Blog de Hugo Martínez Abarca

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El miedo a hacerlo bien

Según cuentan, anda ERC con miedo a ser consecuente con la campaña electoral que hizo. En estos meses Gabriel Rufián se ha mostrado como un tipo responsable, con altura política y visión estratégica. Era tan convincente en sus argumentos que uno piensa que el verdadero Gabriel Rufián es éste y no el que hacía numeritos retóricos estrafalarios o conducía a sus followers al insulto a quien poco antes le pidiera amablemente la misma responsabilidad, altura política y visión estratégica que él exigiría después a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Dicen que ERC tiene pánico a que los illuminati les llamen traidores apenas unas semanas antes de las muy probables elecciones catalanas. Y que por ello ha pedido a Junts per Catalunya unidad en la investidura de Pedro Sánchez y podría exigir al PSOE compromisos concretos para la puesta en marcha del diálogo en Cataluña. ERC lleva un par de años siendo la cara responsable del Procés: no es un ápice menos independentista que JxCat ni que las CUP, pero sí trata de ser independentista en el mundo real. Y, pese a tanto desprecio antidemocrático al populacho, los catalanes independentistas parecen sentirse mucho más cercanos en encuestas y elecciones al realismo de ERC que al histrionismo suicida. Si hay gobierno habrá diálogo; o al menos, seguro que si no hay gobierno seguirá el bloqueo. Se firme ante las cámaras el formato del diálogo o no; acompañe JxCat o no.

No está sola ERC. El PSOE ha perdido 750.000 votos entre abril y noviembre. No los ha perdido por ser blando con Cataluña sino por ser irresponsable con España. De hecho el 28 de abril se convocó en respuesta a la concentración de Colón en la que la derecha y la extrema derecha española arremetieron unidas contra el felón que rompía España por poner un relator en una mesa de diálogo. Una parte de aquellas elecciones presentaba el bloque de la dureza hipánica frente al bloque del diálogo democrático: y los españoles apostaron por el diálogo. En noviembre Pedro Sánchez viró para intentar atraerse el voto de la descomposición de Ciudadanos a un discurso mucho más duro y en el mejor de los casos no consiguió ni un solo voto así. Si el PSOE quiere gobernar (tener investidura, presupuestos, leyes) tendrá que dialogar. Si no, sólo habrá ganado tiempo.

El miedo al diálogo es, en ambos casos, un prejuicio elitista según el cual el pueblo español y la gente independentista catalana no entienden que no todo se puede hacer a garrotazos. Los datos desmienten este prejuicio: los electores se muestran mucho más sensatos que la imagen que tienen de ellos sus representantes. Y la evidencia es que mientras no haya diálogo y un camino más o menos armonioso no volverán a funcionar las instituciones catalanas ni las españolas (Cataluña aporta 48 diputados a España: que nadie sueñe en la estabilidad institucional si no puede llegar a acuerdos con la mayoría de ellos).

No hay salida para Cataluña ni para España sin diálogo, flexibilidad y renuncias. Todo el mundo lo sabe. Y nadie se atreve a ponerlo en marcha sin que parezca que el propio formato del diálogo es una humillante derrota para el otro.

Malvados y estúpidos contra unos presupuestos

Uno de los libritos que más veces he regalado es Las leyes fundamentales de la estupidez humana, un cuaderno divertidísimo pero sobre todo muy inteligente del economista italiano Carlo M. Cipolla. En él define al estúpido como aquel que hace daño a otros sin beneficio propio o incluso en perjuicio propio. El estúpido es mucho más peligroso (por imprevisible) que el malvado, que es quien hace daño a otros pero al menos lo hace en beneficio propio.

Ayer resultaba imposible encontrar dirigentes de PP, ERC, PDCat o de Ciudadanos argumentar en qué beneficiaba a los ciudadanos haber tumbado los presupuestos. Económicamente beneficia a algunos (las grandes fortunas que verán sus impuestos congelados) pero perjudica a la infinita mayoría de españoles directamente; y tampoco queda bien decir que uno defiende a los millonarios frente al 99% de la población: esas cosas se hacen, pero no se dicen.

