Categoría: Política Madrileña (Página 1 de 11)
El propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció ayer lo que ya habían publicado muchos medios de comunicación: él puso en marcha la operación de filtrado a la prensa de mails que, convenientemente seleccionados y recortados, permitían creerse la mentira que contó Miguel Ángel Rodríguez; esto es, el bulo según el cual el fiscal de los innegables delitos fiscales de la pareja de Ayuso ofreció al presunto delincuente un acuerdo; acuerdo que habría impedido la autoridad superior por esa conspiración de Estado que denuncian Ayuso y Rodríguez que existe contra el aparente delincuente fiscal.
1.- Por si alguien anda perdido, vamos a recordar la cronología resumidísima de los hechos:
Miguel Ángel Rodríguez y los medios que reprodujeron lo que éste les dictó mintieron: sabemos, porque ha sido publicado, que fue el abogado del presunto delincuente quien ofreció (de acuerdo, según los mails publicados, con su cliente) la confesión de los innegables delitos fiscales cometidos a cambio de una pena que no implicase la entrada en prisión; que tal abogado envió esa propuesta a un mail genérico de la fiscalía que pudo ver bastante gente; y que, cuando el caso tuvo fiscal asignado, éste simplemente le dijo que ya hablarían cuando tocara.
Sabemos, también, que el día en que eldiario.es publicó la noticia de que se estaba investigando (desde hacía meses y sin que nadie se hubiera enterado) a la pareja de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez puso en marcha su maquinaria de mentiras para proteger al presunto autor de los innegables delitos fiscales. Primero El Mundo y luego otras webs se dejaron arrastrar por las mentiras que les dictaba el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja del acusado. Lo desmintió primero la Cadena Ser, explicando el recorrido verdadero de las conversaciones entre abogado y fiscalía. Después la Fiscalía emitió una nota en la que se desmentía el bulo difundido por presidencia de la Comunidad de Madrid y publicado como si fuera cierto por medios de comunicación. Finalmente varios medios de comunicación publicaron imágenes de los mails entre abogado y fiscal.
Los mails podían estar en manos del abogado de Alberto González Amador (y de sus compañeros de despacho, si es que pertenece a algún despacho y otros compañeros estaban participando en la defensa, que lo desconozco); y de la fiscalía.
Ante este itinerario, el abogado de Alberto González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid se querellaron contra la Fiscalía General del Estado por la nota de prensa, aduciendo que esa nota de prensa revelaba las comunicaciones entre las partes y que por ello incurría un delito de revelación de secretos por autoridad o cargo público (art. 417 del Código Penal). El Tribunal Supremo dijo que esa nota de prensa (que se sabía que había publicado la Fiscalía por orden del Fiscal General del Estado) no era delito; pero que la difusión de los mails entre abogado y fiscal (que no se sabe quién realizó) sí, por lo que el juez instructor aprovechó las querellas para investigar al Fiscal General del Estado.
Creo que estos hechos son difícilmente discutibles.
Por lo tanto, lo que tenemos es que ha habido al menos dos filtraciones de los emails de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso. Parece innegable que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se facilitó la difusión de los primeros (Miguel Ángel Rodríguez dijo ayer que él puso en contacto a El Mundo con Alberto González Amador, que casualmente es la versión más adecuada para que un juez no pueda preguntar cómo se obtuvo ese mail); parece razonable que la filtración posterior que desmintió el bulo de Rodríguez/Ayuso/González Amador viniera de alguien contrario a los intereses del acusado: siendo una de las partes el abogado del acusado, esto nos lleva a la otra parte, la fiscalía, aunque no hay hasta ahora ningún dato para concretar en una de las decenas o cientos de personas de fiscalía que tuvieron acceso a las comunicaciones.
2.- A partir de aquí podemos discutir jurídicamente el asunto, porque aquí es donde entra una afirmación que están haciendo algunos juristas (desde periodistas con sólidos conocimientos jurídicos hasta magistrados tuiteros): que la fiscalía no tenía derecho a difundir los mails pero el acusado sí. Y que por tanto, la filtración que hubiera hecho la fiscalía sería ilegal (e incluso delito) mientras que la de la otra parte sería legítima.
