Blog de Hugo Martínez Abarca

Autor: hugomabarca (Página 4 de 75)

Puedes encontrar mis extensas memorias arriba, donde pone "Sobre mí"

Goodbye, Elon (o «Si me queréis, venirse a bluesky»)

Adelanto la conclusión, que quienes venís de Twitter seguramente no estéis para textos un poquito largos: ¡si me queréis, venirse a bluesky!

Y ahora, explico por qué (si es que hiciera falta).

Confieso: yo pagué a Elon Musk.

La razón: Twitter empezó a ser de pago a principios de 2023. En mayo de 2023 había elecciones municipales y autonómicas (luego las hubo también generales, pero eso no se sabía). La principal razón por la que sigo usando Twitter es la propaganda política. En ninguna otra red social tengo tantos seguidores como en Twitter y, además, una parte de los seguidores que tengo en Twitter son periodistas. Esto último es importante: si alguna vez lo fue, hace mucho tiempo que Twitter no es una forma útil de propaganda política directa (no la usa mucha gente en comparación con otras redes sociales) pero sí indirecta, dado que sus usuarios son muy cualificados: si un periodista ve tu argumento, el dato que difundes o una opinión que no se le había ocurrido y eso influye (o incluso es mencionado) en su medio de comunicación… el tuit ha tenido una difusión muy superior a la que tendría por cualquier otro medio. Esto es especialmente útil para quienes no somos muy conocidos, pero incluso personas que sí lo son han sustituido de alguna forma las notas de prensa por comunicados en redes sociales, fundamentalmente en Twitter cuando tienen que ver con política.

Así pues, para un año en el que se constituía en un bien superior la derrota electoral de Ayuso, de Almeida y de cuantos están destrozando social, ecológica, económica y éticamente Madrid, el pago de una cantidad que me podía permitir a cambio de una supuesta mayor visibilidad en Twitter era un mal menor: como quien paga por poner un anuncio en un medio de comunicación aunque su propietario le parezca un bicho, vaya.

Hace un tiempo que la utilidad que conserva Twitter no compensa el daño que hace y cada vez soy más consciente de que engrasando el tinglado de Elon Musk contribuyo a la propaganda antidemocrática y de extrema derecha más de lo que me beneficio para combatirla.

Las últimas semanas han elevado esa intuición a evidencia. Elon Musk ha utilizado su red social para llamar explícitamente a la guerra civil en Gran Bretaña, alentando las manadas de terror racista que ha habido en sus calles, difundiendo las mentiras que hacían de gasolina para esas razzias; esta noche ha utilizado Twitter para hacer campaña por el decadente Donald Trump, convirtiendo Twitter en el flotador para el fanático que se hunde a toda velocidad.

No es sólo el papel personal del dueño de Twitter, sino en lo que ha convertido esa red. Es evidente que el algoritmo que ha creado (que puede cambiar la semana que viene, como el nombre de la red, las condiciones de acceso, de verificación de usuarios o la información que podemos ver de un tuit: Elon Musk es un inmaduro caprichoso que cambia rotundamente de decisión y la defiende con la misma lloricona firmeza con la que defendió la opuesta) no sirve para que uno vea lo que quiere (incluso lo que el algoritmo prevé que quiere ver) sino una cascada de mentiras, fascismo y charlatanería ultra intercalados con interesantísimos hilos sobre veinte increíbles mamíferos que no sabías que existían. En Twitter uno no ya no ve lo que quiere ver sino lo que Musk quiere que veas.

Twitter sirve para propagar odio contra una mujer deportista (a la que denuncian por beneficiarse de la generosísima legislación trans en Argelia), pero si una mujer trans señala (educadamente) la paradoja a la que lleva esa expresión de fanatismo, Twitter le impide difundir su mensaje porque la palabra «terf» (no las conductas tránsfobas) inducen al odio. ¿Por qué? Porque Musk es tránsfobo (y su odio lo sufre su propia hija).

Supongo que Twitter todavía tendrá alguna utilidad para los demócratas y defensores de la libertad, la igualdad… Es evidente que para la fraternidad, no. Desde hace tiempo cualquier mensaje se llena de respuestas de odio irracional (no combaten lo que uno dice, simplemente responden con un insulto, una gilipollez insustancial escondida siempre desde el cobarde anonimato). Soy un hombre blanco cis heterosexual y no soy una persona muy conocida, por lo que el odio que recibo es una mínima parte del que reciben compañeras jóvenes, amigas trans (recuerdo cuando Carla Antonelli me preguntaba con incomprensión por qué no tengo cerradas las respuestas a mis tuits: simplemente el aluvión de basura que recibe ella cada vez que da los buenos días es incomparable con la relativamente escasa cantidad de mierda que recibo yo) o cualquier persona que pertenezca a colectivos a los que la basura ultra quiere tener humillados.

Además, llevo suficientes años de militancia política y tengo una personalidad bastante displicente como para tener la piel bastante gruesa: los insultos que recibo en Twitter me dan bastante igual e incluso las decenas de bloqueos diarios se han convertido en parte del divertimento. Lo cual no es exigible a nadie: nadie tiene la obligación de soportar sin sufrir la cantidad de mierda gratuita que le echan en sus cuentas los idiotas que convierten en odio su escaso mundo interior.

Si echo Twitter a un lado no es por sufrimiento personal sino por una valoración racional de que seguir dando a Twitter un papel relevante en las comunicaciones sociales y políticas hace más daño que bien y perjudica más que beneficia a las posiciones progresistas y democráticas. Elon Musk ha convertido Twitter en un instrumento contra la democracia, contra los derechos de la ciudadanía y contra la convivencia en la sociedad real (no sólo en la propia red).

