Por qué es una gilipollez la última teoría de la conspiración trumpista que están difundiendo Ayuso y toda la purria fascista sobre un supuesto pucherazo con las apps MiDNI o MiDGT.
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Anda la derecha más carroñera indignada con quienes no están aprovechando el accidente de Adamuz para intentar tumbar al gobierno democrático de España. Desde Vox a los periodistas subvencionados por Ayuso atacan a quienes están teniendo un poco de pudor. Se quejan por lo que entienden que es una ley del embudo: «La izquierda siempre politizó las tragedias y ahora a nosotros se nos exige una tregua«, braman.
No hay ninguna razón para pedirle a nadie que no politice algo. Especialmente cuando es algo muy grave: precisamente los asuntos más graves e importantes son aquellos que más merecen un análisis, diagnóstico y medidas colectivas (es decir, políticas). Si un gobierno está cometiendo un genocidio, no politizar la tragedia es tanto como mirar para otro lado, ser cómplice. Incluso cuando un tragedia no tiene un origen político (por ejemplo, un tsunami que causara miles de muertes) es conveniente analizar si los mecanismos de alerta que tenemos son suficientemente eficaces y rápidos, como son las construcciones costeras o si tenemos sistemas de emergencia y asistencia social razonables para socorrer a las víctimas. Todo eso es político y es necesario hacerlo.
No sé si alguien le ha pedido a la derecha que no politice el accidente de Adamuz. Yo no he escuchado esa petición, pero si alguien la ha hecho, no estoy de acuerdo. Tampoco he escuchado a nadie pedir una tregua: eso podría tener un sentido puramente humano, pues parece razonable pararse un momento a dar todo el cariño a las víctimas antes de hacer análisis más racionales, por más que ese cariño a las víctimas también sea político (en el sentido más sano y también en el más mezquino, como demuestra la exigencia de protagonismo y de uniformización religiosa que ha decretado la sectaria Ayuso con su misa católica en la Almudena sin preguntar a las víctimas si son todas católicas: eso no le importa en absoluto, sólo busca casito y atacar al gobierno por no ser nacionalcatólico). Pero más allá de esa razonable pausa humana, no veo razón para no politizar.
Lo que se está pidiendo a la derecha y a cualquiera es otra cosa. Se les pide no mentir, no manipular, no inventarse supuestas informaciones sobre hechos que aún se desconocen y usar esas mentiras, inventos y manipulaciones para insultar, atacar o incluso agredir físicamente. No hacer, en definitiva, lo mismo que hicieron con el 11M, el Yak42, la Dana y en otros accidentes ferroviarios como los de Metro de Valencia y el tren de Angrois…
No se les pide que no politicen sino que no hagan política basura. Desde el primer momento, sin conocer las causas, sin saber cómo y por qué se produjo el accidente ni si había elementos de hecho que racionalmente pudieran llevar a exigir responsabilidades políticas algunos (esta vez no todos, al menos por el momento) se lanzaron a carroñear y sacar todo el provecho posible a la tragedia. Sin tener ni idea o mintiendo alegremente sobre lo que sí se conocía.
Nadie les pide que no politicen. Lo que se pide es que, al menos cuando hay tanto dolor, no hagan política basura, no mientan, no prioricen el ataque al adversario político (al enemigo, vaya) sobre el conocimiento riguroso y racional de lo que ha ocurrido y de si hubiera sido posible evitarlo o que los daños y el dolor fueran menores.
Que confundan «polítizar» con «ser una mierda de persona incluso para carroñear una tragedia con 45 personas muertas» nos explica con mucha claridad de lo que ellos entienden por «política».
Probablemente la foto que mejor permite interpretar las motivaciones de cualquier acción política de Trump sea una de las difundidas por la propia Casa Blanca de esa supuesta «sala de crisis» («Situation Room«) en la que Trump y unos cuantos hombres más (no sale una mujer ni por casualidad) están supuestamente siguiendo las operaciones en Caracas. Las imágenes intentan colocar a Trump en su momento histórico: darle su «Barack Obama deteniendo a Bin Laden«.
