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Es muy evidente lo que intentaron los mentirosos fascistas que vincularon el asesinato de un niño en Mocejón (Toledo) con la inmigración y, más en concreto, con los niños y adolescentes que hay acogidos allí. La ultraderecha mundial (desde Elon Musk hasta Santiago Abascal) está admirando la violencia racista que se ha desatado en el Reino Unido fruto de unas mentiras muy parecidas sobre otro crimen indigerible. Lo que han intentado estos días con sus mentiras racistas es que en España prendiera una violencia similar a la de Reino Unido, simplemente.

Esta vez les ha salido mal: ha habido rápidamente una detención y se supo pronto que el detenido es español. Podía no haber sido así. Como la criminalidad no está asociada a la nacionalidad, los españoles no tenemos más tendencia al crimen que los extranjeros, así que tarde o temprano se saldrán con la suya y algún terrible crimen será cometido por un extranjero por pura estadística; o simplemente tardaremos en saber quién ha sido y prenderá el invento, siempre más rápido que el conocimiento. Especialmente si cuentan con una red social como el Twitter de Elon Musk cuyo dueño jalea a los violentos racistas británicos.

Las mentiras de los racistas tendrán éxito y generarán violencia fascista. Es un riesgo real que una democracia debe prevenir.

La «justicia ejemplarizante» (un castigo contundente para un delincuente cuyo objetivo es amedrentar a quien tenga previsto cometer el mismo delito y así prevenir su cumplimiento) es siempre injusta y rara vez es eficaz.

No es justa porque se basa en que se castiga a unos delincuentes (no a todos) buscando sobre todo la publicidad. Pero en la actual situación nunca va a haber justicia para todos los que utilizan las redes sociales para amenazar, injuriar, propagar odio contra colectivos vulnerables y echar gasolina intentando que prenda una llama criminal: porque es imposible (e indeseable) poner la policía y la justicia a actuar contra los miles de ultras que delinquen cotidianamente en la red.

Sin embargo, ayer mismo demostró que en el caso de los bulos en redes sociales el castigo ejemplarizante sí puede ser eficaz porque el mero anuncio de que a alguien le podría salir mal la fiesta fascista generó una cascada de desapariciones y disculpas de los cobardes que tan valientes se sentían amenazando a negros y moros unos minutos antes.

Hace unos años puse dos denuncias por amenazas de muerte en twitter con apenas una semana de diferencia. La primera fue a un anónimo. El policía que recogió mi denuncia me dijo que si las unidades correspondientes querían, sería razonablemente fácil identificar al autor. Nunca tuve noticia de tal identificación, quiero pensar que porque no hay unidades dedicadas a identificar a estos pequeños delincuentes de redes. La segunda denuncia fue a un cretino que me amenazaba con un tiro en la nuca con nombre, apellidos y localidad en respuesta a un tuit mío sobre el Valle de los Caídos. En cuanto le avisé de que le había denunciado (no antes) me escribió simulando una patética y humillante disculpa; en el juicio aseguró con voz temblorosa que el tiro en la nuca se refería a un balonazo en la nuca. Le cayó una multa de 300 euros (yo propuse que se sustituyese la multa por una visita al Valle de los Caídos guiada por familiares de víctimas que se lo explicaran, pero la jueza zanjó el asunto con lo previsto en el Código Penal). Fue una sanción pequeña (y me parece muy bien) pero estoy seguro que suficiente para que el matoncillo acobardado huya durante mucho tiempo de volver a vomitar sus amenazas contra nadie.

Casi ningún ultra de los que vomitan odio, mentiras y amenazas en twitter pone su nombre, apellido y localidad. Son todos anónimos. Lo cual es una prueba de que son profundamente cobardes, pero también de que es imposible tener un cuerpo policial centrado en identificar a cada uno de estos miles de pequeños delincuentes que (sumados) generan un riesgo real contra la convivencia democrática. Es imposible identificarlos a todos… pero es posible identificar a algunos y lanzar el mensaje de que cualquiera de ellos puede ser identificado en algún momento.