Tampoco es porque los activistas de la extrema derecha hayan sido más hábiles y hayan exprimido la red para optimizarla mejor que nosotros: no hay ninguna habilidad en su dominio, sólo los 44.000 millones de dólares que pagó Elon Musk por quedarse una red social y convertirla en su lodazal particular.

Twitter me gustaba. En los primeros años de Twitter fue un instrumento de creación y difusión de ingenio maravilloso. Además contribuyó a la comunicación rápida, libre, democrática y directa. Buena parte de la gente que supo comprender qué estaba pasando el 15M lo hizo gracias a Twitter, por ejemplo. Particularmente, el tipo de comunicación que se me da bien es la que favorece Twitter, lo que ha hecho que reúna un número de seguidores que no tengo en ningún otra red.

Ha habido frecuentes rachas de salidas de Twitter por distintas razones, pero nunca han cuajado del todo porque ninguna otra red ha ofrecido lo que echamos de menos de Twitter: un espacio en el que se puedan decir cosas, se puedan leer opiniones rápidas y sugerentes, difundir artículos, noticias…

Cuando Musk compró Twitter, los creadores de Twitter pusieron en marcha otra red social: Bluesky. Su problema era que hacía falta invitación para entrar, supongo que por motivos técnicos (para evitar una avalancha que llevara al colapso una red en pruebas), pero ahora ya puede uno entrar sin más. Hace unos días entré y, por un lado, encuentro allí a algunas de las personas a las que se supone que sigo en Twitter pero que no me aparecen porque el señor Musk prefiere que pique en la última chorrada de un propagandista de Ayuso, de Trump o de algún propagador de bulos racistas. De las ventajas que encontré en Twitter, la que echo de menos es que ahora mismo hay bastante gente maja, pero falta bastante; y lo que no hay casi son periodistas, lo cual es una carencia importante para el debate y la difusión de posiciones políticas.

Obviamente he cancelado mi suscripción de pago a Twitter y no voy a abandonar la red social, porque sigue ofreciéndome alguna utilidad, aunque ciertamente cada vez menos. Mi intención personal es echarla a un lado poco a poco, ir haciendo una transición a Bluesky y convencer a cuantos amigos, compañeros y contactos pueda de que la prueben… e intentemos recuperar un espacio de comunicación que en su día no sólo fue muy útil, es que además fue divertido e inteligente.

La diferencia crucial con otros éxodos de Twitter es que, sin que haya habido ningún tipo de campaña, sí hay gente maja usando Bluesky como si fuera el antiguo Twitter (porque en buena parte lo es). A diferencia de Twitter es ciertamente transparente (si no he leído mal, su algoritmo es abierto, por lo que quien lo sepa interpretar puede examinarlo) y, en fin, empieza a tener las ventajas que tuvo Twitter sin la manipulación reaccionaria y fanática a la que está sometida la empresa de Musk.

Así que, como decía al principio, si me queréis, venirse a bluesky. Hay apps para iOS y para Android; en la web está aquí. Y si queréis seguirme, podéis hacerlo aquí.

Algunas notas sobre lo de Illa y sobre lo de Puigdemont

Hoy se debe celebrar la investidura de Salvador Illa como president de Catalunya. Debe producirse porque es el resultado legítimo de los votos de la ciudadanía catalana y del posterior acuerdo entre la mayoría progresista del Parlament elegido por la ciudadanía catalana. Tal acuerdo es fruto del primer encuentro desde que empezó el Procés entre independentistas y no independentistas y lleva (porque así resulta de los votos de los catalanes) a la presidencia a alguien que no es independentista por primera vez desde 2010, procés independentista mediante.

La investidura de Salvador Illa es una gran noticia para cualquier persona progresista o de izquierdas, pues por primera vez en década y media Cataluña tendrá un gobierno dependiente de una mayoría parlamentaria de progresista.

La investidura de Salvador Illa es una gran noticia, también, para cualquier persona que quiera solucionar el conflicto catalán mediante el encuentro entre distintos, no mediante la victoria de media Cataluña sobre la otra media, no mediante la derrota de media Cataluña bajo la otra media.

La investidura de Salvador Illa, además, debería ser una buena noticia para cualquier persona que no quisiera la independencia de Cataluña (la considerasen legítima o no): es una evidencia que esta investidura representa el fin del Procés. Lo representa, pero el fin del Procés tuvo lugar hace tiempo, fundamentalmente porque la sociedad catalana es consciente hace tiempo del callejón sin salida al que se llegó. Por parte de los partidos (independentistas catalanes y progresistas de toda España) la toma de conciencia del final del Procés se evidenció en verano del año pasado cuando los partidos independentistas entraron a formar parte de la mayoría de investidura del gobierno de España.

El final del Procés no significa el final de las aspiraciones independentistas de nadie, significa el final de un ciclo histórico. Quienquiera que afirme qué tipo de ciclo se abre ahora, miente: nadie lo sabe. Y quienes, como Dolors Montserrat, dicen que este ciclo es más independentista que el anterior no sólo miente: además carece por completo de sentido del ridículo.

La investidura de Salvador Illa es una mala noticia para las derechas y ultra derechas catalanas y españolas y también para quienes quieren acabar con el Procés mediante la derrota de media Cataluña bajo la otra media. Es legítimo que las derechas y ultra derechas y quienes quieren humillar a media Cataluña estén resentidas. Ánimo con eso, pero no tienen derecho a nada más que eso: a tener un sentimiento personal mientras Cataluña se pone a funcionar. Porque perdieron las elecciones.

