Ayer participé en la tertulia de «El Balance», en Capital Radio, y expresé mi posición sobre el debate que está habiendo para la transformación del sistema de defensa europeo y sus implicaciones.
Autor: hugomabarca (Página 3 de 75)
Puedes encontrar mis extensas memorias arriba, donde pone "Sobre mí"
El propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció ayer lo que ya habían publicado muchos medios de comunicación: él puso en marcha la operación de filtrado a la prensa de mails que, convenientemente seleccionados y recortados, permitían creerse la mentira que contó Miguel Ángel Rodríguez; esto es, el bulo según el cual el fiscal de los innegables delitos fiscales de la pareja de Ayuso ofreció al presunto delincuente un acuerdo; acuerdo que habría impedido la autoridad superior por esa conspiración de Estado que denuncian Ayuso y Rodríguez que existe contra el aparente delincuente fiscal.
1.- Por si alguien anda perdido, vamos a recordar la cronología resumidísima de los hechos:
Miguel Ángel Rodríguez y los medios que reprodujeron lo que éste les dictó mintieron: sabemos, porque ha sido publicado, que fue el abogado del presunto delincuente quien ofreció (de acuerdo, según los mails publicados, con su cliente) la confesión de los innegables delitos fiscales cometidos a cambio de una pena que no implicase la entrada en prisión; que tal abogado envió esa propuesta a un mail genérico de la fiscalía que pudo ver bastante gente; y que, cuando el caso tuvo fiscal asignado, éste simplemente le dijo que ya hablarían cuando tocara.
Sabemos, también, que el día en que eldiario.es publicó la noticia de que se estaba investigando (desde hacía meses y sin que nadie se hubiera enterado) a la pareja de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez puso en marcha su maquinaria de mentiras para proteger al presunto autor de los innegables delitos fiscales. Primero El Mundo y luego otras webs se dejaron arrastrar por las mentiras que les dictaba el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja del acusado. Lo desmintió primero la Cadena Ser, explicando el recorrido verdadero de las conversaciones entre abogado y fiscalía. Después la Fiscalía emitió una nota en la que se desmentía el bulo difundido por presidencia de la Comunidad de Madrid y publicado como si fuera cierto por medios de comunicación. Finalmente varios medios de comunicación publicaron imágenes de los mails entre abogado y fiscal.
Los mails podían estar en manos del abogado de Alberto González Amador (y de sus compañeros de despacho, si es que pertenece a algún despacho y otros compañeros estaban participando en la defensa, que lo desconozco); y de la fiscalía.
Ante este itinerario, el abogado de Alberto González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid se querellaron contra la Fiscalía General del Estado por la nota de prensa, aduciendo que esa nota de prensa revelaba las comunicaciones entre las partes y que por ello incurría un delito de revelación de secretos por autoridad o cargo público (art. 417 del Código Penal). El Tribunal Supremo dijo que esa nota de prensa (que se sabía que había publicado la Fiscalía por orden del Fiscal General del Estado) no era delito; pero que la difusión de los mails entre abogado y fiscal (que no se sabe quién realizó) sí, por lo que el juez instructor aprovechó las querellas para investigar al Fiscal General del Estado.
Creo que estos hechos son difícilmente discutibles.
Por lo tanto, lo que tenemos es que ha habido al menos dos filtraciones de los emails de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. Parece innegable que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se facilitó la difusión de los primeros (Miguel Ángel Rodríguez dijo ayer que él puso en contacto a El Mundo con Alberto González Amador, que casualmente es la versión más adecuada para que un juez no pueda preguntar cómo se obtuvo ese mail); parece razonable que la filtración posterior que desmintió el bulo de Rodríguez/Ayuso/González Amador viniera de alguien contrario a los intereses del acusado: siendo una de las partes el abogado del acusado, esto nos lleva a la otra parte, la fiscalía, aunque no hay hasta ahora ningún dato para concretar en una de las decenas o cientos de personas de fiscalía que tuvieron acceso a las comunicaciones.