Para defender esta postura utilizan una interpretación que intuitivamente puede resultar razonable: Alberto González Amador, su abogado y sus aliados en la Puerta del Sol estarían difundiendo datos que afectan a su condición de acusado, esto es, datos personales suyos, por lo que si González Amador lo consentía, no había problema; mientras que la Fiscalía estaría manejando datos que afectan a un particular (González Amador) y por tanto no tiene derecho a publicarlos.
Esta interpretación sería válida si los datos que se difundieran fueran, por ejemplo, datos de la inspección de Hacienda que revelaran aspectos privados de González Amador; o incluso la dirección concreta del piso que compró con mucho dinero al contado a la vez que se ahorraba mucho dinero con el fraude fiscal; o quién y a cambio de qué ha puesto a disposición de Ayuso y González Amador un ático que compró una empresa cuya propiedad es desconocida. Esto sí lo podría contar Ayuso, González Amador o Miguel Ángel Rodríguez si ellos le autorizan; pero por alguna razón esto no lo quieren contar (la otra opción es que un juez decida investigarlo, pero no hemos llegado a ese momento).
Pero de lo que estamos hablando no son de datos personales de Alberto González Amador. Estamos hablando de las conversaciones entre abogado y fiscal. Estas conversaciones (como las conversaciones entre dos abogados enfrentados en un procedimiento) están especialmente protegidas para que tales conversaciones sean posibles.
Tan protegidas están que ni siquiera el propio cliente de un abogado puede acceder a su contenido: el Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe en su artículo 5.3 que cualquier tipo de comunicación entre las partes sea «facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido.» No sólo esos mails no son datos que el acusado pudiera difundir o no a capricho: es que el acusado no podía tener el contenido de esos mails salvo que hubiera «autorización de todos los que hayan intervenido«, es decir, de su propio abogado pero también de la fiscalía.
Esto es tan evidente que el propio Colegio de la Abogacía de Madrid, cuando intervino en Todo es mentira (Cuatro) para justificar su querella contra la fiscalía tuvo que decir que no sabía que se hubiera publicado nada antes de que la fiscalía desmintiera lo publicado (¡!) y que si se probara que el abogado había filtrado alguna comunicación con la fiscalía habría que actuar contra él:
Por mucho que se empeñen los defensores de Ayuso y su estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales, no: nadie tenía derecho a difundir los correos electrónicos entre abogado y fiscal, nadie: nadie de la fiscalía y tampoco nadie de la defensa del acusado.
Lo siguiente sería ver si es delito.
Los defensores de Ayuso afirman que no, porque a la fiscalía se le acusa del delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que sólo puede cometer una autoridad o funcionario público: «La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.» Y llevan razón en que no podría ser acusado por ese delito nadie que no fuera autoridad o funcionario público, pero sí por el artículo 199, que se refiere a profesionales que revelen secretos «de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales«.
En todo caso, para culpar a alguien de uno u otro delito habría que probar qué persona lo ha cometido. Resulta evidente que, ni con la desmesurada intromisión del instructor en las comunicaciones de todo un Fiscal General del Estado, se ha podido probar que fuera él quien filtrara comunicación alguna. Respecto de que la filtración de Miguel Ángel Rodríguez tuviera su origen en el abogado del acusado, uno puede tener la convicción de que es evidente quién aportó el mail que sustentó el bulo que difundió la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero afortunadamente una acusación de este tipo exigiría pruebas: pero las exige siempre, no sólo cuando le apeteciera a los defensores políticos, mediáticos y jurídicos de un innegablemente delincuente fiscal.
Otra opción sería que se considere que la infracción del deber de secreto respecto de estas conversaciones no sea delito porque no revista la gravedad necesaria (no toda ilegalidad es delito, afortunadamente). Pero entonces no lo sería en ambos casos porque los hechos de ambos delitos (revelación de secretos que no se deben revelar) son los mismos. Suponiendo que fuera cierto que una filtración viniera de alguna persona de la defensa del acusado y la posterior de alguna persona de la fiscalía, acaso se pueda considerar más grave en el caso del que difunde primero la conversación (y que además lo hace para mentir) por poder considerar que tal difusión viene a ser una autorización a difundirla íntegramente (sería muy discutible, el secreto de estas comunicaciones es tal que no debe aceptarse que la autorización fuera tácita) o más bien por poder considerar que la difusión de la mentira ampara que el señalado por la misma se defienda mostrando la verdad. Incluso las distintas penas (de cárcel en el caso del 199CP y sólo de inhabilitación en el caso del funcionario público) mantendrían la idea de que, si hay que valorar cuál de las actuaciones sería más grave (comparación que es un error en el que sólo están incurriendo quienes defienden la estrategia de Ayuso), sería la de la abogacía.
