Por qué es una gilipollez la última teoría de la conspiración trumpista que están difundiendo Ayuso y toda la purria fascista sobre un supuesto pucherazo con las apps MiDNI o MiDGT.
El Partido Popular programó el año 2026 como una sucesión de «dominguitos» que iban a llenar el año de elecciones autonómicas en las que el PP tendría un éxito arrollador, el PSOE se hundiría y las fuerzas de izquierda desaparecerían. Llevamos dos de esos dominguitos, Extremadura (a finales de 2025) y Aragón. Y de sus tres objetivos Feijóo sólo ha conseguido uno: efectivamente el PSOE está cayendo con constancia. Pero el PP está teniendo también caídas sostenidas, que encuentran el consuelo en que el auge de los ultras les permite conservar gobiernos a cambio de escorarlos hacia el fascismo. Y las fuerzas de izquierda han obtenido en ambos casos subidas considerables, aunque no alcanzan a compensar la caída del PSOE y quedan empañados por un resultado global que acentúan en Extremadura y Aragón el giro fascitrumpista de los gobiernos autonómicos de derechas.
En la izquierda tiene cierto prestigio el flagelo. La izquierda siempre está fatal, porque suponer que no está fatal sería no ser autocríticos, ser complacientes. Y la izquierda tiene que ser autocrítica, aunque llamemos «autocrítica» a asumir acríticamente lo que la derecha dice sobre la izquierda.
Pero la autocrítica no es eso: la autocrítica parte de analizar con realismo lo que realmente está pasando para, a partir del mundo real, corregir deficiencias y errores y potenciar aciertos y fortalezas.
Es un hecho que la izquierda no está a punto de tomar el Palacio de Invierno. Ha pasado unos años de difícil indefinición pero sería un error no contemplar algunos hechos difícilmente cuestionables de los que partimos.
En julio de 2023 hubo unas elecciones generales que nadie esperaba y a las que se llegó sin una alianza electoral definida en la izquierda. A toda velocidad se constituyó una candidatura unitaria que fue «Sumar», cuya mera existencia no todos en la izquierda apoyaban (había quienes asumían que Feijóo y Abascal iban a gobernar y en ese escenario derrotista podía ser más confortable retirarse a las trincheras de cada uno): yo mismo no estaba de acuerdo con la inclusión de Podemos, porque sabía (y acertaba) que priorizarían el interés de su conglomerado político-empresarial y no pensaba que aportasen electoralmente más de lo que restaban, algo en lo que, visto el resultado electoral, no estuve tan seguro. Las elecciones generales supusieron varios éxitos: la audaz respuesta de Pedro Sánchez al resultado de las elecciones de mayo, el combate retórico en los medios de la derecha… pero también la alianza de los partidos de las izquierdas de toda España que fue Sumar en 2023 es la historia de un éxito que nadie esperaba. España ha sido una isla progresista que ha resistido hasta ahora al tsunami trumpista (del que empieza a haber los primeros síntomas de retroceso).
El Sumar de 2023 fue, pues, un éxito para el país de dificilísima gestión para quienes componían aquel Sumar. Podemos ejerció enseguida su papel de escorpión y las costuras entre las distintas organizaciones que conformaron a la carrera aquella candidatura han sido difíciles de gestionar. Pero España se ha beneficiado de cinco ministerios (Trabajo; Sanidad; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Cultura; y Juventud e Infancia) a los que se ha sacado un triple partido extraordinario: primero adoptando políticas sustantivas que hacen que los españoles vivan mejor; segundo frenando las tropelías de todo tipo cometidas por los gobiernos autonómicos de las derechas trumpistas (Ayuso se ha encontrado en el Ministerio de Sanidad de Mónica García por primera vez una piedra en el zapato a su ofensiva contra la sanidad pública; Bustinduy ha usado su ministerio para poner coto a los carroñeros inmobiliarios…); y tercero tirando del gobierno progresista hacia las políticas de izquierdas a las que el PSOE siempre se resiste (con más éxito en materia internacional -colocando a España en la vanguardia mundial de defensa de Palestina y de resistencia contra Trump- o en materia de migración y con menos éxito pero evidente esfuerzo en materia de vivienda, por ejemplo).
En las recientes elecciones de Extremadura, Irene de Miguel tuvo la fuerza suficiente como para que el núcleo dirigente de Podemos no pudiera impedirle una alianza de las izquierdas que recogiera el fruto del trabajo bien hecho en el territorio, en defensa de políticas progresistas frente a la alianza trumpista. Pasó de cuatro diputados a siete. Hubo quien, desde su interesado sectarismo, intentó hacer una lectura basada en las marcas: era la resurrección de la marca «Podemos» y los electores se habían fijado muchísimo en que en la papeleta no ponía «Sumar» y esa era la clave del éxito.
