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Amenazar al Estado con tirar de la manta

16 enero 2019 / hugomabarca

Ayer confesó el chófer de Bárcenas. Contó que el Ministerio del Interior, a través de la policía española, le había sobornado para que obtuviera pruebas de delitos. Para destruirlas. El Gobierno español había usado dinero del Estado y estructuras policiales para cometer un delito que evitara la investigación de otros. El PP gobernó como quien dirige una mafia. Y no nos escandaliza: lo tenemos tan normalizado que nadie llama golpista (pese a la facilidad con la que usamos ese adjetivo) a quienes desde el Estado invirtieron la función del Estado, a quienes pusieron a la policía y los fondos reservados al servicio del delito y no de su persecución. Todavía no han llamado golpistas a quienes delinquían para adulterar las campañas electorales y luego delinquían para tapar los delitos previos. Más allá de cómo los llamemos: todavía ningún juzgado ha llamado a declarar a Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz ante la evidencia delictiva, ante el bochorno mafioso.

Hemos normalizado de tal manera la apropiación por mafiosos de nuestras instituciones que entendemos como amenaza y chantaje al Estado que los delincuentes cuenten lo que saben. Una de las últimas apariciones del mafioso público número uno, el comisario Villarejo, fue una carta a Pedro Sánchez en la que amenazaba con contar «datos que deberían permanecer siempre en la penumbra«.

Los datos que hasta ahora hemos sabido por sus grabaciones son la corrupción del rey Juan Carlos, el funcionamiento mafioso del segundo banco español, la conspiración del PP para destruir pruebas criminales (que habrían llevado a la disolución de cualquier otra persona jurídica), la construcción de falsos informes policiales contra la oposición política, la voluntad del Gobierno de destruir hasta la sanidad de una comunidad autónoma por intereses políticos…

En una democracia normal saber esto beneficiaría al Estado porque permitiría depurarlo de quienes se han infiltrado en él para destruirlo y convertirlo en un instrumento antidemocrático y al servicio del crimen. Sin embargo, no paramos de escuchar que lo que hace Villarejo es echar un pulso al Estado, una amenaza al sistema: no a las personas y organizaciones que lo han destrozado sino al Estado.

Que tire de la manta Villarejo, que lo haga Bárcenas, que no se calle nada ningún delincuente. O mejor, que un juez entre en sus casas, en sus cajas fuertes, donde quiera que puedan guardar dossieres, grabaciones y pen drives, que no puedan administrar a su capricho informaciones que permitan mantenerse en la vida pública a delincuentes que han arrasado el funcionamiento democrático.

El chantaje al Estado no es publicar esa información. Con lo que amenazan a la democracia es con no publicarla y que todo siga igual.

¿Por qué no estamos todos hablando de Kitchen?

12 diciembre 2018 / hugomabarca

No alcanzo a entender por qué ni uno de los periódicos impresos ni casi ninguno de los digitales más importantes abren esta mañana con el escándalo que, objetivamente, parece el más grave quizás desde el secuestro de Segundo Marey. Tampoco los informativos televisivos ni las radios. Ni siquiera los partidos están poniendo el caso a la altura que merece: incluido el PP que no ha perdido un minuto en desmentir nada ni, por supuesto, en mostrarse molesto y asqueado por lo hecho por sus dirigentes.

Estamos conociendo una trama organizada desde el Ministerio del Interior y financiada con fondos reservados que ordenó el secuestro de una familia (la de Bárcenas) para encontrar y destruir pruebas de los delitos cometidos por la cúpula del PP, compuesta por las mismas personas que formaban el Gobierno; que sobornó a personas, que espió ilegalmente, que con la excusa de ese secuestro mantuvo tres días a policías en la casa de los Bárcenas no para proteger su seguridad sino para culminar el trabajo en el que fracasó el secuestrador: la destrucción de los pendrivesque probarían (más aún) los delitos del PP y la implicación de Mariano Rajoy y toda la dirección del partido.

Si esto se hiciera desde una organización privada (desde el Partido Popular, por ejemplo) estaría claro que se trata de una mafia. Si esto se hace desde los aparatos policiales la cosa es más grave: precisamente aquellas unidades del Estado cuya función es evitar y perseguir delitos se estaba utilizando para cometer crímenes de máxima gravedad con el objetivo de encubrir otros delitos, de destruir pruebas y de proteger a los delincuentes… que estaban al mando del Gobierno. Decir que es lo más grave desde el secuestro de Segundo Marey es un ejercicio de prudencia.