De acuerdo con la legalidad vigente española, Carles Puigdemont tiene pleno derecho a entrar en Catalunya, a hacer un acto público y a ejercer como diputado electo en el Parlament de Catalunya. Por lo tanto, su actuación de hoy, es plenamente legítima.

La construcción literaria de unos jueces para no aplicar la ley vigente española no es legítima y vulnera la separación de poderes. Tanto tiempo citando a Montesquieu para acabar con unos jueces que deciden que no van a aplicar una ley aprobada por el legislativo porque no les gusta. No han «interpretado» la ley: se la han saltado. No es que la hayan elevado al Constitucional o al TJUE, es que han decidido fabricar enriquecimientos fantásticos; es que han aplicado una supuesta legalidad al margen de la vigente. Y, obviamente, no tienen legitimidad para hacerlo.

El espectáculo de hoy pretende dificultar una investidura legítima y que es una buenísima noticia para muchos y una mala noticia para algunos, pero que en cualquier caso es el resultado de un proceso democrático en Catalunya.

El espectáculo de hoy es una decisión que ha adoptado Junts. Es difícil entender qué mensaje político pretende transmitir. Si pretende explicar que la actuación de los jueces es ilegítima, lo razonable habría sido realizar este espectáculo como respuesta a la decisión de los jueces de inventarse una legalidad a su gusto. Sin embargo, se ha realizado como respuesta u obstáculo a la investidura. ¿No le parece a Puigdemont legítima la investidura de Salvador Illa? Recordemos: Salvador Illa va a ser president como fruto de los votos de la ciudadanía catalana, exactamente igual que cuando él fue president con los votos de su partido y de ERC y las CUP.

Probablemente el mensaje político de Puigdemont se agota con el propio espectáculo: una búsqueda de pervivencia política tras la derrota democrático. La alternativa es que consideran ilegítima la investidura. Les costaría mucho explicar por qué. Buscar casito es legítimo; boicotear investiduras democráticas, no.

Ese espectáculo, insisto, lo ha decidido Junts, Puigdemont o quien tome las decisiones ahí. Pero no sería posible sin la actuación de unos jueces que obedecen al «quien pueda hacer, que haga» de Aznar y han decidido no aplicar la ley como es su obligación. Es, de hecho, una alianza perversa entre Junts y la derecha judicial para intentar aplazar lo inaplazable: la normalidad democrática, progresista y pacífica en Catalunya y en España. No lo aceptan y patalean. Pero la obligación de todo demócrata es conseguir que no logren impedir el funcionamiento de las mayorías parlamentarias y los gobiernos elegidos democráticamente.

Pataleen, pero háganse a un lado, que Catalunya y España siguen avanzando.

Defensa (parcial) de Bolaños

«Es cierto que lo del juez Peinado es indefendible, que está actuando con arbitrariedad con un objetivo político y mediático, pero un ministro de justicia como Bolaños no puede decirlo«. He escuchado variaciones de esta frase a distintos opinadores desde ayer. Y no puedo estar más en desacuerdo.

Llevamos meses hablando de la separación de poderes. Desde el acuerdo de investidura del año pasado, el CGPJ caducado tocó a rebato y la supuesta «defensa del Estado de Derecho» y de la «separación de poderes» pareció una misión patriótica de togados, colegios profesionales y, en general, de cualquier profesional que use corbata porque en un texto privado entre dos partidos aparecía mencionada la palabra «lawfare». Aunque el texto ni siquiera afirmaba la existencia de «lawfare» en España, su mera mención era una gravísima afrenta.

Si creían en la extrema gravedad de la mera mención de las operaciones judiciales cuyo objetivo real no sea la aplicación de la legalidad sino el desequilibrio del poder político elegido democráticamente, mucho más grave les parecerá, quiero pensar, que no sólo se mencione… sino que suceda. No parece haber mucha discusión (honesta) sobre la concatenación de barbaridades en el ‘caso Peinado’: desde la mera admisión a trámite de una querella de Manos Limpias que, a diferencia de lo que dicen muchos medios, no era una colección de recortes de prensa sino que consistía en un simple listado de titulares de prensa (sin desarrollo o siquiera enlace de la noticia), hasta el anuncio de que se pasará por Moncloa el martes con las acusaciones ultraderechistas a tomar declaración al presidente del Gobierno.

Hay antecedentes nacionales e internacionales de este tipo de actuaciones judiciales. En el plano internacional los gobiernos de Lula y Antonio Costa fueron acosados por montajes judiciales: Costa, el más reciente, dimitió e inmediatamente consiguió el gobierno la derecha y el juez archivó el asunto porque no había nada que reprochar al presidente portugués, salvo el hecho de liderar un gobierno progresista.

En España, hemos tenido casos como el de Mónica Oltra, el enriquecimiento patrimonial personal sin riqueza alguna que entre en el patrimonio de ninguna persona, el terrorismo sin terror, bochornos como aquel «caso niñera», sumarios sobre financiación ilegal estirados en el tiempo sin sustancia alguna…

Desde que la describió Montesquieu, la principal amenaza a la separación de poderes son los jueces que se creen legitimados para invadir las funciones de poderes legitimados, en la actualidad, electoralmente. Obviamente no son todos los jueces, seguramente ni siquiera la mayoría, pero ningún juez tiene derecho a intentar tumbar, siquiera a decidir deteriorar, al gobierno ni a ningún espacio político por muy aberrante que le parezca ese gobierno o ese espacio político. Ninguno.

