Quien Mucho Abarca

Blog de Hugo Martínez Abarca

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«Los que saben del campo», o ese mal disfrazado paternalismo urbanita

Imaginemos que la noticia de agosto no hubieran sido los incendios en el ámbito rural sino un virus infantil.

Es probable que en las radios, televisiones y prensa se llamase a padres y madres de niños enfermos para que contasen su experiencia, los padecimientos del niño o si han podido ser atendidos rápidamente en el médico. Pero no les preguntarían cómo se previene la enfermedad, cómo se expande, qué medidas de salud pública hay que adoptar… eso se le preguntaría a pediatras, a investigadores, a virólogas o a autoridades sanitarias. Si alguien negase el conocimiento de los médicos y científicas diciendo que están encerrados en su despacho con una bata blanca y que «los que saben de niños» son los padres y madres que están todo el día con ellos, tendríamos muy fácil identificarle como un majadero capaz de hacer el programa más amarillo posible y como un peligro público que, en vez de difundir información útil que nos ayude a todos a evitar los riesgos, estaría poniendo en circulación una peligrosa mercancía averiada, que actuaría como obstáculo para generalizar medidas eficaces contra el virus.

Yo, que como padre conozco muy bien a mi hijo y lo he cuidado desde que nació, estaría dispuesto a jurar que cuando mi hijo se resfría es porque se abrigó poco. Cualquier persona con formación en medicina podría desmentirme desde su despacho, pero ellos qué saben, los que sabemos somos quienes tenemos hijos y mis abuelos ya mandaban a mis padres que se abrigasen para no resfriarse y, lo cierto, es que mis padres nunca enfermaron del virus infantil que hay este año. Qué sabrán esos científicos, si muchos ni tienen hijos.

En las redacciones de los medios de comunicación hay padres y madres que conocen muy bien a sus hijos. Los conocen tan bien que saben que de su salud sabe mucho más un pediatra, una investigadora, un científico… que ellos. Salvo medios de comunicación basura, que hacen de la expansión de bulos y de la negación del conocimiento un nicho de negocio e ideología ultra, en una situación como la descrita nadie pensaría que los padres y madres son «los que saben», precisamente por conocimiento y respeto a lo que significa ser padre o madre.

Estas semanas de incendios forestales hemos asistido en los medios más serios a un honesto pero imprudente ejercicio de comunicación sobre gestión forestal, prevención de incendios, normativa de limpieza y gestión de montes… equivalente a la descrita sobre la pediatría. Decenas de personas que viven en el mundo rural nos han explicado por qué había que desobedecer las peticiones de seguridad que hacián las autoridades (bomberos, guardias civiles…), nos han contado que en el campo no se puede hacer nada de lo que hacían sus abuelos, que en el monte no se puede ni coger una piña del suelo…

La gran mayoría de los incendios «provocados» que hay son precisamente por imprudencias, muchas veces porque alguna persona de las que saben del campo hacen en el campo cosas que no se deberían hacer pero que aún se hacen. Algunos de los que denunciaban prohibiciones, cuando les dejaban hablar se referían a serrar árboles en parques nacionales… efectivamente hay cosas que no se pueden hacer en el campo porque a uno le dé la gana, eso que hemos avanzado. Ha sido casi imposible encontrar a expertos en gestión forestal, estudiosos o profesionales del apagado de incendios o de gestión de emergencias explicando por qué en el siglo XXI se hacen las cosas como se hacen, que es hacerlas mejor y con más rigor que «cuando nuestros abuelos» (época en la que sí se provocaban incendios para buscar una recalificación, por ejemplo). En los pocos espacios en los que alguien con mejor información desmentía esas falsas prohibiciones de limpiar el monte, siempre había alguien que explicaba que «bueno, pero esa es la sensación que tienen los que saben y no podemos negar esa realidad»: y es cierto que es una realidad que muchos lo creen, pero esa creencia no es fruto de una normativa inexistente sino de la propaganda que se ha contribuido a fomentar.

En realidad, esa información ha sido (en los mejores casos de forma involuntaria) una exhibición de ese paternalismo con el que miramos al campo desde la ciudad. Nunca se nos ocurriría que los de ciudad sabemos cómo se construye un túnel de metro o cómo se debe organizar la recogida de basuras porque como vivimos dentro de la M30 somos los que sabemos mucho más que nadie encerrado en su despacho. Miramos al campo por encima del hombro como un espacio exótico ajeno al conocimiento, al estudio, a la experiencia y entregado al conocimiento ancestral. Ese aparente respeto por los que saben es en realidad una forma de paternalismo con la que miramos a un mundo en el que lo ancestral prevalece sobre el conocimiento, la ciencia, la técnica y el rigor.