2.- A partir de aquí podemos discutir jurídicamente el asunto, porque aquí es donde entra una afirmación que están haciendo algunos juristas (desde periodistas con sólidos conocimientos jurídicos hasta magistrados tuiteros): que la fiscalía no tenía derecho a difundir los mails pero el acusado sí. Y que por tanto, la filtración que hubiera hecho la fiscalía sería ilegal (e incluso delito) mientras que la de la otra parte sería legítima.
Para defender esta postura utilizan una interpretación que intuitivamente puede resultar razonable: Alberto González Amador, su abogado y sus aliados en la Puerta del Sol estarían difundiendo datos que afectan a su condición de acusado, esto es, datos personales suyos, por lo que si González Amador lo consentía, no había problema; mientras que la Fiscalía estaría manejando datos que afectan a un particular (González Amador) y por tanto no tiene derecho a publicarlos.
Esta interpretación sería válida si los datos que se difundieran fueran, por ejemplo, datos de la inspección de Hacienda que revelaran aspectos privados de González Amador; o incluso la dirección concreta del piso que compró con mucho dinero al contado a la vez que se ahorraba mucho dinero con el fraude fiscal; o quién y a cambio de qué ha puesto a disposición de Ayuso y González Amador un ático que compró una empresa cuya propiedad es desconocida. Esto sí lo podría contar Ayuso, González Amador o Miguel Ángel Rodríguez si ellos le autorizan; pero por alguna razón esto no lo quieren contar (la otra opción es que un juez decida investigarlo, pero no hemos llegado a ese momento).
Pero de lo que estamos hablando no son de datos personales de Alberto González Amador. Estamos hablando de las conversaciones entre abogado y fiscal. Estas conversaciones (como las conversaciones entre dos abogados enfrentados en un procedimiento) están especialmente protegidas para que tales conversaciones sean posibles.
Tan protegidas están que ni siquiera el propio cliente de un abogado puede acceder a su contenido: el Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe en su artículo 5.3 que cualquier tipo de comunicación entre las partes sea «facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido.» No sólo esos mails no son datos que el acusado pudiera difundir o no a capricho: es que el acusado no podía tener el contenido de esos mails salvo que hubiera «autorización de todos los que hayan intervenido«, es decir, de su propio abogado pero también de la fiscalía.
Esto es tan evidente que el propio Colegio de la Abogacía de Madrid, cuando intervino en Todo es mentira (Cuatro) para justificar su querella contra la fiscalía tuvo que decir que no sabía que se hubiera publicado nada antes de que la fiscalía desmintiera lo publicado (¡!) y que si se probara que el abogado había filtrado alguna comunicación con la fiscalía habría que actuar contra él:
Por mucho que se empeñen los defensores de Ayuso y su estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales, no: nadie tenía derecho a difundir los correos electrónicos entre abogado y fiscal, nadie: nadie de la fiscalía y tampoco nadie de la defensa del acusado.
Lo siguiente sería ver si es delito.
Los defensores de Ayuso afirman que no, porque a la fiscalía se le acusa del delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que sólo puede cometer una autoridad o funcionario público: «La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.» Y llevan razón en que no podría ser acusado por ese delito nadie que no fuera autoridad o funcionario público, pero sí por el artículo 199, que se refiere a profesionales que revelen secretos «de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales«.
En todo caso, para culpar a alguien de uno u otro delito habría que probar qué persona lo ha cometido. Resulta evidente que, ni con la desmesurada intromisión del instructor en las comunicaciones de todo un Fiscal General del Estado, se ha podido probar que fuera él quien filtrara comunicación alguna. Respecto de que la filtración de Miguel Ángel Rodríguez tuviera su origen en el abogado del acusado, uno puede tener la convicción de que es evidente quién aportó el mail que sustentó el bulo que difundió la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero afortunadamente una acusación de este tipo exigiría pruebas: pero las exige siempre, no sólo cuando le apeteciera a los defensores políticos, mediáticos y jurídicos de un innegablemente delincuente fiscal.