Ayer la fiscalía anunció que iba a investigar los mensajes de quienes propagaron las mentiras racistas buscando que prendiera la violencia contra niños y adolescentes extranjeros o, en general, contra cualquier extranjero como sucedió en Reino Unido. E inmediatamente varios de los que estos días se habían elevado como grandes fieras de la patria a soltar espumarajos se acobardaron, empezaron a pedir perdón, cerraron sus cuentas en redes sociales…

En las redes sociales, como en el coche, mucha gente saca lo peor de sí precisamente porque se sienten amparados por la impunidad: te insultan desde dentro del coche porque se sienten protegidos por las ventanas cerradas; amenazan, mienten y acosan en las redes porque se sienten protegidos por la distancia que hay entre su ordenador y su víctima, y mucho más protegidos por el anonimato.

Por eso creo fundamental que haya castigos ejemplarizantes para algunos de ellos. No puede ser para todos, por pura economía de medios policiales y judiciales; no deben ser grandes castigos porque los demócratas creemos en la proporcionalidad y la ejemplaridad que defiendo no se basa en castigos desproporcionados, sino en que haya algunos castigos justos; pero además no es necesario que sean grandes castigos porque para estos cobardes la mera posibilidad de tener que responder públicamente de sus vómitos les preocupa mucho más que la terrible disolución de la patria, la invasión que estamos sufriendo y todas las mierdas que rebuznan con tanta solemnidad.

Dediquemos un pequeño cuerpo policial a identificar las cuentas que cometen delitos continuamente. Pero hagámoslo de verdad (este no es el primer anuncio de que se van a investigar este tipo de cosas y luego no pasa nada). Y cada vez que se juzgue a imbéciles de éstos, démosle la máxima difusión como sucede en delitos de gran trascendencia social (éstos agregadamente la tienen). No les pongamos gravísimas sanciones a cada uno, no se trata de eso.

Cada vez que se sienten mínimamente perseguidos, demuestran lo cobardes que son. A poco que la democracia les lance el mensaje de que sus gilipolleces delictivas les pueden costar un disgusto penal, un enorme porcentaje de ellos se acobardará.

No se trata de una broma que se zanje con un anuncio de la fiscalía que quede en nada. Lo que ha pasado estos días ha sido un aviso. Y lo que hemos visto en el Reino Unido, otro.

Hoy se debe celebrar la investidura de Salvador Illa como president de Catalunya. Debe producirse porque es el resultado legítimo de los votos de la ciudadanía catalana y del posterior acuerdo entre la mayoría progresista del Parlament elegido por la ciudadanía catalana. Tal acuerdo es fruto del primer encuentro desde que empezó el Procés entre independentistas y no independentistas y lleva (porque así resulta de los votos de los catalanes) a la presidencia a alguien que no es independentista por primera vez desde 2010, procés independentista mediante.

La investidura de Salvador Illa es una gran noticia para cualquier persona progresista o de izquierdas, pues por primera vez en década y media Cataluña tendrá un gobierno dependiente de una mayoría parlamentaria de progresista.

La investidura de Salvador Illa es una gran noticia, también, para cualquier persona que quiera solucionar el conflicto catalán mediante el encuentro entre distintos, no mediante la victoria de media Cataluña sobre la otra media, no mediante la derrota de media Cataluña bajo la otra media.

La investidura de Salvador Illa, además, debería ser una buena noticia para cualquier persona que no quisiera la independencia de Cataluña (la considerasen legítima o no): es una evidencia que esta investidura representa el fin del Procés. Lo representa, pero el fin del Procés tuvo lugar hace tiempo, fundamentalmente porque la sociedad catalana es consciente hace tiempo del callejón sin salida al que se llegó. Por parte de los partidos (independentistas catalanes y progresistas de toda España) la toma de conciencia del final del Procés se evidenció en verano del año pasado cuando los partidos independentistas entraron a formar parte de la mayoría de investidura del gobierno de España.

El final del Procés no significa el final de las aspiraciones independentistas de nadie, significa el final de un ciclo histórico. Quienquiera que afirme qué tipo de ciclo se abre ahora, miente: nadie lo sabe. Y quienes, como Dolors Montserrat, dicen que este ciclo es más independentista que el anterior no sólo miente: además carece por completo de sentido del ridículo.