Tampoco cabe en ninguna cabeza que Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz no estuvieran en la cúpula de la decisión de estos crímenes. Como entendíamos todos en los años en los que se destaparon las responsabilidades de los GAL, nadie se imagina que una decisión de esta gravedad la adoptara un cargo intermedio sin la orden o al menos el beneplácito de los máximos responsables. Pero la diferencia con los GAL radica en que aquí se trata precisamente de destruir pruebas que afectaban a Rajoy (y Cospedal, Sáenz de Santamaría…) y a todo el Partido Popular, presidido por el propio Rajoy. Más allá de lo que ya hemos oído en la conversación entre Cospedal, Villarejo y López del Hierro,¿alguien se cree que el Gobierno y la cúpula del Partido se desentendieron de qué pasaba con Bárcenas y esos pendrivescuya existencia era vox populi (Cospedal preguntaba por su contenido)? ¿alguien se imagina a un alto funcionario aventurero que pusiera en marcha una operación criminal de esta envergadura para proteger la impunidad del presidente del Gobierno y sus ministros… a espaldas del presidente del Gobierno y sus ministros?

Estoy seguro de que no hay una conspiración para devaluar la importancia del caso. Así que la razón por la que sigue en un discreto segundo plano debe de ser peor aún: que ya ni nos sorprende, que tenemos interiorizado con tal naturalidad que el partido más votado en España es una organización mafiosa sin ningún tipo de límite en su actuación delictiva que no nos resulta un escándalo. Casi parece más sorprendente lo estrambótico (el secuestrador disfrazado de cura) que lo criminal.

Por cierto, ¿os acordáis de que Bárcenas iba a tirar de la manta? Al final no, ¿verdad? ¿Cómo lo ha conseguido el PP?

Cuando el Estado está en manos de una Mafia.

11 diciembre 2018 / hugomabarca

Mafia
Del it. mafia.
1. f. Organización criminal y secreta de origen siciliano.
2. f. Cualquier organización clandestina de criminales.
3. f. despect. Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos.

Diccionario de la Real Academia Española

Según publicó ayer una web de las cloacas del PP, cuando el PP estaba en el gobierno usó dinero público para secuestrar a una familia y destruir las pruebas que había en su casa de delitos cometidos por toda la cúpula del PP. La familia era la de Bárcenas. El secuestro, de hecho, se produjo aunque entonces todos pensamos que se trataba de una persona con más ganas de notoriedad que cabeza. No sabemos si las cloacas del PP andan en guerra entre sí o si la publicación en esa web obedece más bien a evitar que un escándalo así tenga la repercusión que merece: que lo publique una web como mínimo amarilla y sin credibilidad, que lo entierre tras quince «noticias» contra Podemos al día siguiente y que siga la vida.

Nadie ha desmentido la noticia que probablemente sería la más grave desde el secuestro de Segundo Marey que llevó a la cárcel (por poquísimo tiempo gracias al indulto de Aznar) a José Barrionuevo y a Rafael Vera.

Se trataría de usar el aparato del Estado, el Ministerio del Interior, para financiar el secuestro de una familia. Y, además, el ánimo de ese secuestro inducido por el Ministerio del Interior no sería investigar ni impedir delito alguno sino, todo lo contrario, destruir las pruebas de delitos que investigaban los tribunales. Y para terminar de elevar la gravedad, los delitos cuyas pruebas se intentaron destruir los cometió el partido del gobierno e implicarían al entonces presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, a la ministra de Defensa… a toda la cúpula del partido y a buena parte del Gobierno.

Hace unos años, cuando detuvieron a Francisco Granados, Esperanza Aguirre recordó (tan ingenua ella) cuando a la mujer de Granados le quemaron en el garaje su coche que resultó no ser suyo sino de un constructor. «No se me ocurrió que fuera algo lindando con lo mafioso«, dijo entonces. Desde entonces hemos conocido al pequeño Nicolás, la policía patriótica de Fernández Díaz, las mentiras fabricadas en Interior contra la oposición democrática, todos los asuntos que se están conociendo del «caso Kitchen»…

No, no lindan con lo mafioso. El Partido Popular lo ha demostrado una y mil veces. El Partido Popular es una organización con apariencia de partido político que ha puesto el Estado al servicio de tramas criminales.