Pero lo que es difícil de rebatir si se estudia un poquito el caso concreto es que no, que no existe la posibilidad legal de que Miguel Ángel Rodríguez o El Mundo tuvieran acceso a esas comunicaciones, del mismo modo que la publicación posterior del resto de mails implican que alguien se saltó su deber legal de guardar secreto sobre ellos. Es innegable que alguien cometió ilegalidades; otra cosa es identificar qué seres humanos las cometieron y qué grado alcanzan esas ilegalidades. Pero eso se aplica en las dos direcciones, no sólo en una, como pretende la brigada política, mediática y jurídica de defensa de Ayuso y los innegables delitos fiscales de su entorno.
Lo que ya resulta difícilmente defendible es que es absolutamente impresentable que se use la presidencia de la Comunidad de Madrid para filtrar comunicaciones entre un abogado y un fiscal que tramitan un caso de delitos fiscales; que se ponga el aparato de presidencia de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de un presunto delincuente fiscal; que en esa estrategia de defensa de los innegables delitos fiscales se mienta, se manipule, se insulte y amenace a periodistas, se mienta achacando a periodistas acoso a menores… Esto habría llevado en cualquier democracia liberal al cese inmediato del jefe de gabinete y, al no producirse después de tanto tiempo, a la destitución de la presidenta que lo ampara (en beneficio propio, que ese es el tema).
Pero aquí estamos, con Ayuso en su ático doble, su maserati y el enorme tren de vida al que ha accedido recientemente y con Miguel Ángel Rodríguez mintiendo y anunciando quién va p’alate entre los aplausos de su pesebre político, mediático y jurídico. Y discutiendo obviedades.
En la vieja Atenas se identificaba la palabra idiota (ἰδιώτης) con aquellas personas que no se meten en política, aquellos cuya única preocupación es su vida privada y que renuncian a tener iniciativa en los asuntos colectivos (la política) yendo contra su propia naturaleza como ζῷον πολῑτῐκόν, como animal político, como animal cívico.
Esta idea de “idiota” define, exactamente, el concepto de “libertad” que ha cacareado la nueva derecha, una libertad antisocial, una libertad exaltadamente individualista consistente en hacer lo que a uno le dé la gana…
Puedes seguir leyendo el artículo en Infolibre.
Si no me equivoco el único estudio que sistematiza desde un punto de vista académico la estupidez es «Las leyes fundamentales de la estupidez humana» del historiador de la economía Carlo M. Cipolla (1922-2000).
En este breve ensayo la Tercera Ley Fundamental (o Ley de Oro) sobre la estupidez humana nos dice que todo ser humano se puede ubicar en un cuadrante de esta representación gráfica:
En él las abcisas (x) son el beneficio (+) o perjuicio (-) que las acciones propias le causan a uno mismo. Así si atraco a un señor que acaba de sacar 200€ del cajero o si consigo un acuerdo de paz que termine con una guerra en mi país se situarán en el beneficio propio sin más consideraciones morales. Las ordenadas (y) son el beneficio o perjuicio que las acciones propias causan a los demás. El atraco arriba citado causaría un perjuicio a otros como también lo haría retirar medidas contra la contaminación de una ciudad.
Pues bien, de acuerdo con Carlo M. Cipolla (juro que la autoría es cierta y que no pretendo hacer ninguna broma con el caso concreto que traemos entre manos) «una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.» Serían las ubicadas en el cuadrante E.
Se distinguirían de los malvados (M), que causan perjuicio a los demás en beneficio propio (por ejemplo: quienes arruinan a su país haciendo infraestructuras caras e innecesarias a cambio de sobres con dinero), de los ingenuos (H) capaces de soportar el perjuicio propio si causa beneficio a otros (por ejemplo, una adolescente que soportara insultos y ataques por protagonizar movilizaciones en defensa del planeta) y de los inteligentes (I) que logran beneficio para los demás al tiempo que para sí mismos (por ejemplo, tres jueces madrileños que hubieran parado el intento de Almeida y Villacís de dejar sin efecto Madrid Central y que mejorasen el aire para otros y también para sí mismos).