La investidura de Salvador Illa es una mala noticia para las derechas y ultra derechas catalanas y españolas y también para quienes quieren acabar con el Procés mediante la derrota de media Cataluña bajo la otra media. Es legítimo que las derechas y ultra derechas y quienes quieren humillar a media Cataluña estén resentidas. Ánimo con eso, pero no tienen derecho a nada más que eso: a tener un sentimiento personal mientras Cataluña se pone a funcionar. Porque perdieron las elecciones.

De acuerdo con la legalidad vigente española, Carles Puigdemont tiene pleno derecho a entrar en Catalunya, a hacer un acto público y a ejercer como diputado electo en el Parlament de Catalunya. Por lo tanto, su actuación de hoy, es plenamente legítima.

La construcción literaria de unos jueces para no aplicar la ley vigente española no es legítima y vulnera la separación de poderes. Tanto tiempo citando a Montesquieu para acabar con unos jueces que deciden que no van a aplicar una ley aprobada por el legislativo porque no les gusta. No han «interpretado» la ley: se la han saltado. No es que la hayan elevado al Constitucional o al TJUE, es que han decidido fabricar enriquecimientos fantásticos; es que han aplicado una supuesta legalidad al margen de la vigente. Y, obviamente, no tienen legitimidad para hacerlo.

El espectáculo de hoy pretende dificultar una investidura legítima y que es una buenísima noticia para muchos y una mala noticia para algunos, pero que en cualquier caso es el resultado de un proceso democrático en Catalunya.

El espectáculo de hoy es una decisión que ha adoptado Junts. Es difícil entender qué mensaje político pretende transmitir. Si pretende explicar que la actuación de los jueces es ilegítima, lo razonable habría sido realizar este espectáculo como respuesta a la decisión de los jueces de inventarse una legalidad a su gusto. Sin embargo, se ha realizado como respuesta u obstáculo a la investidura. ¿No le parece a Puigdemont legítima la investidura de Salvador Illa? Recordemos: Salvador Illa va a ser president como fruto de los votos de la ciudadanía catalana, exactamente igual que cuando él fue president con los votos de su partido y de ERC y las CUP.

Probablemente el mensaje político de Puigdemont se agota con el propio espectáculo: una búsqueda de pervivencia política tras la derrota democrático. La alternativa es que consideran ilegítima la investidura. Les costaría mucho explicar por qué. Buscar casito es legítimo; boicotear investiduras democráticas, no.

Ese espectáculo, insisto, lo ha decidido Junts, Puigdemont o quien tome las decisiones ahí. Pero no sería posible sin la actuación de unos jueces que obedecen al «quien pueda hacer, que haga» de Aznar y han decidido no aplicar la ley como es su obligación. Es, de hecho, una alianza perversa entre Junts y la derecha judicial para intentar aplazar lo inaplazable: la normalidad democrática, progresista y pacífica en Catalunya y en España. No lo aceptan y patalean. Pero la obligación de todo demócrata es conseguir que no logren impedir el funcionamiento de las mayorías parlamentarias y los gobiernos elegidos democráticamente.

Pataleen, pero háganse a un lado, que Catalunya y España siguen avanzando.

Anda el PP-Madrid muy indignado con la posibilidad de dificultar que las administraciones públicas rieguen de dinero webs que se disfrazan de medios para expandir mentiras y valores antidemocráticos. Para ser «liberales» es llamativo cómo les gusta repartir sin control ese dinero público.

Ayuso ha explicado que se trata de una «mordaza sanchista contra los medios de comunicación«; Su portavoz en la Asamblea nos explica que es «censura comunista«.

Es normal que el PP-Madrid, la rama más corrupta y autoritaria del PP desde el tamayazo, quiera regar de dinero público un pesebre mediático que ha utilizado para el autobombo incluso contra enemigos internos: recuérdese que mientras Feijóo no puede repartir ni un euro en publicidad institucional, Ayuso reparte millones. Y se nota: que le pregunten a Pablo Casado. El PP financió la creación de Libertad Digital a cambio de que mintieran sobre el atentado terrorista más grave de la Historia de Madrid y de España: el 11-M. El PP-Madrid aprovechó la aparición de la televisión digital para cerrar televisiones locales con años de emisión (¿os acordáis de Localia?) y dar licencias sólo a Intereconomía, Libertad Digital, COPE, Vocento, Cerezo…

Pero lo más importante es la trayectoria censora del PP-Madrid, no en los casos de mentiras, sino cuando ha habido periodistas que han descubierto casos de corrupción reales de los gobiernos del PP en Madrid. Siempre han intentado meter en la cárcel al periodista o al menos arruinarlo. Desde Ignacio González en la época de Esperanza Aguirre a Cristina Cifuentes en el caso máster, cada vez que un periódico ha informado sobre la corrupción generalizada y real en los gobiernos del PP en Madrid, se le ha atacado para intimidarlo, no pocas veces usando dinero y abogados públicos para ello.

