Las principales beneficiarias de la regularización que va a aprobar hoy el gobierno son todas las personas que van a pasar de la exclusión legal a una normalidad administrativa. Pasarán de no tener derechos, de necesitar la explotación laboral, de estar excluidos de cualquier actividad mínimamente formalizada (niños que no pueden siquiera jugar al fútbol con sus amigos) a un primer paso hacia la convivencia. Si resulta evidente que todas las personas que puedan se acogerán a la regularización, es porque nadie quiere estar en situación de irregularidad. En eso todos estamos de acuerdo con (lo que dice) la extrema derecha: no debería haber ni un inmigrante ilegal en España.
Los segundos beneficiarios somos todos los demás, la sociedad española como conjunto.
Primero por decencia (eso que ahora descalifican como buenismo): no es admisible que existan seres humanos entre nosotros a quienes excluyamos de la vida civilizada, que no otra cosa es poder vivir de acuerdo con las normas (las que nos reconocen derechos y las que nos señalan obligaciones). Por eso la exigencia de regularización ha sido impulsada por un enorme abanico que va desde la Iglesia Católica (es imposible ser cristiano sin defender los derechos de los migrantes, por mucho que se grite «Navidad» y se exija con furia funerales religiosos) hasta los cientos de miles de ciudadanos españoles que recogieron firmas para la ILP por la regularización.
Pero también por puro egoísmo.
1.- No pocos empresarios están aprovechando la situación de ilegalidad de cientos de miles de trabajadores para imponerles condiciones laborales infames, dado que no están cubiertos por la legalidad laboral: ni horarios, ni salario mínimo, ni medidas de seguridad… El argumento según el cual la inmigración sirve para competir a la baja en derechos laborales tiene cierta razón, pero esa competencia a la baja se acaba cuando se regulariza a esos trabajadores y ya nadie les puede ofrecer puestos de trabajo en condiciones de esclavitud. Pero recordemos quién fomenta esta situación: los miles de inmigrantes que se acogerán a la regularización no quieren que los contraten por debajo de lo que exige la ley, por eso quieren papeles; en cambio, donde hay más empresarios (españoles) explotando laboralmente a inmigrantes ilegales se da siempre una importante bolsa de voto a la extrema derecha: no quieren que se vayan los inmigrantes ilegales, quieren que sigan siendo ilegales para exprimir su falta de derechos.
2.- «¿Cómo vamos a financiar las pensiones? ¡Tenemos un infierno demográfico! ¡Nos hacemos viejos sin que nadie cotice por nosotros!» A todos los futuros pensionistas nos beneficia que las personas que están trabajando coticen a la Seguridad Social. A todos. Si eran sinceros los argumentos de las llamadas a la natalidad de algunas derechas conservadoras, estarán muy contentas de que entre 500.000 y 840.000 personas regularicen su situación y que aquellos que estén trabajando lo hagan aportando la parte que corresponde a la Seguridad Social de todos. Habrá malpensados que crean que esas llamadas a la natalidad lo que piden en realidad es niños arios, católicos que hagan la comunión vestidos de marinerito, españoles de bien. Pero eso que lo aclaren quienes ahora protesten porque va a haber cientos de miles de nuevos cotizantes.
3.- Por supuesto, también van a pasar a pagar los impuestos de los que hasta ahora estaban excluidos: ya pagan IVA y todos los demás impuestos indirectos, pero ahora podrán y deberán pagar, por ejemplo, el impuesto de la renta para contribuir a los servicios que disfrutamos todos.
4.- E incluso por seguridad, sí. La subida de las tasas de inmigración SIEMPRE va de la mano de reducción de la tasa de criminalidad. Pero ello no es incompatible con los efectos de marginar a cientos de miles de personas impidiéndoles vivir plenamente en sociedad. Claro que la existencia de cientos de miles de personas sin papeles es un foco de conflictividad. Toda exclusión social lo es y ésta es una exclusión formalizada, radical. Cuando se arroja a alguien a vivir al margen de la sociedad, se maximiza la probabilidad de generar un conflicto. Determinados delitos (no todos, desde luego) se cometen más por quien está excluido de la normalidad social. Y eso no se arregla con comandos fascistas y deportaciones masivas, como está haciendo Trump, y sustituyendo a los excluidos por nuevos excluidos autóctonos. Se arregla luchando contra toda exclusión social y reduciendo la desigualdad todo lo que se pueda. Que nadie que viva con nosotros esté expulsado de la legalidad es un paso de mínimos en esa dirección.
Hoy bramarán los admiradores de los asesinos del ICE. Pero el único defecto de la regularización de hoy es que no establezca un sistema regular de incorporación a la sociedad de todos nuestros vecinos: el único defecto es que no sea la última regularización masiva porque nunca más haga falta otra.
Los casos de Vic y Torrejón son los que han levantado la liebre. Inmediatamente el PP y CiU han decidido tomar esa bandera y apoyar a sus ayuntamientos vanguardia. Ni ERC ni PSC han mostrado contundencia alguna frente a sus concejales de Vic: la excusa se llama Anglada, un racista cuyo partido lleva varios años implantándose en ayuntamientos catalanes. Sin embargo, Anglada no parece demasiado inquieto por ser arrinconado ideológicamente: más bien lo está viviendo como un triunfo que garantiza la continuidad de su crecimiento. En Burgos, Democracia Nacional tampoco parece asustada y 
Cuando fue asesinado Carlos Palomino se convocó una concentración de protesta. Es lo que suele suceder cada vez que hay un asesinato político. Pero como el asesinado era un antisistema la delegada del gobierno (felizmente depuesta, aunque no en aquel momento) prohibió la concentración y la disolvió a palos. La concentración racista a la que había ido el asesino de Carlos, en cambio, había sido autorizada por la misma delegada del gobierno, como después autorizó otras cuantas manifestaciones de odio xenófobo.