Otra opción sería que se considere que la infracción del deber de secreto respecto de estas conversaciones no sea delito porque no revista la gravedad necesaria (no toda ilegalidad es delito, afortunadamente). Pero entonces no lo sería en ambos casos porque los hechos de ambos delitos (revelación de secretos que no se deben revelar) son los mismos. Suponiendo que fuera cierto que una filtración viniera de alguna persona de la defensa del acusado y la posterior de alguna persona de la fiscalía, acaso se pueda considerar más grave en el caso del que difunde primero la conversación (y que además lo hace para mentir) por poder considerar que tal difusión viene a ser una autorización a difundirla íntegramente (sería muy discutible, el secreto de estas comunicaciones es tal que no debe aceptarse que la autorización fuera tácita) o más bien por poder considerar que la difusión de la mentira ampara que el señalado por la misma se defienda mostrando la verdad. Incluso las distintas penas (de cárcel en el caso del 199CP y sólo de inhabilitación en el caso del funcionario público) mantendrían la idea de que, si hay que valorar cuál de las actuaciones sería más grave (comparación que es un error en el que sólo están incurriendo quienes defienden la estrategia de Ayuso), sería la de la abogacía.
Pero lo que es difícil de rebatir si se estudia un poquito el caso concreto es que no, que no existe la posibilidad legal de que Miguel Ángel Rodríguez o El Mundo tuvieran acceso a esas comunicaciones, del mismo modo que la publicación posterior del resto de mails implican que alguien se saltó su deber legal de guardar secreto sobre ellos. Es innegable que alguien cometió ilegalidades; otra cosa es identificar qué seres humanos las cometieron y qué grado alcanzan esas ilegalidades. Pero eso se aplica en las dos direcciones, no sólo en una, como pretende la brigada política, mediática y jurídica de defensa de Ayuso y los innegables delitos fiscales de su entorno.
Lo que ya resulta difícilmente defendible es que es absolutamente impresentable que se use la presidencia de la Comunidad de Madrid para filtrar comunicaciones entre un abogado y un fiscal que tramitan un caso de delitos fiscales; que se ponga el aparato de presidencia de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de un presunto delincuente fiscal; que en esa estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales se mienta, se manipule, se insulte y amenace a periodistas, se mienta achacando a periodistas acoso a menores… Esto habría llevado en cualquier democracia liberal al cese inmediato del jefe de gabinete y, al no producirse después de tanto tiempo, a la destitución de la presidenta que lo ampara (en beneficio propio, que ese es el tema).
Pero aquí estamos, con Ayuso en su ático doble, su maserati y el enorme tren de vida al que ha accedido recientemente y con Miguel Ángel Rodríguez mintiendo y anunciando quién va p’alate entre los aplausos de su pesebre político, mediático y jurídico. Y discutiendo obviedades.
Es razonable que la derecha española tenga un trauma histórico con la dictadura. Pese a lo mucho que lo reiteran, no han cerrado esa herida, porque las heridas no se curan mirando para otro lado hasta que se infecten y la derecha española siempre ha presumido de que la forma de curar los crímenes de la dictadura era no hablar de ellos y silenciar a sus víctimas mientras se van muriendo. Ese trauma les lleva a hacer el ridículo como están haciendo estos días con sus argumentos para rechazar que 50 años después de la muerte de Franco, los demócratas aprovechemos para celebrar la democracia, recordar a las víctimas del mayor asesino de españoles de la Historia y agradecer a nuestros mayores que lo dieron todo por conseguir que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos… recuperásemos la libertad y la democracia que a ellos les habían arrebatado.
La celebración de aniversarios redondos del fin de la dictadura no es ninguna novedad que se haya inventado este gobierno.
En los años 90 el tardofelipismo puso en marcha la operación de sacralización de la Transición. Sacaron del cajón unos documentales de Victoria Prego que llevaban un par de años terminados. Los emitieron en La2 en agosto (suponían que la Transición era una cosa que ya no le importaba a nadie) y con duras críticas de los medios de la derecha. Porque el sentido de aquella propaganda de la Transición por parte de los gobiernos de Felipe González era ensalzar el «consenso» en contraposición a la «crispación», esto es, a que la oposición de derecha e izquierda criticase los GAL, Filesa, Mariano Rubio, Luis Roldán… El PP de Aznar vio que esta religión de Estado le podía ser útil (en su manipulación nacionalista del patriotismo constitucional, que arrancó a Habermas para atacar entonces al PNV) e hizo suya la Buena Nueva de la Transición.