Que a PP y Ciudadanos les daba igual el bienestar de los españoles quedó en evidencia cuando tumbaron la expansión de la senda de déficit que autorizaba la UE y proponía el Gobierno (como habría hecho cualquier gobierno de cualquier país): pero PP y Ciudadanos bloquearon que hubiera miles de millones de euros que ayudaran a los españoles a vivir mejor por puro interés partidista: si los españoles vivimos mejor, la oposición es más difícil, así que que se jodan los españoles. Si cabe señalar felones, ahí tenemos algunos.

Más sorprendente es la cerrazón de PDCat y ERC. No sólo porque con su voto millones de catalanes vivirán objetivamente peor. Sino porque los argumentos que dan son un disparate. Claro que hace falta arrojo y diálogo para solucionar el conflicto catalán. Por supuesto que es una vergüenza que se pida que estén en la cárcel tantísimos años unos dirigentes políticos que han podido cometer graves errores pero que nadie mínimamente humano puede pensar que es justo (ni beneficioso para España, por cierto) que tengan penas equivalentes a un asesino.

Incluso se podría entender que antepusieran esas razones democráticas a las razones materiales desde un punto de vista moralista que olvide que las necesidades de nuestra ciudadanía no son poco urgentes. Está bien. ¿De verdad algún dirigente catalán piensa que hoy está más cerca el diálogo político y la solución a Cataluña que ayer? Lo que hoy tenemos abierto es la certeza de unas elecciones en las que puede (o no, pero puede) abrirse la Moncloa a tres partidos nacionalistas y autoritarios que deteriorarán la autonomía catalana todo lo posible (a día de hoy aseguran que la destruirán). Y los presos… saben perfectamente que si PP, Vox y Ciudadanos gobiernan se pudrirán en la cárcel y probablemente en la cárcel más lejana a las casas de sus familias.

Volviendo a Cipolla (siempre hay que volver a Cipolla). PP y Ciudadanos son, según el esquema del economista italiano, malvados: han hecho daño a millones de españoles que vivirán peor que si se hubieran aprobado los presupuestos; pero lo han hecho en provecho propio, para sacar tajada electoral. Pero ERC y PDCat han demostrado simple y llana estupidez. Enhorabuena.

Los presupuestos ya no son lo que eran

Hasta hace poco la votación de los presupuestos era la votación más importante que había cada año. No sólo se aprobaban las cuentas sino que, con los presupuestos, se revalidaba o se negaba la confianza en el gobierno: pasaba con el gobierno estatal pero también con los gobiernos autonómicos y municipales. Un gobierno que aprobaba sus presupuestos podía respirar tranquilo un año; un gobierno que no conseguía aprobar sus presupuestos entraba en una crisis severísima y la convocatoria de elecciones era el paso inmediato.

Desde que en 2015 empezaron a desaparecer las mayorías cómodas en municipios, comunidades y finalmente en el Congreso de los Diputados las cosas ya no son así. Los presupuestos son importantísimos, sí, pero porque aprueban unas cuentas adaptadas al año que comienza (o incluso al año en curso muchas veces) pero ni garantizan ni tumban gobiernos, al menos no por sí solos. El ejemplo más evidente fue Mariano Rajoy, que no consiguió aprobar los presupuestos de 2018 durante el año 2017 sin que eso anunciara elecciones inminentes. Pero una semana después de conseguir aprobarlos, cayó por una moción de censura.

Especialmente mientras siga la crisis catalana (y no tiene pinta de que se resuelva pronto) el Parlamento español está condenado a la precariedad. Precisamente el nacionalismo catalán era el que garantizaba la estabilidad de los gobiernos españoles: era cuando llamábamos seny a la corrupción de los partidos de Pujol y Duran i Lleida en la que se apoyaban Felipe González y Aznar para obtener la mayoría que no tenían solos. Eso desapareció y durante unos años más bien tendremos partidos catalanes sometidos a vaivenes importantes mientras no se arregle política y penitenciariamente el conflicto catalán. Sólo la hidra aznarista (PP, Ciudadanos y Vox) parece que podrían llegar a sumar una mayoría estable en los próximos ciclos electorales.

Los Presupuestos no son lo que eran. El gobierno de Sánchez no estaría condenado a unas elecciones inmediatas si no consigue aprobar los Presupuestos. Pero precisamente por eso tiene poco sentido que ERC y PDCat actúen como si los Presupuestos fueran una especie de cuestión de confianza en el gobierno de Sánchez. Los Presupuestos hoy ni dan ni quitan la confianza al gobierno; los Presupuestos aprueban sólo las cuestiones materiales que se aplicarán a todos los ciudadanos que viven en España lo cual incluye, qué le van a hacer, a Cataluña.