La principal amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho en España en 2024 (como en otros países) es el secuestro por la derecha autoritaria (y profundamente anti liberal) de una parte del Poder Judicial. Y en ese secuestro la retención ilegítima del control del CGPJ era una parte relevante pero no crucial: es bueno que se vaya a resolver ese bloqueo, pero es democráticamente suicida dar por solucionados los problemas de la Justicia con la mera renovación del CGPJ.

No es que Bolaños tenga derecho a manifestar su enfado ante estas agresiones a la democracia y a la separación de poderes. Es que es su obligación. Y, de hecho, su obligación va más allá. Como ministro de Justicia y como ministro de Presidencia tiene la obligación de liderar las medidas políticas estructurales para defender la democracia de estas agresiones, que será, además, una forma de defender que la judicatura conforme un poder del Estado social y democrático de Derecho y liberarla del secuestro antidemocrático al que lo ha sometido una derecha que no admite la legitimidad de mayorías que no sean la suya.

Claro que puede quejarse Bolaños, aunque sea ministro. Lo que no puede hacer es quedarse en la queja, porque es ministro.

Girauta y la opinión «libre»

Estos días estamos conociendo algunas declaraciones de bienes de los nuevos eurodiputados. Ha sido conocida la Luis Pérez, alias ‘Alvise’, por ser absolutamente opaca: supuestamente vive de «donaciones», de las que no aclara ni el origen ni la cantidad. Es decir, al personaje le ha estado pagando alguien por vomitar sus mentiras, su odio, sus chantajes y sus amenazas y no nos quiere decir quién ni cuánto. Eso es precisamente lo que se intenta evitar con las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos: que en vez de tener cargos públicos independientes y libres tengamos testaferros parlamentarios de quien le paga.

Más transparente que la de Pérez es la declaración del nuevo eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta. Según la Asociación de la Prensa de Madrid, el salario medio de un periodista en España es de 18.000 euros anuales. Pues bien, Juan Carlos Girauta declara que cobraba 6.000 euros al mes por sus columnas en ABC hasta que la web de la Asociación Católica de Propagandistas, ‘El Debate’, le empezó a pagar 7.000 euros al mes por esas columnas. No anualmente ni por trabajar como periodista: 7.000 euros al mes por sus columnas en una web.

Uno, que tiene bastante estómago y se pasa por las mañanas por algunas de las webs que alimentan el discurso de la derecha (o viceversa), ha leído de vez en cuando alguna de las piezas literarias de este señor. Aunque tiene pinta de que nadie se lo haya dicho a Girauta, sus columnas no son la cumbre intelectual de la civilización occidental: obviamente Girauta no cobra 7.000 euros por la calidad de sus columnas ni por la cantidad de visitas (y por tanto ingresos) que aportan a la web que le paga (cuyos ingresos tampoco se deben a lo rentable que es poner publicidad en ella dada la inmensa audiencia que tiene). No sabemos si este pastizal explica la deriva de Girauta, que no hace tanto militaba en el PSC y ha acabado (de momento) en Vox. Lo que sabemos es que le ha salido muy rentable su radical y entusiasta cambio de opiniones políticas.

Una de las cosas que hace Girauta es justificar el genocidio de Netanyahu en Palestina e insultar a cualquiera que critique los crímenes del gobierno israelí: si no te gusta que asesinen a niños, civiles, que bombardeen escuelas, hospitales, maten periodistas… si no crees que la ONU es una organización terrorista… eres antisemita (lo cual es una lógica puramente antisemita, pues vincula el judaísmo con los crímenes que perpetran estos asesinos, no el pueblo judío, y con las gilipolleces de sus propagandistas).

Pues bien, es posible que Girauta piense sinceramente estas memeces. Lo que sabemos es que si pensara lo contrario, si defendiera los derechos humanos, la legalidad internacional y, en fin, que no está bien asesinar a más de 30.000 personas… dejaría de ingresar los 3.000 euros al mes que le ingresan (como asesor, ojo) las asociaciones de propaganda de la ultraderecha israelí.

Obviamente Girauta no cobraba esos 10.000 euros cada mes por su trabajo de columnista ni de asesoría jurídica a propagandistas ultraderechistas. Le pagaban un dinero absolutamente fuera de mercado por mantener en público unas opiniones con la beligerancia con la que las ha defendido (¡nos han jodido!) haciendo creer al público que son opiniones sinceras fruto de la reflexión de un señor que aparenta creerse inteligente. Porque la clave es que el lector, el espectador… quien quiera que escuche las opiniones de Girauta y del coro de ultras y fanáticos del que forma parte, no sabe que decir eso es extraordinariamente rentable para él y que si opinara lo que opinaba hace pocos años (lo que ahora él vincula con crímenes y totalitarismos), perdería un pastizal y todo el protagonismo que ha adquirido.

¿Cuántos Girautas habrá cuyas derivas ultraderechistas y cómplices de crímenes monstruosos vayan de la mano de ingresos extraordinarios que en ningún caso tendrían si mantuvieran opiniones sencillamente humanas? ¿Cuántos periodistas, políticos o distintos personajes más o menos públicos están diciendo barbaridades porque de una forma u otra se está engrasando financieramente su opinión?