Las elecciones aragonesas desmintieron semejante simpleza: Podemos decidió arrinconarse como la oposición «de izqueirdas» a todas las izquierdas y obtuvo una foto precisa de ese rincón: el 0’9% del electorado (la unidad de la izquierda a veces no se hace en la papeleta, pero sí en la urna). La candidatura de Izquierda Unida-Sumar mantuvo su representación parlamentaria y fue la Chunta Aragonesista la que duplicó su representación obteniendo el premio al buen trabajo en el territorio, la defensa de los derechos de los aragoneses y representó la fuerza progresista que sube para plantar cara a la alianza trumpista.
La izquierda, en todo el mundo, está en una notable crisis: pero donde se está cuajando esa crisis es en la socialdemocracia clásica, mientras las izquierdas están recuperando un crecimiento demasiado lento y todavía insuficiente, pero que no merece la flagelación que tanto nos gusta.
Es normal que el PSOE trate de instalar un discurso según el cual el problema para mantener el gobierno progresista está a su izquierda y que eso pasa por candidaturas unitarias que incluyan a la izquierda independentista y también a Podemos. Por una parte, ese discurso sitúa el problema de la izquierda como algo ajeno al PSOE, la crisis la tienen los otros, curiosamente aquellos que suben en las elecciones y que están remontando en las encuestas. Por otra, el tipo de unidad que promueve el PSOE no es la que más beneficia al espacio progresista, es la que más beneficia al PSOE: a nadie se le escapa que una candidatura que incluyera las fuerzas independentistas y el histrionismo del núcleo dirigente de Podemos- Canal Red podría recoger unos restos menguantes pero sobre todo arrojaría de vuelta miles de votantes de izquierdas a los brazos del PSOE.
La izquierda tiene deberes que hacer, sin ninguna duda. El acto que se anuncia este sábado con los partidos que están en el gobierno progresista es un primer paso público de un trabajo de fraternidad, reflexión conjunta, respeto mutuo… que se lleva trabajando meses. Se están haciendo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo.
Lo que no nos podemos permitir es ruido, sobre todo porque es un ruido que no se corresponde con la situación actual del mundo ni de nuestro espacio. El mundo merece altura de miras para detener una ola a la que no es exagerado calificar de fascista. Y nuestro espacio está creciendo con un nivel de armonía y una cabeza que no tienen nada que ver con los psicodramas de un pasado lejano en el tiempo y en el espacio. Para evitar ese ruido molesto es importante que no esquivemos debates, pero que esos debates no conduzcan a la melancolía: es obvio con quién se puede construir una alianza electoral fructífera y con quién es impensable; es obvio con quién habrá una alianza parlamentaria en defensa de un gobierno progresista al día siguiente de las elecciones; es obvio quién ha decidido estar arrinconado contra todos y recogiendo los reducidos frutos electorales de su estrategia. Simular que es posible y deseable lo que todos sabemos que no va a suceder sólo sirve para aburrir y decepcionar.
El acto del sábado es la primera buena noticia que la izquierda va a proporcionar al país progresista y democrático que queremos defender. No va a ser la última. Porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo las cosas con cabeza y con calma. Y porque es imprescindible que esta semilla germine y crezca mucho.
Es obvia la expectación que ha despertado la izquierda. Es un síntoma de que había más gente con ganas de que hiciéramos bien las cosas de la que nos merecemos. Y lo que no se merecen es que les arrojemos caras tristes.
Sonriamos, porque vamos a ganar.
Las principales beneficiarias de la regularización que va a aprobar hoy el gobierno son todas las personas que van a pasar de la exclusión legal a una normalidad administrativa. Pasarán de no tener derechos, de necesitar la explotación laboral, de estar excluidos de cualquier actividad mínimamente formalizada (niños que no pueden siquiera jugar al fútbol con sus amigos) a un primer paso hacia la convivencia. Si resulta evidente que todas las personas que puedan se acogerán a la regularización, es porque nadie quiere estar en situación de irregularidad. En eso todos estamos de acuerdo con (lo que dice) la extrema derecha: no debería haber ni un inmigrante ilegal en España.
Los segundos beneficiarios somos todos los demás, la sociedad española como conjunto.