Descargados de la carga simbólica, los PGE son, simplemente, los que permitirán aumentar el gasto en dependencia, la subida de las pensiones y una mayor justicia fiscal, los que permitirán que el conjunto de la península ibérica le diga a Europa que hay otra política económica que no consiste asfixiar a sus ciudadanos. Es lo que permitirá romper con la política económica de Rajoy más allá de parches que troceen el presupuesto… y también tengan que aprobarse en el Congreso.

Claro que es importantísimo que se aprueben los presupuestos. Pero es mucho más importante para la ciudadanía que para el gobierno de Pedro Sánchez. Quizás por eso el gobierno de Pedro Sánchez esté haciendo tan pocos esfuerzos por lograr aprobarlos.

¿Es legal no ser monárquico?

Hace unos días el Parlament de Catalunya votó una resolución política sin efectos jurídicos en la que el Parlament constataba que la mayoría de los representantes de Catalunya no están de acuerdo con la monarquía, institución que considera «antidemocrática y caduca» (difícilmente cuestionable lo primero, opinión legítima y aparentemente razonable lo segundo). No tiene valor jurídico del mismo modo el PP quiere que el Senado apruebe una resolución monárquica igualmente legítima y con idéntico valor: puramente declarativa pero legítima.

Lo bochornoso ha sido la reacción de los medios cortesanos indignados con el hecho de que el Parlament pueda opinar sobre la monarquía. O más bien, que pueda opinar contra la monarquía. Las instituciones de nuestro país están obligadas a estar presididas por retratos del rey, pero tienen prohibido, nos quieren decir, debatir sobre el rey, sólo pueden adularlo. Finalmente, en un giro cortesano patético, el PSOE ha anunciado que el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa declaración política intentando así que el Constitucional sentencie que el Parlament no puede pensar lo que piensa.

Si algo vertebra el régimen del 78 es, desde su origen y por lo que se ve hasta su final, no tanto la monarquía en sí misma como la imposición de la monarquía. En las elecciones de 1977, que luego fueron constituyentes, se prohibió que se presentaran partidos que siguieran siendo expresamente republicanos. Para legalizar al Partido Comunista de España se le exigió que asumiera simbólica e institucionalmente que la monarquía no era cuestionable; el partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, no fue legalizado; se dio incluso la paradoja de que tras recibir con gran boato a Tarradellas su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, seguía siendo ilegal no por independentista sino por republicano y tuvo que presentarse escondido en otras siglas que no mencionaran la forma democrática del Estado. El recurso al Tribunal Constitucional pretende mantener vigente una mordaza antidemocrática: los españoles y las instituciones que nos representan deben poder ser libremente republicanos como pueden estar en contra de los aforamientos o de la disposición adicional cuarta, faltaría más. Lo que el PSOE pretende, empujado por la furia cortesana, es prohibir una opinión, porque nada más que una opinión es lo que se ha expresado en el Parlament.

No parece buen negocio para el PSOE atarse a la pata cortesana si quiere recuperar voto joven. El CIS no pregunta por la monarquía desde 2015, ya con Felipe VI. Entonces sólo aprobó entre los mayores de 65. Y en todos los cortes de edad de menores de 65 más de un 25% le daba a la monarquía entre un 0 y un 1 sobre 10. En los menores de 35 años la monarquía estaba por debajo del 3,8 sobre 10 de nota media. Ni siquiera por cobardía es rentable ser cortesano en 2018: gota a gota los españoles van compartiendo que es una institución antidemocrática y caduca.

Está representando mejor esta vez la opinión de los españoles el Parlament de Catalunya que el Gobierno de España. Podrán prohibir que se diga; pero no pueden detener lo que cada vez más gente piensa.