Hemos conocido cómo se ha, digamos, condicionado la opinión de un personaje en concreto. Pero en los últimos años ha habido una nutrida fauna de nuevos ultraderechistas que no hace tanto pudieran parecer razonables y demócratas y que han adquirido súbitamente un feroz fanatismo. Seguramente muchos no cobren la enorme cantidad que ganaba Girauta (aunque sin duda algunos cobren bastante más); los habrá que se dejen arrastrar por cantidades muy menores por escribir una columna que no le interesaría a nadie o por aparecer en una tertulia como si su opinión representase algo más que el dinero que ingresan: que compartan la condición de sobornables no implica que la tarifa sea homogénea.

La libertad de expresión es sagrada. Pero la expresión sobornada no es libre sino un instrumento propagandístico comprado para condicionar una opinión pública que no es consciente de que el opinador no dice lo que piensa sino lo que tiene que decir para que le paguen.

Aunque lo esquiven y lo hagan difícil de percibir, en los medios de comunicación está prohibida la publicidad encubierta: cuando algo no es una información sino un anuncio que simula formar parte del medio, tienen que aclararlo de alguna forma. Cuando un opinador es un hombre anuncio cuya furia intelectual es una impostura comprada con mucho dinero, debería ocurrir lo mismo sin esperar a que el sobornado acabe en un cargo público que destape la farsa: para que quienes no están comprados no caigan en el mismo saco de sospecha y para permitir que la ciudadanía sepa diferenciar la expresión libre de la mera publicidad mercenaria.

La mordaza comunista del PP-Madrid

Anda el PP-Madrid muy indignado con la posibilidad de dificultar que las administraciones públicas rieguen de dinero webs que se disfrazan de medios para expandir mentiras y valores antidemocráticos. Para ser «liberales» es llamativo cómo les gusta repartir sin control ese dinero público.

Ayuso ha explicado que se trata de una «mordaza sanchista contra los medios de comunicación«; Su portavoz en la Asamblea nos explica que es «censura comunista«.

Es normal que el PP-Madrid, la rama más corrupta y autoritaria del PP desde el tamayazo, quiera regar de dinero público un pesebre mediático que ha utilizado para el autobombo incluso contra enemigos internos: recuérdese que mientras Feijóo no puede repartir ni un euro en publicidad institucional, Ayuso reparte millones. Y se nota: que le pregunten a Pablo Casado. El PP financió la creación de Libertad Digital a cambio de que mintieran sobre el atentado terrorista más grave de la Historia de Madrid y de España: el 11-M. El PP-Madrid aprovechó la aparición de la televisión digital para cerrar televisiones locales con años de emisión (¿os acordáis de Localia?) y dar licencias sólo a Intereconomía, Libertad Digital, COPE, Vocento, Cerezo…

Pero lo más importante es la trayectoria censora del PP-Madrid, no en los casos de mentiras, sino cuando ha habido periodistas que han descubierto casos de corrupción reales de los gobiernos del PP en Madrid. Siempre han intentado meter en la cárcel al periodista o al menos arruinarlo. Desde Ignacio González en la época de Esperanza Aguirre a Cristina Cifuentes en el caso máster, cada vez que un periódico ha informado sobre la corrupción generalizada y real en los gobiernos del PP en Madrid, se le ha atacado para intimidarlo, no pocas veces usando dinero y abogados públicos para ello.

Ayuso ha perfeccionado el acoso mafioso utilizando las amenazas directas («os vamos a triturar», «vais a tener que cerrar») y las mentiras difundidas por ese pesebre subvencionado que publica al dictado de Ayuso.

Otro día hablamos de la necesidad de introducir normas para proteger la libertad de expresión y el periodismo de quienes lo cercan, lo rodean, compiten dopados financieramente y erosionan la democracia impidiendo que la opinión libre de los ciudadanos, que necesita información veraz. Cuanto más importante para una democracia es un poder, más transparente y regulado debe ser, precisamente para proteger su libertad: por eso la financiación de los partidos políticos está sometida a normas tan rígidas, para que la democracia sea libre y no un apéndice de ladrones y sinvergüenzas.

Otro día hablamos de eso. Pero hoy simplemente quería recordar la inmensa cara dura del partido que lleva más de dos décadas amedrentando, amordazando y sobornando a periodistas y medios de comunicación o similares y hoy se hacen los defensores de la libertad porque pueden tener un poco más difícil comprarse con dinero público altavoces de sus mentiras.

Si alguien se creyera que hubo terrorismo

Pende sobre García-Castellón el recuerdo de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana que se hizo pública por uno de tantos sumarios contra gobernantes corruptos del PP. En aquella conversación Ignacio González planteaba a Zaplana que sería muy conveniente que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sustituyera al juez Velasco. Ignacio González prefería que quien investigara sus delitos fuera García-Castellón; esto es: que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sacara las puñetas del juez Velasco de aquellas investigaciones. Y así ocurrió.

¿Ha sido un desastre la metedura de pata de García-Castellón que obliga a archivar el «caso Tsunami Democràtic»? Pues depende.

Si alguien se creyera que realmente hubo terrorismo en las manifestaciones que hubo en Cataluña en otoño de 2019, debería estar indignado con este juez. Un juez que instruye durante dos años un sumario sin ser consciente de que en la cúspide de la organización terrorista estaba todo un ex presidente autonómico y entonces eurodiputado, muy fácil de localizar pero que andaba suelto, con el cconsiguiente riesgo de que siguiera organizando actos terroristas. Y cuando su señoría se da cuenta de que tan notable caballero lideraba la actividad terrorista se olvida tramitar un sencillo papel que le permitiera seguir investigando lo que no tuvo tiempo de investigar en los dos años precedentes. Tal calamidad lleva a que los actos terroristas acaben impunes.