¿Dónde cabría ubicar a un señor que llega a alcalde de una ciudad y lo primero que hace es intentar desmontar una medida contra la contaminación que va en la línea de las principales ciudades del mundo?
Madrid Central ha reducido (ya con datos objetivos) la contaminación en Madrid, es decir, quitarlo (incluso, según se ha probado con datos, el propio acto fallido de intentar quitarlo) aumenta la contaminación en Madrid, es decir, empeora el aire que respiramos los madrileños y potencia enfermedades especialmente para niños, mayores y embarazadas. Ese alcalde, además, vive y trabaja en su ciudad, así que el perjuicio también es para él en tanto que ser humano que respira cotidianamente.
Sólo cabría manejar como hipótesis que exista algún beneficio que desconozcamos (no cabe ubicar aquí la satisfacción de su resentimiento contra el anterior equipo de gobierno: tendría que ser un beneficio medible, contante y sonante, que supere el perjuicio que él sufre por respirar peor aire). En ese caso el imaginario alcalde del supuesto teórico que estamos manejando sería un malvado. Podríamos conceder esa hipótesis como posibilidad que desmentiría que fuera un estúpido: que recibiera un beneficio privado que le convirtiera sólo en malvado.
Os recomiendo vivamente que leáis Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Suele estar editado en un pequeño librito titulado Allegro ma non troppo junto con otro ensayito que explica que el uso de las especias fue la causa determinante de la caída del Imperio Romano. Al final del ensayo tiene una serie de tablas como la que ilustra esta entrada para que en caso de dudas, como la que pudo suscitar ayer Javier Bardem, no nos dejemos llevar por impulsos compulsivos y, serenamente, utilicemos sistemáticamente el conocimiento teórico para contrastar la hipótesis de que tal o cual persona sea o no estúpida.
Espero haberos ayudado.
Madrid podría haber albergado orgullosa la COP25. Podría haber presumido mucho de los primeros pasos en defensa de un modelo de ciudad más habitable y respirable al tiempo que se anunciara que los primeros pasos siempre van seguidos de muchos pasos más.
Almeida y Villacís podrían incluso haber saciado su resentimiento contra el equipo de gobierno anterior criticándonos por escasos: podrían haber anunciado la expansión de medidas como Madrid Central por toda la ciudad, a lo que Ayuso y Aguado habrían replicado que no, que por toda la Comunidad de Madrid. Podrían haber reivindicado la memoria de Ana Botella y Gallardón y anunciar que no sólo mantendrán los nuevos carriles bici de la legislatura de Manuela Carmena, sino que el Plan Director de Movilidad Ciclista que estuvo anunciando el PP desde 2008 (y que sigue en la web del Ayuntamiento) será realidad antes de acabar la legislatura en 2023.
Almeida podría haber nombrado un Delegado de Medio Ambiente y Movilidad que no viniera de destrozar el Metro y que mantuviera y mejorara las condiciones de la EMT, hoy en huelga. Ángel Garrido podría haber visto la luz al final del túnel de Metro tras caerse del caballo y antes de anunciar rebajas y ampliaciones de horario para los que no tiene recursos poner Metro a funcionar de una vez.
Nada de eso ha ocurrido. El dúo municipal, entregado a Vox (que a día de hoy afirma que el cambio climático es un invento globalista de Soros), ha comenzado el desmantelamiento de Madrid Central, es el único municipio de Europa que quita carriles bici y los cambia por el dibujo de una bici en un carril de coches, tiene levantada a la Empresa Municipal de Transportes y Metro de Madrid sufre continuas averías, retrasos y aglomeraciones.
El PP y Ciudadanos están convirtiendo Madrid en la ciudad con el gobierno más antiguo de Europa. Para mayor bochorno, en vez de justificar su regresión como sus socios, explicando que desde que negaron que La Tierra fuera plana todo ha sido mentira, tratan a los madrileños como a idiotas contándoles green capitals, haciéndose fotos con ciclistas, y simulando que el mundo admira la vuelta al desarrollismo de los años 60, que es la mejor forma de regresar a las temperaturas que había entonces.
La Cumbre del Clima viene a Madrid señalando que nos están llevando al pasado y que con ese pasado no hay futuro. En vez de causar vergüenza ajena con su infumable propaganda, Almeida y Villacís se harían un favor aprovechando la COP25 para darse la vuelta y aprovechar el impulso de la legislatura anterior para que Madrid no sea una green shame.
