La LOAPA del siglo XXI
18 mayo 2012 – 6:48Tras el golpe de Estado del 23-F el PSOE y UCD pactaron una ley que modificaba sustancialmente el incipiente Estado de las Autonomías, la LOAPA. La ley se interpretó como una victoria de los golpistas y luego fue tumbada en buena medida por el Tribunal Constitucional. Estos días se está viviendo una agresión muchísimo más dura que aquella conquista golpista contra la autonomía de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
En aplicación de la Ley de Estabilidad (que es una concreción de la reforma constitucional que nos clavaron PSOE y PP en agosto del año pasado) el Ministerio de Hacienda puede decidir que las cuentas de tal o cual comunidad autónoma no le valen y tomar las riendas directamente. Es lo que hizo ayer con Asturias y lo que amenazó con hacer a Andalucía si en un par de semanas no sacude el gobierno autonómico otro recorte de 200 millones (que sean esas dos y no Murcia, Castilla- La Mancha o Paìs Valenciá es pura casualidad, no seáis malpensados). Y es lo que le está sucediendo a miles de ayuntamientos de toda España. Da igual lo que hayan votado los ciudadanos de tal comunidad o de cual municipio: la política presupuestaria (la más importante) la decide el gobierno central y el único margen que tiene cada gobierno local o autonómico es introducir el recorte acá o allá.
No es cierto que esto sea equivalente a la cesión a los mercados que lleva haciendo el gobierno central desde mayo de 2010. El gobierno central decide políticamente entregarse: podría haberse resistido, no haber reformado la constitución para introducir el déficit, haber luchado contra el fraude fiscal en vez de amnistiarlo… Nadie tiene mecanismos legales para, quiera o no Moncloa, tomar el gobierno del país: sí tienen una gran capacidad de presión (porque se la entregaron los gobiernos) pero no de decisión. Los rescates a Grecia, Portugal, Irlanda y el gobierno títere italiano fueron acordados (con la pistola en la sien, pero acordados) e incluso Grecia podría darle la vuelta al rescate si felizmente gana la izquierda no colaboracionista las elecciones.
Las autonomías y los ayuntamientos no tienen esa posibilidad. Ayer Montoro decidió: este presupuesto le vale, éste no le vale e interviene. El único margen de negociación que tienen las Comunidades Autónomas es el del coste político, pues la intervención de Moncloa no es otra cosa que un golpe de Estado que, espero, deteriorará la imagen del gobierno allí donde lo dé. Pero a diferencia de los gobiernos nacionales la Ley de Estabilidad no da margen de resistencia a los gobiernos autonómicos y locales salvo una insurgencia autonómica que deje unilateralmente en suspenso una ley estatal vigente: tal decisión sería poco diferente de una declaración parcial de independencia de facto. Y si sería básicamente suicida para una comunidad autónoma para un ayuntamiento resultaría simplemente imposible.
Por supuesto hace falta una respuesta lo más colectiva posible. Cuando la militancia de IU decide acceder al gobierno andaluz o cuando se gobierna en cientos de ayuntamientos tiene que ser para plantar cara a estas políticas por impuestas que sean. Supongo que alguien tendrá ideas mejores pero a mí sólo se me ocurren los frentes judicial (es urgente plantear un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Estabilidad), institucional (explorando todos los instrumentos de insumisión que sean viables pensando también para ello en la acción colectiva de los cientos de alcaldes que tenemos -y los que tienen otros partidos que puedan querer sumarse a la rebeldía- con Andalucía y Asturias si se entra en el gobierno) y, sobre todo popular llevando a la calle la defensa de la autonomía política. Nadie dijo que el camino fuera a ser fácil ni que la resistencia tenga que ser suicida y sin cabeza. Pero resistencia tiene que haber y rotunda.







Lo que pedimos los partidarios de la nacionalización de las cajas y de cuantos bancos reciban dinero público es la creación de una banca pública. Ello no significa simplemente una banca cuyo propietario sea el Estado sino que la propiedad del Estado (u otras formas de propiedad que se pudieran imaginar) haga de las entidades instrumentos al servicio del común de la ciudadanía y controlados democráticamente. Bankia tiene un parque de viviendas vacías monumental (basta con entrar en cualquiera de sus oficinas y ver el catálogo inmobiliario que se nos ofrece), ¿las sacará a alquiler a precios baratos ahora que el accionista de control es el Estado? Sería una fuente de ingresos de lo que ahora es improductivo y además se daría cumplimiento efectivo al derecho a la vivienda recogido en la sagrada (y moribunda) Constitución. Bankia expulsaba de sus casas a quienes no podían pagar las hipotecas, ¿comenzará ahora a ser una banca al servicio de la ciudadanía apostando por moratorias o por llegar a acuerdos con los hipotecados pobres en vez de destrozarles la vida? No parece. ¿Nos enteraremos de algo los ciudadanos sobre qué se hará en Bankia? ¿Rendirán cuentas sus gestores ante el Parlamento? Perdamos toda esperanza.

Rescatar a los bancos con nuestro dinero es lo que han venido haciendo hasta ahora los gobiernos del PSOE y del PP demostrando que cuando se trata de algo importante (salvar a los bancos) sí defienden una gran intervención pública en la economía. Van 114.000 millones de euros públicos (más de un 2% del PIB, no mucho menos que el recorte presupuestario previsto para 2013) y la cifra no parará de crecer empezando este mismo viernes. Se esconde como préstamo cuando es obvio que es un regalo: indirecto porque le prestamos dinero a un tipo de interés menor que el que luego esos bancos obtienen comprando la deuda pública (que emitimos para poder tener dinero para rescatar al banco) y directo porque sabemos que no nos lo devolverán (en el caso de Bankia si finalmente sólo son 7.000 millones será mucho más de lo que valía Bankia antes de su desplome en bolsa de ayer: 4.600 millones; nadie espera que Bankia devuelva ese dinero se diga lo que se diga). De los 114.000 millones anteriores ya hemos aprendido que esto no sirve más que para aplazar el próximo maletín de miles de millones de euros de dinero público (precedido del próximo recorte en sanidad y educación), que en medio habrá otros puñados de miles de despidos (la creación de Bankia financiada por el FROB -dinero público- supuso más de 3.000 bajas) y que aún así seguirá sin haber crédito. Por supuesto sabemos que esos miles de millones de dinero público no frenan ni un desahucio: los desahuciados pagan con sus impuestos el rescate del banco que los echa de casa y les sigue cobrando la hipoteca. De todas las alternativas ésta parece la peor para todos salvo para los accionistas del banco. Y es la que hizo el PSOE y está haciendo el PP. La que ahora critica el PSOE y antes dijo el PP que nunca haría.