En esa extraña habitación, delimitada por telas negras, sólo hay un ordenador que está observando el secretario de Guerra de Trump, no hay papeles, ni siquiera miran teléfonos móviles, pero hay una pantalla. No está emitiendo videollamadas, ni imágenes de Caracas ni de ningún centro militar. Lo que se ve en la pantalla es Twitter.
¿Cuál es el sentido de la operación de Trump en Caracas? De las decenas de declaraciones que ha dado el entorno de Trump se puede extraer la conclusión que uno quiera: puede ser por petróleo, puede ser por cocaína, puede ser por falta de democracia (algo de lo que básicamente no ha hablado el trumpismo, pero que usan quienes quieren defender la agresión estadounidense y seguir simulando ser civilizados)… Del mismo modo que el siguiente paso puede ser cualquiera: Groenlandia, Cuba, México, Colombia… Hay verborrea suficiente como para que quien quiera pueda sostener el análisis que decida.
El trumpismo (no sólo el trumpismo de Trump: también el de Ayuso, el de Milei…) no sólo no necesita argumentaciones sólidas sino que precisamente ha decidido llamar batalla cultural a sostener las estupideces más irracionales contra viento y marea: no rectificar ningún disparate, gestionar las meteduras de pata diciendo una barbaridad aún mayor y atacar con la mayor virulencia posible a cualquiera que ose cuestionar el irracionalismo, quien no adule de forma rastrera la última estupidez del (de la) líder es un enemigo al cual hay que derribar.
Es lógica nuestra tendencia a racionalizar las cosas. A veces nos lleva incluso a ser irracionales: casi todas las supercherías vienen del impulso a buscar causas de lo que resulta incomprensible. Pero precisamente la base intelectual de la nueva derecha mundial es la confrontación con la racionalidad: por eso niegan el conocimiento (desde el cambio climático a las vacunas) y atacan a la universidad, por eso la gilipollez no es un accidente, sino la esencia intelectual de este movimiento ultra.
Trump necesitaba exhibir que tiene cojones para lo que haga falta. Porque hasta ahora ha sido muy gallito pero ni Groenlandia es de Estados Unidos ni el Premio Nóbel de la Paz es suyo (¡jódete, Maria Corina, que yo sí me he cargado a Maduro, pero ahora dejo a Delcy ahí!).
Ni la droga, ni el petróleo, ni mucho menos los derechos humanos ni la democracia. Estamos pasando del «No más guerras por petróleo» al «No más guerras por cojones». En la pantalla de la sala de crisis a lo que estaban atentos es a los likes en twitter.
Habría sido perfectamente legítimo que los millones de españoles que son conscientes de que lo que está perpetrando Israel en Gaza es un genocidio y que tienen la humanidad de oponerse al mismo (una infinita mayoría, según las encuestas que hay) utilizaran un evento popular, retransmitido a todo el mundo, para hacer propaganda de una causa tan noble. Las movilizaciones populares democráticas son molestas, claro: una huelga molesta (a empresarios, claro, pero también a consumidores y usuarios, por ejemplo), una manifestación molesta (por eso los autoritarios sueñan con «manifestódromos» en las periferias urbanas: para que no molesten, para que no sirvan). Y convertir un evento deportivo en una movilización contra el genocidio habría sido molesto para los ciclistas y para los aficionados, sin duda, como sin duda tal molestia no habría resistido un test de proporcionalidad respecto a la causa que lo motiva. Habría sido perfectamente legítimo.
Pero no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que las élites del deporte mundial (los directivos, vaya, el COI, la UCI… no los deportistas de élite) son absolutamente serviles con el poder político internacional y tienen una sed insaciable de dinero y a eso someten todas las decisiones que sufrimos los aficionados al deporte (desde una Supercopa de España en Arabia Saudí a un Mundial de Fútbol en diciembre para que el régimen de Catar esté contento). Por eso expulsaron rápidamente a Rusia y a todos sus equipos cuando Putin invadió Ucrania. No fue suficiente para revertir la invasión ni creo que nadie pretendiera eso, pero fue justo, razonable y fue proporcional (aunque «los deportistas rusos no tengan ninguna responsabilidad de lo que pasa en Ucrania», que no la tienen). Por ese mismo servilismo cómplice, también, mantuvieron a Israel y a todos sus equipos. Porque Israel goza del apoyo de las grandes potencias económicas occidentales. Por eso se da también esa asimetría en Eurovisión, vaya.