Primero por decencia (eso que ahora descalifican como buenismo): no es admisible que existan seres humanos entre nosotros a quienes excluyamos de la vida civilizada, que no otra cosa es poder vivir de acuerdo con las normas (las que nos reconocen derechos y las que nos señalan obligaciones). Por eso la exigencia de regularización ha sido impulsada por un enorme abanico que va desde la Iglesia Católica (es imposible ser cristiano sin defender los derechos de los migrantes, por mucho que se grite «Navidad» y se exija con furia funerales religiosos) hasta los cientos de miles de ciudadanos españoles que recogieron firmas para la ILP por la regularización.
Pero también por puro egoísmo.
1.- No pocos empresarios están aprovechando la situación de ilegalidad de cientos de miles de trabajadores para imponerles condiciones laborales infames, dado que no están cubiertos por la legalidad laboral: ni horarios, ni salario mínimo, ni medidas de seguridad… El argumento según el cual la inmigración sirve para competir a la baja en derechos laborales tiene cierta razón, pero esa competencia a la baja se acaba cuando se regulariza a esos trabajadores y ya nadie les puede ofrecer puestos de trabajo en condiciones de esclavitud. Pero recordemos quién fomenta esta situación: los miles de inmigrantes que se acogerán a la regularización no quieren que los contraten por debajo de lo que exige la ley, por eso quieren papeles; en cambio, donde hay más empresarios (españoles) explotando laboralmente a inmigrantes ilegales se da siempre una importante bolsa de voto a la extrema derecha: no quieren que se vayan los inmigrantes ilegales, quieren que sigan siendo ilegales para exprimir su falta de derechos.
2.- «¿Cómo vamos a financiar las pensiones? ¡Tenemos un infierno demográfico! ¡Nos hacemos viejos sin que nadie cotice por nosotros!» A todos los futuros pensionistas nos beneficia que las personas que están trabajando coticen a la Seguridad Social. A todos. Si eran sinceros los argumentos de las llamadas a la natalidad de algunas derechas conservadoras, estarán muy contentas de que entre 500.000 y 840.000 personas regularicen su situación y que aquellos que estén trabajando lo hagan aportando la parte que corresponde a la Seguridad Social de todos. Habrá malpensados que crean que esas llamadas a la natalidad lo que piden en realidad es niños arios, católicos que hagan la comunión vestidos de marinerito, españoles de bien. Pero eso que lo aclaren quienes ahora protesten porque va a haber cientos de miles de nuevos cotizantes.
3.- Por supuesto, también van a pasar a pagar los impuestos de los que hasta ahora estaban excluidos: ya pagan IVA y todos los demás impuestos indirectos, pero ahora podrán y deberán pagar, por ejemplo, el impuesto de la renta para contribuir a los servicios que disfrutamos todos.
4.- E incluso por seguridad, sí. La subida de las tasas de inmigración SIEMPRE va de la mano de reducción de la tasa de criminalidad. Pero ello no es incompatible con los efectos de marginar a cientos de miles de personas impidiéndoles vivir plenamente en sociedad. Claro que la existencia de cientos de miles de personas sin papeles es un foco de conflictividad. Toda exclusión social lo es y ésta es una exclusión formalizada, radical. Cuando se arroja a alguien a vivir al margen de la sociedad, se maximiza la probabilidad de generar un conflicto. Determinados delitos (no todos, desde luego) se cometen más por quien está excluido de la normalidad social. Y eso no se arregla con comandos fascistas y deportaciones masivas, como está haciendo Trump, y sustituyendo a los excluidos por nuevos excluidos autóctonos. Se arregla luchando contra toda exclusión social y reduciendo la desigualdad todo lo que se pueda. Que nadie que viva con nosotros esté expulsado de la legalidad es un paso de mínimos en esa dirección.
Hoy bramarán los admiradores de los asesinos del ICE. Pero el único defecto de la regularización de hoy es que no establezca un sistema regular de incorporación a la sociedad de todos nuestros vecinos: el único defecto es que no sea la última regularización masiva porque nunca más haga falta otra.
Cuando veas las barbas de Mineápolis cortar…
La única ventaja que tiene el trumpismo es que nos avisa con nitidez del proyecto que tienen para España y el resto de países europeos. Lo dejó por escrito en su Estrategia de Seguridad Nacional: Trump quiere dinamitar Europa a través de sus lacayos de las derechas radicalizadas, que en España representan Ayuso, Abascal… y el arrastrado de Feijóo.
No escucharéis una mala palabra de esos títeres locales de Trump contra la persecución de migrantes ilegales o legales, da igual, contra el asesinato de manifestantes inocentes, contra la hispanofobia de Trump o las continuas amenazas contra territorio europeo. Por supuesto, les veréis apoyando el genocidio de Netanyahu que patrocina Trump y el secuestro de presidentes extranjeros; es más, los veréis pidiendo que también secuestren al gobierno democrático de España.