Ayuso ha perfeccionado el acoso mafioso utilizando las amenazas directas («os vamos a triturar», «vais a tener que cerrar») y las mentiras difundidas por ese pesebre subvencionado que publica al dictado de Ayuso.

Otro día hablamos de la necesidad de introducir normas para proteger la libertad de expresión y el periodismo de quienes lo cercan, lo rodean, compiten dopados financieramente y erosionan la democracia impidiendo que la opinión libre de los ciudadanos, que necesita información veraz. Cuanto más importante para una democracia es un poder, más transparente y regulado debe ser, precisamente para proteger su libertad: por eso la financiación de los partidos políticos está sometida a normas tan rígidas, para que la democracia sea libre y no un apéndice de ladrones y sinvergüenzas.

Otro día hablamos de eso. Pero hoy simplemente quería recordar la inmensa cara dura del partido que lleva más de dos décadas amedrentando, amordazando y sobornando a periodistas y medios de comunicación o similares y hoy se hacen los defensores de la libertad porque pueden tener un poco más difícil comprarse con dinero público altavoces de sus mentiras.

Hay una constante en todas las derivas autoritarias: ampliar enormemente el concepto de terrorismo hasta incluir en él al enemigo político aunque, desde cualquier análisis racional, lo que haya hecho no sea terrorismo. Piensa en el régimen autoritario que más detestes. Recuerda de qué acusa ese régimen a aquellos a quienes consideras presos políticos. Efectivamente: los acusa siempre de terroristas, aunque nunca hayan hecho nada que sea terrorismo. Quizás en su Código Penal diga algo como que «terrorista es aquel que pone en riesgo la seguridad nacional para subvertir el orden constitucional» y a partir de una definición genérica en la que cabe cualquier enemigo (justo o injusto) del poder, los sectores más autoritarios tienen barra libre para dar muchas lecciones doctrinales y explicarte que no tienes ni idea, que la ley establece que lo que hizo tu amigo es terrorismo.

«Terrorismo» es un concepto que nunca ha sido fácil de definir. De hecho no hay una definición internacional. Desde el 11M en todo el mundo se fue ampliando el contenido de «terrorismo». En España, por ejemplo, se empezó a hablar de «terrorismo individual» (que antes habría sido un oxímoron). Se incluyó en «terrorismo» lo que antes era «entorno del terrorismo». Y se alcanzó a definiciones tremendamente genéricas.

Se puede discutir si esa ampliación del término «terrorismo» da más eficacia en la lucha contra el terrorismo (el terrorismo realmente existente), pero desde luego es el camino contrario al que tomaría un país que avance como democracia liberal.

El salto que está dando un sector privilegiado de la judicatura española es muy peligroso para nuestras libertades. Para las de todos. Da igual cuánto odies a Puigdemont. Con esa laxitud se puede considerar terroristas a los manifestantes de Ferraz. O a los ganaderos y agricultores de estos días. Y a casi cualquier movilización en la que alguien se haya pasado de la raya. Es obvio que Abascal, Ayuso o cualquiera de los que aplaudió y alentó el cerco ultra de Ferraz no son terroristas, pienses lo que pienses sobre Pedro Sánchez o sobre Abascal y Ayuso. Tan obvio como que Puigdemont no lo es, pienses lo que pienses sobre la sentencia del Procés contra la que se manifestaron miles de catalanes en 2019 o sobre los políticos independentistas.

Es muy difícil argumentar que lo que hizo el Tsunami Democràtic es terrorismo y la toma del Capitolio lanzada por Donald Trump no lo es. Y es muy difícil defender que Puigdemont es autor (mediato) de los incidentes que hubiera en las manifestaciones del Tsunami Democràtic y que Trump no lo es de la toma del Capitolio. Pero Estados Unidos demuestra mucha mayor fortaleza democrática teniendo a Trump en la calle e incluso pudiéndose presentar a unas elecciones. La fortaleza democrática se demuestra ante personajes odiosos con comportamientos repugnantes.