Decía Kiko Veneno hace unos años que «la mafia española es más perfecta que la italiana porque no necesita matar«. A estas alturas, no sé quién pondría la mano en el fuego porque haya sido así.

Si todos votamos

23 junio 2016 / hugomabarca

Por la causa que sea la última semana de campaña electoral ha estallado la imagen de cómo ha gobernado el PP. Podemos ver en alta definición la lógica con la que el Partido gestiona lo público, para qué el Partido quiere ganar las elecciones y seguir gobernando.

Han construido una red en cuya cúspide está la apropiación de los aparatos del Estado y su conversión en cloaca. Las conversaciones de Fernández Díaz nos muestran que contaban con esos aparatos sin límites: incluido el aparato judicial a través de la fiscalía. Es la misma lógica que les ha llevado a su corrupción estructural, inicialmente pensada para financiarse ilegalmente pero que, como explicó la Guardia Civil, «quien parte y reparte se lleva la mejor parte». Durante esta legislatura lo hemos visto en todos los rincones de la Administración: Montoro nos ha demostrado día sí día también un uso ilegítimo de la Agencia Tributaria para favorecer a los ladrones del entorno, para filtrar informaciones falsas o no, qué más les da, de sus rivales. Vemos que también se han querido apropiar de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todo bajo la lógica antidemocrática de que todo lo que no sea que gobiernen ellos es una derrota del Estado tal y como lo entienden. Bajo esa lógica el Estado debe ponerse al servicio del Partido, ya sea para financiarlo, ya para atacar a la oposición. Parece que hoy hay guerra entre sus tramas, pero lo que no aparece por ningún lado es alguien del PP que a lo que se oponga es a este funcionamiento como trama: Nadie en el PP ha mostrado su disgusto con Fernández Díaz por lo que estamos escuchando; nadie en el PP ha tenido el pudor de hacerse el demócrata.

De esa red forma parte imprescindible una trama mediática clientelar para cuya construcción se ha vulnerado la libertad de prensa al privilegiar un pesebre que distorsiona nuestro derecho a la información. Esa construcción del pesebre mediático ha tenido muchos mimbres. En el lugar más evidente está la apropiación para la propaganda del Partido de todos los medios públicos que han tenido en sus manos. Desde ellos, además, se han gastado un dineral para favorecer a productoras, empresarios, comunicadores y periodistas afines: desde ese apoyo con el dinero público luego copan las tertulias y columnas de los medios afines y asimilados mientras arruinaban los medios públicos tanto por el gasto como por la devaluación de su calidad. Han concedido licencias de TDT, favorecido concentraciones mediáticas, etc… para poner todos los medios privados que pudieran en manos de empresarios afines. El kiosko, al día siguiente de saltar el escándalo, ofrecía bochornosos silencios. Hoy mismo es obsceno el intento de limpiar la imagen del ministro con lo que estamos escuchando. Es demasiado hasta para ellos. Han regado de publicidad institucional el pesebre mediático frente a otros grupos. Y eso cristaliza en que Fernández Díaz sabe que si un invento de su cloaca no tiene sustento alguno se puede pasar a ese pesebre mediático que lo elevará como si fuera un gran hallazgo del periodismo de investigación. Hemos vivido muchos, muchísimos, ejemplos de este funcionamiento antidemocrático de ese pesebre mediático cuya lógica es antagónica a la libertad de prensa: es la sustitución de una prensa libre por una prensa al servicio de la cloaca del poder.

En la apropiación del Estado al servicio del Partido no han tenido escrúpulo alguno a la hora de sacrificar al pueblo. Es escalofriante escuchar cómo «les hemos destrozado la sanidad»: una conversación con un Ministro de España en la que se explica que para torpedear un proyecto político de un gobierno autonómico se ha destrozado la sanidad de su pueblo desde el Gobierno central. Esto significa: se ha causado enfermedad y muerte, que es contra lo que lucha la sanidad. Es un ejemplo obsceno de una práctica habitual estos años: se ha arruinado el país y los recortes han ido a sanidad, educación, condiciones laborales, servicios públicos… para favorecer a los constructores y banqueros afines, que además pasaban por caja, dejaban la «donación» que engrosaba los sobres y ayudaba a una campaña electoral con muchos más recursos que el resto de opciones políticas. La crisis ha llevado a que por primera vez desde la Guerra Civil bajara la esperanza de vida de los españoles mientras aumenta como en ningún otro país de Europa el número de ricos. Han concentrado la riqueza sacrificando la vida de la inmensa mayoría de la sociedad. El Estado es suyo y sacrifica nuestras vidas para mejorar aún más las de los suyos.