Hay una acusación injusta, irritante y falsa a los madrileños de ser culpables de lo que va a pasar entre hoy y mañana en la Comunidad de Madrid. Os seguirá gobernando el PP-Madrid porque es lo que habéis votado. Es falso.
En primer lugar, los madrileños han dejado de votar al PP a una velocidad inédita en la Comunidad de Madrid: en 2011 Esperanza Aguirre obtuvo más del 50% de los votos y 72 escaños, 25 puntos por delante del siguiente partido. Sólo ocho años después su mismo Partido Popular se ha quedado en el 22% de los votos, con 30 escaños y siendo segundo partido de la Comunidad de Madrid por primera vez desde 1987. En 2019 la banda de Aguirre no gobernará porque lo hayan decidido los madrileños sino porque Ciudadanos y Vox se han unido para mantener la caja en manos del atracador.
Pero además, durante estos 32 años los triunfos electorales no han sido inocentes. Ha habido toda clase de trampas, no ha quedado un sólo servicio público que no haya sido saqueado para comprar voluntades, crear una tupida red clientelar que incluye un notable pesebre mediático bien pagado, sobornar a dirigentes de la oposición y, finalmente, financiar las campañas ilegalmente.
Hemos tenido campañas electorales financiadas con más dinero en negro que en blanco. Quien crea que eso es inocuo no ha pasado de cerca una campaña electoral. Tener el doble de financiación de la legal, empujado por una legión de medios y opinadores extraordinariamente sobrefinanciados desde lo público y una oposición que durante varios años estuvo autoamordazada mientras construyes un laboratorio de políticas profundamente ideológicas… hace las elecciones algo más fáciles.
En una competición deportiva, un atleta que hubiera competido dopado de tantas formas y tan reiteradamente estaría apartado de por vida de la competición, desprovisto de todos los títulos y con un pie en la cárcel. En política, el atleta tramposo tiene a Ciudadanos y Vox colocándole medallas de oro incluso tras llegar segundo a la meta.
El Partido Popular de la Comunidad de Madrid es un tinglado en descomposición. Sólo aspira a sobrevivir un tiempo más mientras siguen avanzando los sumarios, los juicios, las nuevas investigaciones periodísticas. Y mientras van deteriorando la sanidad, los colegios, los institutos, el metro, la universidad, la justicia, las carreteras, las libertades… Para ello necesitan (ay, los liberales) seguir chupando de la institución pública y lo van a conseguir gracias a la integración de Ciudadanos y Vox en la banda de Aguirre.
Hoy comienza la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. En pleno agosto; como para que no se entere nadie, como si se avergonzaran de lo que van a hacer a Madrid Ciudadanos, PP y Vox juntos. En un suicidio rechazado sobre todo por quienes auparon a Ciudadanos para que fuera un partido de una derecha europea, liberal y no cleptómana, Albert Rivera ha decidido convertir su partido en una facción del PP pretendiendo heredarlo mientras se descompone.
Mala idea: si algo ha demostrado el PP-Madrid es su similitud con un cesto de manzanas podridas que van contaminando toda la fruta que entre en el cesto. Ciudadanos ha decidido compartir cesto con la corrupción y discurso con el fanatismo ultra.
Ciudadanos podría haber preparado una regeneración colocando un cortafuegos que lo separara de la corrupción y el colapso del PP-Madrid abriendo la posibilidad de heredar un electorado de derechas que va huyendo de tanto hedor. Pero para prolongar la agonía de una organización que ni merece ni va a poder detener su descomposición, Ciudadanos ha unido su destino a un cadáver putrefacto.
Van a ser cuatro años duros para los madrileños. Pero no más de cuatro. Y no descartemos que algunos menos.
Las matemáticas no aman, pero tampoco fallan:
En la Comunidad de Madrid no va a haber un gobierno progresista esta legislatura. Si alguien dijera que puede haberlo, mentiría. Las opciones progresistas sumaron 64 escaños el 26 de mayo y son necesrios 67 para la investidura.
En la Comunidad de Madrid no va a haber un gobierno «de centro derecha liberal« esta legislatura. Quien dice que puede haberlo, miente. Las opciones de centro derecha liberal (siendo generosos en la definición de Ciudadanos y PP-Madrid) sumaron 56 escaños el 26 de mayo y para ellas también son necesarios 67.