En la campaña electoral estadounidense vimos muchos movimientos de hispanos apoyando a Trump. «Venezolanos por Trump«, «Latinos por Trump«… En realidad pensaban que Trump era un bocazas pero que perdería la fuerza por la boca (como pasó en la primera legislatura hasta el intento de golpe de Estado del Capitolio). Pensaban que podría echar migrantes pero no a ellos, que vivían legalmente en Estados Unidos hasta el punto de tener derecho al voto. Pensaban que el principal interés de un empresario tan poderoso sería simplemente estabilizar la economía y que las gilipolleces que pudiera decir en la Fox eran hasta divertidas; batalla cultural de esa.
Enseguida vimos que las gestapos de Trump también persiguieron a esos «venezolanos por Trump«. Que Trump iba a destrozar su país a una velocidad imprevisible incluso para los más avisados. Hoy la duda es cómo va a impedir Trump que haya unas elecciones democráticas que limiten o pongan fin a su escalada autoritaria.
Pero al menos tiene esa ventaja: Trump nos anuncia cómo quiere que sea la Europa que quiere destruir con gobiernos de las derechas vasallas, las derechas que ya hacen trumpismo en la oposición y quieren derrocar gobiernos democráticos como el de España para hacer trumpismo en el gobierno.
Ya hemos visto a Ayuso insultar a las víctimas de sus políticas más crueles («esas mierdas«, los 7291 muertos de residencias) y a todo el que no ría sus mamarrachadas (perdón, su batalla cultural). Hemos visto a Abascal anunciar 8 millones de deportaciones. Hemos visto a Feijóo balbucear lo mismo unas semanas después de que Ayuso y Abascal escriban su partitura.
Sabemos cuál es su proyecto para España porque, como hace décadas, la película se está estrenando en Estados Unidos meses antes de que la quieran estrenar en España.
Anda la derecha más carroñera indignada con quienes no están aprovechando el accidente de Adamuz para intentar tumbar al gobierno democrático de España. Desde Vox a los periodistas subvencionados por Ayuso atacan a quienes están teniendo un poco de pudor. Se quejan por lo que entienden que es una ley del embudo: «La izquierda siempre politizó las tragedias y ahora a nosotros se nos exige una tregua«, braman.
No hay ninguna razón para pedirle a nadie que no politice algo. Especialmente cuando es algo muy grave: precisamente los asuntos más graves e importantes son aquellos que más merecen un análisis, diagnóstico y medidas colectivas (es decir, políticas). Si un gobierno está cometiendo un genocidio, no politizar la tragedia es tanto como mirar para otro lado, ser cómplice. Incluso cuando un tragedia no tiene un origen político (por ejemplo, un tsunami que causara miles de muertes) es conveniente analizar si los mecanismos de alerta que tenemos son suficientemente eficaces y rápidos, como son las construcciones costeras o si tenemos sistemas de emergencia y asistencia social razonables para socorrer a las víctimas. Todo eso es político y es necesario hacerlo.
No sé si alguien le ha pedido a la derecha que no politice el accidente de Adamuz. Yo no he escuchado esa petición, pero si alguien la ha hecho, no estoy de acuerdo. Tampoco he escuchado a nadie pedir una tregua: eso podría tener un sentido puramente humano, pues parece razonable pararse un momento a dar todo el cariño a las víctimas antes de hacer análisis más racionales, por más que ese cariño a las víctimas también sea político (en el sentido más sano y también en el más mezquino, como demuestra la exigencia de protagonismo y de uniformización religiosa que ha decretado la sectaria Ayuso con su misa católica en la Almudena sin preguntar a las víctimas si son todas católicas: eso no le importa en absoluto, sólo busca casito y atacar al gobierno por no ser nacionalcatólico). Pero más allá de esa razonable pausa humana, no veo razón para no politizar.
Lo que se está pidiendo a la derecha y a cualquiera es otra cosa. Se les pide no mentir, no manipular, no inventarse supuestas informaciones sobre hechos que aún se desconocen y usar esas mentiras, inventos y manipulaciones para insultar, atacar o incluso agredir físicamente. No hacer, en definitiva, lo mismo que hicieron con el 11M, el Yak42, la Dana y en otros accidentes ferroviarios como los de Metro de Valencia y el tren de Angrois…
No se les pide que no politicen sino que no hagan política basura. Desde el primer momento, sin conocer las causas, sin saber cómo y por qué se produjo el accidente ni si había elementos de hecho que racionalmente pudieran llevar a exigir responsabilidades políticas algunos (esta vez no todos, al menos por el momento) se lanzaron a carroñear y sacar todo el provecho posible a la tragedia. Sin tener ni idea o mintiendo alegremente sobre lo que sí se conocía.