Lo que pasó también es que un multimillonario utilizó esta complicidad de las élites deportivas para ponerle a un equipo ciclista el nombre de Israel. Nadie ha pagado una millonada para que un equipo ciclista se llame «Portugal», «Bélgica» o «Uruguay», porque estos países no tienen ninguna causa oscura que blanquear: el nombre «Israel» pretende normalizar un Estado que hoy está perpetrando un genocidio. Lo que pasó fue que directivos del deporte y un millonario sionista quisieron convertir la Vuelta Ciclista a España en un escaparate en el que se vendiera que un Estado que está perpetrando un genocidio, en el fondo es de los nuestros, que no es tan extraordinario lo que está pasando, que ahí están los ciclistas hoy, los cantantes mañana, los jugadores de baloncesto los próximos meses. Lo normal.
Fueron ellos quienes decidieron «mezclar política y deporte», vincular la Vuelta Ciclista a España con el genocidio de Netanyahu en Gaza.
Lo que pasó es que miles y miles de ciudadanos españoles no quisieron que sus calles sirvieran para promover uno de los crímenes más monstruosos que ha definido la humanidad, un genocidio, no quisieron que un evento deportivo y popular como la Vuelta Ciclista a España se convirtiera en una herramienta de propaganda del crimen, del asesinato de casi 20.000 niños y niñas, de más de 60.000 seres humanos. Y, por supuesto, quienes llevan haciendo propaganda del genocidio desde su inicio (unos porque les pagan, otros por fanatismo, otros por servilismo) hicieron como que les preocupaba mucho el deporte aunque «en Gaza pasan cosas que no me gusten»: igual que el millonario sionista intentaron usar el deporte para camuflar su propaganda del crimen.
La lección de dignidad que ha dado estas semanas la ciudadanía española se une a la que dio con el No a la Guerra y la que ha dado cada vez que se nos ha intentado poner al servicio de una masacre intolerable. España ha dado una imagen maravillosa al mundo. Lo que pasa, lo que más les jode, es que también ha dado la imagen de mezquindad y complicidad con el genocidio de élites dirigentes del deporte y de un puñado de políticos canallas que, por dinero o convicción, han decidido mancharse el traje con la sangre de miles de niños y mayores, de miles de inocentes palestinos.
Si eres joven seguramente ya lo sabes: tus condiciones de vida son injustas porque las pensiones públicas que cobran los mayores son demasiado altas. Si eres pensionista, también lo habrás oído: que no te reduzcan la pensión es la causa de que el salario de un joven no alcance para pagar un alquiler o una hipoteca.
En el caso del pensionista, tiene una ventaja: ya escuchó la misma cantinela cuando trabajaba y cotizaba para la pensión que está cobrando ahora. El mundo ha cambiado mucho, pero la consigna no: las pensiones públicas no tienen futuro. Tú, que trabajas en 2025, nunca tendrás pensión. Como tú, que trabajabas en 1990, nunca ibas a tener la pensión que cobras en 2025.
En los años 90 la consigna era parcialmente distinta de la actual. Se les decía que el sistema de pensiones iba a estallar (en eso no hemos cambiado) en el mejor de los casos, cuando se jubilara (ahora) tendría una pensión de mierda, por lo que lo único razonable era empezar ya con un plan de pensiones privado, que eso era lo rentable, lo seguro, lo que garantizaba una jubilación tranquila.