«Si todos votamos, mañana los echamos» cantábamos por las calles de España una jornada de reflexión cuando vivíamos la más bochornosa apropiación del Estado y sacrificio de los débiles que nos ha brindado el PP en su Historia: cuando decidió mentir sobre el peor atentado terrorista sufrido en España para que le fuera útil electoralmente. Afortunadamente lo que estamos viviendo no tiene ese cariz trágico. Pero responde a esa misma lógica según la cual el país es suyo y todo vale.

No merecemos un país secuestrado, no merecemos un país gobernado con la lógica de la mafia. Merecemos democracia, derechos sociales, un Estado que no rescate a mafiosos y poderosos sino a su pueblo y garantice sus derechos.

Si todos votamos, el domingo los echamos.

Rodrigo Rato no es «un imputado»

14 agosto 2015 / hugomabarca

Por mi profesión he visto una cuanta gente que había perdido un montón de dinero por las preferentes de Bankia. Durante la campaña de la Renta ha sido últimamente frecuente encontrarse con auténticas ruinas de pequeños ahorradores que habían caído en la estafa. Muchas veces hemos comentado en el trabajo lo poco que se valora el civismo de una gente que lo ha perdido todo porque un grupo de señores que se iban de pubs y restaurantes con tarjetas black había decidido organizar una estafa a gran escala. Afortunadamente, venciendo su indignación, la gente arruinada no se ha ido a buscar a ninguno de los causantes de su situación a desahogarse. Son miles de personas y es una lección de decencia ciudadana que estén esperando pacientemente (y con optimismo) a que los ladrones acaben en la cárcel y ya está.

Rodrigo Rato no es sólo un imputado por varios delitos. Desde luego no es sólo un ex vicepresidente del Gobierno como recuerda una y otra vez cada dirigente del PP que sale a tomarnos el pelo hablando de la reunión de Rato en el Ministerio del Interior. Rodrigo Rato es el símbolo máximo de nuestra crisis. Es el actor de la gran mentira económica de nuestra época de vacas engordadas engañosamente, la política económica que hizo más difícil la vida a cientos de miles de jóvenes que no podían acceder a la vivienda, cuya conversión en bien especulativo fue los pies de barro del gigante sobre los que se derrumbó el país. Es, junto con Blesa, el gran protagonismo del saqueo de Bankia, que nos ha costado a todos los españoles 23.000 millones de euros y el rescate del país para resucitar a los bancos mientras dejábamos en la ruina a los ciudadanos.

Rato representa la crisis: el engaño que la sembró y la estafa con la que nos hicieron pagar el desplome causado por una élite político-empresarial putrefacta que todavía no ha pagado.

No tengo ni idea de si Rodrigo Rato sufre amenazas. Doy por hecho que sí. Él y muchos otros delincuentes. Cómo no. Entre los afectados directamente por su gestión y el conjunto de españoles víctimas de lo que él hizo junto a los suyos lo normal por pura estadística es que haya una amenaza. Y por supuesto es obligación del Estado protegerle, a él como a cualquier persona: desde criminales infectos como el asesino machista que hace unos días se suicidó en prisión hasta pobre gente como Mor, el senegalés muerto en Salou en una redada policial contra manteros. También Rodrigo Rato debe ser protegido y llevado a juicio y en su caso a prisión sin que se vea vulnerado ninguno de sus derechos. La corrupción, además, genera un odio difuso por la pura comparación entre cómo vive gente depauperada que se ha dedicado a trabajar o a intentarlo y la vidorra de los caraduras. Supongo que de forma concreta o difusa Urdangarín estará en una situación parecida a la de Rato, o Bárcenas, o Granados cuando salga de la cárcel… ¿Los recibe a todos Fernández Díaz?

Rato tiene derecho a la seguridad y a llegar a un juicio justo y pagar una pena justa y proporcionada que no viole sus derechos humanos. Como todo el mundo. Fernández Díaz ha tratado de explicar que él trata así a cualquier ex alto cargo. Pero Rato no es un «ex alto cargo». Supongo que Juan Carlos de Borbón o José Luis Rodríguez Zapatero tienen escolta. Las amenaza a que están sometido responde fundamentalmente al cargo que han desempeñado. Rodrigo Rato está en el centro de muchísimos odios muy razonables por actuaciones que en un país decente suponen un buen puñado de años en la cárcel.