En la Comunidad de Madrid puede haber un gobierno de la derecha y la extrema derecha homófoba, machista y xenófoba. Es lo que están intentando PP y Ciudadanos aunque Ciudadanos intente evitar la foto, como si lo grave fuera el teatro con el que se explican los hechos y no los hechos. Cuando Ciudadanos se negó a firmar el compromiso con el Orgullo de no gobernar con la extrema derecha sólo podía tener una razón: que querían gobernar con la extrema derecha. Salvo que Ciudadanos reconozca su identidad con los fanáticos del odio, sería un gobierno cuyos apoyos tendrían grandes dificultades para avanzar por sus grandes diferencias políticas. ¿O no?
En la Comunidad de Madrid puede haber un gobierno transversal de regeneración democrática tras 25 años de casos de corrupción, golpes a la democracia y campañas electorales adulteradas con financiación ilegal a manos del PP de Madrid. En la Comunidad de Madrid puede haber un gobierno transversal de defensa de las libertades y los derechos de los madrileños y de las madrileñas que ataca Vox. Sería un gobierno en el que se tendrían que encontrar fuerzas con enormes diferencias políticas, por lo que no cabe duda de que no se podría avanzar en aspectos esenciales (económicos, sociales…) pero al menos se podría sanear la Comunidad de Madrid y se defendería la democracia y las libertades.
Las leyes prevén la repetición de elecciones (o los plenos de investidura sin candidato) para situaciones excepcionales que hagan imposible alcanzar una investidura sin grandes cataclismos. Fue lo que sucedió en 2003, por ejemplo, cuando dos corruptos hicieron imposible una mayoría y unas nuevas elecciones darían una Asamblea de Madrid sin esos corruptos.
No es lo que sucede en 2019: en 2019 lo único que sucede es que Ciudadanos no acaba de entender que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Si Ciudadanos quiere un gobierno de derechas con la extrema derecha, los madrileños se darán cuenta por mucha retórica infantil que emplee Ignacio Aguado. Si Ciudadanos no quiere un gobierno de derechas con la extrema derecha, tendrá que sentarse a hablar con fuerzas democráticas aunque tenga grandes diferencias ideológicas con ellas.
Si Ciudadanos no quiere hacerse mayor, habrá elecciones de nuevo y los madrileños irán a votar por enésima vez por la sencilla razón de que dieron la llave a una fuerza inmadura e irresponsable que sigue queriendo estar en misa mientras presume de lo bien que repica las campanas.
No hay nada menos liberal que la apropiación de las instituciones públicas por una parte. Un presidente de la Asamblea de Madrid, cuando ejerce de presidente, lo es de toda la Asamblea de Madrid y tiene que defender su dignidad y su correcto funcionamiento de acuerdo con la legalidad, no sometiéndola arbitrariamente a los intereses de su partido. Tan es así que incluso escénicamente los miembros de la Mesa no aplauden en los debates, como si fueran neutrales, y si va a intervenir en alguno, se baja antes al patio de butacas para diferenciar al diputado de partido del gobierno de toda la Asamblea.
El presidente de la Asamblea de Madrid, de Ciudadanos, ha hecho todo lo contrario. Ayer hizo una pirueta para retorcer el Reglamento de la Asamblea de Madrid convocó un pleno de investidura sin candidato pese a que era posible designar un candidato (de hecho, dos) por una única razón: era lo que le convenía a Ciudadanos, muy especialmente si son ciertas las informaciones de ayer de varias periodistas según las cuales hay una quiebra interna muy intensa en Ciudadanos Madrid por la oposición a convertirse en una corriente de PP-Vox.
El Reglamento de la Asamblea de Madrid permite un pleno sin candidato cuando no es posible nombrar un candidato para evitar que, si nadie quiere presentarse y dado que no se le puede obligar a nadie, empiece la cuenta atrás hasta nuevas elecciones. Es lo que sucedió cuando el tamayazo (como no existía esta modalidad de pleno la Asamblea y el Consejo de Estado retorcieron la legalidad pero esta vez en beneficio y con acuerdo de todos para evitar un colapso institucional).