Esas pensiones de los trabajadores de los 90 que iban a ser una mierda cuando se jubilaran son exactamente las de los pensionistas de los años 20 que son tan altas que hacen insostenible el sistema, según te cuentan los opinadores que te dicen «lo que nadie se atreve a decir». Mirando atrás, lo que ha sido una mierda, en muchos casos, ha sido la rentabilidad de su plan de pensiones privado, que en función de múltiples variables ha llegado a ser negativa. La consigna de los noventa y los dosmiles se decía con la misma cara de severo rigor económico que la de ahora y ha pasado exactamente lo contrario de lo que auguraron los economistas que anunciaron «una verdad incómoda»: lo cierto es que las cotizaciones que permitieron una pensión digna fueron las públicas mientras que las aportaciones a planes de pensiones lo único que aseguraron durante aquellos años fueron rebajas fiscales para los salarios más holgados.
La propaganda fue tan eficaz, que hoy el Estado se encuentra con cientos de miles de profesionales a los que se les permitió no cotizar en el sistema público sino en mutualidades privadas y que hoy se encuentran con prestaciones ínfimas y cuya necesaria solución será traspasar al sistema público lo que aportaron al modelo privado y darles la protección, la seguridad y la eficacia que sólo da el sistema público: aquel que iba a estallar que hacía muy recomendable refugiarse en sistemas privados.
El mundo ha cambiado. Pero la consigna no. Porque la causa de la consigna no es el análisis del mundo real sino la publicidad de intereses muy concretos: los intereses financieros de quienes gestionan fondos de pensiones.
«Los planes de pensiones acumulan 3.500 millones de salidas de dinero desde 2020«, titulaba Cinco Días hace un par de días. Es frecuente encontrar titulares de este tenor desde hace bastantes años: los planes de pensiones privados han sido en muchos casos una ruina sólo compensada por el colchón que proporciona la seguridad de las pensiones públicas. Un colchón, por cierto, que supuso durante la crisis de 2008 el salvavidas de muchas familias ante el desmantelamiento de la protección pública con el que reaccionaron el último gobierno del PSOE en solitario y el último gobierno del PP que ha sufrido España hasta ahora.
Hoy ya no puede colar una consigna dirigida al ciudadano individual como la de los años 90 por varias razones. Por eso ya no pretenden convencer a nadie de que es mejor que confíe en un sistema de pensiones privado que en su pensión pública. La nueva táctica no es convencer; es el chantaje: no te voy a convencer de que dentro de 30 años (esta vez sí) el sistema habrá colapsado, sino que voy a presionar para que bajen las pensiones ya, para que veas que con la pública no llega.
Ahora no te recomiendan que tú te hagas un plan de pensiones privado (en parte porque no cuela y en parte porque es difícil que, tras pagar el alquiler o la hipoteca, un trabajador de 2025 ahorre para un plan de pensiones): exigen que el Estado baje las pensiones ya, para que te lo pienses mejor, para que el banco te pueda hacer una oferta que no puedas rechazar.
¿Quieren reflotar los planes de pensiones privados o el producto financiero que les convenga? No es tan difícil: permitan que los trabajadores tengan margen de ahorro. Si los sueldos suben, los empleos se hacen estables y los costes de vida (el precio de la vivienda, vaya) bajan… no faltará gente que aparte algo de lo que gana para tener un piquito que complemente su pensión en el futuro.
La otra opción es conseguir un gobierno que haga caso a los asustaviejos (en este caso: asustafuturosviejos) y rebaje las pensiones para que no le quede más remedio a quien quiera una pensión digna que sacar dinero de donde pueda para apostarlo en el último chollo súper rentable que haya sacado el banco que más publicidad ponga en la web que tan bien te explicó que el sistema de pensiones públicos era insostenible.
No nos cuenten historias de terror pensionista, que los abuelos (que siempre son quienes mejor cuentan las historias a sus nietos) se saben perfectamente el final. Y no es el que cuentan. Porque el cuento que están narrando… lo ha escrito el lobo.
Imaginemos que la noticia de agosto no hubieran sido los incendios en el ámbito rural sino un virus infantil.
