Hace unos días salió a la luz un artículo de unos pretendidos estatutos de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) en los que se consideraba falta grave toda discrepancia pública de cualquier decisión adoptada por sus órganos. Muchos nos escandalizamos sin ser conscientes de hasta qué punto son habituales cláusulas así: tanto que incluso a algunos (mea culpa) nos había pasado desapercibido que en los recientes estatutos federales de IU aparece idéntica, que en los del PSOE se dice algo muy parecido y que en los del PP no sólo se es más rígido sino que además los estatutos del PP son secretos (ma non troppo).
Decía Groucho Marx que él nunca formaría parte de un club que lo admitiera como socio. Este tipo de cláusulas le haría sentirse muy cómodo como afiliado, pues permitirían sancionar con falta grave a cualquier afiliado (del primero al último) dado que felizmente en la izquierda los debates son continuos: habrá quien discrepe sobre la necesidad de lanzar un proceso constituyente, sobre la posición con los transgénicos o con la forma de designar a los candidatos. En realidad una cláusula así es inaplicable en una organización viva y en un mundo en el que es muy difícil distinguir entre debates públicos y privados.
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