Imaginemos lo que dirían la AVT, el PP, Vox y toda su orquesta mediática. Si consideraron que era «impunidad» que los condenados por terrorismo salieran a la calle al cumplir sus penas o que cumplan sus penas en cárceles cercanas a sus domicilios (como sucede con todos los criminales, por terribles que sean sus delitos), ¿qué dirían ahora de un juez cuya lentitud y aparente incompetencia impide siquiera que se pueda juzgar a los culpables del último atentado terrorista que ha ocurrido en suelo español? ¿Cuánto tardarían las querellas de Manos Limpias, Dignidad y Justicia (la organización de un diputado de Ayuso para acusar de terrorismo a todo lo que se mueva) contra el juez? ¿De qué terribles prácticas de bestialismo estaría acusando Luis Pérez, alias Alvise, a su señoría? ¿Alguien cree que el CGPJ no habría iniciado aún el expediente sancionador contra el juez, tal y como ha hecho en casos análogos de narcotráfico u otros delitos graves cuyos autores se beneficiaron de la aparente negligencia de un juez?

Hay otra posibilidad: que nadie se crea que tuviera sentido la acusación de terrorismo. Es una posibilidad que se nos hace difícil porque hemos debatido en tertulias, parlamentos y redes sociales con quienes simulaban con aparente convicción que no era un disparate calificar como terrorismo aquellas manifestaciones. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de alguien cuya sed de venganza contra el independentismo catalán fuera superior a los escrúpulos legalistas (cabe que exista alguien así), la jugada habría salido redonda.

En esa hipótesis todos los «errores» de García-Castellón serían muy parecidos a aciertos. Que no se diera cuenta del papel terrorista de Puigdemont hasta 2021 encajaría con el hecho de que en 2021 la derecha y la extrema derecha españolas perdieron las elecciones y la conformación de un gobierno progresista partía de una amnistía: como (pese a la retórica incendiaria según la cual toda amnistía es un ataque al Estado de Derecho) el único obstáculo en la legalidad internacional a la amnistía sería el terrorismo (y la corrupción), habría que inventarse la existencia de terrorismo (y que hubo un enriquecimiento personal que nadie vio, pero esa es otra ventanilla del mismo edificio). Este «terrorismo» consiguió dilatar la redacción de la ley de amnistía, estuvo en vías de imposibilitarla y dio alas a la tertuliada más afín y a los manifestantes de Ferraz. Pero, dado que todo el mundo sería consciente (en esta malpensada hipótesis) de que la acusación de terrorismo sólo iba a traer disgustos, el archivo por un asunto formal tan elemental permite evitar que otros tribunales tengan que desestimar las construcciones de este instructor o que próximamente los tribunales europeos vuelvan a dejar a los españoles en ridículo con un asunto tan grave.

¿Y García-Castellón? Con un funcionamiento ordinario de la justicia (es decir, el que no ha habido en ningún caso para abordar el Procés), un juez que conduce un caso de terrorismo al archivo por haberse olvidado de un sencillo y elemental paso procesal tendría graves consecuencias disciplinarias, que incluyen la suspensión como juez, el traslado forzoso… Nada que vaya a sucederle a García-Castellón, dado que dentro de dos meses se jubila y no da tiempo ni a que haya expediente sancionador antes del merecido traslado voluntario al balneario que desee su retirada señoría. Cabría, pues, hasta simular que se quiere responder con normalidad a una actuación tan gravemente «negligente».

Se ha acordado la renovación del CGPJ. Y es una excelente noticia. Pero ay de aquel demócrata que piense que con esa renovación ya ha solucionado España el principal problema de su funcionamiento democrático.

Por qué el informe de la Comisión de Venecia deja al PP (poli-medi) en ridículo. Salvo que…

Entre quienes defendemos la conveniencia de una amnistía para quienes participaron en el proceso independentista catalán no hay nadie que diga que es indiscutible que la amnistía es maravillosa, que se debe tramitar tal cual se está tramitando (si es que alguien tiene claro cómo se está tramitando) ni que quien plantee la menor objeción a la proposición de la ley de amnistía no es demócrata, nos cuela una dictadura por la puerta de atrás, rompe la separación de poderes y acaba con la igualdad entre los españoles. A ningún defensor de la amnistía nos tienen que explicar que se podría hacer de otra forma o que incluso sería preferible hacerla de otra forma.

Es la derecha política, mediática, judicial y todos sus apéndices revelados (órganos judiciales, colegios profesionales, asociaciones de claqué y demás colectivos que han sentido la necesidad de pronunciarse solemnemente en defensa de la democracia) la que ha planteado la amnistía como una causa inefable, quienes han planteado que defender la amnistía es atacar la democracia, que si hay amnistía se acaba con la igualdad entre españoles, se vulnera la separación de poderes, se cuela una dictadura por la puerta de atrás. La amnistía es, según decían, rotundamente ilegítima tenga el texto que tenga y se tramite como se tramite: por eso llevan alzando la voz desde mucho antes de que hubiera un texto y un trámite parlamentario (de hecho, desde que vieron el texto, las voces más sensatas bajaron mucho el tono de voz).