Las personas que viven en las zonas devastadas por los incendios tienen mucho que contar: su sufrimiento, su angustia, su miedo, las necesidades económicas, afectivas, sociales… pero por ser de campo no saben más de gestión forestal, de prevención de incendios y de normativa medioambiental que quienes estudian y conocen el tema e incluso muchas veces se juegan la vida por defender el bosque y el monte.

La desinformación mata la democracia y desprestigia las políticas que se adoptan desde el conocimiento, la razón y la experiencia. Y, a veces con la mejor de las intenciones pero desde un paternalismo peligrosísimo, este verano se ha dado alas a la desinformación que dificultará que este invierno se adopten medidas para que el verano que viene no pase lo mismo.

Stop linchamiento

Esto más que un vídeo es una llamada social a detener el linchamiento. Dejad de meteros con esa pobre chica británica que no sabe el infierno al que se enfrenta por pretender vivir de su «imperio inmobiliario español».

La paradoja de los estudios universitarios en el PP-Madrid

De las personas con las que he compartido militancia, probablemente la que tiene más preparación y formación para ejercer un cargo público es un concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid que se jubila este verano. En la web del Ayuntamiento de Madrid aparecen los siguientes datos relativos a su formación académica:

Se trata de Félix López-Rey, un histórico de la lucha vecinal madrilleña (especialmente de Orcasitas) que lleva toda la vida luchando por los barrios del sur de Madrid.

Si la política es una vía para defender un proyecto de vida en común, para luchar y conseguir derechos para el conjunto de la población, un instrumento para que la vida de la gente sea lo mejor y más digna posible… para la política hace falta un puñado de virtudes entre las que no se encuentran necesariamente las titulaciones académicas.

La universidad juega un papel crucial en un país. Es el principal núcleo desde el que se construye y se distribuye el conocimiento: precisamente por eso la nueva derecha idiota ataca la universidad con toda su fuerza, Trump contra Harvard, Ayuso contra la Universidad pública madrileña. La función de la universidad es aprender y enseñar. No la emisión de títulos: estos se supone que acreditan que alguien ha aprovechado la universidad para aprender. Pero si uno es un imbécil, no hay título universitario que lo desmienta (quod natura non dat…); y una infinidad de personas brillantes no tienen títulos universitarios por mil razones: razones de clase, circunstancias vitales o incluso históricas. O porque no les dio la gana, vaya.

Algunas personas hemos tenido la inmensa suerte de encontrar muchas facilidades en nuestro entorno para tener estudios universitarios; muchísimas otras se han encontrado enormes dificultades que han hecho imposible en unos casos y extraordinariamente meritorio en otros avanzar en los estudios y la formación académica. Por eso es un insulto a estas personas inventarse estudios que uno no ha realizado; por eso es completamente imbécil presumir de los títulos académicos que uno tiene como si eso acreditara en modo alguno su capacidad intelectual y política.

Cuando estalló el escándalo del máster falso de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, se supo que Pablo Casado tenía la licenciatura de Derecho gracias a que le habían dado por aprobadas 12 asignaturas: un estudiante que había dejado la carrera tras agotar las convocatorias en la primera universidad privada en la que se matriculó, de repente se había convertido en un portento académico del Derecho, el Hans Kelsen español (en otra universidad privada). Las crónicas más amables explicaban que cuando Casado iba a ser elegido presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Esperanza Aguirre le ordenó obtener una licenciatura («Este chico tiene que acabar«). Y el chico acabó, no porque fuera el más listo ni el más estudioso de la clase, sino porque encontró en la Universidad Cardenal Cisneros una sorprendente autopista sin peajes hacia la titulación que pudiera lucir en el currículo el nuevo líder de los cachorros de Esperanza Aguirre.

Porque de eso se trata: de lucir un título como quien se pone ropa de marca. El título universitario no aparece como la representación de un recorrido de estudio y aprendizaje (que es el objetivo) sino como fin en si mismo que representa un estatus: los que estamos aquí nos reconocemos por unos cuantos signos externos, uno de ellos es poner una lista de títulos universitarios, que juegan aquí el papel de títulos nobiliarios modernos.

No es ninguna casualidad la cascada de casos en el PP-Madrid de engaños presumiendo de títulos universitarios que no responden a estudio alguno. Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Pedro Rollán, Ana Millán, la pobre Noelia Núñez (¡cómo se debe de sentir al ver que quienes aplaudían su dimisión hace diez días miren para otro lado con el presidente del Senado y con la protegidísima vicepresidenta de la Asamblea de Madrid!)… son todos PP-Madrid, pata negra. Tantos casos tan concentrados evidencian una cultura corporativa.