Pero ayer había dos candidatos que querían someter su investidura al Pleno: el candidato del partido más votado el 26 de mayo, Ángel Gabilondo (que contaba de entrada con 64 votos a favor) y la segunda, Isabel Díaz Ayuso (con 56 votos, los del PP azul y los del PP naranja). Ahí sí cabe la discrecionalidad del presidente de la Asamblea que podría haber hecho una pirueta criticable pero seguramente legal y proponer como candidata a quien tiene menos apoyos haciendo el cálculo de que Ciudadanos y Vox mienten y se pondrán de acuerdo. Lo que no cabía era decir que el presidente no había podido presentar un candidato porque evidentemente sí podía.
La interpretación que hace imposible presentar la candidatura es casi peor. Lo que hace la ronda de contactos con portavoces de los grupos es tantear su opinión sobre qué votarán los diputados una semana después. Pero se supone que el parlamentarismo es vivo, que (según esa Constitución tan sagrada cuando hablamos de reyes y fronteras) los diputados no tenemos mandato imperativo (que el portavoz de un grupo exprese su opinión no determina qué van a votar cada uno de sus diputados, que votaremos lo que tengamos a bien) y que incluso los debates parlamentarios sirven para algo y podría haber cambios de opinión en función de ellos. Así que la ronda de contactos sirve para ver si hay alguien que se ofrezca como candidato y, si hay varios, para intuir cuál de ellos tiene más posibilidades de ganar una votación.
Lo que en ningún caso puede hacer el presidente de la Asamblea es decretar cuál va a ser el resultado del debate y votación parlamentaria. Eso es un desprecio a la Asamblea, a cada uno de los diputados y a la democracia representativa. Sólo es imposible presentar un candidato exitoso (condición que en ningún caso exige la ley pero que parece haberse inventado el presidente de la Asamblea) si anunciamos que el pleno es un mero paripé teatral para salir en la tele, que los diputados somos monigotes y que todo es una ficción porque el resultado de la investidura ya está decidido pero se juega al escondite para evitar fotos desagradables. Que no digo yo que no sea así, que seguramente el presidente de la Asamblea, siendo de Ciudadanos, sepa mejor que yo cómo está actuando su partido; pero que debería disimular un poco.
Genera hoy cierta sonrisa recordar que, a falta de argumentos sustantivos, los críticos con Madrid Central explicaron que había sido una medida improvisada. Daba igual que fuera el resultado de un proceso de dos años, de conversaciones, audiencias, alegaciones, reformas… Hoy, menos de un mes después de la elección de Almeida y su escolta, Begoña Villacís con los votos de Vox, el Ayuntamiento de Madrid vuelve a principios de siglo.
La chapuza que ponen en marcha PP, Ciudadanos y Vox es tal que desde hoy podemos ir en coche sin restricción alguna por la calle Huertas, por Embajadores, por la calle Mayor… Es decir, Almeida no sólo desmonta las medidas anti contaminación de Manuela Carmena sino incluso las de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. La razón es comprensible: o bien se hacía una chapuza grosera como la barra libre al coche que comienza hoy o se tardaba bastantes meses en una nueva ordenanza elaborada según procedimiento, con alegaciones, debate, votación en pleno… Vamos, con los procedimientos de un ayuntamiento democrático.
¿Por qué Almeida y Villacís no se podían permitir eso? Porque habría sido imposible. Apenas unos meses de Madrid Central ya han convertido en absolutamente normal la lógica de que al centro de Madrid no se va en coche. De hecho la reducción del tráfico se ha expandido a toda la ciudad porque el efecto de la medida de Manuela Carmena es más pedagógico y cultural que normativo. ¿Se imagina alguien que hoy se quisiera quitar la norma que prohibe fumar en bares y restaurantes? Pues una chaladura parecida habría sido quitar Madrid Central tras un par de años de plena normalidad y mejora de la ciudad: han sido sólo unos meses y la movilización del sábado demuestra que los madrileños entendemos mucho mejor las medidas anti contaminación que la improvisación revanchista y sectaria de Almeida y Villacís. De hecho supongo que Almeida y Villacís cuentan con que, además de que en julio y agosto el tráfico es mucho menor, los madrileños estamos muy por delante de esta pareja y hemos incorporado ya a nuestra cultura de movilidad un mayor uso del transporte público pese al maltrato que sufre.