Todo delincuente, condenado o investigado, tiene derecho a la seguridad. Rato también. Ningún delincuente tiene derecho a que el ministro de Interior vele personalmente por su seguridad. Para eso está el conjunto del Estado. Lo normal habría sido que Rato o sus abogados lo pusieran en conocimiento de alguno de los jueces que instruyen los casos en los que está inmerso y tomara las medidas oportunas para garantizar que la investigación siguiera adelante sin que ninguno de los reos viera violado derecho alguno.

Pero todo esto es una broma. Lo más importante que se ha publicado estos días (siempre, desde la primera noticia de El Mundo, con sorprendente discreción) iba en un párrafo intermedio de una noticia en El País: Rato « enmarca esta conversación dentro de los contactos habituales que mantiene con otros líderes del PP: “Les estoy transmitiendo mi punto de vista sobre mi situación”.

Ahí termina la farsa que han montado hoy Rajoy y Fernández Díaz. ¿Con el resto de «líderes del PP» también habla de las amenazas esas que sufre en twitter? No: Rato es de la Familia. De una Familia que se comporta como tal: en la boda de El Escorial, en las fotos de todo el PP con cada conseguidor de la Púnica, en los SMSs de Rajoy a Bárcenas… en los contactos habituales que Rato mantiene con otros líderes del PP. Todos juntos. Si tocan a uno tocan a todos aunque públicamente se pase por distintas fases de desapego.

Es una Familia, la Familia que ha tejido un entramado insoportable para el país pero a cuyos lomos han vivido de maravilla. No se trata de que dimita Fernández Díaz sino de que la Familia, la trama organizada disfrazada de partido político, desaloje las instituciones, deje de saquearlas y pague por lo ocurrido estos años.

Sabemos lo que piensan

24 mayo 2014 / hugomabarca

Ayer en el cierre de campaña un guardia civil y su hijo atacaron tres veces el acto de IU-Tenerife. En la primera gritaban «comunistas hediondos«. En la última con un martillo le rompieron el dedo a Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y abogado de la querella Bárcenas por la que está en prisión el ex tesorero del PP.

Hasta el momento el único medio de comunicación que lo ha contado es eldiario.es. Ninguno de esos medios que se escandalizan por tuits imbéciles que llaman a cometer delitos que felizmente no se comenten, ni tertulianos que relacionan delitos cometidos por militantes del PP con la actividad política legítima de la oposición al PP, ni ministros opusinos… han dicho esta boca es mía. Pero como tenemos experiencia y sabemos que no son unos cínicos podemos suponer lo que están pensando:

-Que la impunidad en periódicos, tertulias, diputados y ministros desata una polémica social.

-Que quienes siempre defienden a la Guardia Civil tomen nota.

-Que no pensaban votar, pero tras conocer el ataque a Izquierda Unida votarán.

-Que la impunidad de tuits como el de Carlos Martínez Gorriarán (el diputado intelectual de UPyD) es la causa del ataque.

-Que no, que en realidad el autor intelectual del ataque es Francisco Álvarez Cascos, que ha presentado ya dos querellas contra Enrique Santiago (con petición de cárcel incluida) por denunciar los sobres que cobró de Bárcenas según la contabilidad que el tesorero del partido llevaba en un cuaderno.

-Que…

Tened paciencia. No lo han dicho todavía porque están reflexionando, que es lo que toca. Pero en cuanto se les pase el dolor de cabeza harán gala de su coherencia: mañana en portada de todos los periódicos, ya veréis.

Como en Twitter no se insulta en ningún lado

14 mayo 2014 / hugomabarca

No puede ser casualidad que diez días después de montar el espectáculo de la Operación Araña (de la que nunca más se supo: ¿cuál es el paradero judicial de aquella operación televisada?) salga ahora el ministro del Interior anunciando que ha dado órdenes a la policía por si alguien ha cometido delitos en las redes sociales sobre el asesinato de Isabel Carrasco: «Son indeseables los que hacen estos comentarios. Dicen cosas que nos abochornan«. Fernández Díaz no está sólo: un diputado del PSOE pidió regular los comentarios en redes sociales y Alfonso Alonso (PP) explicó que «Twitter se está convirtiendo en un lugar poco recomendable«, pese a lo cual mantiene abierta su cuenta un Twitter, como si acudir a un lugar tan poco recomendable fuera obligatorio. [Nota al pie: estos tres señores son diputados y por tanto inviolables; si cualquier twittero comete delitos con lo que dice puede ser juzgado mientras que ellos tienen blindaje penal al respecto dado que su libertad de expresión está más protegida que la de los ciudadanos de a pie pero se permiten pedir que se controle más a quienes ya tenemos un código penal vigilándonos]

