las querellas contra quien investigue, informe y ponga en duda lo que le venga en gana?
«Hay que intentarlo todo para evitar nuevas elecciones». Esa fue la frase con la que Albert Rivera justificó haber engañado a sus votantes prometiéndoles que no darían sus votos a Pedro Sánchez ni a Rajoy. Evitar nuevas elecciones justificaba sus mentiras, justificaba mantener en el poder a un partido estructuralmente corrupto como el PP de Rajoy. Todo fuera por evitar elecciones.
Fuimos muchísimos quienes ayer dijimos lo mismo sobre la condena a Mas: Mas, como tantos dirigentes de Convergència (y también de Unió, que siempre se nos olvida la muy corrupta Unió) debería estar inhabilitado para la dirección política por lo que su partido ha hecho con Cataluña durante décadas. Pero en ningún caso es aceptable en una democracia que se inhabilite por haber impulsado una movilización popular, pacífica y democrática consistente en que la gente expresara libremente su voluntad política. Como la razón por la que Rajoy debería abandonar la política no es porque se oponga a la independencia catalana.