 

A enemigo que huye, 155

Cada día que pasa resulta más evidente la imposibilidad del independentismo parlamentario de hacer valer la suma de sus escaños para un proyecto rupturista real. El PDCat parece instalado en un rupturismo inmediato (desde lejos y seguro que con insuficiente información diría que está instalado en un mesianismo suicida); ERC parece haber decidido (un año tarde) medir las fuerzas propias antes de dar pasos catastróficos; y las CUP son las CUP. La derrota de ayer en las resoluciones votadas en el Parlament, la imposibilidad de compartir fórmulas realistas (legales) para mantener la mayoría parlamentaria… evidencia la absoluta desunión del independentismo y por tanto la ausencia de una mayoría no ya para un proyecto histórico como sería la independencia sino siquiera para el gobierno ordinario de una comunidad autónoma.

No se ha acabado el conflicto territorial en Cataluña (en España). Es más: quien lo trate como terminado se garantiza su enquistamiento y por tanto un rebrote mucho más ingestionable. Pero lo que sí es evidente es que a corto plazo no hay un proyecto en Cataluña que amenace realmente la unidad territorial de España.

Deberíamos estar muy contentos ¿verdad? Pues parece que no.

El Partido Popular y Ciudadanos siguen pidiendo la aplicación del 155. No necesitan incumplimiento de la Constitución alguno. Que se aplique el 155 porque sí, porque Torra dice cosas independentistas, aunque no las haga. Que se aplique el 155 y sin la tibieza de Rajoy: que se aplique y se cambie la TV3 y los colegios catalanes, que el independentismo catalán se explica por la tele y por los coles. Por eso en 1977 tras 40 años de colegios y televisión franquista todos los catalanes votaron a Alianza Popular y Fuerza Nueva. Por eso el independentismo en Cataluña ha ido creciendo año a año, poco a poco durante cuarenta años, según salía la gente del instituto independentista, y no prácticamente de golpe tras la sentencia del Constitucional tumbando el Estatut que habían votado los catalanes.

Deberían estar contentos quienes quisieran una derrota institucional del independentismo.

Pero entonces ¿por qué Partido Popular y Ciudadanos mantienen la furia? ¿Por qué hacen como que no se enteran, como que el independentismo es más fuerte que nunca y no sólo gobierna en la inminente República Catalana sino que de hecho gobierna en España?

Sería un disparate si PP y Ciudadanos quisieran un independentismo débil. Pero no. La división en el Parlament evidencia que las apelaciones a un nuevo 155 por PP y Ciudadanos no tienen nada que ver con “luchar contra el independentismo”. Más bien al revés: son la expresión del pánico a que el Procés se diluya y no tengan espantajo con el que engañar, sobre todo, a los españoles.

¿Pactos de Estado? No, gracias

El último invento de moda es que la crisis económica se solucionaría con un pacto de Estado. Se recuerdan los pactos de la Moncloa que fueron los pactos político-económicos que diseñaron el régimen de la Transición. Ayer fueron CiU y ERC quienes propusieron ese nuevo pacto de Estado para salir de la crisis. Resultaría curioso que dos partidos nacionalistas, cuya aspiración debería ser desvincularse de este Estado sean los primeros en sumarse públicamente al run-run del pacto de Estado: en realidad ese nacionalismo conservador es sólo la diferencia de maquillaje entre los miembros del Partido Único.

Para que haya un gran pacto de Estado sobre economía tendríamos que asumir que, en el fondo, con nuestros más y nuestros menos, todos estamos en el mismo barco, hay un bien común que nos engloba y si renunciamos a los matices que nos diferencian, podremos remar juntos. Eso es lo que se entendió en la Transición y lo que esta crisis está afianzando con escasas disidencias: no hay más que un rumbo, por muy jodido que sea.

Un pacto de Estado podría contribuir a una salida de la crisis, no digo que no. Cuando comenzaba la crisis económica Nacho Escolar ilustró el modelo económico sobre el que hemos cabalgado con un símil magistral:

El Coyote es capaz de flotar en el aire por tiempo indefinido, de anular la ley de la gravedad, siempre y cuando no sea consciente de ello. El magnetismo terrestre no vuelve a funcionar hasta que el pobre Coyote mira hacia abajo y ve el precipicio. Mientras no tenga miedo, mientras viva en la ignorancia de su comprometida situación, podrá seguir en el aire como si nada. Lo mismo le pasa a la economía.