No llamó el PP a la Comisión de Venecia para que matizara que habría sido conveniente tramitar la amnistía como proyecto de ley en vez de como proposición de ley para que hubiera informes (no vinculantes) del CGPJ secuestrado y del Consejo de Estado que presida Carmen Calvo. No llamó el PP a la Comisión de Venecia para que diga que serían razonable plazos parlamentarios menos cortos. Ni siquiera pretendía el PP que nos aconsejaran que la Constitución recogiese expresamente la posibilidad de leyes de amnistía (posibilidad que el constituyente del 78 descartó, dejando tal posibilidad al legislador). El PP llamó a la Comisión de Venecia para que dijera que la amnistía es ilegítima, antidemocrática, que rompe la separación de poderes y nos cuela una dictadura por la puerta de atrás.

Y la Comisión de Venecia les ha dicho que no, les ha dicho una obviedad: que la amnistía es un instrumento que se puede utilizar buscando la reconciliación tras un proceso traumático, que genera reencuentro y unidad. Les ha dicho que es legítima.

Y ha aconsejado tramitarla de otra forma, con algunas correcciones que uno podría suscribir en abstracto aunque resulten imposibles en concreto y otras que uno no comparte. Porque nadie niega que la amnistía sea opinable y que el texto legal concreto y la forma en la que se está tramitando puedan ser discutibles. Lo que negaban era que fuera legítima la amnistía en sí. Derrota sin paliativos y enorme ridículo escénico.

Lo que diga la Comisión de Venecia sobre la amnistía es un dato bastante irrelevante, sí. Pero también lo era cuando el PP (poli-medi) simularon que la Europa democrática encarnada en la Comisión de Venecia visitaba España para proteger nuestra democracia del escandaloso ataque que suponía la amnistía. La Comisión de Venecia es un grupo del Consejo de Europa (no de la UE) y las personas que visitaron España son distintos cargos políticos (de perfil casi unánime bastante conservador) que hará un informe no vinculante sobre una ley que se está tramitando en España. No es el Tribunal Constitucional ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ni siquiera es la Comisión Europea. Es un espacio político cuya opinión puede resultar interesante en función de cómo la argumenten, pero en ningún caso lo que digan es un dogma de fe. Sin embargo el PP (poli-medi) creó una enorme expectación como si Europa fuera a tumbar el ataque antidemocrático y nos hubiera salvado de la dictadura (ya era hora de que Europa viniera a salvarnos de la dictadura, por cierto, que cuando tuvo que hacerlo bien abandonaditos que nos tuvo).

El ridículo de la derecha político-mediática es importante. Y su intento por simular que en realidad la Comisión de Venecia (a la que, insisto, llamó el PP sin ninguna obligación) les viene a dar la razón es patético.

Salvo que…

Salvo que la conversión de Feijóo a posiciones más sensatas, esas que «la alta dirección del PP» comunicó a dieciséis medios de comunicación el 9 de febrero, le lleve a esta nueva posición: si el PP ahora está a favor de la amnistía, si el PP piensa que es un buen instrumento para recuperar el entendimiento y su único problema es que se deba tramitar como proyecto de ley, su reivindicación es que se pueda acordar el texto de la amnistía con el PP y que la tramitación parlamentaria pueda no ser por urgencia… si esa es la posición actual del PP, entonces sí, entonces la Comisión de Venecia les da la razón. Y, si esa es la posición del PP, el resto de fuerzas democráticas deberíamos intentar sentarnos con el PP e incluirlo en el diálogo para la amnistía, pues su inclusión sería buena para todos si es verdad que quiere resolver la situación. Feijóo debería aclarárnoslo a todos.

«Terrorismo»

Hay una constante en todas las derivas autoritarias: ampliar enormemente el concepto de terrorismo hasta incluir en él al enemigo político aunque, desde cualquier análisis racional, lo que haya hecho no sea terrorismo. Piensa en el régimen autoritario que más detestes. Recuerda de qué acusa ese régimen a aquellos a quienes consideras presos políticos. Efectivamente: los acusa siempre de terroristas, aunque nunca hayan hecho nada que sea terrorismo. Quizás en su Código Penal diga algo como que «terrorista es aquel que pone en riesgo la seguridad nacional para subvertir el orden constitucional» y a partir de una definición genérica en la que cabe cualquier enemigo (justo o injusto) del poder, los sectores más autoritarios tienen barra libre para dar muchas lecciones doctrinales y explicarte que no tienes ni idea, que la ley establece que lo que hizo tu amigo es terrorismo.

«Terrorismo» es un concepto que nunca ha sido fácil de definir. De hecho no hay una definición internacional. Desde el 11M en todo el mundo se fue ampliando el contenido de «terrorismo». En España, por ejemplo, se empezó a hablar de «terrorismo individual» (que antes habría sido un oxímoron). Se incluyó en «terrorismo» lo que antes era «entorno del terrorismo». Y se alcanzó a definiciones tremendamente genéricas.

Se puede discutir si esa ampliación del término «terrorismo» da más eficacia en la lucha contra el terrorismo (el terrorismo realmente existente), pero desde luego es el camino contrario al que tomaría un país que avance como democracia liberal.

El salto que está dando un sector privilegiado de la judicatura española es muy peligroso para nuestras libertades. Para las de todos. Da igual cuánto odies a Puigdemont. Con esa laxitud se puede considerar terroristas a los manifestantes de Ferraz. O a los ganaderos y agricultores de estos días. Y a casi cualquier movilización en la que alguien se haya pasado de la raya. Es obvio que Abascal, Ayuso o cualquiera de los que aplaudió y alentó el cerco ultra de Ferraz no son terroristas, pienses lo que pienses sobre Pedro Sánchez o sobre Abascal y Ayuso. Tan obvio como que Puigdemont no lo es, pienses lo que pienses sobre la sentencia del Procés contra la que se manifestaron miles de catalanes en 2019 o sobre los políticos independentistas.