El caso es que la sacralización de la Transición triunfó. Triunfó como un mito religioso, con su Biblia (los documentales de Prego, que pronto se regalaron con todos los periódicos), con su santoral de hombres ilustres (el masculino no es genérico) y con sus fiestas de guardar. Las fiestas de guardar consistían en que todos los años eran el aniversario redondo de algún gran evento que teníamos que recordar todo el año.
Si era 1995, había que celebrar el 20º aniversario de la muerte del dictador (nadie discutía entonces la obviedad de que aquella muerte suponía el hito más importante del tránsito de su dictadura a esta democracia). Si era 1996, conmemorábamos el 15º aniversario del 23-F, que fusionaba democracia y monarquía. En 1997 celebrábamos el 20º aniversario de las primeras elecciones democráticas y el PSOE intentaba también colar el 15º aniversario de su victoria electoral en 1982, la primera victoria electoral de la izquierda desde el golpe del 18 de julio. En 1998, por supuesto, el 20º aniversario de la Constitución y, los más audaces, el 25º aniversario de la muerte de Carrero Blanco (hecho con el que arrancaba la Transición en el documental de Victoria Prego). En 1999 celebraríamos el 20º aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos. Y en 2000 volvíamos a empezar el ciclo añadiendo cinco años a cada aniversario: 25 años de la muerte de Franco, 20 del 23-F…
Aquel ciclo de conmemoraciones perpetuas se reiteró ininterrumpidamente hasta que la crisis económica de 2008 y el 15M convirtieron la propaganda de la Transición en un bumerán muy poco eficaz para un bipartidismo que pretendiera sobrevivir.
Entre las respuestas ridículas que está dando el PP a la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Franco está que con la muerte del dictador no pasó nada (no hubo democracia al día siguiente: Juan Carlos empezó su reinado como dictador) y, en concreto, en enero el dictador tenía flebitis pero aún tenía fuerza para cometer sus últimos crímenes (las palabras ‘dictador’ y ‘crímenes’ no constan en el argumentario oficial del PP; ‘flebitis’, sí).
Que en enero de 1975 el dictador no había muerto, es un hecho. De hecho, los últimos años y meses de la dictadura fueron de los más duros para la oposición democrática, sólo superados por los terribles años 40. Pero a quienes recordamos cómo se usaba cualquier aniversario para instalar el mito fundacional de la Transición… la exquisitez con la que el PP pretende celebrar la Navidad exclusivamente el 25 de diciembre, el Black Friday sólo un día y la muerte del dictador en la fecha exacta en la que se produjo nos saca una condescendiente sonrisa .
Pero la crítica más reveladora es la otra: la que pretende que la muerte del dictador no supuso ningún evento políticamente rescatable. Lo explican, además, rescatando que el dictador murió en la cama: lo hacen pretendiendo que eso ridiculiza a la oposición democrática. «No sería tan valiente la izquierda», dijo un diputado de Ayuso en diciembre, asumiendo que la derecha no combatía a Franco, que era legítima la violencia armada contra la dictadura -era reprochable que su muerte hubiera sido natural- y ninguneando la valentía de los hombres y mujeres que pagaron con cárcel, tortura, miedo y muerte la defensa de la democracia.
Y es reveladora porque evidencia que quienes vomitan estos argumentarios no han hablado en su vida con ningún demócrata que se opusiera entonces a la dictadura. Porque aquellos demócratas sabían muy bien que la muerte biológica del dictador no traía inmediatamente la democracia. Pero celebraron con cava, con discreción, con cierto miedo pero mucha más alegría que el tirano, el criminal, la figura que había encarnado el golpe de Estado, la alianza fascista contra España y la eterna dictadura… se iba a la mierda. Por supuesto que tenían enorme incertidumbre. Pero los miles de valientes demócratas a los que más agradecimiento y reconocimiento debemos los españoles de hoy sabían que la muerte de Franco era un hito que iba a cambiar su país y sus vidas, que estaba más cerca poder defender ideas sin tener que ser un héroe. Que, al menos, a esa figura criminal ya no iban a verla tanto, ya no iban a verla siempre en todos los segundos, en todas las visiones.