Nadie les pide que no politicen. Lo que se pide es que, al menos cuando hay tanto dolor, no hagan política basura, no mientan, no prioricen el ataque al adversario político (al enemigo, vaya) sobre el conocimiento riguroso y racional de lo que ha ocurrido y de si hubiera sido posible evitarlo o que los daños y el dolor fueran menores.
Que confundan «polítizar» con «ser una mierda de persona incluso para carroñear una tragedia con 45 personas muertas» nos explica con mucha claridad de lo que ellos entienden por «política».
Probablemente la foto que mejor permite interpretar las motivaciones de cualquier acción política de Trump sea una de las difundidas por la propia Casa Blanca de esa supuesta «sala de crisis» («Situation Room«) en la que Trump y unos cuantos hombres más (no sale una mujer ni por casualidad) están supuestamente siguiendo las operaciones en Caracas. Las imágenes intentan colocar a Trump en su momento histórico: darle su «Barack Obama deteniendo a Bin Laden«.
En esa extraña habitación, delimitada por telas negras, sólo hay un ordenador que está observando el secretario de Guerra de Trump, no hay papeles, ni siquiera miran teléfonos móviles, pero hay una pantalla. No está emitiendo videollamadas, ni imágenes de Caracas ni de ningún centro militar. Lo que se ve en la pantalla es Twitter.
¿Cuál es el sentido de la operación de Trump en Caracas? De las decenas de declaraciones que ha dado el entorno de Trump se puede extraer la conclusión que uno quiera: puede ser por petróleo, puede ser por cocaína, puede ser por falta de democracia (algo de lo que básicamente no ha hablado el trumpismo, pero que usan quienes quieren defender la agresión estadounidense y seguir simulando ser civilizados)… Del mismo modo que el siguiente paso puede ser cualquiera: Groenlandia, Cuba, México, Colombia… Hay verborrea suficiente como para que quien quiera pueda sostener el análisis que decida.
El trumpismo (no sólo el trumpismo de Trump: también el de Ayuso, el de Milei…) no sólo no necesita argumentaciones sólidas sino que precisamente ha decidido llamar batalla cultural a sostener las estupideces más irracionales contra viento y marea: no rectificar ningún disparate, gestionar las meteduras de pata diciendo una barbaridad aún mayor y atacar con la mayor virulencia posible a cualquiera que ose cuestionar el irracionalismo, quien no adule de forma rastrera la última estupidez del (de la) líder es un enemigo al cual hay que derribar.
Es lógica nuestra tendencia a racionalizar las cosas. A veces nos lleva incluso a ser irracionales: casi todas las supercherías vienen del impulso a buscar causas de lo que resulta incomprensible. Pero precisamente la base intelectual de la nueva derecha mundial es la confrontación con la racionalidad: por eso niegan el conocimiento (desde el cambio climático a las vacunas) y atacan a la universidad, por eso la gilipollez no es un accidente, sino la esencia intelectual de este movimiento ultra.
Trump necesitaba exhibir que tiene cojones para lo que haga falta. Porque hasta ahora ha sido muy gallito pero ni Groenlandia es de Estados Unidos ni el Premio Nóbel de la Paz es suyo (¡jódete, Maria Corina, que yo sí me he cargado a Maduro, pero ahora dejo a Delcy ahí!).
Ni la droga, ni el petróleo, ni mucho menos los derechos humanos ni la democracia. Estamos pasando del «No más guerras por petróleo» al «No más guerras por cojones». En la pantalla de la sala de crisis a lo que estaban atentos es a los likes en twitter.
Hace unos días «ardieron las redes«. El titular de una entrevista promocional del libro de Analía Plaza, La vida cañón, hacía ver que los boomers (las personas nacidas entre 1957 y 1970, según explica ella en el artículo) estarían viviendo de lujo. Y se armó la gran bola de nieve sobre la que algunos (pocos) intentaron argumentar y la gran mayoría se lanzó al insulto personal y frecuentemente machista contra la autora: nada que no se esté fomentando por los magnates de la comunicación trumpistas.
De alguna forma tras el titular se intuye como una causa de que los jóvenes actuales normales tengan una imposibilidad manifiesta de alcanzar unas condiciones de vida razonablemente dignas sin tener que irse de sus ciudades. Y si no es una causa, al menos presenta una comparación que se percibe como injusta.