Es probable que en las radios, televisiones y prensa se llamase a padres y madres de niños enfermos para que contasen su experiencia, los padecimientos del niño o si han podido ser atendidos rápidamente en el médico. Pero no les preguntarían cómo se previene la enfermedad, cómo se expande, qué medidas de salud pública hay que adoptar… eso se le preguntaría a pediatras, a investigadores, a virólogas o a autoridades sanitarias. Si alguien negase el conocimiento de los médicos y científicas diciendo que están encerrados en su despacho con una bata blanca y que «los que saben de niños» son los padres y madres que están todo el día con ellos, tendríamos muy fácil identificarle como un majadero capaz de hacer el programa más amarillo posible y como un peligro público que, en vez de difundir información útil que nos ayude a todos a evitar los riesgos, estaría poniendo en circulación una peligrosa mercancía averiada, que actuaría como obstáculo para generalizar medidas eficaces contra el virus.
Yo, que como padre conozco muy bien a mi hijo y lo he cuidado desde que nació, estaría dispuesto a jurar que cuando mi hijo se resfría es porque se abrigó poco. Cualquier persona con formación en medicina podría desmentirme desde su despacho, pero ellos qué saben, los que sabemos somos quienes tenemos hijos y mis abuelos ya mandaban a mis padres que se abrigasen para no resfriarse y, lo cierto, es que mis padres nunca enfermaron del virus infantil que hay este año. Qué sabrán esos científicos, si muchos ni tienen hijos.
En las redacciones de los medios de comunicación hay padres y madres que conocen muy bien a sus hijos. Los conocen tan bien que saben que de su salud sabe mucho más un pediatra, una investigadora, un científico… que ellos. Salvo medios de comunicación basura, que hacen de la expansión de bulos y de la negación del conocimiento un nicho de negocio e ideología ultra, en una situación como la descrita nadie pensaría que los padres y madres son «los que saben», precisamente por conocimiento y respeto a lo que significa ser padre o madre.
Estas semanas de incendios forestales hemos asistido en los medios más serios a un honesto pero imprudente ejercicio de comunicación sobre gestión forestal, prevención de incendios, normativa de limpieza y gestión de montes… equivalente a la descrita sobre la pediatría. Decenas de personas que viven en el mundo rural nos han explicado por qué había que desobedecer las peticiones de seguridad que hacián las autoridades (bomberos, guardias civiles…), nos han contado que en el campo no se puede hacer nada de lo que hacían sus abuelos, que en el monte no se puede ni coger una piña del suelo…
La gran mayoría de los incendios «provocados» que hay son precisamente por imprudencias, muchas veces porque alguna persona de las que saben del campo hacen en el campo cosas que no se deberían hacer pero que aún se hacen. Algunos de los que denunciaban prohibiciones, cuando les dejaban hablar se referían a serrar árboles en parques nacionales… efectivamente hay cosas que no se pueden hacer en el campo porque a uno le dé la gana, eso que hemos avanzado. Ha sido casi imposible encontrar a expertos en gestión forestal, estudiosos o profesionales del apagado de incendios o de gestión de emergencias explicando por qué en el siglo XXI se hacen las cosas como se hacen, que es hacerlas mejor y con más rigor que «cuando nuestros abuelos» (época en la que sí se provocaban incendios para buscar una recalificación, por ejemplo). En los pocos espacios en los que alguien con mejor información desmentía esas falsas prohibiciones de limpiar el monte, siempre había alguien que explicaba que «bueno, pero esa es la sensación que tienen los que saben y no podemos negar esa realidad»: y es cierto que es una realidad que muchos lo creen, pero esa creencia no es fruto de una normativa inexistente sino de la propaganda que se ha contribuido a fomentar.
En realidad, esa información ha sido (en los mejores casos de forma involuntaria) una exhibición de ese paternalismo con el que miramos al campo desde la ciudad. Nunca se nos ocurriría que los de ciudad sabemos cómo se construye un túnel de metro o cómo se debe organizar la recogida de basuras porque como vivimos dentro de la M30 somos los que sabemos mucho más que nadie encerrado en su despacho. Miramos al campo por encima del hombro como un espacio exótico ajeno al conocimiento, al estudio, a la experiencia y entregado al conocimiento ancestral. Ese aparente respeto por los que saben es en realidad una forma de paternalismo con la que miramos a un mundo en el que lo ancestral prevalece sobre el conocimiento, la ciencia, la técnica y el rigor.