Y mucho menos es casualidad que la cascada de títulos cosméticos se dé en la comunidad en la que el PP-Madrid está destrozando la universidad real (la que crea y transmite conocimiento, que en España es la universidad pública) mientras permite que broten como setas chiringuitos ridículos que adquieren el nombre de universidad. Noelia Núñez era profesora en una cosa llamada «Universidad Francisco Marroquín», tinglado ultra liberal expendedor de títulos universitarios guatemaltecos. Cifuentes y Ayuso han legalizado un puñado de «universidades» con informes bochornosos pero que gracias a ellas expenden títulos para quien se los pueda pagar (sin que probablemente tenga que hacer mucho más). El nombre «universidad» para estas instituciones aprobadas por el PP-Madrid está a la altura del nombre «título universitario» para todos estos cargos del PP-Madrid.

Los falsos titulados del PP-Madrid representan a la perfección lo que para el PP-Madrid representa la universidad: un decorado, un complemento estético dentro de un determinado estatus social, no la fuente de conocimiento (y por tanto de libertad y democracia) de la que bebe toda la sociedad. El fin de la universidad deja de ser el conocimiento, el estudio y la investigación (representado acaso con un título); el fin de la universidad es la adquisición de una posición social y por lo tanto el título es un fin en sí mismo. Por eso es perfectamente coherente que ese título se obtenga con trampas, que sea el resultado de una ridiculez bochornosa o incluso se ponga en el currículo aunque sea simplemente inexistente.

Esa es la paradoja de los estudios universitarios del PP-Madrid. Que han elevado a absolutamente imprescindible la obtención de un (o muchos) título universitario. Y a la vez han convertido el título universitario en algo completamente irrelevante. El título lo es todo. Aunque para ello el título ya no sea nada.

El caso Montoro y la democracia española con el PP.

El caso Montoro es de una gravedad extrema. No tanto por la pasta que ganaran corruptamente, sino porque es la primera vez en democracia que no se chanchullea con contratos, subvenciones… sino con LEYES.

Eso lo coloca como un ataque (por pasta) a los pilares de la democracia.

España podía tener una política energética moderna, limpia y eficaz o rancia, sucia y ruinosa no en función de la ideología del que había ganado las elecciones, sino en función de la empresa que hubiera pagado al ministro del PP.

España dejaba que las empresas del juego arruinasen familias, porque se estaban forrando dos familias del PP (el ministro actual y el ex ministro que estaba en Codere).

Los presupuestos generales (la ley más importante de nuestra democracia) los tenían antes las empresas que pagaban que los diputados que tenían que debatirlos y aprobarlos…

La gravedad del ataque a la democracia sólo está por detrás de los GAL (obviamente) y juega en la liga de la Kitchen y acaso de Juan Carlos.

Otro aspecto es el de la fiscalía: que la fiscalía sancionara a la fiscal por investigar el tema… es otro caso en sí mismo.

Quiere decir que en la fiscalía había gente dedicada a proteger y tapar a altos delincuentes.

Eso ya pasó, por cierto, con Ignacio González. Eso también debe ser investigado

Y otro caso distinto y también tremendamente grave y mafioso es el uso de Hacienda para proteger delitos del PP, perseguir a enemigos políticos del gobierno del PP (incluidos enemigos internos) o chantajear a periodistas para dictarles informaciones y opiniones.

En el caso de Esperanza Aguirre, ella estaba contra Montoro porque Aguirre era más de Rato.

En el PP no hay honrados contra corruptos, sino bandas corruptas que a veces tienen intereses contrapuestos.

Son los Tataglia y los Corleone: cada cinco o seis años, guerra entre familias; pero en general hay paz porque van a lo mismo.

Todo es mafia. Esta vez sin exagerar. Y sin manifestaciones ni gritos de Feijóo, Ayuso y Almeida, por supuesto.

«¿Veis? El Lawfare no existe»

Lawfare: Guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en ingléslawfare) es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.

Definición de Lawfare (redirigido a «Guerra Jurídica») en Wikipedia

Con el severo varapalo del Tribunal Supremo al juez Peinado las voces negacionistas del lawfare han salido raudas a explicarnos que esto no sólo no demuestra un uso de las herramientas judiciales espurio para perseguir al enemigo político sino que es la demostración de que no existe el lawfare porque «el sistema funciona«. Parecerían suponer estas voces que la existencia de lawfare exige una conspiración de todo el aparato judicial orquestada de principio a fin para acabar con el enemigo político. Si finalmente (más rápida o más lentamente) una resolución judicial pone fin a una persecución judicial por motivos políticos, haya tenido las consecuencias que haya tenido, no habría existido lawfare.