Hay una obviedad previa: ninguna generalización sociológica es universal. Por supuesto existen muchísimas personas mayores que no se están pegando ninguna vida cañón ni nada que remotamente se le parezca. Por el otro lado, también hay jóvenes, muchos menos, que no van a tener el menor problema económico en su vida: la mayoría de ellos estará convencida de que es gracias a su talento cuando en realidad es casi siempre gracias a su herencia.
Pero más allá de eso, es innegable que las políticas públicas que hubo entre los primeros años 70 y la crisis de los 2010 (y según dónde, todavía ahora) han causado un grave deterioro de las condiciones que permitían un inicio digno y hasta seguro a la adultez.
Hay tres ejemplos evidentes y muy claros. Es evidente que la conversión de la vivienda en un bien especulativo ha ido dificultando el acceso a la misma hasta hacerlo imposible para los más jóvenes; es evidente que hace décadas un puesto de trabajo era una razonable garantía de estabilidad y que las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP (hasta el cambio de rumbo histórico que supuso la exitosa reforma de Yolanda Díaz) fueron convirtiendo el puesto de trabajo en una mera conquista de supervivencia coyuntural; es evidente incluso que en lugares como la Comunidad de Madrid la educación universitaria ha pasado de ser accesible (¡hasta llegaron a inventarse el oxímoron «sobrecualificados«) a la situación actual en la que el abandono de la universidad pública hace que sólo se alcance con notas extraordinarias o con rentas familiares que permitan acceder a la (mucho peor) universidad privada.
Pero igual de obvio que el deterioro de las condiciones de vida de la juventud actual es que éste se está usando precisamente para seguir deteriorando sus condiciones. «¡Mira qué mal viven los jóvenes y qué altas son las pensiones de los viejos!«, aúllan. Hoy mismo, una web de la derecha ayusista defiende que el fin de las pensiones garantizadas (es decir, públicas) es el futuro de Europa. ¿Alguien se cree que le van a rebajar la pensión a los actuales pensionistas? La propaganda anti pensiones de la derecha lo que busca es deteriorar las pensiones futuras para que quien pueda tenga la obligación de hacerse un plan de pensiones privado. Es lo que llevan intentando cincuenta años: y a quien quieren perjudicar no es a los actuales pensionistas sino a los actuales jóvenes.
No hay que negar la brecha generacional sino revertirla. Y revertirla no significa que los mayores estén igual de jodidos que los jóvenes sino que los jóvenes puedan disfrutar de una vida razonablemente cañón. Legislar para que sea imposible convertir la vivienda en un bien especulativo, que las viviendas de las ciudades sean para que vivan sus ciudadanos, no para que se forren cuatro fondos buitre… que el precio de la vivienda esté tan regulado como el de otros bienes esenciales que están garantizados; que se profundice en la conquista de derechos laborales y sociales que se ha producido con los gobiernos progresistas de coalición; que se recupere la educación pública como una conquista social irrenunciable… ¡Y garantizar que los jóvenes actuales tendrán pensiones mucho más dignas de las que tienen sus abuelos! ¡Y que tengan un planeta habitable! ¡Y que las condiciones de vida que entre los boomers sólo estaban garantizadas para los hombres no distingan ahora entre hombres y mujeres! ¡Y mil conquistas más que los boomers no pudieron ni soñar y a las que las derechas siempre se opondrán!
Negar la brecha generacional no sólo es negar la realidad. Además es suicida en términos políticos dar la espalda a esos jóvenes negando que estén en una situación absolutamente inadmisible. Y, sobre todo, es ridículo que precisamente la izquierda no señale el rotundo fracaso de las políticas neoliberales que se generalizaron en los 70 y 80 (poniendo fin al bienestar de las socialdemocracias europeas de los 50-60), que estallaron en la gran crisis de los años 2008-2012 y que han generado este inmenso deterioro de las condiciones de vida con las que se salía a la edad adulta.
Claro que existe brecha generacional. Claro que los jóvenes actuales tienen en general unas condiciones de vida inadmisibles. ¿Cómo vamos a negarlo quienes nos opusimos a las políticas que nos han traído este deterioro?
Por supuesto que la situación de la juventud actual es inadmisible y por eso hay que frenar a quienes ayudan a los fondos buitre, a quienes defienden que el salario mínimo es excesivo, a quienes defienden que la destrucción del planeta, que sufrirán los jóvenes, no es para tanto, a quienes se oponen a cada avance de las mujeres y de cada persona que no viva de acuerdo con el esquema familiar y vital que se le imponía a nuestros abuelos, a quienes atacan la universidad para que los jóvenes actuales sólo puedan estudiar si tienen pasta para ello…
¿De verdad alguien va a permitir a los ultras que simulen defender a los jóvenes como decían defender a los trabajadores cuando arrasaron sus condiciones de vida?