Además de ser una deriva autoritaria, esta expansión del «terrorismo» supone un enorme retroceso en la defensa moral de la memoria democrática del terrorismo y sus víctimas. Porque si esto es terrorismo, el terrorismo no es tan grave. El auto de hoy dice una frase ridícula e impropia de personas adultas que escriben para personas adultas: «la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación (sic) que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 CP«. Pues claro, muchas gracias por la aclaración, señorías: otros también pueden cometer acciones terroristas, sí. Como no sólo Jack el Destripador puede cometer asesinatos, pero eso no convierte en asesino a cualquiera que te mire mal. No sólo ETA y la Yihad pueden cometer acciones terroristas, pero hay que cometer acciones terroristas para que lo que has hecho sea terrorismo; que pueda existir terrorismo en otras organizaciones o ámbitos que busquen la muerte, el sufrimiento, el terror no significa que cualquier cosa que no nos guste, que cualquier delito, que incluso cualquier delito violento sea terrorismo.

Si lo que sucedió en Cataluña en 2019 fue terrorismo, el terrorismo no es tan grave. Si todo es terrorismo, nada es terrorismo. El terrorismo no merece tanta memoria ni tanta centralidad política si puede ser terrorismo tan poca cosa. Esa infamia contra la memoria de las víctimas del terrorismo también está incluida en la expansión autoritaria del «terrorismo» que están protagonizando algunos jueces, poniendo a España en un lugar de la política internacional que no debería correspondernos.

He leído todo lo disponible sobre la imputación a Oltra.

El Tribunal y la fiscalía reconocen que no tienen pruebas. Dicen que tienen indicios indirectos. El único indicio que encuentro es que todos los funcionarios dicen que Oltra no tiene nada que ver con el caso. Y que, por tanto, dice la fiscalía algo tendrá que ver, porque es mucha casualidad que todos los funcionarios digan lo mismo.

Esto hace que la testifical sea una prueba diabólica. Si algún testigo dice que Oltra intentó que no se investigara, tenemos indicios de que intentó que no se investigara (lo dice un testigo). Si todos los testigos dicen que Oltra no intentó que no se investigara, también tenemos indicios de que intentó que no se investigara (¡qué casualidad! ¡eso tiene que estar coordinado!). Así que digan lo que digan los testigos, su testimonio lleva a la culpabilidad.

Ojo, esto no tiene nada que ver con la credibilidad de la denunciante. He leído por ahí que dónde estamos los del «Hermana, yo sí te creo«. Por lo que se conoce, el caso es complejo pero hay una condena por abuso. Está recurrida y supongo que pronto habrá sentencia firme. Pero que hubiera abuso es una cosa; que los trabajadores del centro intentaran taparlo y que lo hiciera por orden de Mónica Oltra es otra y eso no lo dice la denunciante ni ningún testigo. Eso es sobre lo que no encuentro razón alguna para dudar de la palabra de Oltra. O lo que es lo mismo: o alguien es capaz de enseñar algún indicio menos creativo o estoy plenamente convencido de su inocencia.

Desde 2014 la derecha (político-mediática) ha emprendido un acoso contra la izquierda y singularmente contra los nuevos espacios políticos emergentes (lo que llamábamos «espacio del cambio«). Se inventaron querellas falsas (desde aquella contra Tania Sánchez hasta la última contra Sánchez Mato y Celia Máyer, pasando por las decenas de inventos sobre la financiación de Podemos o recientemente los de Almeida y sus socios contra Más Madrid), organizaron cacerías por tuits antiguos…

El objetivo: que todos parezcamos iguales. Son conscientes de que su imagen de ciénaga corrupta y mafiosa es (justamente) irreversible. Así que, en vez de intentar limpiar su imagen, buscan enfangar la de todos. Para ello no les importa destruir la vida de gente. Nos consideran sus enemigos. Qué más da destruirnos. Mejor.