Hace 50 años miles de mujeres y hombres demócratas lloraban de alegría o de incertidumbre: ninguno negaba la grandeza del momento histórico. Lo hacían aún escondidas, igual que la derecha española querría que no hagan ruido hoy quienes quieren homenajearles. Muchos de ellos están entre nosotros: quien no quiera hacer el ridículo, haría bien en preguntarles cómo vivieron los demócratas de 1975 la muerte de Franco.
Le preocupa a la menguante derecha democrática que la memoria de la dictadura sea útil a la izquierda española. Lo tiene muy fácil: la derecha democrática alemana nunca duda en recordar el nazismo y ponerse del lado de sus víctimas y gracias a eso la memoria es un pilar del Estado, no un asunto electoral. Las heridas se curan limpiándolas. El día en que la derecha española deje de evidenciar su incomodidad al señalar como enemigo de España al criminal y como héroes a los demócratas que le enfrentaron habrá hecho un gran favor a España, a la democracia… y también se habrá hecho un gran favor a sí misma.
En la vieja Atenas se identificaba la palabra idiota (ἰδιώτης) con aquellas personas que no se meten en política, aquellos cuya única preocupación es su vida privada y que renuncian a tener iniciativa en los asuntos colectivos (la política) yendo contra su propia naturaleza como ζῷον πολῑτῐκόν, como animal político, como animal cívico.
Esta idea de “idiota” define, exactamente, el concepto de “libertad” que ha cacareado la nueva derecha, una libertad antisocial, una libertad exaltadamente individualista consistente en hacer lo que a uno le dé la gana…
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Es muy evidente lo que intentaron los mentirosos fascistas que vincularon el asesinato de un niño en Mocejón (Toledo) con la inmigración y, más en concreto, con los niños y adolescentes que hay acogidos allí. La ultraderecha mundial (desde Elon Musk hasta Santiago Abascal) está admirando la violencia racista que se ha desatado en el Reino Unido fruto de unas mentiras muy parecidas sobre otro crimen indigerible. Lo que han intentado estos días con sus mentiras racistas es que en España prendiera una violencia similar a la de Reino Unido, simplemente.
Esta vez les ha salido mal: ha habido rápidamente una detención y se supo pronto que el detenido es español. Podía no haber sido así. Como la criminalidad no está asociada a la nacionalidad, los españoles no tenemos más tendencia al crimen que los extranjeros, así que tarde o temprano se saldrán con la suya y algún terrible crimen será cometido por un extranjero por pura estadística; o simplemente tardaremos en saber quién ha sido y prenderá el invento, siempre más rápido que el conocimiento. Especialmente si cuentan con una red social como el Twitter de Elon Musk cuyo dueño jalea a los violentos racistas británicos.
Las mentiras de los racistas tendrán éxito y generarán violencia fascista. Es un riesgo real que una democracia debe prevenir.
La «justicia ejemplarizante» (un castigo contundente para un delincuente cuyo objetivo es amedrentar a quien tenga previsto cometer el mismo delito y así prevenir su cumplimiento) es siempre injusta y rara vez es eficaz.
No es justa porque se basa en que se castiga a unos delincuentes (no a todos) buscando sobre todo la publicidad. Pero en la actual situación nunca va a haber justicia para todos los que utilizan las redes sociales para amenazar, injuriar, propagar odio contra colectivos vulnerables y echar gasolina intentando que prenda una llama criminal: porque es imposible (e indeseable) poner la policía y la justicia a actuar contra los miles de ultras que delinquen cotidianamente en la red.
Sin embargo, ayer mismo demostró que en el caso de los bulos en redes sociales el castigo ejemplarizante sí puede ser eficaz porque el mero anuncio de que a alguien le podría salir mal la fiesta fascista generó una cascada de desapariciones y disculpas de los cobardes que tan valientes se sentían amenazando a negros y moros unos minutos antes.