Así, por ejemplo, no hubo lawfare en Brasil contra Lula: es cierto que fue encarcelado durante 580 días por un juez que consiguió que Bolsonaro ganara las elecciones y lo nombrara ministro de Justicia; pero dado que cuatro años después del inicio de su acoso otro juez liberó a Lula y dictaminó que su encarcelamiento había sido «ilegal e inconstitucional», no habría habido lawfare: el sistema había funcionado. Tampoco lo hubo en Portugal, cuando imputaron delitos de corrupción a Antonio Costa, primer ministro que dimitió y dio paso a un gobierno de derechas. Porque una vez derrocado el gobierno de izquierdas, los tribunales portugueses reconocieron que todo se debía a un triste malentendido, que a quien querían acusar era a otro señor que se llamaba también Antonio Costa. El sistema había funcionado, porque el error salió a la luz. Circulen, no hay nada que ver aquí. En España tampoco habría habido lawfare cuando un juez corrupto imputó a Victoria Rossell, jueza que renunció a su candidatura como diputada. Como el juez acabó entre rejas… el sistema había funcionado.

La existencia de prácticas de lawfare no implican una conspiración universal de la judicatura. Ni siquiera tiene por qué ser una práctica de jueces. Cuando José Luis Martínez-Almeida lideraba la oposición a Manuela Carmena puso decenas de querellas falsas contra el equipo de gobierno municipal de Madrid. Todas las querellas quedaron en absolutamente nada, pero logró tener imputados a varios concejales y cargos municipales (Inés Sabanés, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato…) y ayudar a la derecha a generar la sensación de un gobierno municipal turbio, dedicado a la corruptela y regado de imputados. Era mentira. Todo acabó en nada, todo fue archivado y en algunos casos con condenas en costas a Almeida en sentencias que acreditaban su mala fe. «El sistema funcionó», pero la operación política de Almeida a través del uso espurio de los tribunales también: lo que Almeida realizó fue lawfare. Indiscutiblemente.

Constatar la existencia de lawfare es tan obvio que el propio sistema constitucional español tiene herramientas para combatirlo: esa es la justificación constitucional de los aforamientos (evitar que jueces de base tengan la tentación de acosar a determinados cargos políticos) o de que la persecución judicial de diputados y senadores pase previamente por un suplicatorio: la justificación no es la búsqueda de la inmunidad de los delincuentes con cargo público, sino garantizar la separación de poderes frente a intentos de lawfare.

Negar que el lawfare existe porque casi siempre las operaciones de uso espurio del sistema judicial tienen un recorrido limitado (el archivo del caso en más o menos tiempo) es tan ridículo como afirmar que los asesinatos no existen porque cuando alguien mata a otra persona la policía lo persigue y suele acabar cumpliendo una severa condena. Es previsible que los casos obscenos de persecución judicial al gobierno democrático de España acabarán en nada. Pero habrán cumplido su función de desgaste al gobierno, a la fiscalía, al presidente… ¿El sistema habrá funcionado? Es posible, pero el lawfare también.

El varapalo del Supremo a Peinado no demuestra que no hubiera lawfare sino todo lo contrario: que un juez (que sigue instruyendo el resto del caso sin ningún problema) ha intentado imputar a un ministro por un par de delitos simplemente porque (en el mejor de los casos) en su imaginación era posible que los hubiera cometido. Que la operación fuera extremadamente torpe y que, al estar Bolaños aforado, esta parte de las actividades de Peinado haya acabado pronto y sin apenas efectos políticos (es más, seguramente como un bumerán) lo único que nos habla es de la poca habilidad de Peinado, no es para sacar pecho.

¿Existe el uso espurio de la justicia para la persecución política del enemigo? Sólo puede responder que no quien quiera darle cobertura a esos usos. Claro que existe el lawfare, ha existido siempre y siempre existirá. De lo que se trata es de encontrar herramientas para que sea lo menos eficaz y menos extenso posible, porque nos va la democracia en ello.

Quienes niegan la existencia de prácticas de lawfare y tratan de estigmatizar como totalitarios y enemigos del Estado de Derecho a quienes señalan lo evidente están tapando y, en definitiva, amparando una práctica antidemocrática que en las últimas décadas la derecha trumpista ha extendido por el mundo y, efectivamente, le ha servido para tumbar gobiernos democráticos. Aunque el sistema funcione. O quizás precisamente por eso.

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