Un país herido de fascismo

Hoy va a declarar Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo acusado de prevaricación. La razón es que abrió una investigación sobre los ciudadanos desaparecidos en España durante la dictadura franquista. Unos ciudadanos españoles desaparecieron, suponemos que otros españoles los fusilaron y arrojaron a cunetas y fosas comunes y ni sus familiares ni los ciudadanos con una mínima humanidad podemos pedir que se limpie un poco la herida para que sea posible que cicatrice. Si un juez español investiga la desaparición de españoles a manos de españoles se le acusa de prevaricación… ¡por falta de competencia!

No hace ni diez días Europa entera se reunía para condenar los crímenes del nazismo, que terminaron treinta años antes que los crímenes del franquismo: todavía, de vez en cuando, es apresado algún viejo que participó en el Holocausto. América Latina entera está adecentando su memoria, juzgando a los criminales de su Historia más reciente. En todas partes, los estados que se dicen democráticos saben que se tienen que poner del lado de las víctimas, que no puede haber el menor gesto de complicidad con el horror que se generó desde el aparato estatal.

Mientras, en esta España que sigue siendo different el Congreso ha eliminado la justicia universal (o lo que es lo mismo, el carácter universal de los derechos humanos), se ha puesto al servicio de los poderosos evitando investigar crímenes de guerra de los que han sido víctimas ciudadanos españoles (José Couso) y persigue por prevaricación a un juez por investigar el grandioso crimen colectivo de aquel régimen al que nuestra derecha nunca ha calificado de régimen del terror.

España se ha convertido en un paraíso para los criminales poderosos: sean los nuestros o los ajenos. Hoy podemos constatar que la bondad que aparentaba Zapatero con su aparente impulso a la recuperación de una memoria democrática, sacando las tropas de Irak… eran absolutamente reversibles: se mutiló la Ley de memoria histórica (que podría haber hecho innecesaria la investigación de Garzón), se lanzó a los fiscales a frenar investigaciones como la del asesinato de José Couso y la propia de Garzón por la que hoy declarará, se impidió juzgar el genocidio emprendido por el gobierno israelí contra Gaza (conocimos la canallada de nuestro gobierno por la alegre ministra de exteriores israelí), y se suprimió la justicia universal haciendo de España un espacio de inmunidad y de indignidad.

Las heridas siguen abiertas, vaya que sí. Hoy tendremos una muestra más de que en España no ha habido todavía un poder político que no se ponga al lado de los grandes criminales de nuestra historia y de nuestro mundo.