La aberración es tal que creo que la mejor movilización posible sería simular que nos tomamos en serio los disparates de PP, Ciudadanos y Vox. ¿Y si, en ejercicio de La Libertad (que es como nuestra derecha llama a la irracionalidad y a la ley de la selva), miles y miles de madrileños cogiéramos el coche un día concreto a las 19h y recorriéramos al tiempo la calle Mayor, la Gran Vía… o cualquiera de las calles que ahora se someterán al disparate aprobado?
Por supuesto que una movilización así no sería una alegre defensa de la «libertad» sino una constatación del colapso al que lleva la barbaridad que hoy comienza en Madrid. Pero igual lo mejor es, efectivamente, explicárselo con hechos.
Me contestaba hace un rato Rocío Monasterio con un tuit defendiendo su modelo pre-ilustrado de «libertad» aplicado a la educación:
Respondía a una entrevista en la que Monasterio defiende las barbaridades reaccionarias que propone Vox para la educación como el llamado «pin parental» que consistiría, según lo explican, en que los padres podamos decidir qué se enseña a nuestros hijos y qué no. Si pienso que mi hijo no debe estudiar matemáticas o biología (la teoría de la evolución puede ser algo jodido a veces), lo quito de ahí. Del mismo modo, si no quiero que le enseñen que todos somos iguales hayamos nacido donde hayamos nacido, amemos a quien amemos, o pensemos o creamos lo que pensemos o creamos, exijo que no se le enseñe eso para poder inculcarle «libremente» odio, fanatismo y sectarismo en casa.
Es un correlato de esa visión de la «libertad» tan propia de los autoritarios del último siglo que consiste en hacer lo que a uno le dé la gana independientemente de lo que suceda a sus congéneres. Una «libertad» que no ha llegado a la modernidad, a Kant, a la libertad guiada por la razón y, sobre todo, a entender que la libertad parte de la consideración de la persona como un fin en sí mismo: incluidos los niños, que no son un juguete con el que los padres y madres puedan jugar caprichosamente sino fines en sí mismos. La educación es el proceso que ayuda a los niños a ser libres, es decir, guiados por su propia razón para vivir con otras personas también libres e iguales.
Si un padre o una madre, en ejercicio de su «libertad» no quiere que su hijo reciba transfusiones, vacunas, trasplantes u operaciones que necesite para vivir porque lo impide su religión, no tiene derecho. Si un padre o una madre quiere dejar a su hijo en la calle a la intemperie o en su coche a cuarenta grados o quiere educarlo a base de palizas… no es «libre» para hacerlo.
Del mismo modo, si yo inculcara a mi hijo que Alá nos ordena asesinar infieles, que los españoles son inferiores a los vascos o que las personas que tienen ideas religiosas son inferiores… afortunadamente habría un sistema educativo que corrigiera la basura con la que estoy destrozando a mi hijo. Le enseñarían a respetar a los otros, a considerarlos iguales con derechos humanos inviolables bajo ninguna circunstancia, le enseñarían a ser un ciudadano libre en una sociedad democrática. Ese es, quizás, el objetivo más importante de un sistema educativo.
Los padres y madres, afortunadamente, no podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestros hijos. Si no queremos escolarizarlo, nos fastidiamos: es obligatorio porque es un derecho del niño que no podemos violar, no tenemos derecho a destrozar a nuestros hijos. Si queremos evitar que se forme como ciudadano libre, culto y capaz de adquirir los conocimientos y destrezas ciudadanas e intelectuales propias de su siglo… nos jodemos. No tenemos «derecho» a impedir que un niño se forme como ciudadano libre y con derechos: eso no es una «libertad» de los padres, es una violación de la libertad de los niños.
Un niño no es un puto tamagochi de sus padres al que uno puede aplicar sus caprichos como si eso fuera «libertad»: un niño es una persona a la que tenemos la obligación, los padres y también la sociedad en su conjunto, de ayudar a lograr ser un ciudadano libre.
Es una conquista de la modernidad, de la democracia, de la civilización. Y los demócratas no vamos a permitir que se revierta.
Lo que a Vox le parece en este caso una intolerable intromisión en la «libertad» de los padres, por cierto, es que los colegios tengan que enseñar en la Comunidad de Madrid que todos somos iguales amemos a quien amemos. Llaman «libertad» a su defensa del adoctrinamiento en el odio. Y no, no tienen esa «libertad», no tienen derecho a destrozar así a los niños.