Hace unos años puse dos denuncias por amenazas de muerte en twitter con apenas una semana de diferencia. La primera fue a un anónimo. El policía que recogió mi denuncia me dijo que si las unidades correspondientes querían, sería razonablemente fácil identificar al autor. Nunca tuve noticia de tal identificación, quiero pensar que porque no hay unidades dedicadas a identificar a estos pequeños delincuentes de redes. La segunda denuncia fue a un cretino que me amenazaba con un tiro en la nuca con nombre, apellidos y localidad en respuesta a un tuit mío sobre el Valle de los Caídos. En cuanto le avisé de que le había denunciado (no antes) me escribió simulando una patética y humillante disculpa; en el juicio aseguró con voz temblorosa que el tiro en la nuca se refería a un balonazo en la nuca. Le cayó una multa de 300 euros (yo propuse que se sustituyese la multa por una visita al Valle de los Caídos guiada por familiares de víctimas que se lo explicaran, pero la jueza zanjó el asunto con lo previsto en el Código Penal). Fue una sanción pequeña (y me parece muy bien) pero estoy seguro que suficiente para que el matoncillo acobardado huya durante mucho tiempo de volver a vomitar sus amenazas contra nadie.
Casi ningún ultra de los que vomitan odio, mentiras y amenazas en twitter pone su nombre, apellido y localidad. Son todos anónimos. Lo cual es una prueba de que son profundamente cobardes, pero también de que es imposible tener un cuerpo policial centrado en identificar a cada uno de estos miles de pequeños delincuentes que (sumados) generan un riesgo real contra la convivencia democrática. Es imposible identificarlos a todos… pero es posible identificar a algunos y lanzar el mensaje de que cualquiera de ellos puede ser identificado en algún momento.
Ayer la fiscalía anunció que iba a investigar los mensajes de quienes propagaron las mentiras racistas buscando que prendiera la violencia contra niños y adolescentes extranjeros o, en general, contra cualquier extranjero como sucedió en Reino Unido. E inmediatamente varios de los que estos días se habían elevado como grandes fieras de la patria a soltar espumarajos se acobardaron, empezaron a pedir perdón, cerraron sus cuentas en redes sociales…
En las redes sociales, como en el coche, mucha gente saca lo peor de sí precisamente porque se sienten amparados por la impunidad: te insultan desde dentro del coche porque se sienten protegidos por las ventanas cerradas; amenazan, mienten y acosan en las redes porque se sienten protegidos por la distancia que hay entre su ordenador y su víctima, y mucho más protegidos por el anonimato.
Por eso creo fundamental que haya castigos ejemplarizantes para algunos de ellos. No puede ser para todos, por pura economía de medios policiales y judiciales; no deben ser grandes castigos porque los demócratas creemos en la proporcionalidad y la ejemplaridad que defiendo no se basa en castigos desproporcionados, sino en que haya algunos castigos justos; pero además no es necesario que sean grandes castigos porque para estos cobardes la mera posibilidad de tener que responder públicamente de sus vómitos les preocupa mucho más que la terrible disolución de la patria, la invasión que estamos sufriendo y todas las mierdas que rebuznan con tanta solemnidad.
Dediquemos un pequeño cuerpo policial a identificar las cuentas que cometen delitos continuamente. Pero hagámoslo de verdad (este no es el primer anuncio de que se van a investigar este tipo de cosas y luego no pasa nada). Y cada vez que se juzgue a imbéciles de éstos, démosle la máxima difusión como sucede en delitos de gran trascendencia social (éstos agregadamente la tienen). No les pongamos gravísimas sanciones a cada uno, no se trata de eso.
Cada vez que se sienten mínimamente perseguidos, demuestran lo cobardes que son. A poco que la democracia les lance el mensaje de que sus gilipolleces delictivas les pueden costar un disgusto penal, un enorme porcentaje de ellos se acobardará.
No se trata de una broma que se zanje con un anuncio de la fiscalía que quede en nada. Lo que ha pasado estos días ha sido un aviso. Y lo que hemos visto en el Reino Unido, otro.