Es muy difícil argumentar que lo que hizo el Tsunami Democràtic es terrorismo y la toma del Capitolio lanzada por Donald Trump no lo es. Y es muy difícil defender que Puigdemont es autor (mediato) de los incidentes que hubiera en las manifestaciones del Tsunami Democràtic y que Trump no lo es de la toma del Capitolio. Pero Estados Unidos demuestra mucha mayor fortaleza democrática teniendo a Trump en la calle e incluso pudiéndose presentar a unas elecciones. La fortaleza democrática se demuestra ante personajes odiosos con comportamientos repugnantes.

Además de ser una deriva autoritaria, esta expansión del «terrorismo» supone un enorme retroceso en la defensa moral de la memoria democrática del terrorismo y sus víctimas. Porque si esto es terrorismo, el terrorismo no es tan grave. El auto de hoy dice una frase ridícula e impropia de personas adultas que escriben para personas adultas: «la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación (sic) que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 CP«. Pues claro, muchas gracias por la aclaración, señorías: otros también pueden cometer acciones terroristas, sí. Como no sólo Jack el Destripador puede cometer asesinatos, pero eso no convierte en asesino a cualquiera que te mire mal. No sólo ETA y la Yihad pueden cometer acciones terroristas, pero hay que cometer acciones terroristas para que lo que has hecho sea terrorismo; que pueda existir terrorismo en otras organizaciones o ámbitos que busquen la muerte, el sufrimiento, el terror no significa que cualquier cosa que no nos guste, que cualquier delito, que incluso cualquier delito violento sea terrorismo.

Si lo que sucedió en Cataluña en 2019 fue terrorismo, el terrorismo no es tan grave. Si todo es terrorismo, nada es terrorismo. El terrorismo no merece tanta memoria ni tanta centralidad política si puede ser terrorismo tan poca cosa. Esa infamia contra la memoria de las víctimas del terrorismo también está incluida en la expansión autoritaria del «terrorismo» que están protagonizando algunos jueces, poniendo a España en un lugar de la política internacional que no debería correspondernos.

Sospechosos habituales

La propuesta de Mónica García para que los trabajadores puedan declarar responsablemente la baja laboral los tres primeros días de gripe o similar es tan obvia que lo que llama la atención es que aún no estuviera en marcha y que genere alguna sorpresa. Es obvia porque beneficia a todas las partes: al trabajador porque no depende de una visita prescindible al médico (no va en busca de una atención sanitaria sino de un papel burocrático), al sistema público de salud, que necesita más personal sanitario (muy especialmente en Madrid, lo sabemos bien) pero para curar enfermos, no para rellenar papeles innecesarios, y a los empresarios responsables que quieran evitar focos de contagio en sus centros de trabajo.

Existen multitud de circunstancias en las que las declaraciones responsables evitan que la realidad se paralice hasta que la Administración la compruebe. En la realización de obras, apertura de negocios, incluso en las demandas para desahucios de viviendas…

En septiembre fue conocido el colapso de las becas comedor en la Comunidad de Madrid, que no se conceden hasta que la administración madrileña comprueba que es real cada papel que justifica que la familia necesita la beca para que sus hijos coman en el cole: la consejería era incapaz de tramitarlas y las familias no sabían si las iban a tener o no (estamos hablando de 100€ al mes por niño: no era ninguna broma). Esto se habría solucionado de un plumazo si se admitieran las declaraciones responsables por las cuales a las familias que declaren cumplir los requisitos se les dé la beca y si después se comprueba que han engañado devuelven la beca y pagan las consecuencias del engaño (como sucede con cualquier declaración responsable). Pero ni se les ocurre que una beca también pueda facilitarse confiando en que, en general, quien la solicita no miente.

¿Por qué nunca hay «declaraciones responsables» para presumir el cumplimiento de los requisitos de becas, ayudas, subvenciones, rentas mínimas… para las personas con menos ingresos? ¿Por qué nos llama la atención que la comunicación responsable del trabajador baste para que pueda cogerse una baja cuando está enfermo?

Porque buena parte del aparato burocrático se basa en la desconfianza del de abajo (que precisamente es quien más dificultad tiene en el acceso a la administración). La declaración responsable es para el «emprendendor», para la economía emergente. Pero el de abajo es sospechoso. ¿cómo le vamos a dar una beca por una declaración responsable? ¿cómo le vamos a permitir que, si comunica que está enfermo, aceptemos que está enfermo?

¿Habrá jetas que se escaqueen del trabajo inventándose enfermedades? Seguro. ¿Habría estafadores que comuniquen datos económicos falsos para obtener una beca a la que no tienen derecho? ¡Pues claro! Y si le pillan después, le saldrá caro. Del mismo modo que es una obviedad que hay gente que miente en sus declaraciones responsables para legalizar una obra u obtener una licencia municipal. ¿Por qué éstos nos merecen menos sospechas? O peor aún, ¿por qué nos parece menos grave que se nos cuele un engaño de estos últimos que conceder una beca o una baja de tres días a quien no se la merece? ¿Es peor retrasar cien licencias de negocios para evitar que la obtenga un mentiroso que colapsar la sanidad o hacer fracasar medidas sociales para evitar que un jeta entre cien se quede en casa u obtenga una beca?

¿O es que sospechamos más de los de abajo? No será eso, ¿verdad?

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