Habría sido perfectamente legítimo que los millones de españoles que son conscientes de que lo que está perpetrando Israel en Gaza es un genocidio y que tienen la humanidad de oponerse al mismo (una infinita mayoría, según las encuestas que hay) utilizaran un evento popular, retransmitido a todo el mundo, para hacer propaganda de una causa tan noble. Las movilizaciones populares democráticas son molestas, claro: una huelga molesta (a empresarios, claro, pero también a consumidores y usuarios, por ejemplo), una manifestación molesta (por eso los autoritarios sueñan con «manifestódromos» en las periferias urbanas: para que no molesten, para que no sirvan). Y convertir un evento deportivo en una movilización contra el genocidio habría sido molesto para los ciclistas y para los aficionados, sin duda, como sin duda tal molestia no habría resistido un test de proporcionalidad respecto a la causa que lo motiva. Habría sido perfectamente legítimo.
Pero no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que las élites del deporte mundial (los directivos, vaya, el COI, la UCI… no los deportistas de élite) son absolutamente serviles con el poder político internacional y tienen una sed insaciable de dinero y a eso someten todas las decisiones que sufrimos los aficionados al deporte (desde una Supercopa de España en Arabia Saudí a un Mundial de Fútbol en diciembre para que el régimen de Catar esté contento). Por eso expulsaron rápidamente a Rusia y a todos sus equipos cuando Putin invadió Ucrania. No fue suficiente para revertir la invasión ni creo que nadie pretendiera eso, pero fue justo, razonable y fue proporcional (aunque «los deportistas rusos no tengan ninguna responsabilidad de lo que pasa en Ucrania», que no la tienen). Por ese mismo servilismo cómplice, también, mantuvieron a Israel y a todos sus equipos. Porque Israel goza del apoyo de las grandes potencias económicas occidentales. Por eso se da también esa asimetría en Eurovisión, vaya.
Lo que pasó también es que un multimillonario utilizó esta complicidad de las élites deportivas para ponerle a un equipo ciclista el nombre de Israel. Nadie ha pagado una millonada para que un equipo ciclista se llame «Portugal», «Bélgica» o «Uruguay», porque estos países no tienen ninguna causa oscura que blanquear: el nombre «Israel» pretende normalizar un Estado que hoy está perpetrando un genocidio. Lo que pasó fue que directivos del deporte y un millonario sionista quisieron convertir la Vuelta Ciclista a España en un escaparate en el que se vendiera que un Estado que está perpetrando un genocidio, en el fondo es de los nuestros, que no es tan extraordinario lo que está pasando, que ahí están los ciclistas hoy, los cantantes mañana, los jugadores de baloncesto los próximos meses. Lo normal.
Fueron ellos quienes decidieron «mezclar política y deporte», vincular la Vuelta Ciclista a España con el genocidio de Netanyahu en Gaza.
Lo que pasó es que miles y miles de ciudadanos españoles no quisieron que sus calles sirvieran para promover uno de los crímenes más monstruosos que ha definido la humanidad, un genocidio, no quisieron que un evento deportivo y popular como la Vuelta Ciclista a España se convirtiera en una herramienta de propaganda del crimen, del asesinato de casi 20.000 niños y niñas, de más de 60.000 seres humanos. Y, por supuesto, quienes llevan haciendo propaganda del genocidio desde su inicio (unos porque les pagan, otros por fanatismo, otros por servilismo) hicieron como que les preocupaba mucho el deporte aunque «en Gaza pasan cosas que no me gusten»: igual que el millonario sionista intentaron usar el deporte para camuflar su propaganda del crimen.
La lección de dignidad que ha dado estas semanas la ciudadanía española se une a la que dio con el No a la Guerra y la que ha dado cada vez que se nos ha intentado poner al servicio de una masacre intolerable. España ha dado una imagen maravillosa al mundo. Lo que pasa, lo que más les jode, es que también ha dado la imagen de mezquindad y complicidad con el genocidio de élites dirigentes del deporte y de un puñado de políticos canallas que, por dinero o convicción, han decidido mancharse el traje con la sangre de miles de niños y mayores, de miles de inocentes palestinos.
Si eres joven seguramente ya lo sabes: tus condiciones de vida son injustas porque las pensiones públicas que cobran los mayores son demasiado altas. Si eres pensionista, también lo habrás oído: que no te reduzcan la pensión es la causa de que el salario de un joven no alcance para pagar un alquiler o una hipoteca.