Una parte de la culpa es nuestra. Y lo asumo en primera persona porque en aquellos años fui de los que intentó poner un límite objetivo de lo aceptable: la imputación. ¿Por qué pusimos ese límite? Porque el objetivo era limpiar la política de corruptos y sinvergüenzas. También de corruptos y sinvergüenzas en la izquierda (eran los años de los ladrones de Cajamadrid, por ejemplo). A diferencia de nuestra derecha, muchos de nosotros hemos demostrado que cuando el corrupto está cerca lo denunciamos con más energía que cuando está lejos (un saludo, Moral Santín). Pero no puedes poner en un código ético que los corruptos y sinvergüenzas se tienen que ir. Va de suyo, pero todo el mundo niega ser un corrupto y un sinvergüenza. Así que lo establecimos en la imputación. Y lo hacíamos gente sin ninguna capacidad de forzar la imputación de nadie porque no teníamos recursos ni medios para emprender cacerías judiciales incluso en el caso de que estuviera en nuestro ánimo.

En realidad, lo suyo sería tener claro que cuando hay razones para pensar que alguien está usando la política para delinquir, tiene que apartarse. Pero eso es incompatible con la irracionalidad de una política (incluyendo la mediática) que combina los principios de la mafia con la incapacidad para el juicio racional del forofismo futbolero. Al tiempo, el límite de la imputación hace tiempo que no se aplica. Hay casos en los que el hecho de que el delito haya prescrito (Ayuso en Avalmadrid y Pablo Casado en el Máster) ya vale para declararse impoluto y pasar a la ofensiva. Probablemente nunca nadie sea imputado por los protocolos que provocaron la muerte de 7291 ancianos sin recibir asistencia médica en Madrid: como no hay imputaciones, no pasa nada, los responsables pasan a ser héroes.

No es fácil encontrar una solución, pero a estas alturas la defensa de la decencia más sólida que tenemos no es el criterio objetivo de la imputación sino los datos, la información y los argumentos: sabiendo que estos topan con el fanatismo y la propaganda, pero no tenemos mucho más.

Conseguir que imputen a alguien es relativamente sencillo. Basta una querella medio bien armada jurídicamente y un juzgado que no tenga como prioridad evitar que se use la justicia para acosar al rival político con denuncias sin ninguna solidez. Así que la derecha más mafiosa (desde Manos Limpias a Almeida, pasando por España 2000 y Vox en este caso) emprende querellas que saben que no llegarán a nada porque lo importante no es condenar a un culpable sino apartar de la política a un enemigo.

Hay otro error que hemos cometido. No ser suficientemente firmes frente a este ataque. Cada uno de estos ataques es demoledor. Lo es contra las personas a las que se ataca, cuya destrucción humana les da igual a los atacantes. También lo es contra el partido, el gobierno, el espacio… en el que está la persona atacada. Por eso muchas veces, pensando sólo en el presente más inmediato, se ha decidido entregar la pieza. Quitar competencias a un concejal porque se le ataca por unas bromas en twitter antiguas (encontradas a cambio de dinero cuya procedencia es dudosa, por cierto), apartar a personas por acusaciones que quedaron en nada… y que ya sabíamos que quedarían en nada cuando las apartábamos.

Para la gestión de cada ataque, entregar la pieza es útil. Muerto el perro se acabó la rabia. Supone, por nuestra parte, tanta desconsideración por la persona como la que tienen los atacantes: es sólo un medio para el partido y cuando el ataque es eficaz la persona resta más que suma. Pero eso le ha mostrado a los mafiosos que ese es el camino: atacar, atacar y atacar. Decir mil mentiras, convertirlas en cien querellas, de las cuales diez conseguirán la imputación… e ir acabando con el enemigo (que se entrega ataque a ataque) y como mínimo instalando que todos somos iguales.

No ignoro que el caso en concreto es muy arisco. El origen del caso es terrible y merece toda la prudencia y, sobre todo, el respeto para que nada manche a la chica que estaba bajo tutela, que, pase lo que pase, sólo merece cariño, protección, respeto y compasión. No conocemos su identidad y espero que no se conozca nunca y que pueda construirse una vida lo mejor posible. Los ultras han conseguido su objetivo: imputar a Oltra y generar un ruido asfixiante en un caso grave con un relato repugnante. Y ello en un momento en el que los matices en política sobran.