Las personas que viven en las zonas devastadas por los incendios tienen mucho que contar: su sufrimiento, su angustia, su miedo, las necesidades económicas, afectivas, sociales… pero por ser de campo no saben más de gestión forestal, de prevención de incendios y de normativa medioambiental que quienes estudian y conocen el tema e incluso muchas veces se juegan la vida por defender el bosque y el monte.
La desinformación mata la democracia y desprestigia las políticas que se adoptan desde el conocimiento, la razón y la experiencia. Y, a veces con la mejor de las intenciones pero desde un paternalismo peligrosísimo, este verano se ha dado alas a la desinformación que dificultará que este invierno se adopten medidas para que el verano que viene no pase lo mismo.
De las personas con las que he compartido militancia, probablemente la que tiene más preparación y formación para ejercer un cargo público es un concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid que se jubila este verano. En la web del Ayuntamiento de Madrid aparecen los siguientes datos relativos a su formación académica:
Se trata de Félix López-Rey, un histórico de la lucha vecinal madrilleña (especialmente de Orcasitas) que lleva toda la vida luchando por los barrios del sur de Madrid.
Si la política es una vía para defender un proyecto de vida en común, para luchar y conseguir derechos para el conjunto de la población, un instrumento para que la vida de la gente sea lo mejor y más digna posible… para la política hace falta un puñado de virtudes entre las que no se encuentran necesariamente las titulaciones académicas.
La universidad juega un papel crucial en un país. Es el principal núcleo desde el que se construye y se distribuye el conocimiento: precisamente por eso la nueva derecha idiota ataca la universidad con toda su fuerza, Trump contra Harvard, Ayuso contra la Universidad pública madrileña. La función de la universidad es aprender y enseñar. No la emisión de títulos: estos se supone que acreditan que alguien ha aprovechado la universidad para aprender. Pero si uno es un imbécil, no hay título universitario que lo desmienta (quod natura non dat…); y una infinidad de personas brillantes no tienen títulos universitarios por mil razones: razones de clase, circunstancias vitales o incluso históricas. O porque no les dio la gana, vaya.
Algunas personas hemos tenido la inmensa suerte de encontrar muchas facilidades en nuestro entorno para tener estudios universitarios; muchísimas otras se han encontrado enormes dificultades que han hecho imposible en unos casos y extraordinariamente meritorio en otros avanzar en los estudios y la formación académica. Por eso es un insulto a estas personas inventarse estudios que uno no ha realizado; por eso es completamente imbécil presumir de los títulos académicos que uno tiene como si eso acreditara en modo alguno su capacidad intelectual y política.
Cuando estalló el escándalo del máster falso de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, se supo que Pablo Casado tenía la licenciatura de Derecho gracias a que le habían dado por aprobadas 12 asignaturas: un estudiante que había dejado la carrera tras agotar las convocatorias en la primera universidad privada en la que se matriculó, de repente se había convertido en un portento académico del Derecho, el Hans Kelsen español (en otra universidad privada). Las crónicas más amables explicaban que cuando Casado iba a ser elegido presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Esperanza Aguirre le ordenó obtener una licenciatura («Este chico tiene que acabar«). Y el chico acabó, no porque fuera el más listo ni el más estudioso de la clase, sino porque encontró en la Universidad Cardenal Cisneros una sorprendente autopista sin peajes hacia la titulación que pudiera lucir en el currículo el nuevo líder de los cachorros de Esperanza Aguirre.
Porque de eso se trata: de lucir un título como quien se pone ropa de marca. El título universitario no aparece como la representación de un recorrido de estudio y aprendizaje (que es el objetivo) sino como fin en si mismo que representa un estatus: los que estamos aquí nos reconocemos por unos cuantos signos externos, uno de ellos es poner una lista de títulos universitarios, que juegan aquí el papel de títulos nobiliarios modernos.