En el caso del pensionista, tiene una ventaja: ya escuchó la misma cantinela cuando trabajaba y cotizaba para la pensión que está cobrando ahora. El mundo ha cambiado mucho, pero la consigna no: las pensiones públicas no tienen futuro. Tú, que trabajas en 2025, nunca tendrás pensión. Como tú, que trabajabas en 1990, nunca ibas a tener la pensión que cobras en 2025.
En los años 90 la consigna era parcialmente distinta de la actual. Se les decía que el sistema de pensiones iba a estallar (en eso no hemos cambiado) en el mejor de los casos, cuando se jubilara (ahora) tendría una pensión de mierda, por lo que lo único razonable era empezar ya con un plan de pensiones privado, que eso era lo rentable, lo seguro, lo que garantizaba una jubilación tranquila.
Esas pensiones de los trabajadores de los 90 que iban a ser una mierda cuando se jubilaran son exactamente las de los pensionistas de los años 20 que son tan altas que hacen insostenible el sistema, según te cuentan los opinadores que te dicen «lo que nadie se atreve a decir». Mirando atrás, lo que ha sido una mierda, en muchos casos, ha sido la rentabilidad de su plan de pensiones privado, que en función de múltiples variables ha llegado a ser negativa. La consigna de los noventa y los dosmiles se decía con la misma cara de severo rigor económico que la de ahora y ha pasado exactamente lo contrario de lo que auguraron los economistas que anunciaron «una verdad incómoda»: lo cierto es que las cotizaciones que permitieron una pensión digna fueron las públicas mientras que las aportaciones a planes de pensiones lo único que aseguraron durante aquellos años fueron rebajas fiscales para los salarios más holgados.
La propaganda fue tan eficaz, que hoy el Estado se encuentra con cientos de miles de profesionales a los que se les permitió no cotizar en el sistema público sino en mutualidades privadas y que hoy se encuentran con prestaciones ínfimas y cuya necesaria solución será traspasar al sistema público lo que aportaron al modelo privado y darles la protección, la seguridad y la eficacia que sólo da el sistema público: aquel que iba a estallar que hacía muy recomendable refugiarse en sistemas privados.
El mundo ha cambiado. Pero la consigna no. Porque la causa de la consigna no es el análisis del mundo real sino la publicidad de intereses muy concretos: los intereses financieros de quienes gestionan fondos de pensiones.
«Los planes de pensiones acumulan 3.500 millones de salidas de dinero desde 2020«, titulaba Cinco Días hace un par de días. Es frecuente encontrar titulares de este tenor desde hace bastantes años: los planes de pensiones privados han sido en muchos casos una ruina sólo compensada por el colchón que proporciona la seguridad de las pensiones públicas. Un colchón, por cierto, que supuso durante la crisis de 2008 el salvavidas de muchas familias ante el desmantelamiento de la protección pública con el que reaccionaron el último gobierno del PSOE en solitario y el último gobierno del PP que ha sufrido España hasta ahora.
Hoy ya no puede colar una consigna dirigida al ciudadano individual como la de los años 90 por varias razones. Por eso ya no pretenden convencer a nadie de que es mejor que confíe en un sistema de pensiones privado que en su pensión pública. La nueva táctica no es convencer; es el chantaje: no te voy a convencer de que dentro de 30 años (esta vez sí) el sistema habrá colapsado, sino que voy a presionar para que bajen las pensiones ya, para que veas que con la pública no llega.
Ahora no te recomiendan que tú te hagas un plan de pensiones privado (en parte porque no cuela y en parte porque es difícil que, tras pagar el alquiler o la hipoteca, un trabajador de 2025 ahorre para un plan de pensiones): exigen que el Estado baje las pensiones ya, para que te lo pienses mejor, para que el banco te pueda hacer una oferta que no puedas rechazar.
¿Quieren reflotar los planes de pensiones privados o el producto financiero que les convenga? No es tan difícil: permitan que los trabajadores tengan margen de ahorro. Si los sueldos suben, los empleos se hacen estables y los costes de vida (el precio de la vivienda, vaya) bajan… no faltará gente que aparte algo de lo que gana para tener un piquito que complemente su pensión en el futuro.
La otra opción es conseguir un gobierno que haga caso a los asustaviejos (en este caso: asustafuturosviejos) y rebaje las pensiones para que no le quede más remedio a quien quiera una pensión digna que sacar dinero de donde pueda para apostarlo en el último chollo súper rentable que haya sacado el banco que más publicidad ponga en la web que tan bien te explicó que el sistema de pensiones públicos era insostenible.
No nos cuenten historias de terror pensionista, que los abuelos (que siempre son quienes mejor cuentan las historias a sus nietos) se saben perfectamente el final. Y no es el que cuentan. Porque el cuento que están narrando… lo ha escrito el lobo.