No ignoro que la gestión del caso es extremadamente difícil. Pero creo que precisamente por la dificultad hacía falta pausar un poco la reflexión. Ojalá pronto haya una decisión que haga justicia con Oltra. Con lo que llaman indicios ahora mismo la fiscalía y el tribunal, no debería ser difícil. No conozco personalmente a Mónica Oltra: pero con los datos que he leído no tengo ninguna razón para dudar de su absoluta inocencia.

Ojalá sepamos construirnos fuertes frente a los ataques de mafiosos y ultras: en la medida en la que sigamos siendo muy importantes para construir gobiernos decentes, modernos y que amplían derechos, libertades y futuro crecerán los ataques en número y en calidad. Si somos irrelevantes, entonces nos dejarán en paz.

Posiblemente hoy el mensaje del rey Felipe VI remontará los decadentes índices de audiencia de los últimos años. Me he permitido hacerle unos consejos al rey sobre lo que creo que debería decir si quiere preservar la Monarquía. Lo podría decir cualquier monarca parlamentario europeo, pero sospecho que Felipe VI no lo hará.

Podéis leerlo en Cuarto Poder.

Llamar regularización a los 678.393,72 euros pagados por Juan Carlos I es un insulto. Lo que ha hecho Juan Carlos I es comprar aún más impunidad por ese dinero. Ahora ya sabemos que el rey de España durante 39 de los 45 años de monarquía robó tanto que cuando dejó de ser rey de España siguió robando hasta generar un fraude tributario de ese monstruoso nivel sólo con las tarjetas black royal. Y eso si hay alguien que se crea que esas tarjetas fueron donaciones de un empresario mexicano que generosamente ponía unas tarjetas a nombre de una familia española como quien apadrina a un niño necesitado en un país pobre; debe de haber alguien que crea que no eran, por ejemplo, el instrumento diseñado por la familia para gastar en España el dinero acumulado y escondido en cuentas, sociedades y fundaciones por todos los paraísos fiscales del mundo. Es decir: si hay alguien que se cree que esta regularización no es en realidad otro fraude para seguir tapando la ingente trama corrupta.

Sigue leyendo en Cuarto Poder.

Hay una función muy útil en twitter que es «silenciar conversación». De vez en cuando un tuit es molesta mucho a grupos de extrema derecha (de forma espontánea alguna vez, inducida en sus chats otras) y vuelcan una catarata de insultos (y alguna amenaza) que hace imposible seguir la conversación e imposibilita ver comentarios a otros tuits que puedan ser interesantes.

Ayer silencié la conversación con este tuit:

Esta manzana es la Dirección General de la Guardia Civil. Y este fue el resultado electoral en su urna el 10N. Y eso a lo mejor ayuda a entender algunas cosas. Y algunos problemas que tiene este país. pic.twitter.com/Qu0gaYF6lT

— Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) May 27, 2020

No pasa nada: uno está acostumbrado al clima que llevan instalando en las redes desde hace tiempo. Se bloquea a quien insulta, al anónimo molesto («si no da la cara, no da la vara») y llegado el caso se silencia la conversación.

Pero en este caso sí quería explicar por qué me resulta obvio que es un problema que en algunos ámbitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haya este sesgo ideológico tan rotundo.

En casi todas las profesiones hay sesgos ideológicos. Esto en algunos casos no tiene más interés que el sociológico: si el gremio de la reprografía y copistería estuviera en 2020 plagado de votantes del CDS, resultaría llamativo y es posible que pudiera hacerse un estudio curioso, pero no pasaría de ahí. En cambio si el 40% de los pediatras fueran antivacunas, nos preocuparíamos por el riesgo de un enorme problema de salud pública. No está prohibido ser antivacunas, aunque sea idiota es legítimo ser antivacunas y un pediatra que lo fuera tendría la dura obligación de ejercer su profesión contra sus ideas: así que uno preferiría que los antivacunas se unieran a los votantes del CDS en el gremio de la copistería y que la pediatría estuviera en manos de profesionales cuyo universo mental favoreciera la protección de la salud de la infancia. Parece razonable ¿verdad?

La policía, la Guardia civil, los jueces, el Ejército… tienen una función sagrada en una democracia: la defensa de los derechos, de la propia democracia, de la legalidad. A diferencia de en una dictadura, donde su función es la represión, la caza del disidente y la preservación de la injusticia. Eso es lo que pasaba hace unas décadas en España.