Un pacto de Estado que juntase aPSOE, PP, CiU, PNV, BNG, ERC y, por supuesto, UPyD junto a sindicatos mayoritarios y patronal, permitiría que todos siguieran mirando hacia el frente, que volviéramos a construir una economía de ficción basada en que nadie la cuestionara, salvo esos radicales. Sería una salida de la crisis por el camino que llevó a la crisis y que llevaría a la próxima.

Se harían ajustes, claro: en la dirección que se están proponiendo de reducción de derechos sociales y reducir los mínimos democráticos todo lo que se pueda. El propio hecho de apostar por la unidad en vez de la pluralidad propia de la democracia ya sería una renuncia. El ejemplo de los pactos de la Moncloa no es baladí. A las renuncias de la izquierda, como entonces, se les llamaría responsabilidad. A quienes no estén dispuestos a tales renuncias, irresponsables.

Sería construir el mismo modelo de siempre, intentar la vía del conservadurismo bajo la amenaza de que, o renunciamos por las buenas a los escasos derechos que conservamos o los perderemos de forma traumática: será por nuestro bien. Esas renuncias se consolidan durante décadas, entre otras cosas porque fueron voluntarias.

Probablemente quien proponga salir en la dirección opuesta será marginado y anulado. Pero será quien lleve razón.

El padrón ultra

La excusa para cualquier política xenófoba propuesta por partidos de orden siempre ha sido la misma: si no la hacemos nosotros, vendrá la extrema derecha a hacerlo. La última moda xenófoba es la manipulación ilegal del padrón: no se trata de expulsar a tantos o cuantos trabajadores, que de eso ya se ocupa Rubalcaba, sino de que los que hay no figuren, no existan y, por tanto, no puedan tener derecho a la sanidad, ni sus hijos a la escuela. Ello, además, garantiza la exclusión social a medio plazo (trabajadores cuyas enfermedades nadie atienda y a cuyos hijos nadie escolarice), lo que posiblemente generará conflictos que justificará nuevas vueltas de tuerca.

nullLos casos de Vic y Torrejón son los que han levantado la liebre. Inmediatamente el PP y CiU han decidido tomar esa bandera y apoyar a sus ayuntamientos vanguardia. Ni ERC ni PSC han mostrado contundencia alguna frente a sus concejales de Vic: la excusa se llama Anglada, un racista cuyo partido lleva varios años implantándose en ayuntamientos catalanes. Sin embargo, Anglada no parece demasiado inquieto por ser arrinconado ideológicamente: más bien lo está viviendo como un triunfo que garantiza la continuidad de su crecimiento. En Burgos, Democracia Nacional tampoco parece asustada y se dispone a presentar una proposición similar a la de Vic en un Ayuntamiento que gobierna junto al PP (lo cual, al menos, nos sirve para conocer que el PP gobierna con Democracia Nacional sin problemas).

En el caso de Torrejón de Ardoz la demagogia es máxima. Se niega el padrón a quienes no muestren que disponen de más de veinte metros cuadrados por persona en casa (supuestamente salvo en caso de parentesco, aunque ya ha habido denuncias de incumplimiento de esto). La excusa está servida: la lucha contra los pisos patera. Quizás sería ingenuo recordar que para que no haya pisos patera sólo hace falta una política pública de vivienda que garantice los derechos humanos: eso es lo que defendería la izquierda. Pero la ingenuidad se queda corta al lado de la imbecilidad que supone decir que impedir que se empadronen evitará el hacinamiento de personas en esos pisos patera: ¿acaso cree alguien que uno sólo de los inmigrantes que vino jugándose la vida y trabaja en condiciones de semi-esclavitud va a considerar insoportable no tener derecho a la sanidad pública ni a la escolarización de sus hijos? ¿Alguien cree que una sola de las personas que viven en esas condiciones se trasladará de municipio al enterarse de que no le dejan empadronarse? No, esa medida no busca solucionar problema alguno, sino fomentar un conflicto entre trabajadores en plena crisis económica.

Son medidas que no mejorarán la situación de absolutamente nadie (en la sanidad y educación públicas hay lista de espera porque la inversión es paupérrima, no porque haya exceso de demanda), no modificarán el comportamiento supuestamente molesto de algunos inmigrantes y avivarán un conflicto etnicista: a corto plazo al situarlo en el centro de la agenda; a largo plazo por condenar a la exclusión social a personas únicamente por su origen. Y eso tiene un nombre.