Más allá de que la orden de la que presume Fernández Díaz sea claramente ilegal (como explica la abogada Isabel López Elbal) lo que se está generando es un clima de opinión que haga suponer que las redes sociales son ese lugar que alteró la armonía y la convivencia fraternal para introducir el odio, la crispación, el insulto.

Uno puede recordar que poco antes de las redes sociales el PP acudía a manifestaciones en las que los carteles más habituales eran zETAp y se coreaba «Zapatero, con tu abuelo», que el propio ministro del Interior (hoy tan preocupado por los comentarios bochornosos) comparó el aborto con el terrorismo, que Luis Montes era el doctor muerte y un nazi nazi nazi y Aznar dio publicidad a los libros de Pío Moa que ensalzaban los crímenes de Franco («Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó»). Manuel Fraga, autor de la campaña de propaganda fascista para justificar el asesinato del caballerete Julián Grimáu, murió siendo presidente de honor del Partido Popular. Uno mismo ha sido testigo de cómo la muchachada del PP gritó a las víctimas del 11M en la puerta del Congreso «¡Meteos vuestros muertos por el culo!» y de que en una de las primeras concentraciones exigiendo justicia por el asesinato de José Couso un tipo gritaba desde un coche «¡Asesinos!» a los concentrados [Segunda nota al pie: Igual a los familiares de una víctima de un crimen les ofende aún más que los insultos el hecho de que su gobierno cambie la ley para intentar lograr la impunidad para los autores del asesinato, como ha hecho el PP].

Ni la crispación, ni los insultos, ni las injurias, ni las calumnias llegaron con Twitter. En Twitter se dan, claro que sí: uno las ve con mayor intensidad cuando le retuitean Alberto Garzón, Cayo Lara o Carlos Bardem, por ejemplo, y llegan las respuestas de una porción de sus seguidores (una porción pequeña, claro, pero sus seguidores son muchísimos miles). Pero no es nada nuevo: los insultos a Pilar Manjón (nunca investigados ni objeto de operaciones arácnidas) no comenzaron cuando se abrió una cuenta en twitter hace escasos meses sino cuando una columnista de El País negó veracidad a su dolor por el asesinato de su hijo porque había ido a la peluquería antes de su comparecencia en el Congreso (algo que además de una gilipollez era mentira).

Twitter no ha traído la bronca ni el odio. No les preocupa eso. En general la injuria suele estar en muy poquitas manos: de quienes vomitaron mierda a raíz del asesinato de Isabel Carrasco los únicos que tienen cierto alcance cuantitativo son quienes también sueltan mierda en columnas de periódico y tertulias de radio y televisión: quienes son profesionales del vómito opinativo desde hace lustros.

Lo que les preocupa de las redes sociales es la pérdida del control de la comunicación. Llevan años perdiendo la capacidad de señalar malos sin respuesta. Hemos pasado de que nadie que no perteneciera a élites políticas o mediáticas pudiera ser escuchado más que por cuatro parroquianos de un bar a que cualquiera pueda difundir informaciones y opiniones y que algunos de ellos sean atendidos por miles de personas sin haber sido seleccionados desde arriba para crear opinión. Evidentemente muchísima gente no participa en redes sociales pero quienes sí participan y reciben otros puntos de vista los comparten en bares, círculos de amigos y familiares: lo mismo que antes sucedía con la prensa, que nunca fue leída por la gran mayoría de la población, pero tuvo un gran impacto creando hegemonía. Eso es lo que hoy se trastoca y lo que genera miedo en unas élites que pretenden tenerlo todo bajo control.

La red les da miedo no por que expandan mezquindad sino porque también expanden inteligencia. «Redes sociales» es un pleonasmo: toda red es social. Ya causó pánico la imprenta o la simple traducción de la Biblia a las lenguas ordinarias. No se puede entregar el pensamiento a los de abajo, no vaya a ser que odien a algo distinto de lo que hemos decidido.