A priori lo esperable sería que la policía, la Guardia Civil, la judicatura… se parecieran lo más posible a su país. Es decir, lo normal sería que no hubiera diferencia entre el voto del conjunto de los jueces y del país. Si es distinto es que se produce un sesgo que puede tener su importancia democrática dada la importante función democrática de esas profesiones. Si ese sesgo reflejara que son especialmente pulcros con los derechos humanos y la democracia, podría resultar hasta un alivio del mismo modo que uno espera que entre los pediatras haya menos porcentaje de antivacunas que en el resto de la población.

Desde que apareció Vox sólo hay una única manzana dentro de la M30 en la que sistemáticamente Vox gana: la de la Dirección General de la Guardia Civil. En la ciudad de Madrid se le unen las zonas de viviendas de militares de El Pardo, cuyo origen es evidente.

Vox es un partido que, por ejemplo, niega la existencia de la violencia machista; es también un partido que niega expresamente la legitimidad de un gobierno democrático; un partido que se opone a toda medida de lucha contra el cambio climático y la contaminación porque el cambio climático no existe y es un invento de Soros; un partido xenófobo que niega los derechos más básicos a los inmigrantes que hay en nuestro país… La lista de excentricidades sería enorme pero hay algunas que tienen una grave repercusión democrática.

Las expuestas son algunas de las ideas de un votante de Vox que son ideas libres, pero contrarias a la actuación debida de la Guardia Civil: un guardia civil debe luchar contra la violencia machista, la Guardia Civil debe someterse a la autoridad civil democrática, un guardia civil debe perseguir los delitos medioambientales, un guardia civil debe garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su lugar de origen y situación administrativa. ¿Seguimos?

Sí, claro que es relevante el sesgo ideológico de algunas funciones que repercuten en la vida pública. Lo es muy especialmente en cuerpos tan fundamentales para la democracia como la Guardia Civil: sería lógico ese sesgo para quien pretenda que siga teniendo la función con la que la dictadura enmerdó la memoria de la Guardia Civil, pero esa es una pretensión muy minoritaria, ¿verdad? Y cuando el sesgo que se observa está profundamente escorado hacia posiciones no democráticas y contrarias a la función (sagrada, insisto) que deben tener las fuerzas de seguridad en una democracia es algo preocupante para la democracia y muy especialmente para la Guardia Civil.

Defender España, defender la democracia, defender a la Guardia Civil es defender unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se parezcan a los españoles y que en todo caso destaquen por su convicción en defensa de la democracia y los derechos humanos. Por eso es preocupante que siga habiendo un sesgo en la dirección opuesta a la que desearía un demócrata. España hace décadas que no es así y eso es bueno. Es bueno para los demócratas, quiero decir.

El pasado 29 de abril, tres días antes de nuestro 2 de mayo, la Comunidad de Madrid vivió un día especialmente triste que no se merecen los madrileños. Fue la primera comparecencia de nuestra presidenta desde que se suspendiera la actividad parlamentaria el 10 de marzo. Dada la gravedad de la situación era, de facto, un debate sobre el estado de la región. Pero Isabel Díaz Ayuso no quería debatir y aportar propuestas, esperanzas, al menos diagnósticos: quería salir del pleno siendo noticia nacional y lo consiguió.

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Uno de los grandes avances de la sociedad española en las últimas décadas ha sido una asunción de que todo movimiento emancipador es miope si no incluye una nítida defensa de las diversidades y de la emancipación de todas las identidades tradicionalmente subordinadas. El feminismo y el movimiento LGTB+ son la punta de lanza más visible hoy de una defensa la diversidad que se expresa en muchísimos ámbitos. En estos días de crisis sanitaria, en cambio, se ha expresado un supremacismo que tenemos tan interiorizado que casi ha pasado desapercibido: un supremacismo generacional.

En los primeros días, cuando parecía que el virus podría generar un problema sanitario muy inferior a la crisis que estamos sufriendo, se nos presentaba como alivio que el virus sólo era letal con las personas mayores y enfermas. Como si conforme se van cumpliendo años la vida fuera un derecho menos valioso. ¿Quién fue el primero a quien se le ocurrió contar la edad de los muertos no como un dato científico útil para entender la pandemia sino como un alivio útil para mantener la calma? Imposible saberlo: pasó desapercibido.

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