No es ninguna casualidad la cascada de casos en el PP-Madrid de engaños presumiendo de títulos universitarios que no responden a estudio alguno. Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Pedro Rollán, Ana Millán, la pobre Noelia Núñez (¡cómo se debe de sentir al ver que quienes aplaudían su dimisión hace diez días miren para otro lado con el presidente del Senado y con la protegidísima vicepresidenta de la Asamblea de Madrid!)… son todos PP-Madrid, pata negra. Tantos casos tan concentrados evidencian una cultura corporativa.
Y mucho menos es casualidad que la cascada de títulos cosméticos se dé en la comunidad en la que el PP-Madrid está destrozando la universidad real (la que crea y transmite conocimiento, que en España es la universidad pública) mientras permite que broten como setas chiringuitos ridículos que adquieren el nombre de universidad. Noelia Núñez era profesora en una cosa llamada «Universidad Francisco Marroquín», tinglado ultra liberal expendedor de títulos universitarios guatemaltecos. Cifuentes y Ayuso han legalizado un puñado de «universidades» con informes bochornosos pero que gracias a ellas expenden títulos para quien se los pueda pagar (sin que probablemente tenga que hacer mucho más). El nombre «universidad» para estas instituciones aprobadas por el PP-Madrid está a la altura del nombre «título universitario» para todos estos cargos del PP-Madrid.
Los falsos titulados del PP-Madrid representan a la perfección lo que para el PP-Madrid representa la universidad: un decorado, un complemento estético dentro de un determinado estatus social, no la fuente de conocimiento (y por tanto de libertad y democracia) de la que bebe toda la sociedad. El fin de la universidad deja de ser el conocimiento, el estudio y la investigación (representado acaso con un título); el fin de la universidad es la adquisición de una posición social y por lo tanto el título es un fin en sí mismo. Por eso es perfectamente coherente que ese título se obtenga con trampas, que sea el resultado de una ridiculez bochornosa o incluso se ponga en el currículo aunque sea simplemente inexistente.
Esa es la paradoja de los estudios universitarios del PP-Madrid. Que han elevado a absolutamente imprescindible la obtención de un (o muchos) título universitario. Y a la vez han convertido el título universitario en algo completamente irrelevante. El título lo es todo. Aunque para ello el título ya no sea nada.
El caso Montoro es de una gravedad extrema. No tanto por la pasta que ganaran corruptamente, sino porque es la primera vez en democracia que no se chanchullea con contratos, subvenciones… sino con LEYES.
Eso lo coloca como un ataque (por pasta) a los pilares de la democracia.
España podía tener una política energética moderna, limpia y eficaz o rancia, sucia y ruinosa no en función de la ideología del que había ganado las elecciones, sino en función de la empresa que hubiera pagado al ministro del PP.
España dejaba que las empresas del juego arruinasen familias, porque se estaban forrando dos familias del PP (el ministro actual y el ex ministro que estaba en Codere).
Los presupuestos generales (la ley más importante de nuestra democracia) los tenían antes las empresas que pagaban que los diputados que tenían que debatirlos y aprobarlos…
La gravedad del ataque a la democracia sólo está por detrás de los GAL (obviamente) y juega en la liga de la Kitchen y acaso de Juan Carlos.
Otro aspecto es el de la fiscalía: que la fiscalía sancionara a la fiscal por investigar el tema… es otro caso en sí mismo.
Quiere decir que en la fiscalía había gente dedicada a proteger y tapar a altos delincuentes.
Eso ya pasó, por cierto, con Ignacio González. Eso también debe ser investigado
Y otro caso distinto y también tremendamente grave y mafioso es el uso de Hacienda para proteger delitos del PP, perseguir a enemigos políticos del gobierno del PP (incluidos enemigos internos) o chantajear a periodistas para dictarles informaciones y opiniones.
En el caso de Esperanza Aguirre, ella estaba contra Montoro porque Aguirre era más de Rato.
En el PP no hay honrados contra corruptos, sino bandas corruptas que a veces tienen intereses contrapuestos.
Son los Tataglia y los Corleone: cada cinco o seis años, guerra entre familias; pero en general hay paz porque van a lo mismo.
Todo es mafia. Esta vez sin exagerar. Y sin manifestaciones ni gritos de Feijóo, Ayuso y Almeida, por supuesto.
